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Opinión y Análisis

Cuando las madres cuentan a sus niños, “me han echado del trabajo”

Cuando las madres cuentan a sus niños, “me han echado del trabajo”

Lo que les voy a contar lo habrán vivido ustedes alguna vez, más o menos, pero merece la pena pensarlo en varios aspectos. Seis jóvenes trabajadoras son despedidas, y pasan al paro, después de tres años de contratos temporales. Si siguen, la ley exige un contrato indefinido y la empresa no lo quiere. Fin de la relación y ya te llamaremos en seis meses, si hay trabajo. Otras seis personas comienzan a trabajar en sus puestos mediante nuevos contratos temporales. Algo es algo.

Empecemos por el aspecto más empresarial. Se sustituye la destreza y cualificación de unas personas con tres años en el puesto, por otras que tienen que aprenderlo todo. La productividad de la empresa retrocede y la implicación de las personas va a ser mínima. Total, ¿para qué?

El aspecto laboral nos hace pensar en cómo es posible que la ley permita esto. Yo te echo y, para lo mismo, contrato a otra persona que me salga más barata, y así otros tres años de precariedad. La razón que se da es clara: "es mi propiedad". No estoy de acuerdo. Es tu propiedad, pero es nuestra sociedad. A lo mejor en esas condiciones, no nos interesa tu aportación. Hay una sacralización absoluta de la propiedad. No estoy contra ella. La estimo, la tengo y la cuido. Pero no es un derecho absoluto. El capital debe saberlo. ¿Quién se lo dirá y lo doblegará? Por su parte, pregunto a quienes defienden a los trabajadores, ¿no es posible alguna modalidad de contrato entre la temporalidad más extrema y el fijo, sobre todo, cuando el trabajador es joven?

El aspecto político también cuenta. Decir que los cuatro millones y medio de parados lo son de Zapatero, es una maldad. Que el Estado, en todas sus instancias, se está gastando muchísimo dinero, con una deuda increíble, y con resultados malos en creación de empleo, esto es cierto. Podía haber elegido gastar menos y facilitar más la inversión privada para que ésta cree empleo. Es cierto. La pregunta es con qué atención a esos cuatro millones de parados mientras salimos de ésta. Porque la cuestión es si salimos cuanto antes, lo pague quien lo pague, o si salimos más despacio, gastando mucho en medidas sociales y poco en inversión productiva. Es un dilema cruel. Yo estoy por ir más despacio y con los más posibles. Pero es caro, se pierde la paciencia y a lo mejor llegamos tarde y mal.

El aspecto humano cuenta como el que más. En el caso que les cuento, conversaba yo con una de estas mujeres, madre de dos niñas de ocho y cinco años, las cuales vi que estaban perfectamente al tanto de la situación. La mayor, dijo, "y ¿por qué la echan?"; la pequeña decía, "no la echan; sólo es un poco de tiempo". "La echan", decía la mayor. Y, me decía, "¿por qué?". Le expliqué a mi manera cómo está la vida y por qué la echan. Y me hice varias preguntas. Se debe hablar de esto con los niños. Sí, por qué no. ¿Debemos cuidar que no se angustien? Sí, desde luego. ¿Lo pueden entender? En parte, sí, y desde luego es su primer descubrimiento de que las clases sociales, "haberlas, haylas", y que aquí no todos nacemos con iguales oportunidades, ni mucho menos, y que el vestido de unos niños y otros tiene una explicación. Y que hay que pelear para vivir. Terminamos la conversación diciéndoles las soluciones que teníamos entre toda la familia para luchar y vivir. Creyeron que eran ricas, sacaron un juego y nos reímos juntos.

Y por fin, el aspecto político en clave de gasto corriente. La administración tiene que gastar mucho en clave social, lo entendemos y compartimos. Pero en gasto corriente, es decir, para su propio funcionamiento, tiene que ahorrar. Yo lo tengo claro. Todo incremento salarial en la administración pública en plena crisis, entre los funcionarios con contrato fijo y sueldo neto de más de dos mil euros, es una injusticia más del sistema. El gasto en lujo y ostentación, el gasto por burocracias multiplicadas por cuatro, el gasto de grupos de poder en el ámbito público, es una injusticia mayor; hoy más si cabe que ayer. Si la administración es muy cara, no toda ella nos conviene, y habrá que responder a la pregunta de quién sirve a quién. Yo estoy muy dolido con la administración pública, porque los veo como propietarios de lo común.

Por supuesto, el gran capital es el primer responsable, el capital megaespeculativo de los que no aportan nada a la sociedad, mientras ellos viven en la estratosfera del dinero, ése es el gran responsable; pero si nosotros no tocamos y ponemos en común lo que está ya a nuestro alcance, mal vamos a tocar a otros. Un conocido broker, antes deportista de élite, declara hoy en los medios del grupo Vocento, que todos podemos aprender a ser ricos. Es posible; lo que no dice es cómo y si esa riqueza es riqueza o especulación inútil. Claro, si dejamos de lado las principales preguntas, todo encaja en nuestra mente. Sólo era esto. La anécdota de hoy.

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete

Una buena medida mal aplicada

Una buena medida mal aplicada

La nueva prestación de apoyo a los parados de larga duración sin otra cobertura es un claro ejemplo de una buena medida mal aplicada.

Además, en este caso, una mala aplicación puede poner en riesgo la eficacia total de la medida. Se trata de una buena medida porque cubre adecuadamente dos flancos. Por una parte, el estrictamente relacionado con las necesidades de un colectivo muy acotado. Por otra, el vinculado con el apoyo a la reactivación económica, por medio de la canalización de renta que se destinará casi inmediatamente al consumo. Además, la cuantía de la prestación (420 euros mensuales) se establece en un nivel que difícilmente va a causar desincentivos a la reincorporación al trabajo de los desempleados. La medida tiene un carácter temporal, lo que refuerza su función anticíclica.

Hasta aquí, todo bien: desde luego, siempre llegará alguna crítica desde el integrismo liberal, pero, como medida, es mucho más sólida y razonable que la desgravación de 400 euros anuales en el IRPF. Sin embargo, su aplicación está siendo manifiestamente mejorable, transmitiéndose una sensación (justificada o no) de improvisación por parte del Gobierno. En especial, llama la atención que un elemento crucial de la medida, la delimitación de las personas beneficiarias (en función de la fecha en que estas reunían las condiciones de desempleo sin cobertura), haya sido tratado de una manera tan poco consistente. Parece claramente recomendable que, en general, este tipo de decisiones se formule con precisión y claridad. Pero lo es mucho más cuando estamos hablando de un colectivo afectado que se encuentra, actualmente, en una situación de necesidad e incertidumbre. Las idas y venidas en cuanto a las fechas tienen en este caso, como en pocos otros, un efecto poco tranquilizador.

¿Qué ha sucedido para que se alcance esta situación? Los procesos de negociación del Gobierno (tanto internos como externos) no son sencillos en un momento de dificultades presupuestarias muy acusadas. El Gobierno ha tenido la voluntad, además, de buscar el consenso con los agentes sociales. En todo caso, se debería tomar nota de que conviene alcanzar decisiones después de la negociación y no antes de ella. La ampliación del plazo de retroactividad, desde el 1 de agosto inicial hasta el finalmente acordado del 1 de enero, supone un avance sustancial en la universalización de la medida: el colectivo beneficiario se sitúa en torno al 85% del total. Pero podemos preguntarnos, entonces, qué sucede con el 15% restante. Resulta difícil de justificar que la medida no atienda, precisamente, a los que más meses llevan fuera del mercado de trabajo.

En mi opinión, si la medida no estaba destinada a ser universal, habría sido más razonable incorporar inicialmente a los colectivos con más meses de desempleo sin cobertura y no justamente al contrario. Este tipo de detalles de aplicación, en una medida tan sensible, no son triviales. Pueden echar a perder la legitimación y el efecto deseado de una medida que podría haber sido intachable.

Jorge Calero. Catedrático de Economía Aplicada

Que el gasto público sea una inversión

Que el gasto público sea una inversión

La gran duda es si esa enorme cantidad de recursos se está aplicando bien para atajar la crisis y dará sus frutos. Es decir, si el gasto público es además una inversión, o se quedará en un simple reparto a fondo perdido sin contraprestación productiva.

El déficit el Estado se disparó de enero a julio hasta 50.000 millones en términos de contabilidad nacional, el 4,69% del PIB y cinco veces más que el mismo periodo del año anterior. Según del Ministerio de Economía y Hacienda, el Estado ingresó hasta julio 57.952 millones de euros, la mitad de los 107.639 millones que gastó. En términos de caja -computa cuando se realizan los pagos e ingresos y no cuando se comprometen, como hace la contabilidad nacional-, el déficit del Estado llegó a 51.000 millones, también cinco veces más. No son buenas noticias, y menos al considerar la extraordinaria vocación deficitaria de las demás Administraciones.

La crisis y la drástica caída de recaudación fiscal que lleva de la mano son el argumento que explica estos preocupantes datos. Pero también se deben a las medidas que el Gobierno está habilitando para intentar paliar el impacto de la propia crisis. Estas actuaciones, desde recortes de impuestos a medidas de fomento de empleo e inversión o aumento de las prestaciones por paro, ascienden ya a más de 25.000 millones. La gran duda es si esa enorme cantidad de recursos se está aplicando bien para atajar la crisis y dará sus frutos. Es decir, si el gasto público es además una inversión, o se quedará en un simple reparto a fondo perdido sin contraprestación productiva. Por ahora, todo indica que demasiadas decisiones de gasto están yendo en la línea de simples subvenciones. Usar o no la chequera pública es un dilema que implica riesgos, y el límite de gasto público está tocando fondo. Cierto es que la amenaza de superar los cuatro millones de parados debe pesar a la hora de decidir sobre nuevas medidas, pero siempre que éstas garanticen su eficacia. Lo contrario sería un grave error.

La dureza de la crisis también se manifiesta en la fortísima caída del superávit de la Seguridad Social: perdió un tercio hasta julio. Claro que mientras los pagos se disparan un 7,2%, los ingresos han crecido. Lo han hecho un escuálido 0,03%, pero lo hacen por primera vez en el año.

Ese pequeño incremento de los ingresos es el único rayo de luz en todos estos datos. Sin embargo, los planes del Ejecutivo hacen dudar de que haya decidido moderar el gasto, a pesar de que el presidente recuerde que España mantiene su compromiso con el Pacto de Estabilidad, que obliga a reducir el déficit público al 3% en 2012. Con el déficit presupuestario encaminándose hacia ese 10% del PIB, el Gobierno necesita detener el recorte de los ingresos fiscales, si quiere conservar la confianza de los mercados de deuda. Eso va a obligar a medidas más completas que subir impuestos.

Otros rayos de luz en la economía, como la recuperación de las compras de coches por particulares -impulsada por importantes ayudas a la compra- o la vuelta del dinero a los fondos de inversión, deberán verse acompañados de señales más sólidas para poder ser leídos en positivo.

Editorial Cinco Dias

Mucho empleo, pero poco productivo

Mucho empleo, pero poco productivo

El ’plan Zapatero’ ha colocado a 410.000 personas por cortos periodos de tiempo - Los ayuntamientos han financiado más de 30.000 obras, algunas de poca utilidad.

Los curris, esos minúsculos seres que aparecían en los Fraggle Rock, la serie de televisión que atrapó a los niños en los ochenta, trabajaban sin descanso para levantar unas construcciones que no servían para nada. Una especie de Sísifo en versión catódica e industrial. Las calles de todos los municipios españoles se han llenado estos meses de carteles que avisan al ciudadano de que está ante una obra financiada por el Fondo de Inversión Local para el Empleo. Y junto a obras necesarias -escuelas o aceras que si no fuera por el maná llegado del Gobierno central no se habrían podido hacer por falta de dinero-, otras no tienen mucha más utilidad que aquellas que ocupaban a los laboriosos curris.

Los más de 30.000 proyectos del fondo -conocido simplemente como Plan Zapatero- han traído un chaparrón de dinero a los ayuntamientos: 8.000 millones de euros, cifra que duplica la inversión de todos los municipios de España al año. Y han permitido el nada desdeñable logro de ocupar a más de 410.000 personas y hacer que el desempleo lleve tres meses de caídas en un momento en el que el paro se ha convertido en un drama nacional.

El plan nació como una medida urgente para contener la sangría del desempleo y su éxito en ese aspecto es innegable. Los peros vienen al analizar el tipo de contratos -de muy corta duración y en proyectos con poco valor añadido- y la premura con que se puso en marcha, que obligó a los ayuntamientos a planear inversiones con poco más de un mes de plazo. Es lo que ha llevado a algunos municipios a ejecutar obras de dudosa utilidad. Como el de Requena (Valencia), que ha invertido una tercera parte de los 3,6 millones que recibió en la reforma de la plaza del Portal. El ayuntamiento compró unas farolas que no gustaron al concejal. Las farolas duermen ahora en un almacén a la espera de encontrar un lugar donde ser colocadas.La escasa productividad de los proyectos es lo que lleva al economista para España del Fondo Monetario Internacional, Bob Traa, a decir que esta iniciativa "no aumenta el potencial de crecimiento de España". Sin embargo, Traa, en declaraciones a este periódico, no se muestra muy crítico con este aspecto. "El Gobierno diseñó el programa como un remedio temporal para frenar el desempleo. Hay que analizarlo así, no como una medida estructural". "Sus beneficios serán temporales. Sin embargo, la deuda de 8.000 millones sí que será permanente", concluye el responsable de un organismo poco amigo de alegrías presupuestarias. El profesor del IESE Xavier Vives opina que en una recesión como la actual tiene sentido tomar medidas de estímulo, pero que el Plan Zapatero presenta dos problemas. "Que este gasto no es sostenible y que la rapidez en la ejecución haga que sea improductivo. Pasará tiempo hasta qué sepamos qué proporción del gasto ha sido superfluo".

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero presentó el pasado 27 de noviembre su llave maestra para luchar contra un desempleo que duplica al de los vecinos europeos: el fondo milmillonario debía licitarse en proyectos pequeños -de menos de cinco millones de euros, intensivos en mano de obra- y que tenían que estar terminado a lo largo del primer trimestre de 2010.

Zapatero estimó entonces en 300.000 los puestos que se crearían. Nueve meses después, el consabido optimismo del presidente se ha quedado corto. "El fondo supera ya en un 47% sus previsiones con más de 410.000 empleos generados. Además, ha mejorado la infraestructura y servicios más próximos al ciudadano", proclaman ufanos en el Ministerio de Política Territorial. La rapidez y eficacia con la que se gestionó fue tal que catapultó a la ministra responsable, Elena Salgado, hasta la vicepresidencia económica. Pero al analizar las cifras aparece alguna arista. No se trata únicamente de que los empleos de nueva creación se queden en menos de 175.000, es decir, un 42% del total, lo que de cierta manera contradice la promesa de Zapatero de que el fondo financiaría la contratación de desempleados.

Uno de los puntos oscuros es la duración de los contratos. En el ministerio todavía no disponen de información sobre cuánto tiempo ha empleado cada ayuntamiento a cada trabajador. Pero José Antonio Herce, socio y director de economía de Analistas Financieros Internacionales, calcula que el tiempo medio de contratación rondará los tres meses. "Con el presupuesto del fondo se pueden crear 150.000 empleos de base anual. Las obras que se están haciendo tienen muy poca incidencia en la competitividad de las ciudades. Ha mejorado los datos de empleo en mayo, junio y julio, pero pronto volverá a repuntar", señala Herce. Y de esto último no hay duda, porque hasta el Gobierno admite que la situación empeorará en los próximos meses. La perspectiva del paro en torno al 20% ha llegado para quedarse.

Unos ayuntamientos con el agua al cuello, a los que la crisis inmobiliaria dejó sin los suculentos ingresos de las tramitaciones urbanísticas, vieron en el fondo una ayuda providencial. Hasta tal punto que el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, proclamó el día que se anunció que los Reyes Magos acababan de llegar.

Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de Barcelona, defiende el plan porque ha permitido a los ayuntamientos ejecutar mucha obra que tenían en cartera y que no podrían haber efectuado de otra manera. Pero añade que sólo sirve como un bálsamo temporal para aliviar su delicada situación económica. "Lo que necesitamos es una reforma a fondo de la financiación municipal", afirma. Además, Bosch apunta que las obras en las que se han embarcado gracias al enjuague del dinero del Gobierno central pueden complicar aún más la situación de algunos ayuntamientos a medio plazo. "Si asumen ahora nuevas dotaciones que tendrán que mantener, generarán más gasto en el futuro", concluye.

Tras los 8.000 millones de 2009, llegará el nuevo fondo de 5.000 millones anunciado por Zapatero para el próximo año. Pero este dinero sí estará ligado al tan cacareado cambio de modelo económico. Teóricamente deberá destinarse a asuntos relacionados con el acceso a nuevas tecnologías, el fomento de la actividad económica (ahorro energético, protección del medio ambiente...) o la protección social. El presidente de la FEMP asegura que este fondo se convertirá en un "puente", para que cuando finalicen los proyectos de 2009 se puedan iniciar los de 2010. Pero las voces críticas se preguntan por qué el primer fondo no se dirigió a la nueva economía, en lugar de financiar lo de siempre. Es decir, ladrillo y más ladrillo. Xavier Vives lo resume así: "Este gasto puede funcionar como un fuego que calienta mientras no se apaga, pero que se consume al acabarse el combustible".

LUIS DONCEL
El Pais

¿Sanidad pública o privada?

¿Sanidad pública o privada?

La evidencia producida por estudios que disfrutan de gran credibilidad científica concluye que las instituciones sanitarias privadas con afán de lucro proveen una atención sanitaria de menor calidad que las que no son de lucro.

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (“Quality of care for profit and not for profit nursing homes”. 2009, vol 339) que incide de lleno en el debate, que se está desarrollando en España y otros países, sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en la medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Éste consiste en el análisis de ochenta y dos estudios de investigación, que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves, y pacientes convalecientes (en inglés, “nursing homes”). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de 3 millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).

Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre los indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; 4) violaciones de las normativas gubernamentales, para garantizar la calidad de los servicios y otros muchos indicadores. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones, es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro, que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas, como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de expertos, de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, de que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea de los Quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la Unión Europea. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares, y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España, entre representantes y representados, y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

Vicenç Navarro

Zapatero no sirve, Rajoy tampoco

Zapatero no sirve, Rajoy tampoco

Si el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) comprobara que un ciudadano que informa de su voto en una encuesta es más parecido al que vota al mismo partido y no informa que a cualquier otro, mejoraría sensiblemente su técnica de estimación de la intención de voto. Decimos esto porque, según el CIS, el PP aventajaría al PSOE en 0,8 puntos de votos válidos en unas eventuales elecciones generales; pero como no cambia su forma de interpretar, fallaría de nuevo en sus estimaciones.

Con los datos del barómetro de julio, el PP ganaría realmente por más de 3 puntos de ventaja a un PSOE situado en 9,6 millones de votos, casi 2 millones menos que en las últimas elecciones generales. El PSOE habría transferido más de un millón de sus votos del año 2008 al PP, UPyD, IU y otros partidos, y se dejaría otros 700.000 en la abstención, mientras que sus ingresos habrían sido irrelevantes.

Pero esta discrepancia no deja de ser una curiosidad técnica frente a la importancia de otras informaciones del último barómetro del CIS. En concreto, el 68% de los españoles de 18 y más años de edad (23,1 millones de electores), manifiestan tener poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el 80% (27,2 millones), poca o ninguna en Mariano Rajoy. Solo confían mucho o bastante en sus líderes nacionales 7 millones de electores socialistas y 5,6 millones de electores populares del año 2008. El barómetro señala además que Carmen Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba serían mejores candidatos socialistas que Zapatero, y cabría preguntarse si Alberto Ruiz Gallardón o Rodrigo Rato serían mejores candidatos populares que Rajoy.

Otros datos de este barómetro nos dicen que el PSOE habría perdido apoyos entre sus electores más moderados, acentuándose el perfil izquierdista de su base electoral, y que los apoyos del PP se habrían escorado hacia la derecha. El nombramiento de Jaime Mayor Oreja como candidato europeo habría asegurado a Rajoy cierta tolerancia por parte del electorado popular más extremo, o aznarista, pero poco más.

Lo que se debe saber de este barómetro de julio del CIS es que ni Zapatero ni Rajoy merecen la confianza de un número suficiente de ciudadanos españoles como para gobernar; es más, alcanzan plusmarcas históricas de desconfianza ciudadana, porque es histórico que 7 de cada 10 españoles desconfíen de su presidente al tiempo que 8 de cada 10 lo hagan del líder de la oposición.

Si llegado el momento sus partidos no eligen otros candidatos, comprobaríamos que están demasiado condicionados por asuntos que no incumben a los electores y, en consecuencia, alejados del interés general. Quizá debieran preguntarse ambos jefes sobre el origen de la desconfianza y actuar en consecuencia, es decir, retirarse discretamente y dar paso a otros dirigentes de sus partidos. Zapatero y Rajoy no sirven, lo dice el CIS en su barómetro de julio. El PSOE y el PP solo recuperarán el crédito perdido con otros presidenciables más capacitados.

Jaime Miquel Adrada

La Voz de Galicia

Arranque de caballo, frenada de burro

Arranque de caballo, frenada de burro

Que nadie me entienda mal, pues el título que lleva este artículo es sólo un dicho popular. Pero es lo primero que he pensado al ver a José Luis Rodríguez Zapatero anunciando que el Gobierno estudiará con los sindicatos la modificación de la entrada en vigor de la ayuda de 420 euros para que «abarque a las personas que lo necesiten». Luciendo un rostro relajado y moreno, el presidente concedió: «Si hay que hacer alguna modificación, la haremos».

¡¡Toma castaña!! Para que luego digan que este hombre no es capaz de hacer autocrítica: anuncia una medida estrella, reúne de forma extraordinaria el Consejo de Ministros en pleno mes de agosto.... y unos días más tarde, cuando aún no ha empezado a aplicarse y ni siquiera han llegado a las terminales del Ministerio de Trabajo los formularios para solicitarla, Zapatero anuncia que donde dijo digo está dispuesto a decir Diego. Vamos, toda una demostración de seriedad y de rigor.

Según dijo el presidente en Lanzarote, «siempre surge la duda sobre dónde se pone el inicio de la prestación», pues se «plantea el problema de por qué antes y por qué después», a lo que añadió que el Gobierno pensó que «una posición razonable era el momento de la aprobación».

Alguien debiera de explicarle a Rodríguez Zapatero algo tan básico como que si se trata de que la ayuda «abarque al número de personas que la puedan necesitar», la fecha de la aprobación de la medida es plenamente irrelevante. Lo relevante en este caso es la necesidad de la ayuda, y ésta está en relación con el tiempo que lleve el ciudadano en paro y sin percibir ningún tipo de prestación. Vamos, el mismo método que utilizan los servicios de emergencia: atienden antes a quien está en peores condiciones y no al último que sufrió el percance. Todo el mundo sabe que si alguien está sin oxígeno hay que poner la mascarilla al que lleva más tiempo sin reserva y no al último que la agotó.

Eso es lo que hay que hacer si no se pudiera -que sería lo justo- reconocer el derecho de forma universal y aplicárselo a todos los ciudadanos que se hayan quedado sin ningún tipo de prestación.

Cuando el Gobierno dice que los recursos son limitados hay que recordarle que gobernar significa decidir; y que para contentar al tripartito nacional-socialista catalán Zapatero ha decidido destinar a la financiación autonómica -sin ningún tipo de condicionamiento respecto del destino final de los recursos- muchos miles de millones que, en la situación de emergencia actual, debieran de ir a fomentar medidas de empleo y garantizar la plena cobertura de los desempleados. Y no para mantener y/o abrir embajadas en el exterior, primar a los amigos del poderoso local, subvencionar fusiones entre entidades financieras que no tienen ningún tipo de viabilidad económica ni social…etcétera.

Dijo Zapatero que la ayuda es una medida «de calado», inédita en España. Tan inédita como ineficaz para combatir la desigualdad y el desempleo. Tan inédita como coherente con todas sus otras ocurrencias: los famosos 400 euros de deducción (que sólo favorecieron a quienes tenían rentas medias); el no menos famoso cheque bebé (que termina cobrando la señora de la limpieza de Botín y su hija); las ayudas generalizadas a las fusiones de las cajas de ahorro, dejando el veto a los gobiernos autonómicos (lo que lleva a primar a los malos gestores y a reforzar los poderes locales, más allá de la viabilidad económica y social de los acuerdos)... Y suma y sigue.

Por otra parte, se le ve el plumero al presidente cuando insiste en la necesidad de hallar una «convergencia social sobre la fecha»; ahí es cuando se demuestra que le importa una higa dejar a gente desamparada siempre que eso no tenga repercusión social. O sea, siempre que los desamparados no estén organizados y no le monten un número en público.

Es la ocurrencia como forma de supervivencia. Y la verdad que, a la vista de lo visto, no parece irles tan mal. Digo a ellos, a los políticos del Gobierno; pero también a los que esperan en el banquillo que les toque el turno de saltar al campo. Los unos y los otros parecen conformarse con tirarse pullas cada vez más subidas de tono. Todo el rato están hablando de lo suyo. El «tú más» vuelve a ser la fórmula de la comunicación política mientras en España hay ya más de cuatro millones de personas que viven con la angustia del paro.

Por eso ya no les cree nadie. No es difícil llegar a la conclusión de que los unos y otros buscan la fidelidad de los más radicales de los suyos; y lo que le pase al país se la trae al pairo. Los del PSOE y los del PP trabajan para mantener la fidelidad de los que consideran suyos. Y a los demás, o sea, a la inmensa pero silenciosa mayoría, que le den ...

Qué mala suerte hemos tenido: en el peor de los momentos nos ha coincidido esta forma de gobernar con esta forma de hacer oposición. Para que nos vengan a anunciar conjunciones planetarias extraordinarias.... Como si no tuviéramos bastante con lo que tenemos.

Rosa Díez

Trabajadores sumisos

Trabajadores sumisos

Tras el empleo basura, parece que llega el desempleo basura, el despido barato, él váyase usted a la santísima calle con cuatro perras. Ya sé que, después de que en todos los periódicos aparecieran las intenciones gubernamentales de abaratar el despido, el señor Presidente del Gobierno ha dicho que no impondrá desde el Ejecutivo semejante cosa, que cualquier reforma laboral, incluida esa, tendrá que ser pactada.

Pero andan por Europa cartas cruzadas de primeros ministros que, entre thatcherismos varios, incitan a la flexibilidad laboral, al subsidio escaso y efímero, a una mezquina unanimidad europea en el arte de poner al currante al sereno con una mano delante y otra detrás. Y, como pasa siempre que ocurrencias así empiezan a pulular de un lado para otro cual astutas y suculentas tentaciones, más vale que nos preparemos: el despido de los trabajadores terminara saliéndole a los empresarios baratísimo. Voces airadas se han levantado ya contra la amenaza de la indemnización miserable y el subsidio precario, contra el pérfido y alegre desmantelamiento de las laboriosas conquistas laborales, pero hay que llamar la atención sobre otra irremediable consecuencia: la vuelta del trabajador sumiso, de la mano de obra dócil, del empleado sufrido y mudo, del contratado incapaz ya de ponerse una vez rojo para no pasarse la vida amarillo. Con un despido caro y justo el empresario se lo piensa dos veces antes de darle puerta al obrero incomodo y reivindicativo, pero con un despido económico, ágil y elástico es el obrero el que se lo piensa mil veces antes de ponerse levantisco y digno. Pronto, pues, saborearemos todos una nueva esclavitud resignada y risueña, boquiabierta por lo bien que nos va.

Eduardo Mendicutti (25 de marzo de 2000)

Mal momento para terminar de estudiar, chaval

Mal momento para terminar de estudiar, chaval

Esta mañana me preguntaba un amigo que acaba de terminar sus estudios si me parecía conveniente que se prepare una oposición, o bien estudiar un máster… La opción de trabajar en este momento, me confirmó, resulta un ejercicio de acrobacia nada fácil.

Y es que si las cifras de paro general de España comparadas con las de nuestros vecinos europeos son malas, resultan todavía más dramáticas cuando analizamos la cifra de paro entre los jóvenes, ¡que supera el 30%! Y dobla la cifra del resto de países.

Y ahí es donde se encuentra una de las tragedias que nos dejará esta crisis, que pasará como todas, a pesar del gobierno que nos ha tocado: una generación perdida.

Si ya es duro para los jóvenes encontrar trabajo, al no acreditar experiencia, y no estar nuestro mercado de trabajo preparado para darles entrada (aclaro: entrada a trabajar, no a hacer prácticas), a pesar de ser esta generación de jóvenes la mejor preparada, será sin ninguna duda una generación en la que muchos jóvenes se “perderán” y verán pasar el tren, quedando atrapados entre la generación anterior de la economía boyante, y la posterior de jóvenes (más jóvenes que ésta), quienes se estarán incorporarán al mercado de trabajo para cuando la crisis esté finalizando.

Y nuestros jóvenes actuales serán entonces ya no tan jóvenes, y se enfrentarán a la competencia de la nueva generación, igual de preparada pero más joven.

Es aquí donde se hacen urgentes las medidas, facilitando la incorporación rápida el mercado de trabajo de ese 30% de jóvenes que no encuentran trabajo y que perderán su oportunidad si no se toman medidas para evitar que se conviertan en nuestra generación perdida.

Hoy el consuelo de muchos es que “todo está así”, pero a medida que la crisis vaya suavizándose y las nuevas generaciones vayan accediendo a los puestos de trabajo, ellos irán envejeciendo y perdiendo su oportunidad.

Poco a poco todo volverá a subir, se montarán empresas, nos recuperaremos y todos tan contentos… o casi todos. Y nos olvidaremos de aquellos que finalizaron sus estudios en plena crisis y no pudieron encontrar un puesto de trabajo.

Es dramática la situación de un trabajador de 50 años en paro, pero también lo es la de un joven de veintitantos, que pronto se plantará en los treinta sin experiencia laboral. Y entonces ya no será un joven en busca de su primer trabajo…

Mal momento para terminar de estudiar chaval.

Javier Flores

Salarios, motor de la demanda

Salarios, motor de la demanda

En términos keynesianos la actividad económica de un país depende del comportamiento de la demanda agregada. La recuperación económica necesita, por lo tanto, restaurar la demanda agregada y eso significa sustituir la deuda y el crecimiento generado por la burbuja por una política de redistribución, como nuevo motor de esa demanda agregada (compuesta por la demanda exterior-exportaciones menos importaciones).

En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos reclama que los salarios jueguen su papel de impulsores del consumo, evitando su congelación o recorte, que debilitaría aún más los riesgos de deflación y la propia economía.

Reclama igualmente el establecimiento de prestaciones de desempleo mínimas para quienes pierden la prestación o se incorporan al mercado laboral sin encontrar trabajo.

Ante la pasividad del sector privado -empresas y hogares- ocupado en su propio desendeudamiento, el sector público debe asumir y conducir la demanda invirtiendo en tres pilares: desarrollo sostenible, capital humano y sectores sociales y de atención a necesidades de los ciudadanos.

Conceder crédito público selectivo para empresas pequeñas y medianas siempre que no desarrollen políticas de reducción de niveles salariales o recortes de derechos laborales establecidos en convenios colectivos.

Condicionar el apoyo financiero a las entidades bancarias a que reanuden las ofertas de crédito para proyectos viables empresariales o de las personas, y eliminen las prácticas abusivas.

Política fiscal redistributiva hacia los trabajadores y hogares. Es insostenible que el 90 por ciento de la recaudación del IRPF proceda de los asalariados, cuando representamos la mitad de la riqueza.

Paralelamente la cooperación fiscal entre países debe luchar contra los plazos fiscales, impuestos cero o próximos a cero y armonizar el tratamiento de ingreso de empresas, plusvalías y grandes fortunas.

Todo ello desde el compromiso general de regulación y control de los mercados interiores y de las relaciones económicas internacionales, favoreciendo una globalización con derechos.

En cualquier caso no habrá salida de la crisis sin recuperación del empleo y mientras los beneficios empresariales se sustenten en bajos salarios y precariedad laboral.

Propuestas que confrontan con las posiciones de quienes apuestan por reformas laborales, bajos salarios, rebajas fiscales, debilitamiento del poder contractual de los sindicatos, individualización de las relaciones laborales, más temporalidad y precariedad, o más facilidad para el despido.

La CES reclama en Europa un New Deal social que incluya inversiones equivalentes al 2 por ciento del PIB europeo, que contribuyan a generar empleo. Que en el ámbito de la negociación colectiva contribuya a su fortalecimiento, de forma que los salarios se conviertan en referencia para la estabilidad de los precios y en motor sostenible de la demanda y el crecimiento. Descartando, por tanto, congelaciones o recortes salariales generalizados.

Los derechos de consulta, información y participación en la empresa deben fortalecerse. La reducción del tiempo de trabajo, las ayudas al desempleo, la formación y el reciclaje de trabajadores, con garantías especiales para colectivos desfavorecidos desde el punto de vista del empleo, adquieren relevancia.

Que incluya la justicia distributiva. No se puede acudir con recursos masivos a reflotar banqueros y ejecutivos que han llevado a sus empresas a riesgos inasumibles, mientras se enriquecían exageradamente, sin una voluntad política de atacar esas primas, stock options y paracaídas dorados de los que disfrutan. Sin dotarse de medios para dirigir la economía e invertir las crecientes desigualdades.

Por Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

El “Diálogo Social” debería aspirar a mucho más que una foto

El “Diálogo Social” debería aspirar a mucho más que una foto

Este Gobierno está mucho más preocupado por defender sus propios intereses políticos, que por solucionar los graves problemas que nos agobian hoy a los ciudadanos. Le obsesiona controlar a la opinión pública, que la gente no perciba la verdadera gravedad de los problemas o que, si lo hace, eche la culpa a otros. Busca afanosamente el aislamiento del principal partido de la oposición, intentando mostrar que tiene a su lado al resto de los partidos (aunque sean separatistas), a los sindicatos e incluso a las propias organizaciones empresariales. Con este fin, aparenta el logro de consensos en gran medida artificiales, logrados mediante la generosa inyección del dinero de todos los españoles. Por ambos motivos, el Presidente quería irse de vacaciones llevándose una foto con sindicatos y empresarios que le sirviese de aval, transmitiendo la señal de que todos (menos el malvado PP) están con él y de que no es posible hacer más de lo que se está haciendo para combatir la crisis.

Como el objetivo era la propia foto y no los motivos que la hiciesen posible, la negociación (el llamado “diálogo social”) se había planteado de manera poco ambiciosa. Numerosas “líneas rojas” y un limitado “perímetro” debían facilitar que se acordase algo, aunque fuese poco importante para el conjunto de la sociedad. En esencia, se trataba de poner, una vez más, el dinero de todos encima de la mesa para contentar un poquito a unos y otros. A los sindicatos se les concedería el alargamiento de la duración de las prestaciones por desempleo. A las organizaciones empresariales, una mínima reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Ambas medidas son convenientes, e incluso deberían haberse intensificado. Eso sí, siendo transparentes respecto a su coste y a cómo se le va a hacer frente. Financiarlas de manera permanente, en vez de echando una vez más mano del recurso temporal al ya gigantesco déficit público, requeriría probablemente una subida del IVA.

La negociación, así planteada, dejaba fuera aspectos esenciales que deberían abordarse de forma urgente. Entre ellos, el tema tabú para este Gobierno de las modalidades de contratación. La dualidad que hoy existe en el mercado de trabajo español, entre unos trabajadores indefinidos con altos costes de despido y otros temporales con costes de despido prácticamente nulos, es altamente disfuncional. Fue ya un problema en los años de crecimiento económico, en los que provocó que casi todo el nuevo empleo creado fuese temporal. Una relación laboral tan precaria desincentiva que las empresas se ocupen de formar a los trabajadores, lo que es una de las raíces de la baja productividad de nuestra economía. Los problemas son más graves aún en esta etapa de crisis económica. Los nuevos parados son, en su inmensa mayor parte, trabajadores temporales. Esto quiere decir que los grupos sociales más débiles, como los jóvenes, se ven particularmente afectados, mientras otro tipo de trabajadores (varones, de mediana edad…) lo están mucho menos. Es, además, una de las razones de que la tasa de paro en España duplique a la del resto de la Unión Europea, cuando hace dos años era casi igual y la caída en la producción ha sido parecida.

Que al Gobierno socialista esto le parezca socialmente justo y una defensa de los derechos sociales no deja de ser curioso. Lo que se está haciendo es permitir que recaiga todo el peso del ajuste sobre los trabajadores más débiles. Instituciones nacionales e internacionales, como el Banco de España, el FMI o la OCDE hace años que vienen señalando el problema y explicando sus consecuencias. Como es sabido, el propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España nombrado por el Gobierno y de conocida trayectoria socialista, ha asumido un destacado papel llamando la atención sobre el problema. No se trata, por tanto, de algo inventado por enloquecidos reaccionarios, sino de un problema real que debe solucionarse cuanto antes.

Reducir la dualidad, de forma que los empresarios al contratar o despedir no se enfrenten a una disyuntiva tan drástica, puede hacerse de diferentes maneras. No implica necesariamente, ni es lo deseable, convertir a todos los trabajadores en temporales. Puede asimismo lograrse creando nuevas modalidades de empleo indefinido con menores indemnizaciones por despido, e intentando limitar la utilización de los contratos temporales a aquellas tareas que dentro de la empresa tengan una naturaleza no permanente. Por otro lado, tanto la indemnización que un trabajador recibe al ser despedido como las prestaciones que recibe una vez parado forman parte de la protección por desempleo en sentido amplio. Podría, por lo tanto, haberse ligado una disminución de las indemnizaciones a un alargamiento y/o incremento de las prestaciones.

El Gobierno ha preferido mantener todas estas cuestiones al margen de la discusión, así como otras importantes: el mejorar el deficiente funcionamiento del Servicio Público de Empleo, el acercar la negociación colectiva al ámbito de las empresas o la necesidad de no exigir subidas salariales en plena crisis cuando los precios están cayendo.

Incluso esta agenda ampliada, que incluyese las modalidades de contratación, sería insuficiente para las necesidades actuales de la economía española. Los temas salariales, contractuales, del mercado de trabajo… son los más propios de la negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales. Pero lo que nuestra economía necesita es un gran Pacto por la Competitividad. Recuperarla, ahora que no podemos devaluar nuestra moneda, depende no sólo, ni principalmente, de moderar los salarios (aunque eso pueda ayudar a corto plazo). Depende de emprender las reformas estructurales en el sistema educativo, el sistema de innovación, la energía, la Justicia y en tantos otros ámbitos que se requieren. Para ello, “el diálogo social” no es el ámbito más adecuado. Los allí reunidos tienen una representatividad limitada. Existen otros ámbitos más legítimos para asumir la representatividad del conjunto de la sociedad. Por ello, el Pacto por la Competitividad debería diseñarse entre los partidos políticos con representación parlamentaria, además de sindicatos y patronal. En resumen, es necesario un Pacto de contenido más amplio y que cuente con un respaldo más amplio.

Si el Pacto que se propone no fuese posible, conviene recordar la perogrullada de que el Gobierno tiene la obligación de gobernar, es decir, de tomar las medidas más convenientes para el conjunto de la sociedad. El consenso sería preferible, pero si no se logra el Gobierno no puede escudarse en ese fracaso para practicar la inacción. Ha de cumplir sus obligaciones, incluyendo las que resulten impopulares a corto plazo y puedan ser electoralmente costosas. Es él quien está al servicio de la sociedad, y no al revés.

En cualquier caso con el Gobierno actual realizar este tipo de propuestas, ancladas en el más elemental sentido común, se acaba convirtiendo en un ejercicio que conduce a la melancolía. Las esperanzas de que alguna vez se escuchen son mínimas. Cada vez parece más claro que la estrategia gubernamental se centra únicamente en ganar tiempo, aprovechando el bajo nivel de deuda pública que existía antes de la crisis. Su enfoque consiste en decir que hay dinero para todo y para todos, para el sector financiero, el de la construcción, el del automóvil y ahora el turístico; para las comunidades autónomas, los parados y pronto los jubilados; para reducir 400 euros el IRPF a todos o para levantar todas las aceras de España. Tal enfoque no tiene mucho recorrido. No sólo debe preocuparnos el que se haya dilapidado el margen de actuación disponible en proyectos propagandísticos, que no van a mejorar la competitividad de nuestra economía. Es que, además, el déficit público está ya en el entorno del 10% del PIB y las máquinas de emitir deuda pública deben de estar echando humo. Pero toda esta deuda habrá que repagarla, con los correspondientes intereses. Y sólo podrá seguir emitiéndose mientras se encuentre un comprador. Al ritmo actual, no está tan distante el momento en que se empezarán a encontrar dificultades para colocar la deuda pública española, por lo que habrá que pagar tipos de interés más altos y se la irá recalificando como menos fiable. En casos extremos, puede llegarse a escenarios en los que no se pueda vender o en los que no se pueda hacer frente a las obligaciones contraídas. Parecen escenarios propios de países como la Argentina del pasado o el peronismo. Lo malo es que también son de ese corte las políticas que se están aplicando en nuestro país. Como las mismas causas producen los mismos efectos, recordemos que a principios del siglo XX Argentina era uno de los países más prósperos del mundo. Un enfoque alternativo, más sensato y que iría en la línea de lo que se ha hecho en España desde la Transición, sería reconocer que si el tamaño de la tarta se ha reducido, no todos los comensales pueden tener pedazos iguales o mayores que antes. Lo único que puede hacerse es que las pérdidas se repartan de forma justa y que incentive la recuperación del crecimiento sobre bases más sostenibles. ¿Alguien sabe de alguna medida impopular que haya tomado este Gobierno?

Álvaro Anchuelo

El que paga los platos rotos

El que paga los platos rotos

Joaquín Leguina fue Presidente de la Comunidad de Madrid durante 12 años. Viejo socialista, con amplia experiencia política y muy poco miedo a la libertad a estas alturas de la vida, no siempre acierta en sus críticas pero siempre critica lo que cree necesario criticar. En una política de formas babosas y corrección fingida, de hipocresía moral y agendas ocultas, generalmente personales, son de agradecer reflexiones no siempre cómodas, pero siempre necesarias y útiles.

Como buen estadista y estadístico, Joaquín reflexiona con frecuencia sobre el reparto de las rentas y las cargas fiscales. Con frecuencia explica a quien quiere oírle que una parte importante de la recaudación del Estado, que luego nutre a las Comunidades Autónomas, procede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es un impuesto directo, que recauda directamente en función de tu renta. Es un impuesto universal porque todos estamos obligados a declarar sobre nuestros ingresos.

Leguina desmonta esta mentira. Ni universal, ni directo, ni justo. Resulta que los trabajadores, los que vivimos de un salario y cobramos por nómina, aportamos el 90 por ciento de todo el dinero recaudado por IRPF, cuando sólo representamos la mitad de la riqueza. Eso permite que estadísticamente, sólo estadísticamente, los trabajadores ganemos muchísimo más que los empresarios. Algo increíble, pero que pasa por bueno. Si tenemos en cuenta que el IRPF es el impuesto directo más importante, podemos concluir que somos los trabajadores los que mantenemos el tinglado económico del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Aquí sólo pagamos nosotros, también los platos rotos, aunque nos cuenten, una y mil veces, que los ricos pagan menos para, ya ve usted que guasa, crear más empleo.

Como dice Joaquín, a la vista de estos datos, qué igualdad más rara.

Por Javier López, secretario general de CC.OO. de Madrid

Nuestros hijos.

Nuestros hijos.

Qué tremenda paradoja de la vida: nuestros escudos son también nuestros hijos. Porque tenemos hijos decidimos dedicar nuestra vida a defender la libertad y combatir el terror; porque tenemos hijos de la edad de Diego y Carlos, los dos últimos guardias civiles asesinados por ETA, seguimos en esto. Porque tenemos hijos, decidimos --hace demasiado tiempo ya-- que teníamos que seguir hasta acabar con los terroristas: para que nuestros hijos y todos los jóvenes de su edad, hijos nuestros también, no lo tuvieran que hacer. Porque tenemos hijos, decidimos que es a nuestra generación a quien le correspondía la tarea de acabar con ETA; para que ellos no lo tuvieran que hacer. Para que nuestros jóvenes no fueran a funerales; para que no se pintaran las manos de blanco; para que nunca tuvieran que gritar ¡Libertad!; para que no borraran los números de teléfono de los amigos asesinados; para que no vieran llorar a más madres huérfanas ...

Pero han ido pasando los años. Y nuestros hijos han ido creciendo y han tenido que ponerse a nuestro lado en el combate frente al terror. Y mientras nuestros hijos crecían --sin que pudiéramos protegerles del todo--, empezaron a llegar a nuestra casa chavales de su misma edad que venían a protegernos a nosotros mismos; a nosotros, que soñamos con protegerles a ellos. Chavales que nacieron en democracia; chavales a los que quisimos evitar tanta miseria, tanto dolor, tanta muerte. Chavales valientes que aprietan los dientes cuando llega la noticia de un nuevo atentado; chavales valientes que lloran mientras aguantan el féretro del compañero asesinado; chavales que salen cada día de su casa para ponerse entre nosotros y el terror. Entre la democracia y el totalitarismo. Entre la posible víctima y el victimario. Chavales que deciden arriesgarse a morir para que no nos maten a nosotros.

Nuestros escudos no son sólo son de la edad de nuestros hijos: son nuestros hijos. Hacemos política para que ellos no tuvieran que sufrir todo esto. No hemos podido evitarlo; pero juro ante todos ellos que no dejaré de trabajar ni un sólo día para que sus hermanos pequeños no tengan nunca que cargar con un féretro envuelto en la bandera de España en la que yace muerto uno de sus compañeros. Uno de nuestros hijos.

Gracias. Y perdonadnos por no haber sabido acabar aún con esto.

Rosa Díez

Alto y claro

Alto y claro

Abaratar el despido y animar a los empleados a que acepten bajadas de sueldo, o incluso trabajar gratis “para salvar” a las empresas, empeorará la crisis.

En algunas grandes empresas españolas (SEAT del grupo Volkswagen), los trabajadores han aceptado rebajarse el sueldo. En Reino Unido, un directivo de British Airways ha propuesto a los empleados que trabajen un mes gratis. Empresarios y autoridades monetarias piden reformar el mercado de trabajo, es decir, abaratar el despido y reducir los salarios.
Pero, “la situación laboral no ha sido causa de la crisis”, aseguran en un manifiesto 700 economistas y expertos laborales, catedráticos y profesores universitarios en España, y es indecente hacer pagar el coste de la crisis a los trabajadores.
Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, afirma, por ejemplo, que España debe moderar los salarios, abaratar el despido, desligar aumentos de sueldos del incremento de precios, y reducir la protección de desempleados. También que se han de consolidar las expectativas de las familias y las empresas para que se vuelva a consumir e invertir.
Estupenda lógica la de Trichet: frenar salarios, abaratar despidos y reducir la protección social, pero al mismo tiempo que familias y empresas vuelvan a consumir e invertir. Si bajan salarios y despiden, ¿quién podrá comprar?
Tal contradicción hace dudar de la credibilidad de Trichet. Pero es coherente. Fiel a sus intereses de clase, la clase alta, la minoría con dinero y poder.
A Trichet le replica Paul Krugman, premio Nobel de Economía, quien el pasado mayo denunciaba que “los salarios están bajando a lo largo y ancho de Estados Unidos (…). Reflejan la realidad brutal de un mercado laboral débil: los trabajadores no protestan cuando les recortan el sueldo porque creen que no encontrarán otro trabajo. Pero la bajada de los salarios es síntoma de una economía enferma que puede empeorar aún más.
Las bajadas de los sueldos proliferan. Es un fenómeno muy extendido. Y podríamos enfrentarnos a la paradoja de los salarios: los trabajadores de una empresa pueden contribuir a salvar sus empleos accediendo a cobrar sueldos más bajos, pero si los empresarios recortan salarios en todos los sectores económicos, la consecuencia es aumento del paro. El recorte salarial aumenta el empleo en el caso de una empresa en concreto. Pero si todo el mundo rebaja sueldos, nadie obtiene ventaja competitiva. Los salarios bajos no benefician nada a la economía. Por el contrario, la caída de los sueldos empeora los problemas de la economía”.
Y Krugman nos recuerda que Japón (donde los sueldos del sector privado descendieron más del 1% anual durante ocho años hasta 2003) es lección práctica de cómo la deflación salarial estanca la economía.
Al otro lado del mundo, líderes sindicales australianos han propuesto que para salvar la economía es necesario un “salario máximo”. Y nueve diputados en el Reino Unido han propuesto establecer por ley “un límite al salario máximo anual que se pague a cualquier persona”. Proponen “considerar seriamente establecer el salario máximo”, porque las excesivas remuneraciones de los directivos y ejecutivos son una causa de los males de la economía mundial. Y es así porque, como denuncia Jeff Lawrence, líder de la federación sindical nacional de Australia, “salarios y gratificaciones insultantes para los ejecutivos han impulsado una cultura de riesgo excesivo y de actuación a corto plazo que es una de las principales causas de la crisis financiera global”.
En 2007, la remuneración de un director ejecutivo en las 500 primeras empresas de Estados Unidos era ¡344 veces la paga media de un obrero! Y en Australia, la diferencia entre el salario medio de un director ejecutivo y de un trabajador es de 63 veces, pero en 1990 sólo era 18 veces.
Aunque toda esa miseria e injusticia nos la explica mejor el poeta español Luis García Montero: “Cuesta trabajo asumir la frialdad criminal con la que los reyes del dinero han cambiado la economía productiva por la economía especulativa. Asombra la ingeniería mercantil que ha prescindido con alevosía de la creación de riqueza para forzar negocios avarientos, preocupados sólo por aumentar las ganancias de los que más tienen. Y llena de cólera comprender cómo los gobiernos europeos, conservadores y socialistas, han confundido la modernidad con la toma de decisiones encaminadas a favorecer la avaricia de los bancos y de sus especuladores.”
Dudo que se pueda decir más alto ni más claro.

XAVIER CAÑO TAMAYO
Solidarios

¿Qué reforma laboral?

¿Qué reforma laboral?

Hoy en día, parece que no eres nadie en España si no llevas una propuesta de reforma laboral en el bolsillo.

Como no me han pedido apoyo para ninguna de las muchas plataformas que compiten al respecto, me veo obligado a lanzar mi propio manifiesto mediante esta columna y a pedir firmas de apoyo.

Hace tiempo que superé el lenguaje binario que sólo es capaz de ordenar el conocimiento en forma de sí o no. Ya sé que la utilización del 0 y del 1 ha sido decisiva para el impulso a la informática digital. Pero creo que, a pesar de algunas evidencias en contra, la mente humana funciona de otra manera, sobre todo a la hora de captar la complejidad. Por tanto, estar a favor o en contra de una reforma laboral, sin más, me parece incomprensible. Sobre todo, después de constatar que en las últimas décadas hemos realizado varias reformas laborales, algunas incluso pactadas entre los interlocutores sociales a pesar de incluir nuevas formas de contratación con un despido más barato, con un resultado claramente positivo, hasta ahora.

Plantear, pues, a palo seco, estar a favor o en contra, me parece un reduccionismo inaceptable. Tendremos que ver en qué consiste cada propuesta en concreto, cómo afectan a los agentes en juego y a la correlación de fuerzas entre ellos porque, como en todo mercado, en el laboral hay, al menos, dos partes en litigio, y las normas deben regular el conflicto intentando equilibrarlo con los intereses generales del país, lo que exige no decantarse de forma total a favor de ninguna de las partes.

Se podría aducir que en nuestro mercado laboral existe lo que los economistas llaman un óptimo de Pareto, es decir, una situación en la que cualquier cambio sólo puede reducir el bienestar de algunos sin que la mejora experimentada por los otros compense. Dicho de otra manera, con independencia de cómo sea su funcionamiento, cualquier reforma sólo podría empeorar la situación global actual y, por tanto, es mejor no hacer nada.

Creo que será difícil encontrar alguien en nuestro país que defienda esta tesis, ya que nuestro mercado laboral está afectado, al menos, por seis fracturas importantes que me niego a aceptar que no puedan mejorarse mediante reformas entre empleados y parados, fijos y temporales, hombres y mujeres, nacionales e inmigrantes, jóvenes y viejos, cualificados y no cualificados.

Decía esta semana el presidente del Gobierno que no aceptaría ninguna reforma laboral que rebajara el coste del despido o significara recortes de derechos sociales. De acuerdo. Lo comparto. Pero ¿aceptaría una que tratara del otro 80% de problemas existentes?

Ninguna reforma laboral nos va a sacar de esta crisis económica. La contratación de trabajadores depende de que exista demanda en el mercado para los bienes y servicios producidos por las empresas, por lo que ningún despido a coste cero facilitaría acabar con el paro mientras la economía esté en recesión. Hablamos, por tanto, de prepararnos para cuando la economía vuelva a generar empleo. ¿Cómo pueden las reglas que regulan el mercado laboral favorecer en cantidad y calidad el empleo generado por el crecimiento económico? Ésa es la pregunta a la que tenemos que dar respuesta ahora, a la luz de la experiencia del tremendo desempleo diferencial con que hemos reaccionado aquí ante las serias dificultades de la economía mundial.

Mejorar el derecho al empleo, es decir, a que el despido no sea casi la única respuesta posible por parte de una empresa ante dificultades prolongadas; el derecho a un trabajo estable, para lo que hay que reducir la elevada temporalidad, desarrollar el trabajo a tiempo parcial y la figura de fijos discontinuos; el derecho a recibir una retribución acorde con nuestra productividad y las posibilidades concretas de la empresa y no del sector; el derecho a recibir formación continuada en la empresa o el derecho a adaptar, en la medida de lo posible, el horario laboral a las posibilidades del puesto de trabajo y a las necesidades de conciliación de la vida personal y laboral, son ensanchamiento de los derechos laborales que incrementarían la capacidad de respuesta positiva por parte de las empresas ante las fluctuaciones de la economía y que exigen una reforma del funcionamiento laboral actual.

Veo difícil avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, basado mucho más en el talento que hasta ahora, con las reglas presentes en nuestro mercado de trabajo. Dicho de otra manera: si nos tomamos en serio una ley de crecimiento sostenible que oriente el grueso de la actividad productiva en la dirección de incorporar mayor valor añadido que hasta la fecha, el tipo de trabajo y de relación laboral que necesita una tal economía, será muy distinto de lo que tenemos ahora.

Diría más, los cambios necesarios deben ir en la dirección de incrementar los derechos de los trabajadores, incluyendo su derecho a una mayor flexibilidad interna, estabilidad laboral y protección ante el desempleo, sin que ello signifique mayores costes empresariales. La estructura de costes laborales no salariales debe, por tanto, revisarse con profundidad incorporando los conceptos comunitarios de flexiseguridad que se resumen en estabilidad en el trabajo y en los ingresos, pero no necesariamente en el puesto y en las condiciones de trabajo concretas.

Resulta difícil, por ejemplo, convertir a la I+D+i en fuerza productiva estratégica de las empresas y la sociedad mientras se mantiene a la inmensa mayoría de investigadores como becarios, con contratos precarios y mal pagados. Es incomprensible que no se predique con el ejemplo desde la principal empresa del país que es la Administración Pública, aplicando, por ejemplo, las condiciones del teletrabajo que se pactaron con los sindicatos siguiendo las directrices europeas y de las grandes empresas privadas pioneras en el uso de las nuevas tecnologías.

Otro modelo de crecimiento debe llevar aparejado otro modelo de relaciones laborales. Con más derechos, el mismo coste del despido pero mucha más flexibilidad interna, que permita adaptarse sin rupturas a los nuevos requerimientos productivos y de sociedad.

Jordi Sevilla
El Mundo

Sigue siendo la economía...

Sigue siendo la economía...

El día 2/07/09 se conocieron los datos del paro registrado en junio de 2009. Tal y como ya había anunciado un día antes el Ministro Gorbacho, las cifras apuntaban absolutas del mes resultaban positivas. Si uno se queda en el titular, si no analiza nada más que los grandes números, si no piensa en el drama de los casi cuatro millones de parados (o más, según quien y como se hagan las tablas), en la tragedia y la desesperación de los más de millón y medio de ciudadanos que ya no cobran ningún tipo de prestación, extraerá de esta noticia de que "el paro baja en junio" una a conclusión incorrecta.

Un amigo me enviaba este mail:

 

Querida Rosa:

Realmente el grado de mendacidad de la pareja ZP-Corbacho, alcanza cada dia cotas inimaginables. La cifra de Paro Registrado que acaban de publicar es positiva en 55.250 personas, pero claro, luego te vas a las Afiliaciones a la SS, publicadas tambien hoy, y éstas han caído en 182.000 personas, y entones si ha habido 182.000 personas que se han dado de baja en la SS, es decir, que han dejado de trabajar, ¿como narices estos artistas puede tener la desvergüenza de afirmar, que hay 55.000 personas más trabajando ?.

Sólo habría una situación en que el paro registrado podría ser inferior a la caída de afiliación a la SS, y es que la población activa estuviera bajando, pero ésto no es así sino todo lo contrario: el último dato del INE muestra que la población activa sigue creciendo al ritmo de 37.000 personas al trimestre, luego el paro registrado tendría que ser mayor y no menor que la caída de afiliaciones a la SS. Supongo que la razón es que están desesperados y han decidido dar un mensaje de falso optimismo......

Un beso.

 

Más allá de otras consideraciones y conclusiones del por qué hacen estas cosas nuestros gobernantes, es lo cierto que tiene toda la razón: las cifras están maquilladas. Y, auqnue no lo estuvieran, no hay razón alguna para relajarnos; y mucho menos para el optimismo. ¿Qué gobernante serio se mostraría optimista ante la crisis social que representa cuatro millones de parados? ¿Qué gobernante serio al frente de un país que tiene la más alta tasa de temporalidad de toda Europa, puede sonreír alborozado ante esta leve mejoría? Ninguno. Por eso, porque no son serios, es por lo que el dúo Gorbacho/Zapatero creen que lo que hay que hacer es utilizar estas cifras para tapar la cruel realidad. Siguen en la misma dinámica que desde que se inició la crisis: enmascararla lo más posible y echar la culpa a los demás de los problemas. Ah, y esperar a que tire EEUU y nos saque del agujero.

Otros analistas apuntan que ni siquiera es cierto que se haya producido una leve mejoría en las cifras de paro. El informe publicado por el Ministerio de Trabajo señala que el paro en el mes de junio ha subido en 107 parados, hasta los 3.690.361. Se trata del dato desestacionalizado, en el que se eliminan los efectos del calendario y, por lo tanto, sirve de medición homogénea.

Este dato es el que se utiliza para observar la tendencia real de las cifras del paro. El Gobierno ha dejado fuera de las cifras --una vez más-- a los Demandantes de Empleo No Ocupados, que incluyen a los Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados (TEASS), un colectivo que en junio ha alcanzado la cifra de 297.294 personas. En este epígrafe se incluyen también los desempleados que acuden a cursillos. Tampoco contabiliza Trabajo a a los demandantes de empleo no ocupados que buscan condiciones especiales de trabajo, y que en el mes pasado ascendieron hasta los 194.711 parados. Con lo cual, si sumamos los parados reales y según los propios datos del Ministerio de Trabajo, el mes de junio se salda con más de cuatro millones de parados. ¿Donde está la mejoría?

En fin, que seguimos teniendo un enorme problema económico, financiero y social. Y también político. Porque quien no se atreve a decir la verdad, difícilmente se atreverá a poner en marcha medidas para frenar el gravísimo deterioro que sufre nuestro país. Sentarse a la puerta de la casa y esperar a que pase la tormenta es la estrategia de nuestros gobernantes; y, eso sí, sonreír mucho por si alguien les mira, para que todo parezca controlado.

En fin, que esta gente no dice la verdad ni a su médico. Estamos más que apañados.

Rosa Díez

Reactivar la economía para generar empleo

Reactivar la economía para generar empleo

Lo primero, contra la crisis, atender a las personas que sufren los efectos de la recesión económica en sus carnes y las de sus familias, en forma de aumento del desempleo y pérdida de las rentas.

Cortar la sangría del paro exige revisar el modelo de crecimiento y reactivar la economía, para lo cual la iniciativa pública debe taponar la disminución de la inversión privada. Invertir para anticipar obra pública en infraestructuras, como instrumento básico para dinamizar la economía, aumentar la productividad, vertebrar el territorio y facilitar el reequilibrio territorial.

Invertir para aumentar el parque de vivienda en alquiler, mediante una acción concertada de las administraciones públicas, la iniciativa privada y la iniciativa social. Es el momento de apostar por la vivienda pública y con protección pública. El momento de abordar un ambicioso programa de rehabilitación de vivienda urbana, apostando por la eficiencia energética en el parque residencial

Ahora es cuando hay que invertir en la recuperación de espacios urbanos y naturales degradados. Ahora, cuando hay que construir centros educativos, sanitarios, residencias de mayores, centros de día. La hora de controlar la calidad del empleo generado por las administraciones públicas, cuando contratan bienes y servicios.

Apostar por estas actuaciones requiere asignación de recursos por parte del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los recursos son escasos, limitados, aún más en tiempos de crisis. Es esencial priorizar. Por eso iniciativas como las que planteamos CCOO y UGT en el documento de Propuestas Sindicales para un Acuerdo por el Empleo y la Protección Social son incompatibles con las rebajas fiscales indiscriminadas que plantea CEOE o con actuaciones como las emprendidas por la Comunidad de Madrid, subvencionando el impuesto de matriculación de los vehículos de alta gama. Privan de recursos para las inversiones necesarias y benefician más, cuando no sólo, a quienes menos lo necesitan.

Es la hora de invertir para generar nuevos puestos de trabajo, preparar un futuro más sólido.

Por Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

Los brotes verdes, secos

Los brotes verdes, secos

El plan estrella del Gobierno para limpiar las colas del INEM va camino de convertirse en plan estrellado. Mientras unos ven brotes verdes, las economías domésticas sólo pueden hablar de crisis y más crisis.

Ha dicho la vicepresidenta Salgado que se están empezando a vislumbrar unos “brotes verdes” que apuntan los primeros síntomas de cara a la recuperación de la economía. “Esperemos unas semanas y los veremos”, contestó la optimista ministra a los periodistas.

Yo, más que brotes verdes, lo que diviso es un campo yermo, desértico y árido. Si alguien reflexiona sobre el descenso del número de parados durante el mes de mayo, se da cuenta de que la cifra esconde una trampa.

Esas 24.741 personas que han abandonado las listas del INEM son un magnífico dato, sin duda, con la que está cayendo y tras catorce meses con tendencia negativa. Pero no debemos olvidar que mayo es el mes por excelencia en creación de empleo. Cuando más puestos de trabajo se fomentan es ahora, de cara a la campaña de verano. Por tanto, como dijo Zapatero, hay que tomar la noticia con pinzas y contener la euforia.

Conviene hacer una reflexión más de fondo: uno de los grandes estímulos del empleo durante el pasado mes ha sido el archiconocido ‘plan E’, el proyecto cocinado en Moncloa para fomentar la obra pública en los municipios. Pero el plan es lo que diríamos en castizo ‘pan para hoy y hambre para mañana’. O, mejor dicho, ‘pan para algunos pocos y hambre para otros muchos’.

El ‘Plan E’ sólo da trabajo a unos pocos: los constructores afines a los ayuntamientos que consiguen hacerse con las obras proyectadas. Quienes conceden y adjudican estas obras (previo pago del Estado central, eso sí) son los alcaldes y concejales de turno, a su libre albedrío. Basta con echar un vistazo a la España profunda para darse cuenta de esa realidad.

Por otro lado, lo que es más grave aún, se trata de un empleo sujeto a una tremenda temporalidad. Es decir, los 144.000 nuevos puestos de trabajo que ha creado el ‘Plan E’ son contratos con fecha de caducidad muy corta.

En definitiva, que dentro de poco vamos a sufrir el ‘efecto boomerang’ del plan: miles de trabajadores de la construcción se quedarán en la calle porque las obras públicas han terminado y no hay más de donde rascar. ¿Quién absorberá entonces a ese capital humano?

Dicen los ‘gurús’ económicos que estaremos saliendo de la crisis cuando las empresas comiencen a crear empleo. Pero no a cualquier precio. El plan estrella del Gobierno para limpiar las colas del INEM va camino de convertirse en plan estrellado. Mientras unos ven brotes verdes, las economías domésticas sólo podemos hablar de crisis y más crisis.

Fernando Hernández Valls

Recortes sociales, más fáciles en tiempos de crisis

Recortes sociales, más fáciles en tiempos de crisis

Antes de caer en un frenesí reformador, no se debiera olvidar el significado simbólico que el sistema de reparto tiene en España, sinónimo de solidaridad intergeneracional vinculada a la reinstauración democrática.

Aunque todavía a gran distancia de la mayoría de nuestros socios europeos, tomado en su conjunto, el Estado de bienestar español se ha expandido. Sin embargo, a veces, nuestros Gobiernos han adoptado decisiones de recorte del sistema. Como la protección social goza de un fuerte apoyo ciudadano, en general, estos recortes se han producido mediante una estrategia poco visible, de tipo incremental, consistente en pequeñas reformas graduales. Aun así, en algunas ocasiones, los Gobiernos han intentado recortes radicales, más sustanciales.

Mientras que la situación socioeconómica no parece haber sido un factor especialmente relevante en las reformas expansivas ni en las reducciones incrementales, sí se ha revelado como un elemento decisivo para que un Gobierno se decida a recortar en lo social. La crisis económica ha sido una precondición necesaria en los casos de recorte radical. Con crisis, incluso un Gobierno ubicado a la izquierda ideológica se atrevió a recortar las pensiones en 1985 y la protección por desempleo en 1992 mediante lo que se denominó el decretazo. En contraste, otros factores que aparentemente parecen muy relevantes para predecir una disminución del Estado de bienestar, como el que el Ejecutivo esté en manos de la derecha o el que se cuente con mayoría absoluta en el Parlamento, se han demostrado insuficientes en tiempos de bonanza. A pesar de su empecinamiento inicial, el PP, asustado por las consecuencias electorales que podría sufrir, aun con una amplia mayoría parlamentaria que le hubiese permitido hacer cualquier cosa, optó por retirar su decretazo en 2002. Como afirmaba un responsable público de la época, "lo que pasa es que, en tiempo de vacas gordas, pues bueno, realmente, casi todo se puede aplazar, ¿no?".

Con crisis, incluso con una opinión pública en contra, los Gobiernos decidieron adelgazar el sistema. No es que no estuvieran inquietos por las consecuencias electorales, pero también fueron conscientes de que el castigo sería mucho peor si, como resultado de no-hacer-nada, la situación empeoraba aún más. La crisis les colocaba ante una sola salida: lanzar una reforma impopular y elaborar un argumentario creíble para evitar ser culpabilizados en las urnas.

No es casualidad pues que con la crisis se proponga reformar las pensiones. La cuestión es saber en qué medida es necesario el cambio y, sobre todo, con cuánta profundidad hay que realizarlo. Si se hubiesen atendido con excesiva congoja las recomendaciones que al hilo de las negras previsiones sobre las pensiones se realizaron en los años noventa, el sistema se hubiese recortado radicalmente hace ya tiempo.

Los hechos han demostrado después que la necesidad no era tan acuciante como se decía, en parte por la llegada de los inmigrantes, y que las continúas pequeñas reformas han ido haciendo viable el sistema. Porque, a pesar de lo que algunos quieren dar a entender, reformas sí se han hecho. Y al menos hasta hace un año, creíamos que su ritmo y ambición estaban siendo suficientes para ir garantizando un sistema como el que se supone que queremos (véase el Pacto de Toledo).

No es que no debamos atender las nuevas previsiones pero las crisis son malas consejeras a no ser que lo que se esté proponiendo realmente es aprovechar el momento para hacer un cambio profundo. Antes de caer en un frenesí reformador, no se debiera olvidar el significado simbólico que el sistema de reparto tiene en España, sinónimo de solidaridad intergeneracional vinculada a la reinstauración democrática, ni el hecho cierto de que la política de pensiones desempeña un papel básico en el combate contra la pobreza en la vejez y en el sostenimiento de muchos hogares en estos tiempos duros, donde la pensión del abuelo se estira para toda familia.

Eloísa del Pino. Científica titular del CSIC
Cinco Dias

La tómbola del estado de la nación

La tómbola del estado de la nación

Es decepcionante que el Gobierno no haya anunciado ampliar la cobertura del seguro de desempleo porque, aparte del contenido social que comporta, puede ser una de las medidas más eficaces contra la crisis.

En el debate del estado de la nación, el presidente del Gobierno sorprendió a la mayoría del auditorio proponiendo de nuevo una serie de medidas contra la crisis. No se sabe ya qué número hacen. Soy de los que piensan que, por desgracia, en las circunstancias actuales no cabe otro remedio más que el de que el Estado intervenga con dinero público. De lo contrario, las consecuencias serán mucho peores. Nada que objetar a que España se encuentre entre los países cuyos Estados han aportado más recursos para la reactivación; sólo que este hecho debería servir para que los defensores a ultranza del sector privado y detractores del público guardasen silencio para siempre.

Hay que plantear, sin embargo, otra cuestión no exenta de importancia, la congruencia y la lógica internas de las medidas que se aplican, y ahí es donde derrapamos. Aun cuando el nivel actual de deuda pública en España es reducido y, por tanto, hay un amplio margen para la actuación, la crisis es de tal envergadura que resulta imprescindible asegurarse del uso de cada euro que utilizamos y de que las medidas tomadas tienen la máxima efectividad y son mejores que la alternativa que podría adoptarse con esos mismos recursos. Es necesario, en definitiva, una estrategia económica en la que cada una de ellas se incardine y adquiera su razón de ser.

La impresión que dan las distintas actuaciones propuestas en diferentes momentos por el Gobierno es que obedecen más bien a ocurrencias puntuales que se van adoptando según sobrevienen, de forma aislada y sin conexión con las restantes, incluso en ocasiones pueden ser contradictorias entre sí. Así surgieron medidas tan descabelladas como la de los cuatrocientos euros o la del cheque bebé. Otras han sido más acertadas, como aquellas destinadas a la inversión pública, aunque habría que haberse planteado si la mejor forma de instrumentarla era a través de los ayuntamientos.

En una política económica consistente las medidas deberían agruparse en dos grandes bloques. El primero, tendente a sanear las entidades financieras y a conseguir que el crédito llegue al público. Es evidente que hasta ahora este objetivo no se ha cumplido, que muchas empresas están estranguladas financieramente, lo que a su vez está desatando una reacción en cadena de impagados. Por otra parte, el tipo de interés que en la actualidad cobran los bancos se aleja de lo razonable y deja sin efecto la política monetaria laxa que pretende aplicar por primera vez el Banco Central Europeo. A estas alturas, no conocemos el estado de salud de nuestro sistema financiero, y las intervenciones públicas, a juzgar por ejemplo por lo que ha ocurrido con la Caja de Ahorros Castilla La Mancha, no parecen haber seguido un buen camino. Se limpian los activos tóxicos con dinero del contribuyente, pero no se nacionaliza la entidad.

El segundo bloque debería estar orientado a cebar la bomba, en lenguaje keynesiano, es decir, a reactivar la demanda. En esta crisis lo que falla es la demanda y no la oferta. Carecen, pues, de sentido todas las medidas dirigidas a ayudar directamente a los empresarios. Las empresas sólo producirán más si pueden vender la producción. Por eso, no resulta indicado reducir el impuesto de sociedades aunque sea a las PYME. La ayuda se orientará a los que menos lo necesitan, a los que obtienen beneficios. Sin embargo, no influirá en los que tienen pérdidas.

Resulta difícil explicar el motivo de subvencionar la compra de automóviles como no sea la enorme presión de los concesionarios y el precedente de haberlo hecho otros países. La semana pasada, desde este mismo diario digital, señalaba yo cómo únicamente el 20% de los automóviles fabricados en España se compran en el interior y cómo muchos de los adquiridos por los españoles se producen en otros países, con lo que la medida no parece demasiado eficaz.

Lo de los ordenadores parece una broma que no se sabe muy bien a qué viene, cuando los libros de texto aún no son gratuitos. El único resultado va a ser subvencionar a los fabricantes, establecidos la mayoría de ellos en otros países. Si el ministro de Industria quiere promocionar de verdad las nuevas tecnologías en la sociedad, valdría más que controlase el oligopolio de las compañías de telecomunicaciones con el objetivo de que bajen precios y mejoren los servicios.

En cuanto a la desgravación fiscal a la vivienda, es bastante dudosa la oportunidad de limitarla ahora. Su eliminación debería haberse producido quizás en las etapas álgidas de la burbuja con la finalidad de haberla desinflado (ésta), pero resulta impredecible el resultado que va a originar en los momentos actuales una vez que la burbuja se ha pinchado. El hecho de haber anunciado esta medida con una anticipación de año y medio está pensado, sin duda, para forzar la compra en este periodo y dar salida al stock que deben tener los promotores y constructores. Pero hay que preguntarse qué pasara una vez cumplido el plazo y eliminada la deducción.

Finalmente, es decepcionante que el Gobierno no haya anunciado ampliar la cobertura del seguro de desempleo porque, aparte del contenido social que comporta, puede ser una de las medidas más eficaces contra la crisis, ya que la propensión a consumir de casi todos los parados será próxima a la unidad. Muy pocos serán los que tengan la posibilidad de ahorrar.

Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital