Opinión y Análisis

España no es país para emprender por culpa de los políticos (y sus parásitos)

El físico inglés Isaac Newton, en el siglo XVII formuló la ley universal de la física, conocida como de acción-reacción, que se refleja constantemente en la naturaleza: "Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria”. Es también conocida en la metafísica o rama de la filosofía como ley de causa y efecto. O sea, todo efecto conocido tiene una causa que lo provoca (o varias).

En España existe un efecto científicamente medible y es la cifra del paro, que fue del 26,7% en el pasado octubre de 2013: ocupados, 16.823.200; parados, 5.904.700; tasa de paro, el 25,98% (datos del INE). Bien, vamos a dejarnos de excusas, ¿cuál será la verdadera causa que lo provoca?

Dicen los políticos, y estamos todos de acuerdo, que la cifra de paro es inaceptable, que es insoportable, que es inasumible, es intolerable para un país europeo como el nuestro. Vamos, que es una vergüenza. Nos lo dicen tanto dentro como fuera de España. Sobre todo Merkel: “Hay que reducir el gasto…”. Los políticos de aquí recortan los servicios y nos suben los impuestos, pero la parte que toca a su chiringuito, su administración ya montada, ésa no la recortan, sino que gastan más que antes y cuando no llegan con los impuestos recaudados, tiran de tarjeta de crédito del BCE, vendiéndolo como el gran logro.

El paro, efecto de una causa igual de potente

Volviendo a Newton, el paro es una reacción, es la fuerza contraria, igual y tan desmedida en su crecimiento como la cifra de gasto público e impuestos. Ésta es la acción o causa (gasto-impuestos) que provoca la reacción o efecto (quiebra-paro)Pero, ¿qué se ha hecho para tener semejante cifra, tan negativa? No es cuestión de azar. El azar no existe. El paro nos lo hemos ganado a pulso. Volviendo a Newton, el paro es una reacción, es la fuerza contraria, igual y tan desmedida en su crecimiento como la cifra de gasto público e impuestos. Ésta es la acción o causa (gasto-impuestos) que provoca la reacción o efecto (quiebra-paro).

Desde 1976, los políticos que han estado en el poder hasta ahora, han gestionado e incrementado el gasto público y el déficit cada vez más, para lo cual han tenido que incrementar y recaudar cada vez más y más impuestos. ¿Y quién los paga? La economía productiva, o sea, la empresa privada. Los autónomos, los trabajadores por cuenta ajena, las pymes. ¿Y qué ocurre cuando les suben los impuestos? No pueden reinvertir beneficios en el crecimiento de las empresas, ni en maquinaria, ni en contratación de personal, ni tener un pequeño ahorro para afrontar imprevistos. La consecuencia directa es falta de competitividad, los despidos de trabajadores, la morosidad, los impagos y el cierre. La ruina.

"Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie", frase pronunciada el 29 de mayo de 2004. Grandísima verdad (tal vez la única de los ZP), y que decía bien alto y claro la ex ministra socialista de cultura, Carmen Calvo. Así es como lo ven ellos, los políticos, desde su cima en el poder. Nosotros, esos don nadie, somos el pueblo, que paga unos impuestos absolutamente confiscatorios. Pero cada uno de nosotros, los curritos, sí que tenemos nombre, apellidos y NIF en Hacienda en cada declaración de renta abonada con muchísimo esfuerzo para que lo dilapiden, lo despilfarren tan alegremente y, para colmo, no nos agradecen ni el copyright.

El auténtico explotador, el Estado

La partitocracia PPSOE que padecemos han demostrado ser la misma cosa a la hora de despilfarrar, de invertir dinero público en empresas que no producen nada, donde enchufan a sus adeptos. Los dos han gobernado, cada año han batido el récord de gasto público y Rajoy ostentará uno nuevo rompiendo el suyo anterior con el de este año.

Si gastas más de lo que ingresas, vas a la ruina, a la quiebra, eso lo sabe cualquiera, no hace falta ser científico. Y por supuesto lo saben los políticos y sus asesores de lujo, con sueldos astronómicos y coche oficial, de cualquier gobierno de turno, desde la Transición hasta ahora. Conocen el problema y la solución. Incluso lo incorporaban en las arengas y programas preelectorales, que luego incumplen sistemáticamente.

Si gastas más de lo que ingresas, vas a la ruina, a la quiebra, eso lo sabe cualquiera, no hace falta ser científico. Y por supuesto lo saben los políticos y sus asesores de lujo, con sueldos astronómicos y coche oficial, de cualquier gobierno de turno, desde la Transición hasta ahoraEl gasto se realiza en economía improductiva, subvenciones a diestro y siniestro, una administración descomunal, mantenimiento de 4.000 empresas públicas hasta arriba de enchufados… Y obtenemos la reacción final: un paro igual de descomunal porque no hay empresa que soporte tal asfixia impositiva. No hay ventas, no hay rentabilidad, no hay beneficios y lo poco que existe se lo lleva el Estado. Y a éste le importa un pimiento. Apenas le importa cobrar. La figura del empresario capitalista explotador de trabajadores, vendida tradicionalmente por cierta ideología no es más que otro trabajador más, explotado por el jefe de verdad de todos: el verdadero explotador, el Estado.

No hay que copiar a Finlandia, ni Alemania. Solo a nosotros mismos no hace mucho. Solo con eliminar las autonomías y volver a un modelo de Estado con costes e igualmente impuestos de 1976, ya daría un enorme impulso a la pyme y a la economía. Dicha acción tendría que proporcionar por fuerza la consiguiente reacción y lograr aquella tasa de paro del 4,4% del 76, frente al 26,7% actual. Puede que incluso mejorar, debido a las tecnologías, preparación e infraestructuras que ya tenemos (nuestro dinero nos han costado) a precio de oro. Hoy cierran 180 pequeñas empresas diarias, a pesar de la luz al final del túnel que dicen que ven los dirigentes.

La economía productiva

¿Por qué hemos llegado a este punto? Aquí somos hoy 47 millones de habitantes. Quitando pensionistas y parados, reciben salario público 2,9 millones (2,5 veces más que en EEUU y 4 veces más que en Reino Unido si comparamos cuántos trabajadores públicos hay por cada uno privado). No nos podemos permitir tantos empleados públicos. Los que crean riqueza en este país, que son los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena en la empresa privada, o sea pymes y autónomos, que son la economía productiva, son solo 13,2 millones de un total de afiliados a la seguridad social de 16,1 millones.

¿Quién paga el sueldo íntegro, con sus correspondientes impuestos, de políticos, enchufados, profesores, médicos, bomberos, policías, pensionistas o parados? Realmente solo 13 millones, de los cuales 3 millones son autónomos y bajando. Ya hay solo dos cotizantes por cada jubilado. Cotizantes bajando. Receptores de salario público subiendo. Simplemente es insostenible todo el sistema.

Entre los años 1964 y 1976, poco antes del inicio de las autonomías, el gasto público rondó el 20% del PIB, y concretamente en 1976 España tenía una tasa de paro del 4,41% (según la EPA), con un número total de parados de 0,59 millones. ¡Sí, ha leído bien, solo 590.000 parados! No existía el 21% de IVA. Y la cuota mínima de Seguridad Social, o sea la cuota de autónomos rondaba los 16 euros al mes, frente a los 255 euros actuales.

Algo realmente mal se ha estado haciendo todo este tiempo y hemos tocado fondo. Por ejemplo: en 2012, el PIB fue de 1.029.002 millones de euros y el gasto público de 492.891 millones de euros, siendo este el 47,9% del total del PIB. O sea, la mitad. Y esta barbaridad se paga con los impuestos. Todo autónomo sabe que debe más o menos facturar el doble, y después de la primera criba a la mitad de impuestos, eso es lo que ganará para poder vivir.

Vamos a echar unas cuentas: imaginemos que vamos a montar un pequeño estudio de programación en un garaje (sueño americano) y facturamos 24.000 euros brutos al año: unas 240 facturas por año de media de 100 euros, por redondear. Cada simple factura que emitimos de 100 euros, sin incluir gastos deducibles, nos saldría aproximadamente:

-Año 1976: 100€ - (24,18% de IRPF) – (0,77% parte proporcional de 186,59€/año de Seguridad Social) = 100€ - 24,95€ = 75€ netos para ir al súper.

-Año 2013: 100€ - (21% de IVA = 17,35€ ya computado) = 82,64 euros - (24,75% de IRPF de 82,64 = 20.45€ ) - (17,54% de Seguridad Social de 82.64 = 14.50€) = 47.69€  Me han quitado un 52,31%.

Si luego voy a una tienda a gastarlo me entregarán una factura de 47,69€ = 39,41€ + IVA. Siendo este el valor real obtenido de mi trabajo, después de impuestos.

Según el estudio de PwC2011, al total bruto de 100€ (100%) le quitarían un total del 56,5% en impuestos (o quizás al 82,64€), quedando mis 47,69€ en 43,50€ o incluso 35,94€.

No es país para emprendedores

España no es país para emprendedores, al menos no autónomos. Las grandes empresas sí están tributando al 4% pero las demás no y menos los trabajadores por cuenta ajena o los tres millones de autónomos que oscilan entre el 20 y el 30 por ciento. Según un estudio en 2011 de PricewaterhouseCoopers, España estaba situada en el puesto 150 (de 183) del mundo para emprender un negocio, llevándose un 56,50% en tasas de impuestos en total (5 veces el histórico y tradicional diezmo bíblico, o 10%), sobre los beneficios comerciales de una pyme local estándar.

España no es país para emprendedores, al menos no autónomos. Las grandes empresas sí están tributando al 4% pero las demás no y menos los trabajadores por cuenta ajena o los tres millones de autónomos que oscilan entre el 20 y el 30 por cientoEstamos peor que Angola, Togo o Mali, con todos los respetos. Todo ello para sostener el bienestar del Estado, sus propias estructuras, sus mamandurrias, sus cafés-enchufes para todos y las subvenciones a diestro y siniestro, así como su corrupción sin límites y la avaricia desmedida de la que solo nos enteramos de la punta del iceberg. Pero la crisis y el paro, ésas las vemos perfectamente y sufrimos su consecuencia directa.

El gobierno dice que promueve y ayuda al emprendimiento, por ejemplo con su nueva Ley de Emprendedores y su tan famoso IVA de caja. Teóricamente, el autónomo ya no tendrá que adelantar el impuesto a Hacienda de una factura emitida a un cliente pero en espera de cobro. Hay que decir que ese IVA ya es de Hacienda, cobres la factura o no cobres jamás. Se trata solo de un aplazamiento de como máximo hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Evidentemente, no se podrá tampoco deducir el IVA soportado de las facturas de gastos no pagadas.

Un problema que aparece es que, por ejemplo, una gran empresa que suele pagar tarde, aún no habiéndose acogido al “IVA de caja”, al ser destinataria de una factura de este tipo tampoco podrá deducir el IVA comprado al recibir la factura hasta no haberla pagado realmente. Se prevé que ;este ;inconveniente provocará discriminación a este tipo de facturas, pese a que a los autónomos no les financia hoy nadie, pero han de financiar a todos los morosos, sobre todo a la misma administración. Una vez elegido un sistema de IVA no se puede cambiar en el año en curso y luego la renuncia tiene validez mínima de 3 años. El que se equivoque lo pagará caro.

Medidas de apoyo que son solo propaganda

El resto de medidas de apoyo no es más que propaganda, mucho contexto favorable, palmaditas y ánimos, pero no es más que eso. La realidad es que un zapatero debería dedicarse a su zapato, no se pueden exigir desde la administración unos conocimientos fiscales, de los que carecen las pymes y los autónomos, además del excesivo tiempo que hay que dedicarle para cumplimentar su interminable burocracia. En otros países europeos no ocurre esto, pero Spain is different.

Dicen de Inglaterra que es país de tenderos, casi despectivamente por algunos. Ellos se enorgullecen, con razón. Yo pienso que ojalá nosotros también lo fuéramos.Por eso estamos como estamos. Dicen de Inglaterra que es país de tenderos, casi despectivamente por algunos. Ellos se enorgullecen, con razón. Yo pienso que ojalá nosotros también lo fuéramos. Pero España, desgraciadamente, es país de parásitos, a través de la política, su corrupción, sus comisiones, sus enchufismos, que lo impregnan y lo envenenan todo. Hasta al empresario, el malo de la película (que alguno hay, como en todos lados), ha habido que cambiarle de nombre a causa de tanta incultura impartida.

Una incultura de pensamiento generalizado erróneo que promulga que los recursos son infinitos, que es un inmenso mar de donde puede y debe trincar cualquiera con acceso, de donde pegar el pelotazo rápido. Pero no es así, los números cantan claro. Hoy ya es solamente un pequeño arroyo, de 13 millones de caudal de cotizantes, y bajando.

Los números ya no cuadran. El actual sistema de impuestos injusto e insostenible provoca la ruina, el paro y la crisis. La partitocracia PPSOE y compañía, toda su casta política corrupta, cuyos integrantes en su mayoría no han dado un palo al agua (fuera del partido), que no han gestionado ni una tienda de barrio en su vida, siendo absolutamente incapaces, ¿cómo van a gestionar un país entero?

Pero es que una vez votados no vienen para eso. Son profesionales de la política. Son parásitos. Son el cáncer terminal de la economía, que morirá matando al huésped. En su avaricia infinita nos seguirá expoliando sin vergüenza alguna, sin dos dedos de frente, gastando cada vez más y más recursos, subiendo impuestos, viviendo a costa de ellos como reyes, siendo estos cada vez más inasumibles ya por cualquier negocio.

España no es país para emprendedores, y mientras no lo sea, mientras no enfoque toda su economía a la versión productiva, a las pymes y los autónomos, matando al intermediario autonómico-local y cualquier despilfarrador improductivo, será muy difícil salir del pozo del paro.

* El autor de esta Tribuna es el forero Vifferv4.

El Confidencial

Carta abierta a un parado español: gracias

Estimado amigo:

Me llamo Carlos Otto, tengo 29 años y soy periodista. Quiero dirigirme a ti, aunque no nos conozcamos personalmente, porque me gustaría decirte un par de cosas.

Es probable que últimamente te vengas sintiendo como un parásito o un inútil. No porque realmente creas que lo eres, sino porque mucha gente se ha encargado de dejártelo caer o, directamente, decírtelo. Los políticos te dicen que basta ya de vivir del Estado y que debes crear una empresa aún a riesgo de perder el poquísimo dinero que te queda. Los representantes de según qué empresarios te dicen que se acabó el café para todos y que no podemos seguir pagándote el desempleo para que te tires a la bartola en vez de estar levantando el país, como hacen ellos.

Hace algo más de tres años decidí que, si no me daba trabajo yo mismo, nadie me lo daría, y me di de alta como autónomo. Llevo todo este tiempo trabajando y, de cuando en cuando, incluso consigo dar empleo a alguienIncluso muchas personas que a día de hoy tienen un trabajo mal pagado (aunque lo puedan perder mañana por la tarde), te mirarán por encima del hombro, se compararán contigo y pensarán que, si estás en paro, quizá no eres tan bueno como pensabas. Algunos, incluso, cuestionarán que, de cuando en cuando, te tomes una caña en vez de dedicar cada segundo de tu vida a buscar empleo.

Te cuento mi caso: hace algo más de tres años decidí que, si no me daba trabajo yo mismo, nadie me lo daría, y me di de alta como autónomo. Llevo todo este tiempo trabajando y, de cuando en cuando, incluso consigo dar empleo a alguien. Si me dejase llevar por el discurso agresivo que ahora mismo existe contra los parados, te diría que cruzándote de brazos no vas a conseguir nada. Que no puedes sentarte en el sofá y esperar a que el trabajo te llegue solo. Que tienes que aprender lo que es la cultura del esfuerzo. Que aprendas de mí, que soy un hombre que se ha hecho a sí mismo sin pedir ayuda a nadie. Y mucho menos al Estado. Pero nunca te diré nada de eso, porque es una soberana estupidez.

Yo también cobré el paro, y fue gracias a ti

Si te cuento mi historia entera, te diré que entre 2008 y 2010 estuve en paro. Y, evidentemente, cobré dinero del Estado. Y, ¿sabes qué? Si por aquel entonces pude cobrar el paro fue, entre otras cosas, gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizado.

En ocasiones, incluso, combiné el paro con algunos pequeños trabajillos que no daban para gran cosa y que, por supuesto, cobré en negro. Imagino que, si te surge la oportunidad, tú harás excatamente lo mismo. Y no se me ocurrirá criticarte, porque, como tú, sé lo que significa no tener casi ingresos. Y conozco, igual que tú, la sensación de inutilidad que se siente cuando quieres trabajar y no puedes.

A día de hoy, mis sobrinos van a poder ir a colegios públicos (crucemos los dedos) gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizadoEn los dos años que estuve en paro tuve que ir un par de veces al médico, e incluso hacerme una resonancia magnética. Y pude hacer todo eso gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizado. También hice varios viajes a Madrid para buscar trabajo y conseguir algunos contactos, y lo hice viajando en un AVE que el Estado podía subvencionar gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizado.

Cuando quise darme de alta como autónomo, fui estupendamente atendido por tres funcionarios, que me asesoraron y me dieron la información necesaria para comenzar a construir la situación laboral de la que ahora disfruto. Ellos reciben su sueldo gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizado.

A día de hoy, mis sobrinos van a poder ir a colegios públicos (crucemos los dedos) gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizado. España está sufriendo una terrible época de recortes que no sabemos cómo va a acabar, pero si aún no se ha producido una hecatombe histórica es gracias a que tú, en algún momento de tu vida, has trabajado y cotizado.

Confío en que mis impuestos te ayuden a seguir

Como te decía al principio, es posible que, entre todos, hayamos conseguido que te sientas un absoluto inútil, una carga para la sociedad. Pero no lo eres. Ni para mí, ni para la gran mayoría de los que seguimos trabajando. Estás pasando una etapa muy jodida y lo comprendemos.

En su momento tú me ayudaste, y ahora me he propuesto ayudarte yo. Estás pasando por una etapa muy dura y, sinceramente, no sé cuándo narices se va a acabar esto. No pretendo lanzarte cuatro frases facilonas para motivarte, pero quiero que te convenzas de que no eres ningún inútil y de que todo lo que tenemos ahora ha sido posible gracias a tiTe voy a ser sincero: el año pasado, a todos los autónomos nos subieron el IRPF del 15% al 21% y el IVA del 18% al 21%. Me jode tener que pagar más impuestos, pero porque sé que esos impuestos no se van a destinar a evitar que te caigas por el precipicio, sino a seguir manteniendo un sistema injusto que, lejos de ayudarte, te criminaliza.

En cualquier caso, confío en que una (pequeñísima) parte de esos impuestos que estoy pagando siga sirviendo para que no pierdas tu paro, ni los servicios sociales que te has ganado ni, por supuesto, tu dignidad como persona.

En su momento tú me ayudaste, y ahora me he propuesto ayudarte yo. Estás pasando por una etapa muy dura y, sinceramente, no sé cuándo narices se va a acabar esto. No pretendo lanzarte cuatro frases facilonas para motivarte, pero quiero que te convenzas de que no eres ningún inútil y de que todo lo que tenemos ahora ha sido posible gracias a ti.

Intenta aguantar como puedas. Mientras tanto, entre todos, vamos a (intentar) cubrirte las espaldas.

Mucho ánimo y, lo dicho: gracias por todo.

Por Carlos Otto para El Confidencial

Jueces marcados, democracia en peligro

En defensa del nuevo Consejo General del Poder Judicial se dice que, al margen de cómo hayan sido elegidos, sus miembros son grandes profesionales de la justicia. Puede que sí, pero no han sido seleccionados por este motivo. Además, ¿cuántos grandes juristas hay en España? ¿Cómo podemos saber que son los mejores para formar el CGPJ? De hecho, podemos estar seguros de lo contrario: son los peores.

Porque la cuestión no es si saben mucho o poco derecho, si tienen mucha o poca experiencia. La cuestión es cómo han sido elegidos. Los partidos políticos han marcado a sus candidatos como los ganaderos marcan a las reses con su divisa: a fuego. Hagan lo que hagan estarán perfectamente identificados. O, tal y como se ha denunciado, los han esponsorizado, dejando claro "quién les paga su carrera". Su hipotética excelencia en el campo jurídico queda anulada por este patrocinio, por este sello de pertenencia.

Es evidente la relación de este atraco a la justicia con la corrupción política. Lo ha señalado la asociación judicial Francisco de Vitoria, recordando el cambio de criterio del PP respecto al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, el ministro Gallardón llevó a cabo una elocuente defensa de la independencia judicial hace menos de dos años, cuando ya era el titular de la cartera de Justicia. Sí, es inevitable vincular la politización con la corrupción. Pero hay mucho más que temer.

El CGPJ nombra, por ejemplo, a los jueces del Tribunal Supremo. Además, administra las promociones y las sanciones disciplinarias a los jueces y magistrados. Por tanto, tiene una influencia decisiva en el funcionamiento general de la justicia española. Y esto no sólo afecta a delitos de corrupción, sino a muchos otros. Mediante su control, el PPSOE+IU+NACIONALISTAS se aseguran de que el poder judicial no interfiera en lo que ya han decidido. Así, es muy común conocer el resultado de una sentencia a partir del la divisa del juez, del color de su toga.

El Tribunal Constitucional, última instancia para los asuntos más relevantes, no está al alcance del CGPJ, pero la elección de sus miembros está igualmente politizada. En el futuro, los tribunales pueden llegar a decidir sobre una consulta soberanista, sobre recortes al Estado de bienestar o sobre estatutos de autonomía, cuestiones clave para la igualdad de los españoles. Como puede verse, no es sólo la corrupción, sino el propio diseño de las instituciones y la naturaleza de nuestra democracia lo que está en juego.

La semana que viene se cumplirán 35 años desde que los españoles aprobaron la Constitución. Defender hoy el texto constitucional pasa por plantear su reforma, como y también por acudir a los tribunales cuando, ante los ojos de los españoles, se comete una tropelía como esta elección, que conculca el espíritu de la Constitución.

Editorial

¿Clase media pobre, paro y partidos sin crédito? Así es la política que viene

¿Seremos como Latinoamérica?

La política está viviendo grandes cambios, generados por movimientos sociales de nuevo cuño que están modificando lenta pero insistentemente las arquitecturas institucionales. En ocasiones, como en Europa, agitando fantasmas populistas desde la derecha, como el FN en Francia o Ukip en Inglaterra, y en otros casos haciendo sitio en los parlamentos a nuevas voces, desde el italiano M5E hasta UPyD, que generan un debate público que puede transformar la política. En EEUU, la nueva situación resulta mucho más evidente, con un Tea Party que ha impulsado otros modos de activismo y que ha forzado al partido Republicano a tomar un giro peculiar. 

El periodista Ignacio Ramonet (Redondela, 1943), presidente de la Red de observatorios de medios Global Media Watch, uno de los creadores del Foro Social Mundial y figura emblemática de Le Monde Diplomatique, acaba de publicar Hugo Chávez. Mi primera vida (Debate), un libro de entrevistas en el que el fallecido político venezolano narra sus vivencias y experiencias antes de llegar al poder. A su través no sólo podemos conocer en detalle lo que Chávez decía de sí mismo, sino que podemos entrever algunas claves que nos pueden ser muy útiles para entender la realidad presente.

Llama la atención que este libro, como ocurrió con otras experiencias periodísticas con dirigentes de América latina, esté construido mucho más desde las palabras del entrevistado que desde la visión del entrevistador. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con la necesidad del gobernante de mostrar otra imagen de sí mismo a una opinión pública, como la europea, que tiene una visión muy negativa de él? Y, en ese mismo sentido, ¿cree que se ha demonizado su régimen?

Sí, eso es lo que motiva a Chávez a hacer este libro, que es un trabajo enorme en cuanto a la documentación que había que recoger y en cuanto al tiempo dedicado. Sus objetivos eran señalar que la imagen que se ha dado de él no se corresponde con la realidad y ofrecer una idea lo más sincera posible de sí mismo. En ese sentido, es un trabajo de contrainformación o de contraintoxicación que era necesario porque aquí se ha colocado un biombo no sólo sobre Venezuela sino sobre toda América latina. No se ha querido aceptar que existen sistemas políticos que han seguido otros caminos frente al mismo problema de fondo, que es la globalización neoliberal. Si tomamos un país como España, la vía latinoamericana parece inconcebible porque habría o que salirse de Europa y del euro o participar de una construcción europea con una voluntad política muy distinta, para lo que habría que cambiar el adn de la construcción europea, que es genéticamente neoliberal. Ese es un trabajo que parece inmenso, por lo que resulta mucho más fácil atacar a quienes lo han hecho a través de la deformación de la figura de sus líderes.

En el libro hay un instante llamativo en el que Chávez explica la necesidad de un liderazgo para que el proceso siga adelante. Dice que llega el momento en que una vez que se ha producido el diálogo, ha de producirse la síntesis y que se debe actuar. Y para ello, tiene que haber alguien al frente, alguien que organice y dirija, y que la dirección colegiada no sirve para ese proceso. Es peculiar esa idea. Los partidos tradicionales tienen claro el asunto del liderazgo, pero son cada vez menos apreciados por la gente, y las nuevas formas de participación política priman exactamente lo contrario, los procesos sin liderazgo. 

Hay varios ejemplos de países que han tratado de liberarse de la dominación del FMI y del modelo neoliberal (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay…) y todos comparten la característica de contar con un líder importante. Ha aparecido en Latinoamérica una generación excepcional de líderes políticos que no es frecuente que coincidan en la misma época. En Europa no los tenemos. Quizá después de la Segunda Guerra Mundial hubo líderes relevantes, pero no hoy. Y en la izquierda es más complicado que aparezcan porque forma parte de su tradición desconfiar de la figura del líder. En América latina, sin embargo, estos dirigentes surgieron a partir del derrumbe moral y político de los partidos tradicionales, que desaparecieron de escena, de modo que la conquista democrática del poder surgió a partir de organizaciones que eran movimientos sociales, y que se aglutinaron en torno a figuras como Chávez. Esto aún no se ha dado en Europa, pero estamos viendo nuevos líderes en la izquierda griega, caso de Syriza, o en Francia, donde ha surgido Jean-Luc Mélenchon.

Es cierto que no están surgiendo líderes, pero quizá sea un fenómeno más propio de la izquierda. En Francia está Marine Le Pen, que quiere promover acciones a nivel europeo, y cuyo partido está aglutinando una gran intención de voto. Y es lógico que esta clase de líderes tengan mucha relevancia. Los partidos políticos tradicionales están deteriorados, la clase media está sufriendo un desclasamiento acentuado y hay cifras de paro inquietantes, lo cual supone que existe el clima para que aparezcan actores diferentes. La sociedad se ha comenzado a movilizarse de forma alternativa en Europa y en Estados Unidos, y en ese giro, ha sido la derecha quien se ha hecho más visible. Quizá porque la izquierda suele mirar con cierto desdén a la clase media, de la que piensan básicamente que está compuesta por idiotas que en cuanto aparece un líder carismático que promete mano dura le siguen como borregos. Y más aún si ataca a los emigrantes, porque creen que la clase media pobre es muy racista. En ese contexto, no es de extrañar que sea Le Pen quien se lleve los apoyos y los votos.

Cuando las clases dejan de tener puntos de referencia sólidos y surge un líder que fija una línea y da pruebas de autoridad sobre los problemas sencillos, con soluciones claras, tiene mucho ganado. La historia de los años 30 ha demostrado que hay liderazgos capaces de aglutinar a ciudadanos procedentes de corrientes políticas muy diferentes. Ocurrió con Mussolini y Hitler y otros fascismos en Europa. Pero hoy el fenómeno no es el mismo. El movimiento de Le Pen es clásico de extrema derecha, pero posee una variante sustancial, ya que si bien durante mucho tiempo se apoyó en temas emocionales como la xenofobia, ahora ha añadido el tema social, igual que hicieron los nazis en Alemania y por eso se ha convertido en una de las figuras más populares. Se dirige fundamentalmente a una clase trabajadora que se encuentra en vías de desclasamiento, a través de la cual está acumulando intención de voto. En América latina ocurrió algo distinto, que podríamos comparar con lo acontecido aquí al final del franquismo. Allí hay muchos movimientos sociales que se organizaron fundamentalmente durante dos periodos, el que se gestó contra las dictaduras militares, que fueron muy represivas, y el que tuvo lugar durante el periodo neoliberal, con privatizaciones masivas que provocaron lo que estamos viendo hoy en Europa. Si en España todos estos movimientos, el de los indignados, el de los desahucios, el que va contra la ley Wert, se aglutinaran en una perspectiva de cambio político posible con el surgimiento un líder que le diera la intención de conquista del poder… Esto es lo que ocurrió en América latina. En Europa es mucho más difícil porque hay frenos muy importantes relacionados con qué hacemos en Europa. Ningún país quiere salir de Europa, ni siquiera los griegos en el peor momento. En ningún país tienes una mayoría electoral que quiera irse de Europa.

Pero la diferencia de América latina con Europa tiene que ver con algo más. Es cuestión de líderes diferentes y de situaciones económicas distintas, pero también lo es de tiempos. Los procesos que estamos viviendo en Europa, dices, ocurrieron años atrás en América latina. Lo que hay que pensar es si dentro de un lustro, por ejemplo, viviremos en Europa el nacimiento de líderes similares y de movimientos políticos similares a los que ahora triunfan en buena parte de América.

Sí, probablemente, pero creo que para seguir el camino latinoamericano habría que sobrepasar etapas sobre las cuales estamos muy lejos de llegar a un consenso. Primero están las cuestiones de salirse o no de la UE y la de salirse del euro o no. La izquierda no ha dado respuesta clara a esos interrogantes, como sí lo ha hecho la  extrema derecha. Es lo que está haciendo el Frente Nacional proclamando “Sí, vamos a salir de Europa” y “Sí, vamos a salir del euro”. Nadie de izquierdas se atreve a decir esto, aunque lo piense.

Sí, pero es peculiar lo que está ocurriendo y va más allá de Europa. En todos los países occidentales se está produciendo un desclasamiento notable que está generando mucho malestar. Y en ese contexto, la izquierda pierde peso, lo cual es especialmente significativo en la medida en que lo material y lo económico eran el terreno en el que mejor situados estaban. Sin embargo, no es la izquierda francesa la que triunfa en los barrios obreros, sino Marine Le Pen. Y se trata de una cuestión lenguaje y de saber sintonizar con lo que la gente necesita, algo que la izquierda europea, muy excluyente en sus términos, no ha sabido hacer. Todo lo contrario que Chávez. Uno de sus puntos fuertes era precisamente la conexión directa con la gente común, el utilizar una forma de dirigirse a la gente que era entendida por todos. Esa fue una de las claves de su triunfo. Es evidente que quien sepa hacer eso tiene en la política actual muchísimo terreno ganado.

Y ahí está también el enigma Chávez. Porque ¿quién es Chávez? Es un niño campesino de la clase extremadamente pobre, es un vendedor ambulante que recorre las calles y es, por tanto, alguien que desde el principio ha convivido con el grupo social más numeroso en su país, que es el de los pobres. Él no va a los pobres, es un pobre. Tiene espontáneamente el lenguaje de la cultura popular, las canciones rancheras, el cine popular mexicano, las canciones de su región, practica el deporte nacional del país, el béisbol. Es alguien cuyo discurso, siendo él un intelectual, no es el de un ejecutivo, sino el de alguien que posee la actitud y la pedagogía precisas para explicar su concepción política. Chávez sabe contar las cosas en el lenguaje de la gente, mezclando canciones y poesía, contando anécdotas o recuerdos de juventud, charlando como se hace en una tertulia, y que nunca es percibido como alguien de otro mundo que viene a dar un curso o una lección, sino como alguien que conversa contigo. Esto es capital. Hay muy pocos políticos en Europa, que por su historia, educación y evolución sepan hacer esto. Y quizá en Venezuela tampoco los vuelva a haber. Además, su sensibilidad es la de un creador y no la un político. Es alguien que ingresa en la política siendo ya adulto y que por eso tiene un potencial creativo en término políticos que desconcierta, que llega y dice ‘esto hay que hacerlo de de otra manera, hagamos el partido de otra manera’.

¿No es más probable que sea gente de fuera de esos entornos tradicionales la que pueda articular mejor el liderazgo? Dadas las estructuras y las dinámicas internas de los partidos, que suelen ser muy rígidas y que les alejan de la gente, y las que viven los movimientos sociales, que a menudo manejan un idioma que tiende más a excluir que a incluir, ¿no es más factible que sea gente de fuera de esos entornos la que pueda llegar mejor a los demás? Chávez era alguien de fuera…

Probablemente alguien del movimiento sindical… Tenemos el ejemplo de esas luchas en las que de repente de la nada surge un líder que estalla en los medios de comunicación por su capacidad de comunicar y de expresar emocionalmente lo que siente. Si, es posible que estos líderes tengan que venir del mundo del movimiento sindical más que de los cuadros tradicionales y de las escuelas de formación.

Esa capacidad de comunicar con la gente es algo de lo que carecen los políticos de Occidente. Pero es cierto que hay excepciones. El Tea Party ha utilizado un lenguaje que ha calado en parte de la población estadounidense, pero sobre todo, Obama supo conectar con esa clase media en descenso a través de unos discursos emocionalmente muy potentes.

Hay otra similitud entre Obama y Chávez, porque el presidente estadounidense hace referencias profundas en sus discursos a la esencia misma de la democracia americana, citando con frecuencia a los padres fundadores. Chávez también lo hacía, y era capaz de hablar a la gente de Bolívar, de Sucre o de Miranda con tal naturalidad que parecía que Bolívar andaba todavía por ahí o que acababa de fallecer. Y los dos hablan de principios. Los dos entroncan el relato de la creación de la república y de un proyecto universalista con la situación actual.

Estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política. El deterioro económico y social y la desconfianza en las instituciones están generando un malestar del cual alguien va a sacar provecho y quizá cree un nuevo suelo político. Experiencias como las de Chávez pueden ser muy útiles para entender lo que va a ocurrir. Porque a menudo observamos Venezuela como algo que no tiene nada que ver con España o con Europa, y probablemente tengamos que comenzar a pensar de otra manera.

Esto es lo que se ha dicho hasta ahora, y es verdad que son realidades muy diferentes. Pero a medida que la crisis se consolida en un país como España, y se llega al 26 por ciento de la población activa en el paro, no podemos saber cuál va a ser la evolución. Fíjate cómo se desestructura el estado español, con el caso de Cataluña y cómo crece la desafección respecto de los grandes partidos. Esas experiencias ya las hemos vivido en países como Argentina, que no eran nada atrasados y que tenían muchos elementos en común con España, y de ahí surgieron líderes como los Kirchner. Sin duda, la política está cambiando en esa dirección, con dirigentes que reconstruyen el país ejerciendo un tipo de liderazgo del que desconfiábamos y que asumen funciones diferentes.

Por Esteban Hernández para El Confidencial

Todos somos pobres: por qué el 55% de España es ya proletaria

En casa de Marta, una madrileña de 33 años, nunca faltó de nada. Su padre era ingeniero de telecomunicaciones y su familia prosperaba sin mayores dificultades. Cuando empezó a estudiar arquitectura pensó que el esfuerzo merecería la pena. Quince años después, con sólo cinco años de vida laboral, la echaron del estudio donde trabajaba. Hoy, cuando hablamos con ella, está a punto de perder el paro. Montó una empresa junto a otra amiga arquitecta, en un campo que poco tiene que ver con lo suyo, pero se las ven y las desean para sacarla adelante. Sin cobrar un duro. Están pendientes de recibir un crédito que les permitiría cobrar un sueldo de 1.000 euros. “Sería una buenísima noticia, es como si fueras rica”, asegura.

En el espejo de Marta puede mirarse gran parte de la juventud española. El concepto de mileurista, como algo negativo, quedó atrás. Con la mitad de los jóvenes menores de 35 años en el paro, llegar a fin de mes con esa cifra suele considerarse un logro. Y es también algo cada vez más común, hasta el punto que los datos actuales y los últimos estudios al respecto apuntan a un cambio profundo: una nueva clase de parados y ‘trabajadores pobres’, que no conoce de edades ni de niveles de formación, está creciendo en la base de la sociedad.

La ‘novísima’ clase trabajadora

“Todavía no soy plenamente consciente de que soy de clase baja”, comenta Marta. Como todos sus amigos, estaba más acostumbrada a ‘sentirse’ de clase media, algo que compartían el 63% de españoles en el año 2007, según los datos que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de un porcentaje que ha ido desinflándose a la par que la burbuja inmobiliaria, hasta que, en noviembre de 2011, volvió a un modesto 55%. Quienes se consideran de clase baja, a cambio, no han dejado de crecer en los últimos diez años: un 8,5% de la población. El fenómeno es tan evidente que los sociólogos han tenido tiempo, incluso, para darle nombre: la desmesocratización, el fin de la clase media tal como la conocíamos.

Cierto es que se trata de una percepción subjetiva, aunque va de la mano de otros factores más conocidos: el paro, la desigualdad o las nuevas normas del mercado laboral son algunos de ellos. Un cóctel del cual el sociólogo Juan Miguel García ha extraído la idea clave de su tesis doctoral, presentada este verano en la Universidad Autónoma de Barcelona: existe una nueva clase trabajadora. Y no es tan distinta a la de hace un siglo.

“No sé si me atrevería a decir que es un nuevo proletariado, pero sí es una nueva clase trabajadora que se parece mucho a la clase obrera clásica”, asegura García a El Confidencial. En su opinión, se trata de un colectivo que encaja perfectamente en la acepción con la que tradicionalmente se identifica a este grupo social: ni controla los medios de producción, ni tiene la capacidad de decidir sobre muchos aspectos de su propia organización del trabajo, ni puede poner en valor su capital humano.

¿Y quién conforma esta clase? Por un lado, están los  “grupos vulnerables en el mercado del trabajo”: mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con baja formación. A las mujeres les sigue afectando más el paro y, además, cobran significativamente menos que los hombres que ocupan sus mismos puestos. Jóvenes e inmigrantes, por su parte, han dejado de mirar a España como lugar para implantar su vida futura.

Pero hay nuevos nuevos integrantes de esta clase social, cada vez más heterogénea. Según una de las hipótesis de García determinados sectores laborales que hasta ahora estaban más prestigiados se están integrando en esta nueva clase trabajadora debido al importante retroceso de las condiciones laborales. Es donde encajaría Marta, la arquitecta que ahora se felicita por sus mil euros mensuales. Pero no sólo: “Pienso por ejemplo en los periodistas”, explica el investigador, “o también en los trabajadores de determinados servicios financieros, venta de seguros o consultoría donde se les pide una intensificación de los ritmos de trabajo muy grandes sin que se recompensen con buenos salarios”.

Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2011, publicados en 2013, apoyan esta tesis. En los últimos años, los “profesionales de alto nivel y experiencia en materia de ciencias físicas y biológicas o ciencias sociales y humanidades”, según la definición estadística, se encuentran entre quienes más han visto bajar sus salarios entre 2011 y 2012. Con ellos, los trabajadores de seguros y actividades financieras y los de la hostelería.

Esta disminución afecta a más de la mitad de las personas que trabajan en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio ha experimentado un ligero crecimiento en el último año. Sin embargo, más de la mitad de los empleados en España no alcanza esa media: el 62% de todos los asalariados españoles cobra por debajo de los 22.800 euros anuales.

Del trabajo precario a la desigualdad

La opinión de García no es compartida por todos los sociólogos: Hay quien es aún más pesimista. José Félix Tezanos, catedrático de Sociología de la UNED, es uno de los investigadores españoles que ha estudiado más a fondo las clases sociales. Bajo su punto de vista, con seis millones de parados, hemos llegado a un punto en el que resulta poco realista hablar de clase trabajadora. “Estamos utilizando conceptos engañosos, no podemos llamar clase trabajadora a los que no trabajan”, asegura Tezanos. “Hay una situación tan nueva… Antes el trabajador era necesario para que algunos ganaran, ahora hay gente que gana sin necesidad de que nadie trabaje para ellos”.

El resultado de esta situación es una profunda desigualdad. Que no sólo alcanza a parados, sino también a una gran parte de los trabajadores asalariados. Basta con observar la evolución salarial en Europa. Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en España la desigualdad entre quienes más y quienes menos cobran se ha disparado desde el 2007. Si relacionamos los ingresos de la población que gana más que el 80% del resto de ciudadanos con los del 20% que gana menos (una relación estadística muy utilizada en comparaciones de este tipo), España se sitúa a la cabeza de la desigualdad. Desde el 2008 nuestro país ha dejado atrás al grupo de países entre los que suele ser incluida: Grecia, Italia e Irlanda. Los últimos datos disponibles sitúan a España a la cabeza de Europa en desigualdad, por detrás sólo de Rumanía y Bulgaria.

Es por esto que, según Tezanos, se puede hablar de exclusión, un concepto que alcanza a más del 55% de la población española. Se trata de una masa conformada por parados y los llamados “trabajadores pobres”, aquellos que, pese a tener un trabajo, llegan a fin de mes por los pelos. Un reciente informe de Nielsen destaca que, el pasado año, un 48% de la población española sólo pudo afrontar los gastos relacionados con vivienda y alimentación.

“En los países de la OCDE a mediados de los 70 el número total de desempleados estaba en torno a los 10 millones, entre los cuales casi ninguno eran parados de larga duración, eran de ciclo corto”, explica Tezanos. “Ahora los países de la OCDE, los más ricos del planeta, tienen cerca de 50 millones de parados, sin contar a los precarios. No estamos hablando de la nueva clase obrera, estamos hablando de la novísima clase obrera: se vuelve a las situaciones anteriores, de deterioro y precarización general de las condiciones trabajo”

El retrato de la exclusión

Los sociólogos entrevistados coinciden en que son los jóvenes “el sector preponderante y mayoritario” de esta nueva “conciencia de situación social”. Sin embargo, tanto García como Tezanos identifican también como parte de los excluidos a los desempleados de más de 50 años, que se enfrentan al paro de larga duración y a una empleabilidad que tiende a cero.

Pedro es uno de los 861 trabajadores que perdieron su empleo tras el ERE que Telemadrid firmó a principios de este año y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró “no ajustado a derecho”. Los extrabajadores, a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia, saben que es extremadamente difícil que vuelvan a trabajar en su ámbito. De la noche a la mañana han pasado de tener un trabajo bien pagado y un convenio digno a no tener nada.

“Después de despedirnos nos metieron en un curso en el que supuestamente te asesoraban para encontrar trabajo”, explica Pedro, que ejercía de regidor de plató. “El mensaje que se intentaba transmitir era que quienes creíamos tener un trabajo para toda la vida estábamos equivocados. El error era nuestro”, recuerda.

Muchos de los despedidos de Telemadrid son personas de más de 50 años, con vocación y estudios para trabajar en televisión, pero no en otro sitio. “Había gente que tenía el currículum en un disquete y no hacía uno nuevo desde los años 80”, asegura Pedro. Ahora es casi imposible que encuentren trabajo ni “de lo suyo” ni de cualquier otra cosa.

El número de personas con más de 50 años, quizás con una familia sobre sus hombros, pero sin un trabajo, alcanzó su pico máximo en 1997. Desde la Transición era la primera vez que el 12% de españoles con este perfil estaba en el paro. En su momento parecía un mal dato, pero lo peor estaba por llegar. La crisis económica ha disparado el desempleo en esta franja de edad. Hoy, según los datos de la Encuesta de Población Activa, casi el 20% de las personas de más de 50 años no tiene un trabajo. Y, como apunta Pedro, “lo que encontramos cuando buscamos empleo son ofertas para hacer sustituciones de limpieza en Usera por las noches”.

¿Hacia un nuevo movimiento obrero?

Mujeres, inmigrantes, parados de más de 50 años y jóvenes bien formados que no alcanzan los 1.000 euros mensuales. Una nueva clase que, apunta García, no cuenta con ningún apoyo político: es vulnerable. “No sé si de forma consciente o inconsciente o porque la vida es así, los sindicatos se han volcado con aquellos sectores y actividades en los cuales su grado de penetración era más grande”, argumenta el sociólogo.

Al igual que en el siglo XIX y la primera mitad del XX la clase obrera se organizó para luchar por sus derechos, ¿es probable que surja un nuevo movimiento obrero, distinto al tradicional, que haga renacer el concepto de lucha de clases que parecíamos haber olvidado? “Serán los nuevos trabajadores los que, una vez convertidos en clase social, podrán reivindicar de una forma eficaz mejoras en las condiciones de trabajo y por tanto en sus condiciones de vida”, explica García.

Las formas, como demuestran día a día las nuevas protestas en las plazas españolas, no son las mismas que hace cien años. “Está surgiendo una nueva conciencia de clase, en forma de protestas y resistencialismo”, asegura Tezanos. “Algunos la definen como la fase del no: los movimientos surgen primero con la negativa, no queremos esto, hay estallidos en la calle y protestas. Luego surgirá una articulación”.

Al final, aseguran los dos investigadores, el desequilibrio y la desigualdad acabará siendo insostenible. “Cada vez cae más gente en la parte de abajo y llegará un momento que habrá tanta que se va a producir un desequilibrio sistémico del modelo: es la ley de gravedad”, concluye Tezanos. Pero nadie se atreve a aventurar qué surgirá después.

El Confidencial

A la puta calle

Queriendo escribir una memoria personal de su empobrecimiento, Cristina Fallarás ha logrado en A la puta calle el que quizá sea el relato más riguroso publicado hasta ahora sobre lo que nos está ocurriendo como sociedad. Se trata de la crónica inacabada de un desahucio, el relato del empobrecimiento de la clase media. "Miserizarse", lo llama ella, que lo ha vivido y lo vive. Fallarás, periodista con más de 20 años de profesión a sus espaldas, narra su propio proceso de depauperación, desde su despido como subdirectora del diario ADN en 2008 hasta el día en que le comunican su desahucio, "el final de un despeñamiento larguísimo".

Esa caída consiste en cientos de momentos que nadie pensó vivir: "El instante en que te plantas delante de tu pareja y te oyes decir: cariño, a partir de ahora la carne es para los niños, ese miserable momento de posguerra para el que no estás preparada". Escuchamos a diario los datos abstractos sobre desempleo, pobreza, precariedad. El relato de Fallarás da cuenta minuciosa de lo concreto, de cada muesca que el empobrecimiento va dejando en el alma de las personas normales: "¿Por qué debería uno saber lo que son intereses de demora? Hay términos que cuando los entiendes es porque ya los llevas clavados en el lomo: banderillas de demora".

Tiene razón Fallarás cuando señala que los desahucios en España presentaban un problema narrativo hasta que su caso irrumpió en los medios de comunicación: no había mucha gente que supiera contarlo y pudiera hacerlo en primera persona. Ella añade la valentía de sobreponerse al estigma: "Es imprescindible, una vez recibes la patada, enumerar sin descanso lo que sabes, lo que eres, lo que quieres. Es tu lucha contra la muerte".

Narra con veracidad la transformación que le ha impuesto la desgracia, sin arrogarse ninguna representación, ninguna conciencia superior; no hay rastro de moralismo en sus palabras, sólo verdad, verdad, verdad. Al principio, escribe, "no era la pesada, beligerante, furibunda y piquetera individual en la que me ha convertido todo esto. Y a veces no se lo perdono a la crisis; echo de menos cuando era cínica, soberbia y politoxicómana leve en taxi. Esa es la verdad".

No elude la autocrítica, no recurre a sentimentalismos, ni a muletillas pensadas para conmover al lector. No ha escrito un texto, sino realidad desnuda. Y es desgarradora, porque cuando los acontecimientos son bestiales basta contarlos como son: los amigos que vas perdiendo en la caída, las llamadas del banco reclamando los impagos, el corte de la luz explicado a los niños, la espera a la puerta del colegio temiendo que te reclamen la deuda. La culpa; encima, la culpa.

Su relato sólo puede dejar indiferente a quien tenga una piedra pómez en lugar de corazón. A la puta calle es un grito que nos interpela a todos, pero sobre todo al poder: al poder mediático que pudo denunciar con beligerancia el drama de los desahucios y tardó tanto en hacerlo; al poder financiero y su codicia infatigable; al poder político, incapaz de poner diques a esa codicia y solucionar esto, ese poder convencido de que "gobernar es repartir dolor", decidido a no mirar hacia abajo y detener la caída de tantos millones de personas normales.

Irene Lozano para El Confidencial

La austeridad retrasa la recuperación

Cuando el pasado mes de octubre el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, admitió los errores de cálculo de la institución respecto al impacto de la austeridad sobre el PIB y arrojó las nuevas estimaciones del Fondo al respecto, un amplio grupo de economistas se sintió reivindicado.

Muchos de ellos habían clamado sin éxito contra el exceso en las políticas de ajuste y ahora veían confirmados sus temores. Otros, sin embargo, sostenían que el cálculo de esos multiplicadores no resulta lineal, que la situación difiere por países y varía según las distintas circunstancias y que la elevada reacción a la austeridad también reflejaba una fuerte reacción de esas mismas economías al crecimiento. La polémica a día de hoy se mantiene.

Antes de ese informe, el FMI estimaba que por cada punto de ajuste fiscal en los países desarrollados, el PIB se reducía en 0,5 puntos. Pero en octubre advirtió que la gran recesión había tenido efectos estructurales sobre el crecimiento de los países industrializados y, según sus nuevos cálculos, ese impacto sobre las economías se eleva ahora a un rango entre 0,9 y 1,7 puntos porcentuales.

El debate no es menor. Lo que plantea un multiplicador fiscal tan elevado es que los efectos negativos de la austeridad sobre el PIB son mucho más importantes de lo que se había estimado inicialmente y explicarían, entre otras cosas, por qué las grandes instituciones y servicios de estudios han errado tanto sus previsiones de crecimiento en los últimos ejercicios. “Si el multiplicador es muy elevado, los efectos negativos de la austeridad sobre el PIB serán cuantitativamente importantes, lo que provocará una disminución de los ingresos por los estabilizadores automáticos, que podría llegar a ser en casos extremos incluso superior al ahorro público esperado ex ante del ajuste. De hecho, algunos economistas, por ejemplo DeLong y Summers, han llegado a defender que, en esas circunstancias, para que el déficit disminuya lo apropiado sería aumentar el gasto público”, apuntaban los economistas Javier Andrés y Rafael Doménech, de BBVA Research, en un artículo publicado en Fedea.

Claramente, ese no está siendo el caso en la Unión Europea. En un entorno como el de la Eurozona, en el que los países deben reducir sus déficits públicos a marchas forzadas para cumplir los objetivos de equilibrio presupuestario y donde las políticas de austeridad se están aplicando de forma sincronizada, la importancia del alcance del multiplicador fiscal aumenta. Aunque dentro del euro también hay diferencias importantes.

España es el país donde el impacto de la austeridad sobre la economía es mayor. Los últimos cálculos realizados por el equipo de economistas de Goldman Sachs para Europa elevan el impacto de los ajustes sobre el PIB español del punto porcentual que calculaban en otoño pasado a 1,5 puntos solo en este ejercicio. “Teniendo en cuenta el efecto demorado de la austeridad de ejercicios anteriores, esperamos que el impacto fiscal sobre el crecimiento básicamente no cambie para Italia y Francia en torno al punto porcentual, pero que aumente aproximadamente medio punto, hasta 1,5 puntos porcentuales, en el caso de España”, subrayan en un reciente informe. Con estos nuevos cálculos, las posibilidades de que la economía española retome la senda del crecimiento, y con ello la creación de empleo, se complican, y no solo para este ejercicio.

El informe recalca que el grueso del impacto del ajuste sobre el PIB tiene lugar en los dos años posteriores a su implementación, “mientras que el impacto sobre el crecimiento se disipa después del tercer año”, apuntan. Si, como calcula el banco de inversión, España pone en marcha este año nuevas medidas de consolidación fiscal equivalentes al 3% del PIB, su impacto se dejará notar en 2014 y 2015, lo que puede retrasar considerablemente la recuperación, según el calendario previsto por el Gobierno. Para 2014, Goldman Sachs calcula que el ajuste restará al PIB español aproximadamente 1,2 puntos porcentuales (ver gráfico adjunto).

En su día, la Comisión Europea reaccionó a la defensiva ante el informe del FMI, asegurando que los multiplicadores fiscales son elevados cuando las expansiones o consolidaciones fiscales son temporales —como en el periodo 2008 y 2009, aclaraba—, pero son más bajos cuando son permanentes, como en la consolidación fiscal actual. Los datos, sin embargo, son tozudos.

Los multiplicadores fiscales son mayores en países con un tipo de cambio fijo, como podría considerarse a los países del euro. Y también, como explica Erik Nielsen, economista jefe global de Unicredit, en aquellos donde la transmisión de la política monetaria y el mercado de crédito no funcionan adecuadamente, como es el caso evidente de la periferia europea. “Una cosa que hemos aprendido durante esta crisis es que cuando la política fiscal se ajusta al mismo tiempo en distintos países y cuando los mercados financieros no funcionan apropiadamente, entonces el multiplicador fiscal tiende a ser mayor”, asevera.

Otras diferencias dentro de la zona euro se explican, según Huw Pill, economista jefe para Europa de Goldman Sachs, por la distinta estructura de la economía, tanto en términos del tamaño relativo de los diferentes sectores como la flexibilidad de los mercados, la credibilidad de la política fiscal, la fortaleza institucional de las autoridades fiscales y el tipo de medidas de ajuste que se apliquen. “Los recortes de gasto sobre proyectos de inversión tienen un multiplicador fiscal diferente, y mayor, al de las subidas de impuestos o los recortes en gasto corriente”, aclara a través del correo electrónico.

De ahí que muchos economistas exijan prudencia y que no se realicen ajustes fiscales que puedan terminar siendo excesivos. “Un ajuste fiscal excesivo o demasiado rápido puede tener unos efectos dramáticos sobre el desempleo y el crecimiento y poner en peligro el propio proceso de ajuste fiscal, al provocar una consolidación fiscal autodestructiva”, apuntan Andrés y Doménech en su último informe sobre desempleo estructural y ajustes fiscales. Según sus cálculos, la economía española necesitaría nuevos ajustes fiscales en los próximos años equivalentes a entre dos o tres puntos de PIB, con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario al que obliga la ley, “mientras que con los cálculos de la Comisión, el ajuste sería al menos dos veces mayor”, al tener en cuenta el déficit estructural. A su juicio, “conviene ser cautos y no ir más allá en la adopción de medidas fiscales adicionales a esos tres puntos del PIB porque pueden innecesariamente asfixiar el crecimiento”.

Así que, pese a la insistencia de la Comisión, el multiplicador fiscal pesa, y mucho, sobre las principales economías de la región y puede dificultar más de lo previsto la vuelta al crecimiento. Todo ello sin que un nuevo episodio de crisis de deuda en el seno de la Eurozona o nuevas medidas fiscales o tributarias, como la tasa sobre la banca, puedan complicar aún más el escenario europeo.

Alicia González para El País

El día que acabó la crisis

Cuando termine la recesión habremos perdido 30 años en derechos y salarios.
 
Un buen día del año 2014 nos despertaremos y nos anunciarán que la crisis ha terminado. Correrán ríos de tinta escritos con nuestros dolores, celebrarán el fin de la pesadilla, nos harán creer que ha pasado el peligro aunque nos advertirán de que todavía hay síntomas de debilidad y que hay que ser muy prudentes para evitar recaídas. Conseguirán que respiremos aliviados, que celebremos el acontecimiento, que depongamos la actitud crítica contra los poderes y nos prometerán que, poco a poco, volverá la tranquilidad a nuestras vidas.

Un buen día del año 2014, la crisis habrá terminado oficialmente y se nos quedará cara de bobos agradecidos, nos reprocharán nuestra desconfianza, darán por buenas las políticas de ajuste y volverán a dar cuerda al carrusel de la economía. Por supuesto, la crisis ecológica, la crisis del reparto desigual, la crisis de la imposibilidad de crecimiento infinito permanecerá intacta pero esa amenaza nunca ha sido publicada ni difundida y los que de verdad dominan el mundo habrán puesto punto final a esta crisis estafa —mitad realidad, mitad ficción—, cuyo origen es difícil de descifrar pero cuyos objetivos han sido claros y contundentes: hacernos retroceder 30 años en derechos y en salarios.

Un buen día del año 2014, cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas; cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser el factor determinante del producto; cuando hayan arrodillado a todas las profesiones para que sus saberes quepan en una nómina escuálida; cuando hayan amaestrado a la juventud en el arte de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una reserva de millones de personas paradas dispuestas a ser polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación, entonces la crisis habrá terminado.

Un buen día del año 2014, cuando los alumnos se hacinen en las aulas y se haya conseguido expulsar del sistema educativo a un 30% de los estudiantes sin dejar rastro visible de la hazaña; cuando la salud se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado de salud se parezca al de nuestra cuenta bancaria; cuando nos cobren por cada servicio, por cada derecho, por cada prestación; cuando las pensiones sean tardías y rácanas, cuando nos convenzan de que necesitamos seguros privados para garantizar nuestras vidas, entonces se habrá acabado la crisis.

Un buen día del año 2014, cuando hayan conseguido una nivelación a la baja de toda la estructura social y todos —excepto la cúpula puesta cuidadosamente a salvo en cada sector—, pisemos los charcos de la escasez o sintamos el aliento del miedo en nuestra espalda; cuando nos hayamos cansado de confrontarnos unos con otros y se hayan roto todos los puentes de la solidaridad, entonces nos anunciarán que la crisis ha terminado.

Nunca en tan poco tiempo se habrá conseguido tanto. Tan solo cinco años le han bastado para reducir a cenizas derechos que tardaron siglos en conquistarse y extenderse. Una devastación tan brutal del paisaje social solo se había conseguido en Europa a través de la guerra. Aunque, bien pensado, también en este caso ha sido el enemigo el que ha dictado las normas, la duración de los combates, la estrategia a seguir y las condiciones del armisticio.
Por eso, no solo me preocupa cuándo saldremos de la crisis, sino cómo saldremos de ella. Su gran triunfo será no sólo hacernos más pobres y desiguales, sino también más cobardes y resignados ya que sin estos últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente han ganado entraría nuevamente en disputa.

De momento han dado marcha atrás al reloj de la historia y le han ganado 30 años a sus intereses. Ahora quedan los últimos retoques al nuevo marco social: un poco más de privatizaciones por aquí, un poco menos de gasto público por allá y voilà: su obra estará concluida. Cuando el calendario marque cualquier día del año 2014, pero nuestras vidas hayan retrocedido hasta finales de los años setenta, decretarán el fin de la crisis y escucharemos por la radio las últimas condiciones de nuestra rendición.

Concha Caballero para El País

Fallo multiorgánico

Los países no mueren (a veces sería más fácil acabar con todo y comenzar ex nihilo), pero si España fuera un organismo, en este momento el médico diagnosticaría un fallo multiorgánico con pronóstico muy grave, quizá irreversible. Que el jefe del Estado y el jefe del Gobierno estén implicados en sendos escándalos de corrupción constituiría por sí solo un gran motivo de alarma, más aún por cuanto ambos pueden estar siendo chantajeados por personajes muy turbios.

A esto hay que sumarle el profundo descrédito de los dos grandes partidos, vistos por los ciudadanos en estos momentos como delincuencia organizada, como piezas clave de una cleptocracia desacomplejada, que primero roba, luego engaña y para terminar nos toma por imbéciles.

La justicia se mueve a paso de paquidermo y está tan desbordada como la ciudadanía. El fiscal anticorrupción no da literalmente abasto y necesita un refuerzo de plantilla que no sé si el ministro de Justicia concederá con tanta celeridad como esos indultos que va dictando a diestro y siniestro.

El Congreso es una institución zombi, bloqueada por procedimientos ideados para blindar a la mayoría gubernamental, de manera que el control que se pueda ejercer sobre la labor del Gobierno sea lo más leve posible. Son las instituciones que el duopolio ha querido darse para garantizarse las menores molestias posibles en sus respectivos periodos al frente del cortijo. Ni el PP ni el PSOE han querido cambiar estos mecanismos, en la certeza de que se resarcirían mediante la alternancia. Todo ello, coincide con una larga recesión económica y una cifra insoportable de parados que no deja de aumentar.

La información publicada por El País revela más datos aún de ese fallo multiorgánico que implica a toda una estructura económica, la creada durante la burbuja. Porque lo peor no es quiénes recibieron sobresueldos, sino quiénes los pagaban y a cambio de qué. La respuesta es: a cambio de una economía ineficiente basada en ese capitalismo castizo tan dañino que teme a la competencia y se cobija bajo sus contactos del poder político. Esas prácticas también tienen un pronóstico grave.

Algunos se frotan las manos pensando que la revolución debe de estar a la vuelta de la esquina, pero dudo que ocurra. No restemos ni un ápice de gravedad al hecho de que un millón largo de personas lo están pasando muy mal. Ni a la desigualdad rampante que está dejando la crisis. Y no perdamos la perspectiva: aún tenemos una renta per cápita del 99% de la UE (dato de 2011). Llegó a ser del 105% de la media comunitaria y por eso sentimos la pérdida económica, agravada por la desconfianza en el sistema y la sospecha generalizada hacia las elites.

En estas circunstancias, si fuéramos ese médico situado ante un enfermo con fallo multiorgánico, ¿qué habría que hacer? ¿Comenzar a regañarle por los excesos cometidos, por haber bebido y fumado o no haber cuidado su colesterol? ¿Habría que reprocharle su pésima herencia genética o sus debilidades congénitas? Todo eso empieza a resultar superfluo. Las cosas están bastante claras y ya sólo la elite insensible no las percibe como el resto de los ciudadanos.

Así que pensemos mejor en ese tratamiento de choque que el presidente del Gobierno no es capaz de idear, puesto que ha sido adiestrado para aguantar, aguantar y aguantar (el peor perfil personal que podríamos tener en este momento). Reforzar la persecución legal de la corrupción, tipificando como delitos la financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito; forzar legalmente a la democracia interna en los partidos, para asegurar que llegan los mejores y no los más canallas; transparentar la Casa Real (no sólo en lo tocante a sus cuentas, sino a todas sus actividades); y por último, modificar la cultura política para recuperar algo tan simple y antiguo como la vergüenza, hoy ausente de la vida pública. Eso para abrir boca. Va a ser difícil, muy difícil. Pero al final tendremos una democracia moderna y transparente, una ciudadanía implicada en la resolución de los problemas. Al menos, que nuestros hijos no puedan reprocharnos que no lo intentamos.

Irene Lozano para El Confidencial

Resumen del año 2012: Urgencia de un acuerdo económico y social.

Finalizado el año 2012, la situación en la que queda Madrid es catastrófica. Y, desgraciadamente, esa misma situación se extiende a toda España. Seis millones de parados, de los cuales camino de 700.000 en Madrid.

Tan solo con este único dato estaría justificada la reivindicación que desde la Unión Sindical Obrera de Madrid venimos realizando un día si y el otro también durante todo el año que finaliza: la necesidad urgente de un Acuerdo Económico y Social lo más amplio posible.

Tan solo con ese único dato del número de parados, estaría justificado el que se interpretara que estamos ante una situación de emergencia nacional sin precedentes en el periodo de la Democracia. Ese único dato debiera ser condición necesaria y suficiente para que TODAS las fuerzas políticas, TODAS las fuerzas sociales y económicas de Madrid (y en buena lógica de toda España) nos sentáramos entorno a una mesa de negociación y no nos levantáramos de ella hasta poder ofertar a la ciudadanía soluciones reales, practicas y eficaces. Estamos obligados a recuperar de forma inmediata la política del consenso que nos guió en el proceso de transición democrática y esto no se puede llevar a cabo de manera unilateral como hasta ahora se está haciendo. Esta es la propuesta que desde USO-Madrid gritamos a los cuatro vientos de forma ya casi desesperada.

Desesperación. Este es el sentimiento que como trabajadores y como sindicalistas independientes vemos que crece día a día entre las trabajadoras y los trabajadores de Madrid. Desesperación porque vemos como la autodenominada “clase política” solo se preocupa, olvidándose del número de parados, de pagar la “deuda”. Se dedican ingentes cantidades de dinero de todos para pagar los intereses de los intereses de los intereses de una deuda a todas luces inmoral y en muchos casos ilegal. La “clase política” solo se está preocupando de seguir los mandatos del salvaje ultraliberalismo económico dictados por “no se quién” en Bruselas o Berlín. Y no decimos que la deuda no sea uno de los puntos a tener en cuenta, pero es imposible si nuestro objetivo es salir de la crisis, que sea el único.

Dictados que están acabando con el mejor sistema sanitario del mundo a base de privatizaciones fraudulentas financiadas con dinero público, de bajadas de salarios de los profesionales de la sanidad, de desregulaciones en contra de los criterios de los profesionales sanitarios. USO-Madrid apoya a los trabajadores de la sanidad pública en lucha y desde luego y sobre todo, estamos en contra de cualquier externalización.

Dictados que están acabando con la función pública a base de criminalizar al empleado público, de ampliarle injustificadamente su jornada una y otra vez, de reducirles sus salarios una y otra vez, de acusarles de vagos y ventajistas. Se busca la privatización del funcionariado, no la optimización de los recursos humanos disponibles. En USO-Madrid trabajamos día a día por la defensa de los derechos de todos los empleados públicos.

Dictados que están acabando con la enseñanza pública de calidad a todos los niveles, desde las guarderías hasta las universidades y que ponen en un brete constante a la concertada. Salvajes reducciones presupuestarias, aumentos de jornada laboral sin sentido ninguno, demenciales bajadas de salarios, traen consigo que nuestros hijos y jóvenes no puedan estudiar en condiciones de igualdad, traen consigo que se sucedan una tras otra reformas educativas sin objetivos claros y sin resultados de ningún tipo, traen consigo que nuestros hijos pasen frio en las aulas y hasta que incluso no sean alimentados dignamente en las escuelas. Estamos perdiendo dos generaciones enteras de jóvenes sin las cuales este país no tendrá ningún futuro. Desde USO-Madrid apoyamos y secundamos las reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza en defensa de un futuro para nuestros hijos.

Dictados que están acabando con la empresa pública. Empresa pública que no por tal tiene que ser ruinosa. Si lo han sido, ha sido por la incompetente y delictiva, en muchos casos, gestión que “la clase política” ha hecho de las mismas. Políticos sin experiencia de gestión empresarial alguna, que han ocupado los puestos de responsabilidad de esas empresas para la consecución de sus intereses personales. Iberia, Telemadrid, Metro de Madrid, son solo algunos ejemplos. USO-Madrid secunda y apoya las reivindicaciones y las movilizaciones que las trabajadoras y trabajadores de estas empresas están realizando en defensa del interés común.

Dictados que también están acabando con la empresa privada en Madrid. Más allá de “castillos en el aire” y de inconstitucionales modificaciones legales para beneficiar a “supuestos inversores extranjeros”. Más allá de ésto, la realidad es que el sector servicios, el único que objetivamente puede generar empleo en nuestra región, está desapareciendo a pasos agigantados. Si como dice “la clase política”, el objetivo es crear empleo, la mal llamada “Reforma Laboral” ha fracasado como instrumento. Ha fracasado la reforma de este Gobierno, al igual que fracasaron las reformas de anteriores gobiernos. Porque liberalizar y desregularizar el mercado de trabajo más y más, no es, ni ha sido nunca, solución a las crisis económicas, puesto que nunca el mercado de trabajo ha sido la causa de la crisis. Expedientes de regulación de empleo, modificaciones sustanciales inexplicables, reducciones de salarios inadmisibles, convenios infumables. Todo vale amenazando con el despido. Son situaciones contra las que luchamos a diario en USO-Madrid.

Dictados que están llevando a la ciudadanía a situaciones de extrema necesidad y de pobreza. Familias y personas sin hogar, expulsadas de sus casas vía desahucio, para el enriquecimiento de unos pocos. Personas y familias enteras subsistiendo con la pensión de sus mayores. Mayores que cada día son más pobres. Mayores a los que se les reducen sus pensiones, a los que se les cobran los medicamentos varias veces, a los que se les cobran las ambulancias. Dependientes que mueren sin recibir ninguna ayuda de las que les corresponden por Ley. Familias y Personas que entran a formar parte de los listados de “pobreza energética”: no pueden encender las calefacciones porque no les llega para comer. Bancos de alimentos que no dan abasto. Comedores sociales llenos. Personas sin techo…

No ponemos en duda que quién gobierna lo hace con legitimidad. Pero, ¿es legítimo incumplir promesas y programas electorales?. Queremos saber de los que están en la oposición si van a revertir las erróneas decisiones y legislaciones adoptadas si llegan al poder, ¿van a dejar sin efecto la “Reforma Laboral”?. ¿Van a cambiar, y en qué términos, la política económica y social?. ¿Van a cumplir sus programas o luego nos vendrán hablando de “estados de necesidad” como en los cinco últimos años ha pasando en este país?.

Les duele que los trabajadores hagamos estas preguntas. Y tanto les duele que algunos están intentando acabar con el constitucional y básico derecho a la huelga. La “clase política” ha tenido desde 1978 para cumplir con el mandato constitucional de regulación del derecho a la huelga. Y ahora, precisamente ahora, van a pretender regularlo, cuando llevan 34 años incumpliendo con el mandato constitucional. Desde USO-Madrid les proponemos que en vez de fijarse en los derechos de los ciudadanos, se fijen en ellos mismos primero y aprueben una ley que les obligue a ellos a cumplir sus programas electorales para que estos sean auténticos contratos con la ciudadanía. Que legislen sobre la responsabilidad personal que deben de tener los políticos con sus actos y regulen consecuencias realmente legales de sus incumplimientos y de sus nefastas gestiones y numerosos fraudes. Eso si les daría credibilidad y no lo que están haciendo.

¿Cómo hemos llegado a tan desolador panorama?. Algo fundamental se ha olvidado: lo importante no son los bancos, ni los mercados, ni la deuda. Lo importante son las personas.

Por todo ello, las PERSONAS que formamos la Unión Sindical Obrera de Madrid, las PERSONAS que hace algo más de 50 años decidimos unirnos en este sindicato para defender nuestros derechos en contra de la dictadura, las PERSONAS de USO que supimos ceder y negociar en la transición democrática en aras del advenimiento de la democracia, todos nosotros, AHORA, alzamos nuestras voces y volvemos a gritar por la necesidad de un Acuerdo Económico y Social entre todos para revertir esta insostenible situación.

Un acuerdo de TODOS y para todos. ¿Por qué no un gran Acuerdo Económico y Social en Madrid?. ¿Que más hará falta, que más tiene que venir el próximo año, para qué esté justificado este acuerdo?.

La urgencia es máxima. El tiempo se agota. Debemos trabajar TODOS en beneficio de las personas.

Fco. Javier Blanco.

Secretario General en funciones de USO-Madrid.

Un paro del 25% no tiene solución

Que el Gobierno no les engañe; un paro que afecta a uno de cuatro españoles en edad de trabajar no tiene solución. No hay crecimiento económico capaz de reincorporar a los cinco millones de desempleados “oficiales” de la ministra del Paro, Fátima Báñez, que la Encuesta de Población Activa (EPA), verdadero indicador de la situación, aproximará a los seis. Y si miento, que explique cómo van a generarse tantos puestos de trabajo para los que lo perdieron y los que se irán sumando si, además, la edad de jubilación se ha retrasado hasta los 67 años.

Digan lo que digan nuestros políticos, no les hagan caso, porque venden humo. La mayoría de las personas que han perdido su puesto de trabajo desde que comenzó la crisis en 2008 no lo van a recuperar. Los mayores de 50 años (o tal vez también los de 45 años) están amortizados. Los despidieron porque tras años de esfuerzo habían conseguido un salario digno que ahora les ha hecho prescindibles. Por el mismo dinero hoy se puede contratar a dos o tres desesperados mucho más jóvenes.

Tampoco hay ni va a haber trabajo para el 50% de jóvenes que engrosan las listas del paro. Los que carecen de formación sólo pueden aspirar a un trabajo temporal cada vez más inestable, y a un salario de subsistencia. Tampoco tienen futuro los jóvenes mejor formados, condenados a emigrar (y aún así lo tendrán difícil) o ponerse a la cola con los anteriores. Este país no tiene futuro. No pretendo ser apocalíptico, ni sumirles en la desesperanza, sólo les sugiero que empleen el sentido común y no se dejen engañar por los cantos de sirena, los finales de túnel y los brotes verdes del Gobierno.

La situación es cada mes más desoladora y la realidad se encarga de rebatir semana tras semana las predicciones de Mariano Rajoy y sus mariachis. Este Gobierno tiene talento de sobra para hacer declaraciones estúpidas, pero las de Fátima Báñez, ministra del Paro, son, además, indecentes. La titular del Ministerio del Desempleo suma estulticia tras estulticia cada vez que abre la boca; insulta al sentido común y a los parados. “Es un mal dato”, dijo el lunes al conocerse que noviembre ha sumado 74.296 parados más. ¿Cabe mayor simpleza? ¿Cómo puede despachar de semejante manera lo que para muchas familias es una condena a la pobreza, como primer paso hacia la exclusión social?

Dice lo mismo todo los meses, es reincidente, aunque hay ocasiones en que se supera. En los primeros días de noviembre, al conocerse la cifra del paro de octubre (entonces récord, ahora superado por la de noviembre) dijo que España estaba “saliendo de la crisis”, y días después aseguró que se estaban viendo ya “señales esperanzadoras”. ¿Cómo se puede ser tan obscena?

En lugar de tanta palabrería debería explicar qué soluciones tiene, qué planes proponen ella y su Gobierno para acabar con esta lacra. Decir, como hace cada vez que le ponen un micrófono delante, que los resultados de los recortes se verán más adelante, que la reforma laboral va a dar sus frutos, es mentir, porque no está sirviendo para otra cosa que expulsar trabajadores del mercado laboral ¿Cuándo va a dar resultado?, porque hay gente que empieza ya a buscar en la basura algo que llevarse a la boca; gente que lo ha perdido todo y se ha quedado en la calle; gente desesperada que no tiene una esperanza a la que agarrarse.

Los recortes, dice la ministra del Paro, son “duros pero inevitables”, y se están haciendo “con sensibilidad”. La “sensibilidad” que ha pedido a los empresarios para que apliquen la reforma laboral, que ha disparado los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los trabajadores de Telemadrid y los de Iberia, por referirme a dos conflictos graves, ¿van ser despedidos con sensibilidad? Explíquese, porque no hay quien entienda cómo se hace esto. Sus palabras son groseras.

Fátima Báñez es la ministra que primero manda a los trabajadores al paro y después los acusa de ser “presuntos defraudadores sistemáticos”, de estar viviendo de la sopa boba del Estado, de no buscar trabajo porque se está mejor en casa sin hacer nada. La ministra que ha recortado la prestación por desempleo; la ministra que ha autorizado el despido libre y barato (20 días por año trabajado hasta un máximo de una anualidad), pero que disfrutará de una indemnización del 80% de su salario durante dos años cuando deje el cargo. La ministra que anuncia planes contra el fraude fiscal de los trabajadores autónomos, cuando sabe que el 70% corresponde a las grandes fortunas y grandes empresas, mientras su Gobierno amnistía a defraudadores y delincuentes para que afloren el dinero negro que tienen escondido, sin preocuparse de si procede del tráfico de drogas, o de personas, o del crimen organizado.

Como no solo es ministra del Paro, sino que lo es también de la Inseguridad Social, el pasado miércoles intentó convencernos de que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo pese a que su Gobierno no vaya a revalorizarlas con el IPC, como estaba obligado a hacer. Sin contar con la subida del IVA, ni el 10% que tienen que pagar del precio de sus medicinas, ni la amenaza del euro por receta. "Los pensionistas -dijo en el Congreso- van a valorar la responsabilidad del Gobierno". Que baje a la calle y pregunte.

Carlos Fonseca para El Confidencial

Bienvenida, señora Merkel

Respetada canciller Merkel, la supongo consciente de las expectativas que su visita a nuestro país ha despertado. Desde hace meses, el futuro de esta economía, las condiciones de vida de los españoles, dependen en mucha mayor medida de las decisiones de su Gobierno que de las que pueda adoptar el nuestro. Esa dependencia no es algo nuevo, pero es en estos momentos cuando es mucho más explícita y también más trascendente.

La subordinación se extiende a instituciones directamente alemanas como el Tribunal Constitucional o el Bundesbank, cuyos pronunciamientos pueden condicionar no solo la inmediata gestión de la severa crisis económica y financiera que sufre la eurozona, sino el futuro de las propias instituciones comunitarias. En esta misma jornada que usted pasará en el palacio de la Moncloa, mientras se entrevista con el presidente Rajoy, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), concebido a imagen y semejanza de su influyente banco central, tratará de abordar decisiones tendentes a facilitar la recuperación económica y, lo que sin duda es ahora más relevante, a reducir las manifiestas inconsistencias y daños que están generando los mercados de deuda pública. Las denominadas primas de riesgo, expresivas de las exigencias adicionales de remuneración que los bonos españoles o italianos han de pagar a los inversores frente a la referencia homogénea del bono emitido por el Tesoro alemán, no son las propias de una unión monetaria consolidada.

Como no pocas instituciones y analistas admiten, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el presidente del BCE, esos mercados llevan meses cotizando algo más que diferencias en el grado de saneamiento de las finanzas públicas de los correspondientes países. El riesgo de reversibilidad del euro, de fragmentación de la unión monetaria, no ha dejado de aumentar, a pesar de los esfuerzos de ajuste fiscal y las reformas que se han llevado a cabo siguiendo esencialmente las directrices de su Gobierno. Una parte significativa de esos largos cinco puntos porcentuales de diferencia entre lo que paga su Tesoro y el español por endeudarse al mismo plazo es el reflejo, en el mejor de los casos, de la incertidumbre que rodea a los desenlaces de la crisis de la eurozona. En el peor, sintetizan una desconfianza creciente sobre la capacidad de gestión de la crisis por las instituciones europeas, incluidas las muy influyentes de su país. Con todo, la excesiva aversión al riesgo hacia las economías periféricas está conduciendo a que el refugio de los capitales en los bonos de su Tesoro le esté deparando tipos de interés reales negativos, de los que no solo se benefician sus finanzas públicas, sino las de sus empresas.

Los precios de los bonos reflejan igualmente la ausencia de crecimiento económico a la que han contribuido políticas presupuestarias excesivamente contractivas del gasto público y demasiado voluntaristas en las pretensiones de generación de ingresos impositivos. La realidad ha demostrado suficientemente que la austeridad a ultranza y en solitario no es precisamente expansiva. Prescindir de lo superfluo e ineficiente es una cosa y otra bien distinta es acentuar la recesión y destrucción de empresas mediante reducciones de inversión pública y elevaciones de impuestos demasiado concentradas en el tiempo. El resultado no puede ser otro que el ahora observado en todas las economías sometidas al mismo tratamiento: más recesión e incumplimiento de los objetivos de saneamiento de las finanzas públicas. Razonable frustración la de familias y empresas al observar, en primer lugar, que los mercados de deuda pública mantienen exigencias de remuneración que no se corresponden con los fundamentos de la economía y, en segundo, que las instituciones en las que usted tanto influye no parecen asimilar la necesidad de alteración de esas políticas procíclicas y de actuar de forma contundente en esos mercados.

Esas cotizaciones de la deuda pública son uno de los alimentadores de ese “bucle diabólico” en el que se encuentran presas las economías periféricas. Condiciona de forma muy significativa la estabilidad de los sistemas bancarios nacionales, compradores mayoritarios de la deuda pública emitida por sus gobiernos, y con ella la necesaria normalización de la actividad crediticia. Son las empresas españolas, como acaba de desvelar el BCE, las que en mayor medida sufren el racionamiento del crédito y su correspondiente encarecimiento. Unas persistentes divergencias en tipos de interés tampoco son conciliables con una unión monetaria con 14 años de vida. Una razón adicional, en definitiva, para que el BCE actúe con celeridad suficiente.

Esos dos elementos inciden en la tercera fuente de alimentación del círculo vicioso, la pronunciada y prolongada recesión, que en nuestro caso define tasas de paro que duplican ampliamente el promedio europeo. Neutralizar esas tres perversas tracciones y respetar los compromisos que exige la unión monetaria no es posible para un solo Gobierno. Es necesario un esfuerzo del conjunto para favorecer la presunción de viabilidad de la unión monetaria y con ello la compatibilidad del necesario saneamiento de las finanzas públicas y privadas con el crecimiento económico. Es posible, y, en gran medida, depende de usted y de las instituciones en las que influye. A estas alturas, usted dispone de evidencia suficiente acerca del compromiso de este país, de sus ciudadanos y de sus representantes políticos, con la integración europea desde el mismo momento de la adhesión a las instituciones comunitarias.

España ha hecho siempre lo que Alemania ha dictado. Desde aquellas pautas de convergencia nominal definidas por el canciller Helmut Kohl como condiciones de acceso a la fase final de la unión monetaria, hasta los más recientes ajustes presupuestarios y reformas de los dos últimos Gobiernos españoles. Entre ellas, la no menos rápida y poco debatida decisión de cambiar la Constitución española para incorporar la restricción al crecimiento del déficit público estructural. Recuerde, dicho sea de paso, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no había sido incumplido más veces en España que en Alemania.

En realidad, cuando el contagio de la crisis financiera estadounidense llega a Europa, en el verano de 2007, el cuadro que exhiben las finanzas públicas españolas no es precisamente peor que el promedio europeo, incluidas las suyas. Sin embargo, a nuestra economía se le aplicaron terapias basadas en esa austeridad pública mal entendida, que no han facilitado el saneamiento del sector privado altamente endeudado y, desde luego, no han dado los resultados pretendidos sobre las finanzas públicas.

La reciente concesión de asistencia financiera comunitaria a nuestro sistema bancario es en cierta medida la consecuencia de cinco años de deterioro de unos activos, es cierto que excesivamente concentrados en el sector de la construcción residencial e inmobiliario, que se desplomó rápidamente tras la emergencia de la crisis. Las exigencias del memorándum of understanding (MoU) que ha suscrito el Gobierno español se añaden a las decisiones de ajuste y reforma ya adoptadas, expresivas todas ellas de una intervención de hecho. Que su completa aplicación contribuya a superar algunas de las amenazas que siguen pesando sobre la población española depende de que su Gobierno y el presidente de su banco central, su antiguo asesor Jens Weidmann, favorezcan la neutralización del tercer alimentador de la inestabilidad: que faciliten la rápida concreción del plan del presidente del BCE para eliminar ese riesgo de reversibilidad del euro y el consecuente sobrecoste que soporta la financiación de lo tesoros español e italiano, interviniendo en los mercados de deuda pública y favoreciendo las correspondientes adquisiciones por los fondos de rescate en los mercados primarios.

Déjeme que le haga una última sugerencia. Ayude al presidente Rajoy a solicitar sin mucha dilación el apoyo financiero correspondiente, sin temor al estigma que la asimilación a un nuevo rescate pueda significar. No es esta precisamente la hora para preocuparse por el qué dirán, ni de anteponer a la urgente neutralización del deterioro de las condiciones de vida de los españoles un eventual descenso de los rendimientos electorales.

Buenos días y buena estancia, señora Merkel.

Emilio Ontiveros

El País

Gran retroceso en la conquista de los derechos sociales

Vinieron a por mi vecino...

Ayer día 17 de mayo y por Decreto Ley el Congreso de los Diputados ha aprobado uno de los mayores retrocesos en la conquista de los derechos sociales de los últimos treinta años. A pesar de la dureza de la crisis económica que estamos atravesando, no puede ser excusa para eliminar derechos de las personas migrantes que conlleva el quebranto de los principios de universalidad e igualdad que deben regir el acceso a derechos fundamentales, como el de acceso a la sanidad.

De acuerdo con la Constitución, las personas son iguales ante la ley y no pueden  ser discriminadas por ningún motivo de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o  cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el ámbito sanitario,  estas causas de no-discriminación tiene que entenderse que están complementadas  por las previstas en los convenios internacionales correspondientes que han sido ratificados por el Estado español. 

El Tribunal Constitucional en 1985 estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano independientemente de su situación legal en España. Las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería que bajo gobiernos del PP y del PSOE han sido adoptadas tras la ley del año 2000, ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular.

Los datos de irregularidad en nuestro país, a falta de dos oficiales, varían en función de la fuente, alrededor de 100.000 personas a partir de agosto no tendrán tarjeta sanitaria. Estas personas son “irregulares” que están empadronadas, pero podemos hablar de más de medio millón de personas que vivirían en España sin permiso de residencia y sin constar en ningún registro. Aumentaría este número quienes pierden su empleo y no pueden mantener la autorización de residencia.

En muchos casos esta situación administrativa irregular se debe a diferentes causas entre otras: dificultades para obtener el visado en el lugar de origen, retraso burocrático en las tramitaciones, pérdida del lugar de trabajo en el momento de solicitar los papeles y en la economía sumergida que fomenta esta situación irregular.

Esta reforma sanitaria afectará a miles de personas y no precisamente a aquellas que nuestro gobierno denomina “turismo sanitario” y que generalmente tienen apellido alemán, británico y francés, no latinoamericano ni africano.

Ahora el Gobierno excluye de nuestro sistema sanitario a los “irregulares” que no hace mucho tiempo recibíamos con alegría porque  realizaban los trabajos más duros y que los españoles no queríamos realizar. Trabajos en agricultura, construcción, trabajadoras domésticas etc. y cuyo aporte suponía el 30% del crecimiento del PIB, irregulares que siguen con impuestos indirectos contribuyendo en nuestro país.

Se borra de un plumazo la universalidad de nuestro sistema sanitario, pero para lavar sus conciencias lo quieren arreglar derivando a estas personas infectadas por el VIH o enfermos de cáncer a unas asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y Ong´s. Un sistema paralelo que creará una enorme carga sobre las organizaciones de la sociedad civil que no pueden y que no deberían adoptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención médica. ¿Qué pasará con el resto personas enfermas, por ejemplo de  tuberculosis? ¿Cuál es el siguiente paso?

...Después vinieron a por mí, pero como solo quedaba yo, ya no pude hacer nada.

María Susmozas, Secretaria confederal de Igualdad de la USO

Quieren enloquecernos

El proverbio griego asegura que “aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”. Y yo estoy convencida de que el duopolio, en su determinación de destruir el país, ha decidido primero enloquecernos a todos.

Conmigo están a punto de conseguirlo. Oigo voces que dicen: “Subir el IVA será la puntilla para las clases medias, detraerá el consumo, acentuará la crisis”. Quien así se pronuncia es un líder del PSOE, aunque yo juraría haber oído algo parecido en boca de alguien del PP ayer mismo. Quizá fuera Soraya Sáenz de Santamaría, pero… Sacudo la cabeza, aturdida. No, no puede ser, si es ella ahora quien predica las bondades de subir los impuestos.

Afirma un buen día Rajoy -a veces afirma, sí, qué pasa- que al final del año habrá 600.000 parados más. Y me viene a la cabeza su lema electoral: lo primero, el empleo. Parece una incongruencia, aunque quizá yo entendiera mal y aquello significaba: “Lo primero, destruir el empleo”. Podría ser. Pero entonces, ¿por qué el PSOE protesta airado porque la reforma laboral del PP vaya a crear más parados, si fue exactamente lo que consiguió la suya?

Otro día las voces tenebrosas aseguran: “Lo que ustedes deben hacer es arrimar el hombro, ayudar, para que salgamos de la crisis”. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha sido? Mi cabeza busca respuestas. Ha sido Montoro, en un reproche a la oposición. Aunque… Qué va, qué va. Ha sido Elena Salgado. No, no puede ser: Salgado ya no hace declaraciones. Me hundo en el desconcierto. Tal vez esas voces no sean reales, quizá se trate de figuraciones mías.

Pero persisten. Sigo oyéndolas: maldicen a quienes suben las pensiones, censuran a quienes bajan el sueldo a los funcionarios. ¡Oh, cielos! ¿Quiénes son los que así se pronuncian? De ésta he de encontrar la fuente de mi desvarío, la causa de este desbarajuste. Pero no hay manera: unos hacen lo que criticaron, los otros critican aquello que hicieron. Y yo no salgo del barullo: ya no sé si subir el IVA es bueno o es malo, si los pensionistas son unos privilegiados, derrochadores y pastilleros que merecen ganar menos, o son unos pobres ancianitos desvalidos a quienes la sociedad debe proteger.

Qué confusión. Ya no tengo claro si la oposición debe ayudar al Gobierno en una circunstancia tan crítica o si, por el contrario, dada su negligencia y sus trapacerías, debe contribuir a derrocarlo. ¡Y además el Gobierno improvisa!, rugen enfurecidos. Pero ¿quién ha sido ahora? ¿Rubalcaba o Montoro?

Qué más da. Lo importante es improvisar, el único método conocido para lograr que los demás confíen en uno. Es eso, ¿no? Ay, no.

Me humedezco las sienes para despejarme. Doy un paseo. Algunos días todavía destella la lucidez en mi cabeza. Se produce cuando oigo: España no va a ser intervenida. España no va a ser intervenida. Lo decían los unos, lo dicen los otros. Hay acuerdo. Y eso sólo puede significar que hemos de sentirnos completamente tranquilos.

Irene Lozano para El Confidencial

Estamos recortando por encima de nuestras posibilidades

Se oye cada vez más a los pragmáticos asegurar que, con tanto ajuste, no sólo no se conseguirá reducir el déficit, sino que además nos vamos a dejar en la gatera todos los pelos de la cohesión social. Mi opinión es que no sólo estamos recortando por encima de nuestras posibilidades económicas, sino también de nuestras posibilidades políticas.

El dogmatismo de impronta alemana sigue imponiéndose a los hechos. Y si el coste social está resultando muy elevado, lo peor es que, al concentrar todo el esfuerzo de los Estados en un solo asunto -la reducción del déficit-, se está erosionando la esencia misma del Estado, lo que explica la crisis de legitimidad de las instituciones. Si algo caracteriza la actuación de un Estado es su papel armonizador de los distintos intereses de una sociedad. En todas ellas hay siempre opiniones encontradas, intereses que entran en conflicto, individuos que quieren una cosa y otros que desean la contraria.

Sucede igual al organizar el tráfico en una ciudad. Nadie tendría siempre en rojo todos los semáforos en dirección norte y en verde todos los situados en dirección sur. Sin duda, eso satisfaría mucho a quienes circularan hacia el mediodía pero, aparte del caos circulatorio, sólo desencadenaría odio y rencor en los demás, es decir, minaría la convivencia. Además, deslegitimaría al Estado, que sería visto como un arbitrario defensor de la circulación en un solo sentido. Los semáforos cambian de color por periodos para que todo el mundo pueda circular, y para ello se tienen en cuenta variables objetivas como la densidad de población y de tráfico, el tipo de vía, etc., y no la procedencia aleatoria de los conductores.

Por definición, el Estado tiene la función de arbitrar todos los potenciales choques entre intereses particulares –no sólo los de tráfico-, y es en la búsqueda de esa síntesis donde suele hallarse el interés general, que no sólo redunda en la cohesión social, sino también en la legitimidad del propio Estado, pues será visto como defensor de todos y no de unos pocos.

También en el gobierno de la economía el Estado debe demostrar que, naturalmente, está interesado en reducir un déficit excesivo. Poca gente afirma hoy lo contrario. La cuestión es que el Estado está obligado a situar esa preocupación en el lugar preciso que le corresponde dentro del conjunto de las preocupaciones de un Estado: el crecimiento económico, la cohesión social, el empleo, la igualdad de los ciudadanos, la vigencia de las libertades públicas, la racionalidad del gasto. Mantener simultáneamente esa amplia gama de preocupaciones es lo que hace que gobernar sea una tarea difícil. Por eso se ha ideado un sistema complejo de elección de los gobernantes, la democracia, que debe garantizar no sólo la capacidad sino, algo mucho más perentorio hoy: su legitimidad.

Aprobar un decreto tras otro recortando inversiones tan básicas como la educación o servicios tan importantes como la sanidad, mientras se suben los impuestos a los ciudadanos, se amnistía a los defraudadores y se deja intacto el despilfarro y la irracionalidad del gasto autonómico, resulta muy fácil. No hay que enfrentarse a dos poderosos grupos de interés: los acreedores y los barones regionales de los partidos. Presenta en cambio un problema muy grave: deslegitima al Estado por cuanto los ciudadanos perciben su desprecio hacia el interés general.

Como además los intereses particulares suelen ser inconfesables, la labor se complica a la hora de la comunicación –ya lo hemos visto-, por eso el Gobierno tiende a escudarse en las presiones recibidas de Europa. Pues bien, anoten este dato: el porcentaje de españoles que cree que pertenecer a la Unión Europea es positivo acaba de alcanzar una cota mínima histórica del 55%. En sólo tres meses ha descendido 10 puntos.

Ya sé que los de mirada corta pensarán que, mientras se desprestigie la UE pero ellos no se vean demasiado afectados en las encuestas electorales, todo irá bien. La realidad es justamente la contraria. Y si no, díganme a qué década del siglo XX les recuerda la suma de crisis económica, auge del nacionalismo, hegemonía de Alemania y deslegitimación de la política. Y díganme cómo acabó todo.

Irene Lozano para El Confidencial

Se les averió el sentido común

Al presidente del Gobierno le gusta equiparar la economía familiar y la economía nacional. Presumiendo de sentido común, suele asegurar que el Estado no puede permitirse gastar más de lo que ingresa, como tampoco lo puede hacer una familia. Presentada con ese envoltorio de lo razonable, la analogía parece una obviedad, pero es una falacia. Primero, porque la macroeconomía no se puede trasponer a la pequeña administración familiar con esa ligereza. Segundo, porque las familias sí se endeudan, de lo contrario no podrían adquirir un bien como la vivienda. Tercero, porque gastar no es lo mismo que invertir y si nadie hubiera invertido en carabelas, Colón aún estaría esperando para zarpar hacia América. Por último, no está de más recordar que la mayor parte de la deuda española es privada -de familias y empresas- y no pública: no conviene dar ejemplo con un mal ejemplo.

El debate sobre el copago farmacéutico se nos presenta ahora también falseado, pretendiendo hacernos creer que hemos de elegir entre la opción del Gobierno -que paguen más medicinas los jubilados con mayor pensión- u otra peor, temible, inenarrable: que todos acabemos apoquinando para ir a la consulta del médico, a las urgencias o al quirófano. Con esos terrores, a cualquiera le dan la razón.

No se trata de cambiar la respuesta -y decir “no” al copago farmacéutico sin más-, sino de modificar la pregunta, algo mucho más complicado. La que urge formularse es si han de pagar medicinas los pensionistas o se deben suprimir las diputaciones. Dicho en toda su extensión: si preferimos eliminar el gasto superfluo y duplicado del Estado, antes de mencionar siquiera la Sanidad. Si queremos acabar con el gasto en amigantes y el tinglado del poder bipartidista, antes de considerar recortes en Educación. Si no sería más razonable perseguir de verdad el fraude fiscal, antes de suprimir la inversión en I+D+i.

La elección parece tan obvia que produce sonrojo escribirlo. Pero ante la evidencia de que el sentido común no le alcanza a Rajoy, se lo pongo en su lenguaje: cualquier familia en sus cabales vendería un coche y compartiría el otro antes de racionarle las aspirinas a la abuela con la coartada de que sufre jaquecas por encima de sus posibilidades. No se pueden dejar intactos los grandes problemas, mientras se obliga a los ciudadanos a pagar más para recibir cada vez menos, hasta que lleguemos a pagar todo a cambio de nada.

Irene Lozano para El Confidencial

¿Despido más barato? Ahora sí que sí

Así se puede leer en la propaganda del seminario que hace un par de días ofertó un gabinete en Madrid para explicar al empresariado la nueva reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Si las explicaciones que ofrecen en el folleto del mismo son precisas hay que agradecerles su capacidad de síntesis para un tema que presumo complejo.

Explican que, individualmente se despide fácil, con unos trámites que son coser y cantar. Y se indemniza, más fácil todavía. Hay que “aligerar la empresa”, recomiendan los maestros del curso. El despido colectivo, añaden, está chupado, que dirían en el patio de un colegio. Señores y señoras alumnos, sepan ustedes que “no necesitarán la autorización de la autoridad laboral ni será necesario buscar el acuerdo con los representantes de los trabajadores”. Se simplifica la burocracia, menos mal. Y para “prescindir de quienes lastran la productividad de su empresa” —cuentan en el folleto— se puede lastrar el futuro a quienes el empresariado señale como absentista.

Reducir los salarios de una persona trabajadora o de todas, será legal según prescripción empresarial.

Y si con estas medidas el globo aún no se levanta, el Gobierno ha dejado abiertas de par en par las ventanas para desprenderse de más peso. Cambie a su gusto la calificación profesional y donde antes decía técnico, pondremos operario; y donde ponía operario pondremosinoperario. Si hace mal tiempo o demasiado bueno, se suspende o rebaja la jornada laboral. Por último, sepan que un trabajador de Cádiz —sin rechistar— estará encantado de deslocalizarse a Santander o Fuerteventura. En todos los lugares sopla el viento.

Una información, la del curso, suculenta. Folleto detalles del curso.

Gustavo Duch Guillot.  El País.

La financiación de UGT y CCOO: ¿una parte del problema?

En todo occidente el papel de los sindicatos en la consolidación de los derechos sociales a lo largo de los siglos XIX y XX ha sido indiscutible, al igual que su rol como grupo de interés en defensa de los trabajadores reconocido como un elemento más de las sociedades democráticas avanzadas. En España, los movimientos obreros y sindicales, desde que empezaron a surgir a partir de 1833, han constituido un elemento fundamental de modernización que, unas veces a través del conflicto, otras mediante la negociación, han condicionado que paulatinamente se fuera construyendo un sistema en el que la garantía de un cierto bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases sociales terminaran siendo una realidad.

Durante la Transición, como hemos comentado en otros post, un pacto no escrito hizo que los poderes públicos primaran a dos centrales sindicales (CCOO y UGT) por encima de las demás, sin perjuicio de favorecer también a otros sindicatos que unían a sus reivindicaciones sociales otras de carácter nacionalista. En un primer momento, esta decisión obedecía a la necesidad de legitimar unos acuerdos imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiría el avance de la democracia en España, a pesar de los embates de la crisis económica de finales de la década de los setenta y primeros años ochenta.

Para ello se cedió a la pretensión sindical de adquirir un mayor peso no solo político sino también económico, y a la configuración de los sindicatos no solo como organizaciones meramente reivindicativas sino también como prestadoras de servicios. Lo cierto es que este modelo de concertación social ha tenido aspectos positivos y ha coadyuvado que en estas últimas décadas, salvo excepciones y conflictos puntuales, no hayan existido en nuestro país grandes tensiones sociales y la estabilidad social ha constituido un valor que ha favorecido el crecimiento de nuestra economía.

Parte de este éxito reside en la atribución de unas funciones institucionales a las centrales sindicales mayoritarias, lo que conlleva que gran parte de su financiación se realice con transferencias de fondos públicos aunque disimulándolo por muy diversas vías. Se trata de canales con cobertura legal y que, incluso en la mayoría de los casos tienen relativa publicidad al aparecer anunciados en los diversos boletines de las diferentes administraciones que los conceden. Sin embargo, la cuantificación total de las cuantías es muy difícil de precisar dada la poca transparencia y la dispersión en la que todo este proceso se desenvuelve, aunque el profesor D. Fernando Suárez González realizó un intento de valoración en su trabajo "La situación sindical", publicado en el nº 86 de Anales de la academia de Ciencias Morales y Políticas del año 2009.

En el presente artículo, más que intentar realizar una cuantificación nos limitaremos a repasar los muy diferentes conceptos por lo que estos sindicatos obtienen financiación, cuestión que, por sí, ya resulta reveladora.

Cesión de inmuebles a CCOO y UGT

Por lo que se refiere a sus infraestructuras, además de contar con la obligación legal que pesa sobre los empresarios de cederles locales en el lugar de trabajo y espacios para divulgar sus mensajes; los inmuebles donde tienen sus sedes han sido cedidos, en su inmensa mayoría, por los poderes públicos, bien bajo la figura de la devolución del patrimonio histórico sindical, bien por la subrogación de CCOO y UGT en la posición del antiguo Sindicato Vertical franquista (por ejemplo, la sede principal de la UGT en la Avenida de América de Madrid, que  se encuentra en un edificio de nueva planta que se construyó para aquel), bien por la mera cesión de espacios derivada de la negociación colectiva. En estos días, precisamente, nos encontramos con que en Madrid determinadas dependencias ministeriales ocupadas por centros directivos del Ministerio de Trabajo están siendo desocupadas y los funcionarios trasladados forzosamente para ser cedidas a CCOO.

Para cubrir sus gastos de gestión ordinarios, además de las cuotas de sus afiliados, todos los sindicatos reciben una subvención pública en virtud del número de representantes que obtienen en las elecciones sindicales regulada por el Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social (BOE de 29 de noviembre de 2008). Además, una parte importante del coste de personal que necesitan para la realización de sus actividades es sufragada por las propias empresas, que abonan los salarios del personal liberado que, a través de la figura de la acumulación del crédito horario de los representantes de los trabajadores en determinadas personas designadas (liberadas) por el sindicato, dejan de prestar sus servicios para la empresa o Administración que los contrató para dedicarse a tiempo completo a aquel. En este sentido, es importante destacar que durante los últimos años, un objetivo sindical en sus negociaciones con los empleadores del sector público ha sido el ampliar el número de liberados por encima de lo establecido con carácter mínimo por la legislación vigente, constituyendo este logro tanto una fuente indirecta de financiación como un instrumento clientelar para privilegiar a algunos de sus afiliados.

Por otra parte, los sindicatos han desarrollado un eficaz mecanismo que captación de fondos públicos con carácter finalista presentándose con regularidad a las convocatorias de subvenciones anunciadas por las diversas Administraciones Públicas (central autonómica, local e institucional) para el fomento de la actividad asociacionista, la realización de todo tipo de estudios, programas sociales, planes de igualdad, integración de inmigrantes, etc…; siendo adjudicatarios de este tipo de ayudas como si se tratase de una organización no gubernamental más. Como ya afirmamos antes, resulta tremendamente complicado determinar el monto total derivado de esta fuente de financiación pues la información de las subvenciones y ayudas concedidas aparece disgregada en los centenares de boletines oficiales del Estado, CCAA, diputaciones, ayuntamientos, etc…

Participar en los foros institucionales es una actividad, por lo general, retribuida. Unas veces lo es de manera directa al propio sindicato; así, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración les concede anualmente una compensación económica por su participación en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. También, en ocasiones, el abono se realiza a título personal a favor de aquellas personas que son designadas por el sindicato para participar en la comisión o consejo de administración correspondiente. De esta manera, representantes de los sindicatos pertenecían a los consejos de administración de las quebradas Cajas de Ahorros y siguen formando parte de los consejos de los entes públicos titulares de las televisiones y radios públicas; de los entes del sector empresarial y fundacional público estatal, autonómico o local; de los órganos que controlan el fondo de pensiones de los funcionarios públicos; de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, entre otras muchas instituciones. Según parece, a través de donaciones de los designados en dichos órganos de una parte de sus honorarios los sindicatos también encuentran otra vía de ingresos.

Opacidad en la “formación profesional”

Atención especial merece, el papel que para los sindicatos más representativos supone su participación en la gestión de los recursos recaudados a los trabajadores y empresarios bajo el concepto de “formación profesional”. La cuota de formación profesional es el resultado de aplicar el tipo de 0,70% a la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. De ese 0,70%, un 0,1% es la parte que se detrae de la nómina del trabajador y un 0,60% es la parte que soporta la empresa. Una parte importante de lo recaudado es gestionado por la denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo e Inmigración por la Administración, la CEOE y CEPYME como representantes de la empresa y CCOO, UGT y CIG como organizaciones sindicales más representativas. 

La forma en la que se gestionan esos fondos ha sido hasta tiempos recientes muy opaca y, de hecho, en la página web institucional, los últimos datos ofrecidos se refieren al año 2008. Aunque la reforma laboral reciente pueda afectar en parte a este recurso al permitir la entrada en este negocio de empresas de formación acreditadas, no dejara de ser una vía importante de ingresos.

Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, distribuye directamente entre las centrales sindicales mayoritarias millones de euros con esta finalidad. También las Consejerías de trabajo de las Comunidades Autónomas, en desarrollo de sus políticas activas de empleo, les adjudican numerosos recursos para esta finalidad. El control financiero sobre la forma en la que esos fondos se aplican a la organización de cursos difiere de unas comunidades a otras, pero ha sido históricamente escaso y el control de calidad sobre el nivel de la enseñanza impartida en ellos y la cualificación de los ponentes que los imparten muchas veces es inexistente. 

Asimismo, los sindicatos también perciben ingresos como prestadores de servicios a los trabajadores, tanto a los afiliados como a los no afiliados, destacando los servicios de carácter jurídico, pero salvo las primeras consultas, facturan por estos servicios unas cantidades que no divergen demasiado de los precios de mercado. También, hasta la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, por su participación en los expedientes de regulación de empleo (obligatoria por mandato legal) facturan un porcentaje sobre el importe de cada indemnización percibida por los trabajadores. Cuestión ésta que, al margen de la consideración ética que pueda merecer, incluso es dudoso que tenga un apoyo jurídico firme dado el carácter preceptivo de su intervención y la imposibilidad para el trabajador de poder optar por otras posibilidades. En su momento, intentaron incorporarse al negocio inmobiliario a través de la constitución de cooperativas de viviendas y al sector asegurador, pero en general con resultados muy poco alentadores.

Creciente dependencia de la financiación pública

En definitiva, todo el conglomerado de intereses que se ha ido tejiendo alrededor del rol institucional de los sindicatos más representativos ha dado lugar a una creciente dependencia de la financiación pública lo que provoca, cada vez con mayor frecuencia, soterrados conflictos de intereses entre los que son propios del sindicato como organización y los que afectan a sus representados como colectivo. El consecuente distanciamiento entre estos sindicatos y las bases de trabajadores se traduce en su progresiva pérdida de apoyo real.

Cada vez es menor la afiliación de los trabajadores a estas organizaciones y la diferencia entre la representación real obtenida por los grandes sindicatos y los múltiples sindicatos sectoriales, independientes o minoritarios que han ido surgiendo se acorta elección tras elección. Un ejemplo de ello es el resultado de las últimas elecciones en la Administración General del Estado donde, hasta el 1 de septiembre de 2011, CCOO y UGT, si bien son las centrales con mayor número de representantes, obtienen juntas solo 411 de los 936 representantes. Es decir menos de la mitad del número total. Sin embargo, su influencia a la hora de liderar la negociación colectiva y su capacidad de percibir fondos públicos permanece intacta y es desproporcionadamente superior a la de sus competidores gracias a las sucesivas reformas legales que, cada vez, priman más el ámbito institucional de la representación sobre el ámbito de actuación de los representantes directamente elegidos por los trabajadores en cada centro de trabajo.

Así pues, podemos concluir que parece necesario reordenar esta situación, sistematizar mejor y dotar de mayor transparencia a las fuentes de financiación de los sindicatos considerados como más representativos y, en la medida de lo posible, facilitar una cierta autonomía financiera que no les haga tan dependientes del sector público. Es posible incluso, que sea conveniente revisar este mismo concepto de “sindicato más representativo” para que el rol institucional de cada agente social se corresponda mejor con la realidad social que representa en la práctica. De este modo, tal vez pudiera reforzarse la legitimidad de los sindicatos que, por tradición e historia, les corresponde y que sin embargo, ahora resulta cuestionada por amplios sectores sociales.

En ese sentido, revisar la Ley Orgánica de Libertad Sindical quizás sea también una de las tareas pendientes que haya que abordar para impedir que el movimiento sindical, en vez de ser una parte de la solución de la actual crisis del sistema, termine convirtiéndose en una parte del problema.

*José María Pérez Gómez es Letrado de la Seguridad Social

El Confidencial

La 'macdonalización' de la política

Hace algunos años el sociólogo americano George Ritzer acuñó la expresión “macdonalización de la universidad” para referirse a una concepción de la enseñanza superior que contempla a los estudiantes como clientes a los que prestar un servicio y no como seres pensantes que deben participar activamente en sus estudios.

La democracia española padece una macdonalización similar. Los partidos hacen ver claramente que la política es su negociado. Han cercado el corral y lo administran desde unas cúpulas endogámicas y alejadas de la realidad, que tienden a la autoperpetuación, como ha puesto de manifiesto el último congreso de los socialistas, dirigido por los mismos desde Suresnes, año de 1974. Se han autoerigido en vicarios de las emociones políticas de los ciudadanos, que han de experimentar la participación a través de ellos y de una sola forma: la emisión del voto cada cuatro años.

Esto representa una paradoja irresoluble, pues participar es, por definición, una experiencia activa y en primera persona. La etimología lo señala: participar viene de “parte”. Y significa “tomar parte en algo”. La macdonalización de la política ha convertido a los ciudadanos en partes excluidas, órganos ajenos al cuerpo de la política. Porque no son vistos como parte de los procesos políticos, sino como clientes a los que dar su BigMac con queso. Esa concepción clientelar de la política explica por qué las leyes españolas están repletas de excepciones y guiños a determinados colectivos, así como la pérdida absoluta de preocupación por el interés general y la búsqueda continua de las satisfacciones a los problemas particulares.

El momento actual es crítico para la legitimidad porque resulta que el cliente no está satisfecho, como reflejan las encuestas del CIS, según las cuales los políticos se han convertido en el tercer problema del país. Así lo vive casi una cuarta parte de la población, curiosamente la más politizada, la más interesada por el devenir político de España.

Ante la deslegitimación rampante, los grandes partidos han desarrollado dos estrategias defensivas. Una pasa por intentar cocinar un nuevo BigMac, al gusto de ese paladar ciudadano insatisfecho. Otra consiste en no ver las señales evidentes de que la gente rechaza el BigMac: ayer Rajoy volvió a negar que exista desafección ciudadana, no obstante lo cual volvió a prometer reformas por la transparencia y el buen gobierno. Significativamente, como primera medida para mejorar la calidad democrática, citó la austeridad en dos ocasiones. Si fuera músico, el presidente tocaría una sola partitura, que por cierto sería de un compositor alemán y grabada por Deutsche Gramophon.

Sospecho que no lo han comprendido. No es el BigMac, es el MacDonald’s. No es éste u otro partido, no es tal o cual medida, es la relación que el duopolio ha establecido con los ciudadanos la que necesita ser cambiada de arriba abajo. Se trata de que los políticos dejen de ver a los ciudadanos como clientes y comiencen a verlos como parte activa del proceso democrático. Y, en sentido inverso, que los ciudadanos dejen de verse a sí mismos como receptores de un servicio y pasen a considerarse sujetos que desempeñan un papel en el juego democrático. La participación no consiste en que los políticos se comprometan con los ciudadanos, ni que dialoguen con ellos. Se trata de que los ciudadanos se comprometan con los ciudadanos y dialoguen entre sí. Necesitamos un palabro: desmacdonalizar. Y eso nos obliga a inventar una cultura política nueva por completo, para lograr que el político nunca deje de verse como ciudadano y el ciudadano nunca deje de verse como político.

Irene Lozano para El Confidencial

El Gobierno marea la perdiz de la nueva reforma laboral

La reforma laboral que está cocinando el Gobierno (el retoque número 53 desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980) no es la tierra prometida del empleo ni nos va a sacar de pobres. Sin embargo el PP ha creado esa expectativa. Con la boca cada vez más pequeña desde que Rajoy se instaló en Moncloa y empezó a recibir el mismo recado de los empresarios: el problema es el crédito. O sea, que se empezará a crear empleo cuando vuelva a fluir el crédito, con nueva regulación del mercado de trabajo o sin ella.

Tampoco corría tanta prisa como se dijo. Tan prioritaria parecía la tarea que el presidente del Gobierno instó a patronal y sindicatos a pactar antes de Reyes. Y si no había acuerdo, el Gobierno tiraría enseguida por la calle del medio. Pues no lo hubo, aparte del pacto de rentas, que no entra en la reforma. Son vísperas del Día de los Enamorados y me parece que la dizque apremiante reforma laboral del nuevo Gobierno pasará de largo por los Carnavales. Y no me extrañaría -tendría su lógica política- que las elecciones andaluzas del 25 de marzo retrasen todavía más de un mes su inserción en el BOE. Bastaría con convertir el borrador en proyecto de ley, de tramitación más larga, aunque eso desmentiría la supuesta urgencia de fletar cuanto antes la nueva reforma laboral. O bien aprobarla como decreto ley, de convalidación parlamentaria urgente, dejando las normas más duras para su posterior tramitación como ley, ya después de las elecciones andaluzas.

Que el Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el formato se deduce de la intervención de la ministra, Fátima Báñez, en la comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, donde ayer no quiso, no pudo o no supo decir si el Gobierno hará la reforma laboral por ley o por decreto-ley. El abajo firmante tuvo ocasión de hacerle la misma pregunta al portavoz del grupo parlamentario del PP, Alfonso Alonso, el jueves pasado. No hubo forma de que diese una respuesta concisa.

Las elecciones andaluzas, las prisas de Bruselas y el vago temor a una huelga general son las razones más o menos confesables por las que la reforma que el Ejecutivo piensa llevar al Consejo de Ministros de pasado mañana no haya dado todavía su verdadera cara ante los empresarios, sindicatos, resto de fuerzas políticas y opinión pública en general. Lo de la ministra Báñez, ayer en el Congreso, se quedó en enunciados básicos: mejorar las políticas activas, no al contrato único, flexibilidad normativa para el empresario, normas específicas para los autónomos, lucha contra el fraude en ayudas al desempleo, etc.

Al menos una buena noticia relacionada con el temor de Rajoy a una huelga general. Se lo oigo decir al secretario general de UGT, Cándido Méndez, en la distancia corta: “No estamos trabajando en la lógica de una huelga general sino todo lo contrario. Hacemos lo indecible para evitarla”. De modo que como coartada para seguir mareando la perdiz, las elecciones andaluzas y la presión de la UE son más verosímiles que el miedo a unos sindicatos que, dicho sea de paso, acaban de pactar con la CEOE la contención de los salarios y la vinculación de estos a la productividad, a cambio de la contención en los precios y la reinversión de los beneficios.

Antonio Casado para El Confidencial