Salarios, motor de la demanda

En términos keynesianos la actividad económica de un país depende del comportamiento de la demanda agregada. La recuperación económica necesita, por lo tanto, restaurar la demanda agregada y eso significa sustituir la deuda y el crecimiento generado por la burbuja por una política de redistribución, como nuevo motor de esa demanda agregada (compuesta por la demanda exterior-exportaciones menos importaciones).

En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos reclama que los salarios jueguen su papel de impulsores del consumo, evitando su congelación o recorte, que debilitaría aún más los riesgos de deflación y la propia economía.

Reclama igualmente el establecimiento de prestaciones de desempleo mínimas para quienes pierden la prestación o se incorporan al mercado laboral sin encontrar trabajo.

Ante la pasividad del sector privado -empresas y hogares- ocupado en su propio desendeudamiento, el sector público debe asumir y conducir la demanda invirtiendo en tres pilares: desarrollo sostenible, capital humano y sectores sociales y de atención a necesidades de los ciudadanos.

Conceder crédito público selectivo para empresas pequeñas y medianas siempre que no desarrollen políticas de reducción de niveles salariales o recortes de derechos laborales establecidos en convenios colectivos.

Condicionar el apoyo financiero a las entidades bancarias a que reanuden las ofertas de crédito para proyectos viables empresariales o de las personas, y eliminen las prácticas abusivas.

Política fiscal redistributiva hacia los trabajadores y hogares. Es insostenible que el 90 por ciento de la recaudación del IRPF proceda de los asalariados, cuando representamos la mitad de la riqueza.

Paralelamente la cooperación fiscal entre países debe luchar contra los plazos fiscales, impuestos cero o próximos a cero y armonizar el tratamiento de ingreso de empresas, plusvalías y grandes fortunas.

Todo ello desde el compromiso general de regulación y control de los mercados interiores y de las relaciones económicas internacionales, favoreciendo una globalización con derechos.

En cualquier caso no habrá salida de la crisis sin recuperación del empleo y mientras los beneficios empresariales se sustenten en bajos salarios y precariedad laboral.

Propuestas que confrontan con las posiciones de quienes apuestan por reformas laborales, bajos salarios, rebajas fiscales, debilitamiento del poder contractual de los sindicatos, individualización de las relaciones laborales, más temporalidad y precariedad, o más facilidad para el despido.

La CES reclama en Europa un New Deal social que incluya inversiones equivalentes al 2 por ciento del PIB europeo, que contribuyan a generar empleo. Que en el ámbito de la negociación colectiva contribuya a su fortalecimiento, de forma que los salarios se conviertan en referencia para la estabilidad de los precios y en motor sostenible de la demanda y el crecimiento. Descartando, por tanto, congelaciones o recortes salariales generalizados.

Los derechos de consulta, información y participación en la empresa deben fortalecerse. La reducción del tiempo de trabajo, las ayudas al desempleo, la formación y el reciclaje de trabajadores, con garantías especiales para colectivos desfavorecidos desde el punto de vista del empleo, adquieren relevancia.

Que incluya la justicia distributiva. No se puede acudir con recursos masivos a reflotar banqueros y ejecutivos que han llevado a sus empresas a riesgos inasumibles, mientras se enriquecían exageradamente, sin una voluntad política de atacar esas primas, stock options y paracaídas dorados de los que disfrutan. Sin dotarse de medios para dirigir la economía e invertir las crecientes desigualdades.

Por Javier López, secretario general de CCOO de Madrid