Opinión y Análisis

El último que salga, que apague la luz

Anda todo el mundo alborotado con lo que ocurrió en el partido de la Copa del Rey a propósito del Himno Nacional: TVE no lo retransmitió, sonó a la llegada de SS.MM. los Reyes y lo "versionó" en el descanso del partido. La verdad es que es un escándalo perfectamente comprensible, a poco que uno siga el comportamiento de esta versión de gobierno que tenemos al frente el país. Me explico.

¿A quién le puede extrañar que en un país que tiene un  gobierno que versiona la realidad --de forma cotidiana y en todas las esferas de la vida--hasta hacer el ridículo,  la TVE pública se crea con menor capacidad para versionar un himno?

Si Zapatero trata de convencernos de que lo más progresista no es crear empleo sino subsidiar a los parados, ¿por qué la tele pública no ha poder maquillar el "sonido de fondo" y darle más importancia a la música que a la letra? 

Si Zapatero prefiere las  versiones a los hechos (todos se equivocaron ante la crisis, él ya lo advirtió, él nunca prometió pleno empleo, el nunca dejará tirado a nadie sin subsidio, él nunca bajará los impuestos, él nunca dará ayudas al automóvil, él nunca insultará a nadie, él no tocará el estatuto que llegue de Cataluña, él no ha cambiado de política antiterrorista...)  si todo se vacía de contenido, si todo se banaliza (desde la mayoría de edad --a los 18 salvo para abortar--,  hasta la nacionalidad --basta una abuela española si se trata de votar desde fuera de España, pero no es suficiente si vives,  trabajas y pagas tus impuestos  en España--, si  con este gobierno todo es "porque sí" o "como sea", ¿por qué exigirle más rigor a la tele del Gobierno que a él mismo?

Si el Gobierno de Zapatero nos ha tildado de crispadores a quienes exigíamos respeto a los símbolos del orden constitucional, si ha necesitado de reiteración de sentencias para  hacer cumplir la Ley de Banderas, si ha apelado a los sentimientos para justificar que no cumplían las leyes, ¿cómo puede extrañarnos que los responsables de la tele del Gobierno nos traten de engañar ocultándonos la realidad de lo que estaba ocurriendo en el campo del Mestalla?

La reacción de RTVE ante el escándalo ha sido muy notable y muy coherente con este tipo de comportamiento:

TVE destituye a su director de Deportes por no transmitir en directo el himno nacional
14.05.09 - 13:31 - EFE | MADRID

La dirección de Televisión Española ha destituido al director de deportes de la cadena, Julián Reyes, después de que ayer, en la transmisión de la final de la Copa del Rey, no se emitiera en directo el himno nacional, durante el que se produjo una pitada en las gradas, han informado fuentes de TVE, que han señalado que se incumplieron las instrucciones de la dirección en lo que se considera un "error gravísimo" del que se responsabiliza a Reyes.
Durante la retransmisión de la final de Copa, y en el momento en que sonaba el himno y los pitidos de parte de los aficionados en Mestalla, TVE conectó con Bilbao y Barcelona. Posteriormente ofreció esas imágenes en diferido durante el descanso del partido y se disculpó por no haberlas dado antes debido a un "error humano".

Ahí tienen: destituido por poner el himno fuera de hora. Que no, hombre, que no. Que hay que exigir responsabilidades por no contar la verdad... aunque sea con retraso. Que es la versión de los hechos, el engaño, lo que es censurable. Que lo de menos es que sonara a destiempo en la casa de los telespectadores. Porque el desajuste horario si podría ser explicado por razones humanas o técnicas. Pero el "tratamiento" del himno, la eliminación del contexto, es una decisión política que no hay niño chico que se crea que ha salido de la cabeza del director de deportes. Claro, salvo que en la casa se hayan vuelto todos ya más papistas que el papa y tengan comportamientos profilácticos respecto a los símbolos del orden constitucional. Si el Presidente ni siquiera tiene claro lo que es la nación,  quizá los trabajadores del ente, para proteger su futuro profesional, se pone en  creativos y le arreglan el contexto para que el jefe no se lleve un disgusto...

Luego le he escuchado a Rajoy hablar sobre esta cuestión. Y ha puesto el énfasis en que "la mayoría de los españoles estamos con el Rey, con el himno...".  Pues tampoco es eso, hombre. Que este no es un debate sentimental. Que lo que es exigible a los poderes públicos es que defiendan la legalidad: les emocione o no. Y a los medios de comunicación, que cuenten la verdad: les guste o no les guste.

En fin, que el episodio de la retransmisión fraudulenta del partido de futbol no es más que una expresión de la realidad de España: ni tenemos un gobierno, ni tenemos una oposición. Aquí lo que hay son versiones. De lo uno y de lo otro. Claro que lo más grave es lo primero; a partir de ahí, todo es un proceso de imitación. Si tenemos un Presidente que cree que mis reflexión sobre el hecho de que el Gobierno se haya convertido en un coordinador de las diecisiete Comunidades Autónomas queda desautorizada por el hecho de que todos vamos al Congreso a exigirle que actúe, ¿que podemos esperar? ¿Cómo explicarle a este hombre que lo que le pedían todos los grupos es que les diera más para Cataluña, para Canarias, para Navarra, para Baleares, para Cataluña...) pero nadie --salvo el PP y yo misma-- le exigía que interviniera como quien tiene la autoridad, la competencia  y los recursos --políticos y económicos-- para hacer políticas nacionales?

¿Qué se puede esperar de un gobernante que todavía cree que centralismo es igual a desigualdad y descentralización es igual a igualdad? ¿Qué podemos esperar de un gobernante que piensa que más autonomía es siempre sinónimo de más libertad y de más igualdad? ¿Qué podemos esperar de alguien que no reconoce que la exigencia de libertad de elección lingüística no tiene nada que ver con los sentimientos sino con los derechos de los ciudadanos? ¿Qué se puede esperar de tal compota mental?

Pues podemos esperar lo que tenemos: una tele pública que no da fe de lo que ocurre sino que versiona hasta los partidos de futbol. Por cierto, si nos versionan los partidos de futbol, ¿que será con las noticias que nos cuentan cada día en los telediarios? Un supuesto: ¿Existirá María Teresa Fernández de la Vega? ¿Y si los ministros y ministras son en realidad hologramas? Prefiero no seguir: me da miedo.

Lo único que es cierto -- y no porque lo diga la tele del gobierno--  es que esto va de mal en peor. Que mientras mucha gente se pregunta cada día como pagará las facturas o como comprará la comida del día siguiente, hay quien se entretiene en hacer eslóganes y en construir verdades alternativas. Es lo que tiene vivir en un país que en vez de un gobierno tiene una versión. Nada es lo que parece. Y, como ocurre siempre, la realidad es mucho peor que la versión. O sea, el gobierno que existe es mucho peor que la versión que conocemos.

Apaga y vámonos. Lo dicho: el último que salga, que apague la luz.

Rosa Díez

La crisis es de modelo. La salida a la crisis exige de un cambio de modelo

Cuando se hace mención a la actual situación de crisis económica, extendida prácticamente por todo el planeta, puede hacerse desde un punto de vista que tome como imagen las muñecas rusas que están una dentro de otra.

La primera muñeca, la que esta en el interior profundo de la crisis, su origen, ha sido una crisis bancaria de ámbito internacional derivada de la extensión de la desconfianza entre las instituciones financieras.

Esa desconfianza generalizada tuvo su base en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria vivido en California hace casi dos años. Pero lo importante es que la difusión de los efectos de ese pinchazo local al conjunto del sistema financiero internacional fue posible porque se había extendido un procedimiento que no puede calificarse si no de estafa: se habían hecho pasar por productos financieros solventes hipotecas de dudoso cobro, las conocidas como hipotecas NINJA (concedidas a personas que no tenían ingresos, trabajo ni avales). Cuando el 21 de Junio de 2007 el banco de inversión estadounidense Merrill Lynch decide desprenderse de la inversión de 800 millones de dólares que tenía en dos Fondos de Alto Riesgo del banco Bear Stearns no podía suponer que iba a generar el cataclismo de todo el sistema financiero mundial. La subasta del valor de esas inversiones por Merrill Lynch puso de manifiesto que el valor que el mercado estaba dando a algunos productos financieros estaba muy sobrevalorado, ya que Merrill Lynch apenas obtuvo una quinta parte de su valor nominal. Hasta esa fecha se habían vendido unos bancos a otros cestos de manzanas podridas, eso se podía hacer siempre que nadie levantará el paño de la cesta y viera que las manzanas estaban podridas, que es lo que hizo Merrill Lynch poniendo en evidencia la elevada sobrevaloración de activos que había en los balances de la mayor parte de los bancos de inversión. Esta certidumbre sobre el verdadero valor de mercado de esos productos financieros obligaba, según las normas contables estadounidenses, a que numerosas instituciones financieras estadounidenses, más de trescientas han recibido algún tipo de apoyo del gobierno hasta la actualidad, que reajustar a la baja el valor de similares activos inmobiliarios, o de productos derivados basados en esos activos inmobiliarios, en sus balances, ya que, de pronto, su valor de mercado era muy inferior al recogido en sus balances.

Esto supuso que muchos de estos intermediarios financieros tuvieran que reconocer enormes perdidas de la noche a la mañana, lo que ha obligado al gobierno de EE.UU., y de algunos otros importantes países europeos como el Reino Unido, a una profunda intervención en el sistema bancario, incluso procediendo a su nacionalización, para evitar el colapso del sistema. Estas intervenciones públicas se han intentado coordinar en el G-20 para no generar una situación de pánico global.

La modificación de las normas contables de los activos por parte de la Consejo de Normas Contables Financieras de EE.UU. (FASB), justo cuando se reunía el G-20 en abril Londres, pueden ser un importante paso para permitir ver la salida al túnel de la crisis financiera. Pero las autoridades europeas, y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), deben actuar en consecuencia para que ese cambio contable de los activos tóxicos en EE.UU., que supondrá un alivio en los balances de bancos y empresas, no implique una situación de desventaja de las empresas europeas, como ya manifestaron los ministros de economía de la UE en la última reunión del Ecofin.

2.- La segunda muñeca, derivada de la anterior en la medida que la fuerte restricción del crédito causada por la crisis bancaria ha conllevado una contracción de la inversión y el consumo, es la crisis macroeconómica de los principales países desarrollados, que esta suponiendo un grave deterioro de su situación económica, y que también esta teniendo importantes repercusiones negativas en muchos países emergentes.

Los plazos de salida de esta crisis tienen muchas más incertidumbres, ya que en muchos países desarrollados el rápido deterioro de la actividad productiva ha sido muy profundo, y posiblemente haya acelerado el traslado del eje de la economía mundial hacía Asia, y la deslocalización de parte importante de su actividad productiva,

Retomar la senda del crecimiento económico sostenido de los últimos años va a requerir un importante esfuerzo inversor del sector público, que en la zona euro ha puesto en cuestión el propio Plan de Estabilidad que dio lugar al euro.

Las posibilidades reales que tengan los diferentes estados nacionales para hacer frente a esas necesidades inversoras, sin descuidar las políticas anticíclicas de mantenimiento de la demanda a través de subsidios, serán determinantes para que la resolución de la actual situación recesiva sea más breve. El mayor endeudamiento puede ser una solución coyuntural, pero a medio plazo deberán incrementarse los ingresos fiscales, para evitar que una excesiva demanda de crédito del sector público encarezca excesivamente las necesidades de financiación de familias y empresas.

Revertir el camino emprendido por EE.UU., y por muchos países europeos incluido el nuestro, desde hace unos veinte años, de desfiscalización de las rentas del capital, y de las rentas del trabajo más elevadas, deberá figurar como elemento prioritario en el debate político de los próximos meses.

3.- La tercera muñeca es resultante de esa crisis macroeconómica global. Estamos asistiendo a una fuerte crisis social en numerosos países derivado de un incremento exponencial del desempleo, lo que esta suponiendo la perdida de bienestar de millones de personas en el mundo.

Desgraciadamente la recomposición de un nuevo tejido empresarial sobre bases más sólidas no será tarea facial, sobre todo en países, como el nuestro, donde el peso de la actividad inmobiliaria en el crecimiento económico era desmesurado.

Para ello se requerirán importantes esfuerzos inversores públicos y privados que tengan como norte la modificación del actual modelo productivo.

En España los salarios han venido perdiendo peso en la renta nacional, pasando del 55% al 52% en el periodo 2000-2007, a pesar de la fuerte creación de empleo experimentada en ese periodo. Ello ha sido debido a que la fuerte desregulación del trabajo, vía incremento de la precariedad, ha reducido los salarios y ha empeorado las condiciones de trabajo de millones de trabajadores que se han incorporado al mercado de trabajo.

Un país cuya estructura empresarial base sus expectativas de beneficios en unos bajos salarios es un país condenado a un empobrecimiento progresivo, ya que para que una adecuada política de innovación tecnológica obtenga resultados tangibles es imprescindible que los salarios sean elevados. Mientras los salarios sean bajos los altos beneficios empresariales estarán garantizados, sin que los empresarios tengan que preocuparse, ni por la calidad, ni por la diferenciación, ni por la innovación de sus productos.

En Alemania, uno de los países europeos que más recursos destinan a la innovación, y que más resultados obtiene de ese esfuerzo, como demuestra el sesgo exportador de su industria, los sindicatos han venido defendiendo tradicionalmente que los incrementos salariales debían recoger parte de los incrementos de la productividad obtenidos, es decir aumentos salariales muy superiores al incremento de la inflación. Y los sindicatos alemanes han sido un claro ejemplo de corresponsabilidad en la gestión de las empresas, a escala micro, y del conjunto de la economía, a escala macro, gracias al impulso de una potente legislación de participación de los trabajadores en la empresa y al desarrollo de una economía social de mercado.

4.- Y por último hay una crisis ideológica, ya que los parámetros sobre los que se sustentaban las reglas de economía de los países más ricos ha saltado hecha añicos. La primacía de lo mercantil sobre lo público, del capital sobre el trabajo, del capital financiero sobre el capital productivo, ha demostrado que es un modelo insostenible, incapaz de mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población del planeta.

La desregulación de los mercados de capitales a escala mundial ha hecho que casi hayan desaparecido los costes de la propensión al riesgo del capital, y por tanto ha incentivado que los movimientos financieros especulativos hayan crecido exponencialmente, generando la llamada economía de casino. Pero esa misma desregulación ha sido la causante de que una pequeña contaminación del sistema originada en el mercado inmobiliario de California haya llegado casi a colapsar el sistema financiero mundial. Porque regular debe entenderse como encauzar, no como poner barreras, cuando las crecidas de los ríos no encuentran cauces bien claros arrasan todo lo que encuentran a su paso.

Esta progresiva desregulación de los mercados financieros durante los últimos veinte años, ha generado una posición cada vez más subalterna del trabajo frente al capital. La creciente facilidad con la que el dinero entra y sale de las empresas, y de los países, ha hecho que el riesgo inherente a las actividades empresariales, y por tanto los costes derivados de los errores de gestión hayan recaído cada vez más en los trabajadores, a través del incremento del desempleo, el descenso de los salarios reales, o el deterioro de las condiciones de trabajo.

Parece, por tanto, evidente que las soluciones que se barajan a la actual crisis financiera internacional pueden ayudar a resituar el peso del trabajo en la actividad económica, después de dos décadas, tras la caída del Muro de Berlín, en las que hemos asistido al predominio casi absoluto, no solo político si no sobre todo cultural, de las ideas neoliberales.

Ya que solo otro modelo de regulación de la actividad económica, en el que la participación de los trabajadores debe ser una pieza angular, será capaz de ofrecer: seguridad económica y jurídica para evitar que los depredadores financieros se cuelen por los agujeros de las redes poniendo en peligro inversiones, empresas productivas, el empleo y las condiciones de vida de millones de ciudadanos; seguridad laboral, entendida como ofrecer seguridad en el empleo, en las condiciones de trabajo, limitando la creciente precariedad de los mercados de trabajo, y también en los ingresos a percibir por los trabajadores durante la enfermedad o la jubilación; y seguridad medioambiental, de forma que podamos transmitir el planeta a nuestros hijos, al menos, en similares condiciones a como lo recibimos de nuestros padres.

Para responder a todas estas incógnitas y desafíos hemos solicitado la opinión de un amplio número de economistas del ámbito de la universidad y del sindicato, que nos han ofrecido sus respuestas.

Bruno Estrada López
Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.
Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo

Ayudas al automóvil

Con esto de la crisis, todos los empresarios, con la CEOE a la cabeza, se han vuelto intervencionistas. Pretenden sacar tajada. Eso sí, nunca dirán que persiguen su beneficio, se presentan como benefactores y afirman que las medidas que proponen van orientadas al bien de la comunidad.

Soy de los que piensan que el papel del Estado es fundamental a la hora de contrapesar al poder económico. Tengo que reconocer, sin embargo, que a veces estoy tentado de admitir que éste termina controlando el poder político y que, tal como afirmaba O’Connor en un libro que fue clásico en su época, La crisis fiscal del Estado, el sector público se convierte en una máquina de subvenciones para los empresarios, tesis que, por otra parte, ya mantuvo Adam Smith en parecidos términos.

Con esto de la crisis, todos los empresarios, con la CEOE a la cabeza, se han vuelto intervencionistas. Pretenden sacar tajada. Eso sí, nunca dirán que persiguen su beneficio, se presentan como benefactores y afirman que las medidas que proponen van orientadas al bien de la comunidad.

El sector del automóvil lleva tiempo detrás de que el Gobierno subvencione la compra de vehículos. Cinco Autonomías se han mostrado ya receptivas. La primera fue Navarra, que goza de una situación privilegiada en materia fiscal y puede permitirse toda clase de lujos. Recientemente, están en proceso de incorporarse a la pedrea de ayudas Valencia, Aragón y Castilla y León. Madrid, fiel a su línea de bajar los impuestos y de ayudar más a quien más gana, ha reducido un 20% el impuesto de matriculación. Todas ellas irán después a extender la mano al papá Estado. Parece que el ministro de Industria se muestra convencido y, puesto que ya no está Solbes, no sería extraño que en el debate sobre el estado de la nación se anunciasen medidas en este sentido. Más tarde se dirá que no hay recursos para las pensiones, la sanidad, la educación, el seguro de desempleo ni para financiar la Ley de Dependencia.

Los empresarios del sector argumentan que se pretende salvar puestos de trabajo, pero, si de empleo se trata, pocas políticas como las señaladas anteriormente -y en general todos los servicios públicos- para crearlo. Además, dado el régimen de libre comercio en el que están insertas las economías, los automóviles que compren los españoles pueden estar fabricados en Alemania o en EEUU, y viceversa. Ocho de cada diez vehículos que fabricamos se dirigen a la exportación. En todo caso, si lo que se quiere primar es la creación de empleo habría que proteger la fabricación y no el consumo.

Pero es que, por otra parte, la verdadera cuestión que se debería plantear es si, entre todos los bienes y actividades que se pueden subvencionar, es el sector del automóvil el más adecuado. No es precisa demasiada reflexión para llegar a la conclusión de que, desde la óptica social, ecológica y en general del bien común, resulta más conveniente incentivar el consumo de multitud de bienes, tanto públicos como privados, que el del automóvil, y que incluso pueden crear mucho más empleo. Sólo los intereses y la presión de un lobby tan poderoso como éste pueden explicar que el sector público de muchos países desarrollados, entre ellos el español, incite al consumo del automóvil. Mientras Solbes se opuso a que se incrementasen los gastos sociales, fue un buen ministro; dejó de serlo cuando también se opuso a las ayudas a los empresarios.

Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital

Crisis y mercado laboral

Vivimos una crisis sin precedentes. Es necesario actuar contra la misma. Son dos axiomas, dos postulados, incuestionables. Lo cuestionable es cómo actuamos. Llama la atención que haya quien intente, en estos momentos, aprovechar la crisis para precarizar más el empleo. Es lo que pretenden tanto los patronos de la CEOE como su punta de lanza en la patronal madrileña. Han cogido la perra de que para arreglar la crisis hay que actuar sobre el mercado de trabajo. Pero el mercado de trabajo ni ha sido la causa ni es determinante para la solución a esta crisis.

Con este mercado de trabajo España creció aceleradamente a lo largo de los últimos años. No ha sido el mercado de trabajo lo que ha quebrado. Ha sido un modelo especulativo en las finanzas y en lo inmobiliario, el abuso empresarial, la inflación de beneficios, la avaricia sin límites, lo que ha quebrado la economía mundial.

Así las cosas, es suicida que los empresarios, atenazados por el miedo al futuro, se atrincheren en las recetas caducas del neoliberalismo. Despidos baratos, despidos y regulaciones de empleo sin control, bajadas de impuestos que reduzcan aún más las ya mermadas arcas públicas, reducción de cotizaciones sociales que desestabilizarían el sistema de pensiones, congelaciones salariales que deterioran aún más la capacidad de consumo y deterioraran la demanda, destruyendo más empleo.

Proponen un contrato anticrisis con una indemnización por despido de 8 días por año durante los dos primeros años y de 20 días a partir del tercer año. Pero el despido en España es ya muy barato.

En Europa la temporalidad afecta al 10 por ciento de los trabajadores. En España al 25 por ciento. No renovar a estos trabajadores el contrato es un despido barato con 8 días de indemnización por año trabajado. El 55 por ciento de los despidos se produce con esta fórmula muy barata. El 35 por ciento de los despidos son declarados improcedentes por los jueces, es decir son despidos sin causas objetivas que los justifiquen. Estos son los que tienen una indemnización de 45 días por año. Pero reitero, son despidos sin causa justificable. Porque si hay causas objetivas como la desaparición del puesto de trabajo, los problemas económicos o un expediente de regulación de empleo, la indemnización es de 20 días por año con un máximo de doce mensualidades.

El despido no es caro y aún menos si tomamos en cuenta que el Fondo de Garantías Salarial, cubre el 40 por ciento del coste de despido objetivo en ERE y empresas de menos de 25 trabajadores, además de apoyar económicamente el despido en casos de insolvencia de la empresas.

En España el despido es libre en el caso de los trabajadores temporales y hasta si un trabajador fijo es despedido de forma improcedente, queda en manos del empresario readmitirlo o no. En Francia o Alemania es el juez quien decide si vuelve o no a su puesto de trabajo, además de que los representantes de los trabajadores tienen amplias potestades en el proceso previo a la resolución del magistrado. En Italia o Suecia es el trabajador quien decide si se reincorpora o no a su puesto de trabajo.

En Europa, a diferencia de España, el empleo se protege, el despido tiene que tener siempre causas objetivas, la temporalidad es muy baja y la protección por desempleo es mayor y más larga. Que no nos vengan Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, presidentes de CEOE y CEIM, con mentiras como que con más temporalidad y despidos, ya libres, pero aún más baratos, ellos crearán más empleo.

Si quieren que hablemos de Europa, su empleo y sus despidos, vemos las cartas. Si quieren que hablemos de China, su precariedad y falta de derechos, no hay más que hablar.

Porque el verdadero problema es que tenemos una economía poco productiva y muy especulativa, cuya capacidad de competir se sustenta en bajos costes laborales, tanto en salarios, como en despidos, como en derechos de los trabajadores.

Sólo abordando un cambio de modelo productivo y, por lo tanto, de cultura empresarial, podemos afrontar los retos del futuro. Ser competitivos por invertir más, ser más innovadores, aportar más calidad, es la clave para salir de esta crisis. Eso exige apostar por la estabilidad, calidad y cualificación del empleo y no todo lo contrario.

Javier López

La necesaria reforma de las pensiones

Sería un error aferrarse a posturas políticas de corto plazo y negar la necesidad de abordar reformas.

Con la intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión del Pacto de Toledo se ha reabierto la polémica sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad o no de reformarlo. Me parece importante explicar que en este tipo de debates de comportamientos a medio y largo plazo no sirven las simples aseveraciones en cualquier sentido si no se ponen sobre la mesa cuáles son las previsiones contempladas y en base a qué hipótesis se realizan. Creo que el ciudadano tiene derecho a no tener que ejercer un acto de fe sobre lo que dicen las autoridades, los periodistas o los tertulianos. Tienen derecho a ser informados con rigor y transparencia, y para ello es necesario conocer, aunque sea resumidamente, qué datos se manejan.

Para empezar me ha sorprendido que se intente tildar de falsas o verdaderas algunas de las opiniones sobre la sostenibilidad del sistema actual en la próxima década. En primer lugar, no hay que confundir los resultados anuales en término de superávit o déficit de la Seguridad Social con el tema parcial de la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones. Dicha sostenibilidad dependerá del comportamiento de variables tan difíciles de predecir ahora como el crecimiento de la población, la actividad, la variación positiva o negativa del empleo, el paro y la productividad. Y, lo que es más importante, en cualquier previsión serán cruciales las hipótesis que se hagan cuando, en un momento de incertidumbre como el actual, lo razonable es establecer diferentes escenarios para analizar las posibles situaciones.

Una variable esencial para estos cálculos es el crecimiento de la población y su estructura por edades. El crecimiento previsto dependerá de las hipótesis que se hagan sobre la evolución de la natalidad, la mortalidad o esperanza de vida y del saldo neto de la emigración. Todos los análisis parten del proceso actual de envejecimiento de la población española y, por tanto, del aumento de la tasa de dependencia de los mayores de 65 años sobre los que están en edad de trabajar. La natalidad mejora muy suavemente y también aumenta la esperanza de vida. Pero ¿quién se atreve a pronosticar qué va a ocurrir en los próximos diez años con el saldo neto de emigrantes, actualmente superior a una entrada neta de 500.000? Los escenarios posibles oscilan entre un mantenimiento elevado del saldo neto y una moderación por debajo de los 200.000. La diferencia en la evolución de las cotizaciones y en el gasto de las pensiones futuras es considerable según el escenario que se elija.

Otra variable fundamental es el crecimiento (o decrecimiento) de la actividad económica. De las hipótesis que se establezcan para la evolución del PIB y de la productividad durante los próximos años dependerán el nivel de empleo y paro y, por tanto, la evolución de los cotizantes y los ingresos de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el establecido hoy en España, que consiste en que las pensiones de cada momento se financian con las contribuciones corrientes de los que están trabajando, es fundamental acertar con las hipótesis adecuadas en la evolución de las variables relacionadas con la actividad. Si el último escenario del Gobierno respecto a la evolución del PIB en 2009 y 2010 (-1,6%, +1,2%) es como siempre más optimista que el escenario que estima el Banco de España (-3%, -1%), es razón suficiente para que sus previsiones sobre la sostenibilidad de las pensiones sean más favorables no sólo que las del Banco de España, sino también que los estudios realizados por otras muchas instituciones nacionales e internacionales cuyos escenarios de salida de la crisis son más pesimistas.

A falta de conocer el estudio y, por tanto, las hipótesis en las que se basa el Banco de España, institución cuyos estudios siempre han sido de gran valor empírico y que en ningún caso creo que sea superficial, hay uno elaborado y actualizado por el servicio de estudios del BBVA en el que se proyectan con seriedad todas las variables en tres escenarios posibles y que revela en sus conclusiones la falta de sostenibilidad del sistema a medio plazo y la necesidad de acometer con tiempo la reforma del mismo.

Como casi siempre, basta observar qué están haciendo nuestros socios europeos. Muchos de los países con sistemas de reparto ya han acometido reformas en diferentes direcciones y alternativas que deberíamos estudiar para España para incrementar los ingresos y/o reducir los gastos: el posible aumento de las cotizaciones (que choca con la necesidad de reducir las cargas de las empresas y la mayor carga en España que en otros países). El retraso de la edad de jubilación (65 años), que podría hacerse gradualmente en dos meses por año hasta los 67 años de edad (Alemania). Alargar el periodo de cómputo de años de cotización para alcanzar la pensión máxima (ya se pasó de 10 a 15 años, y en Francia se ha aumentado hasta 25). Actualización de las pensiones por debajo del IPC. Ninguna de estas medidas basta por sí sola para garantizar la sostenibilidad. Tendría que ser un planteamiento global en el que se incluyan todas las variables.

El consejo del Banco de España de que la comisión no permanente del Pacto de Toledo se reúna, revise y actualice los escenarios y con los nuevos parámetros se debata sobre posibles reformas parece razonable. En un momento de incertidumbre como este, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para cualquier planteamiento de reformas en el sistema de pensiones que asegure su sostenibilidad, sería un error aferrarse a posturas políticas de corto plazo y negar la evidencia de la necesidad de estudiar su reforma aportando credibilidad, reduciendo incertidumbres y mejorando la confianza de los ciudadanos.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.
El Pais

¿Quién pone el cascabel al gato?

La dualidad del mercado laboral entre despidos muy caros y muy baratos dispara el desempleo.

El gobierno sabe las reformas estructurales que es necesario adoptar. El problema está en como hacerlo sin perder las próximas elecciones generales". Así se lo comentó el presidente de un gran banco central europeo al gobernador del Banco de España, Miguel ÁngelFernández Ordóñez.

En realidad, todo el mundo, incluida la izquierda está de acuerdo en la necesidad de acabar con la dualidad del mercado laboral español. En él conviven despidos absolutamente caros para las empresas - 45 días para los que están fijos en plantilla-y los temporales - donde es despido es prácticamente gratis-. Esta es la razón por la que siguen conviviendo trabajadores, y por tanto, parados de primera y de tercera.

Ante esta situación, patronal, expertos laborales y economistas, mantienen un amplio consenso sobre la necesidad de afrontar urgentemente una reforma laboral que ponga las bases para acabar con esta dualidad. La solución sería fijar un solo contrato único indefinido para todos que sustituya la maraña actual y cuya indemnización fuera de 8 días por año trabajado, que se iría incrementando en la medida en que aumente la antigüedad en la empresa hasta un máximo de 36 días.

El problema es quién le pone el cascabel al gato. Para los sindicatos modificar el marco laboral actual sería "casus belli" y razón más que suficiente para montar al gobierno una huelga general en toda regla. Lógicamente el Ejecutivo no está dispuesto a enfrentarse con los sindicatos. Sin embargo, el hecho de que el número de desempleados pueda superar los 5 millones y la tasa de desempleo pueda llegar al 21% puede plantear un escenario en que los sindicatos se vean presionados por sus bases para buscar soluciones.

Actualmente en la legislación española coexisten 17 tipos de contratos. Los dos más comunes son el contrato indefinido o fijo y el temporal - que tienen el 30% de los asalariados-. En el primer caso cuando se produce un despido la indemnización puede ser de 45 días por año, con un máximo de 41 mensualidades, cuando es injustificado o improcedente, yde 20 días por año con un máximo de 18 mensualidades cuando la empresa puede justificar la causa por motivos económicos, tecnológicos o de organización.

La diferencia de la indemnización es tan fuerte que en la práctica siempre que se produce un despido improcedente se pleitea ante los tribunales. Los trabajadores argumentan que no hay motivo y los empresarios lo niegan. A las empresas les resulta tan complejo identificar las causas que prefieren pactar la indemnización. El resultado es un despido muy caro, según los empresarios y los expertos. Frente a estos se encuentran los trabajadores temporales que cuando vence su contrato no se renueva y basta. Son despidos completamente gratuitos y sin enfrentamientos.

Se trata de una protección excesiva para unos y una desprotección total para otros. Hay cerca de 5 millones de trabajadores temporales. El aumento del paro se ha producido (76%) con estos contratos. Este colectivo es el 24% de la población activa.

Esto explica que la economía cree un gran volumen de empleo en la etapa de bonanza, las empresas no tienen miedo a contratar porque saben que si la situación cambia simplemente no renuevan al vencimiento, como explica Juan José Dolado, Catedrático de la Universidad Carlos III.

La situación aún es más grave si se tiene en cuenta que España es uno de los pocos países del mundo en que los salarios no se pueden rebajar. Necesitan el consenso de las dos partes para realizar el ajuste a la baja. En la medida en que las empresas no pueden reducir sus costes cuando se produce la disminución de actividad, solo les queda la opción de eliminar empleos.

El sistema laboral español es fruto de la historia. Durante la dictadura del General Franco el Estado protegía a los trabajadores con una legislación muy paternalista para compensar la falta de sindicatos libres. Con la llegada de la democracia los sindicatos se legalizaron pero la esencia de la legislación se mantuvo. La consecuencia ha sido un fuerte proteccionismo, que según el gobernador del Banco de España, Miguel ÁngelFernández Ordóñez, es lo que se está volviendo contra los trabajadores.

Ante esta situación existe un clamor para lograr un marco laboral equiparable al resto de la UE, donde se combina flexibilidad para las empresas y seguridad a los trabajadores.

Mar Díaz-Varela
La Vanguardia

Qué hacer con la Seguridad Social

En la mañana, del pasado miércoles 15 de abril fui convocado por la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para que, en sesión pública, expusiera mi opinión sobre el actual sistema de pensiones y su posible reforma, cosa que hice mediante una intervención seguida de coloquio con los portavoces del PSOE y del PP. Insistí al principio de mi exposición en que mis opiniones eran las de un economista, profesor universitario de Hacienda Pública, y que no representaban más que las ideas de quien las formulaba, aunque coincidirían probablemente con las de otros muchos profesionales.

Vaya por delante, y así lo expuse ante la Comisión, que valoro muy alto los positivos efectos que ha tenido el Pacto de Toledo desde su formulación en 1996. Recordé que, a partir de 1997, la Seguridad Social, antes en déficit, había tenido superávits en sus cuentas, sin duda apoyada en la creciente prosperidad de la economía española, pero ayudada también por las medidas que se implementaron en cumplimiento de ese importante Pacto.Mi valoración global de la actual Seguridad Social es la de que resultará sostenible a largo plazo siempre que se introduzcan algunas importantes reformas en su financiación. Sin esas reformas, el sistema terminará planteando serios problemas de sostenibilidad e, incluso, aumentará notablemente las ineficiencias que genera en la economía española. Partiendo, pues, de tales criterios -valoración muy positiva del Pacto y necesidad de importantes cambios en el sistema de pensiones- concentré mi exposición en tres núcleos básicos de reforma. El primero, relativo a la actual financiación mediante cotizaciones sociales; el segundo, referente a la edad legal de jubilación y, el tercero, respecto al sistema complementario de pensiones.

En cuanto a la financiación, no cabe duda de que continúa siendo válido el principio adoptado en 1996 de que las pensiones en el régimen general deberían responder a un criterio contributivo y a un principio de relativa equivalencia entre cotizaciones y prestaciones, lo que justifica la existencia de un sistema independiente de aportaciones -las cotizaciones sociales- cuyas bases sirven, a su vez, para definir las prestaciones. Pero nuestras cotizaciones son relativamente más elevadas que las de los países más importantes de Europa ya que suponen el 35,1% de nuestros ingresos públicos frente al 30,9% del total de esos ingresos en la Europa de los 15. En 2008 fueron superiores en un 34% a nuestros impuestos sobre la renta y el patrimonio y en un 65% a la recaudación del IVA. Todo eso significa mayores costes relativos por este concepto de la mano de obra en España que en Europa y una mayor distorsión de origen fiscal sobre nuestras exportaciones, porque las cotizaciones no se devuelven a los exportadores mientras que sí se devuelve o se exenciona la fiscalidad indirecta.

Por otra parte, las cotizaciones sociales en España responden a un estilo impositivo muy rudimentario, pues se recaudan mediante bases tarifadas que en el régimen general se limitan de hecho a solo tres escalones referidos a categorías laborales o profesionales y no a niveles de ingreso. El tipo de gravamen sobre esas bases tarifadas es, además, muy alto para un impuesto de esta naturaleza -se sitúa en el entorno del 30%- por lo que genera esas importantes distorsiones en el empleo y en las exportaciones. Por eso creo que deberían reducirse tales tipos, pero al mismo tiempo también deberían cambiarse las bases de cotización ampliando su número y ajustándolas más a las categorías de ingresos y no a las laborales.Esas reformas deberían conducir, en todo caso, a un menor peso relativo de las cotizaciones sociales, pues sólo así se evitarían las ya citadas distorsiones. Pero también exigirían de un cierto apoyo estatal a la financiación del régimen general de pensiones para compensar esa reducción y aunque ese apoyo relajase algo el principio de equivalencia, que hoy tampoco se cumple rigurosamente al no corresponderse la pensión percibida con las cotizaciones abonadas a lo largo de toda la vida laboral. De ahí que ese apoyo estatal debiera relacionarse con la vida laboral no computada para la prestación y financiarse mediante ahorros en el gasto público corriente o, en último extremo, aumentando el IVA, impuesto en el que estamos en tipos de gravamen cuatro puntos por debajo de la media de la Europa de los 15.

La forma de computar el periodo de cotización para establecer la pensión también tendría que cambiarse. Lo ideal sería computar las cotizaciones satisfechas a lo largo de toda la vida laboral para cumplir con la equivalencia, pero como eso podría discriminar contra los que han estado en desempleo temporal o entran más tarde al mercado laboral por razones de formación, quizás el límite de cómputo debería tener en cuenta estas circunstancias y limitarse inicialmente a solo unos 20 o 25 años, frente a los 15 actuales.

En cuanto a la edad legal de jubilación, establecida hoy en los 65 años, su reforma debería tener en cuenta dos importantes circunstancias.La primera, el creciente aumento de la esperanza de vida que, si en 1975 era aproximadamente de 73 años, hoy se eleva ya casi a 82. Eso implica que la vida que hay que pensionar ha aumentado en unos 9 años desde entonces y aumentará aún más en el futuro, representando una carga muy considerable para el equilibrio de la Seguridad Social. La segunda, que los análisis demográficos del Instituto Nacional de Estadística señalan que mientras los activos potenciales -las personas situadas entre los 18 y los 65 años de edad- representarán en 2010 casi el 65% de la población frente a un 16% de potenciales pensionistas, disminuirán hasta menos del 54% en 2050 para un 30% de población pensionista. Eso viene a suponer casi un 11% menos de cotizantes frente a un 14% más de beneficiarios. Combinando esas dos circunstancias -vida pensionable y población potencialmente activa frente a pensionistas- resulta evidente que la salida para preservar a largo plazo el equilibrio del sistema tiene que ser la de aumentar gradualmente la edad legal de jubilación, quizás hasta los 70 años, lo que no parece incompatible con las condiciones actuales de salud y capacidad de la mayoría de la población española y menos lo parecerá respecto a las esperadas en un futuro próximo.

Por lo que se refiere al sistema complementario de la Seguridad Social -es decir, al sistema de planes de pensiones privados- hice constar que no puedo entender el por qué del fuerte e inmerecido ataque que recibió en la reforma Solbes-Zapatero del IRPF (2006).Vayan por delante dos importantes argumentos en defensa de este sistema. Primero, que hoy ya, y más aún en el futuro, el sistema público sólo puede soportar tasas de sustitución entre pensión y salario apreciablemente inferiores al 100%, por lo que debería seguir existiendo un sistema complementario para quienes deseasen disfrutar en su jubilación de ingresos más próximos a sus antiguos salarios. Segundo, que España necesita de un ahorro estable a largo plazo como el que se acumula en los planes privados de pensiones, ya sean de empresas o particulares, al menos para compensar en parte nuestras cuantiosas demandas de financiación exterior.

A esas dos importantes razones hay que añadir otra más: que el estímulo fiscal a los planes privados de pensiones se limita siempre a un mero diferimiento del impuesto y no a una exención completa del mismo. Por si fuera poco, la reforma del IRPF del 2006 agravó aún más la situación de los planes privados al considerar toda la prestación complementaria percibida como rendimiento del trabajo -sometidos a una escala de gravamen que empieza en el 24 y termina en el 43%- sin distinguir que una parte sustancial de esa prestación se debe a la acumulación de rendimientos de capital mobiliario (intereses, dividendos y ganancias patrimoniales), sometidos en tan progresista reforma impositiva al tipo del 18%.Cambiar ese injusto y desfavorable tratamiento fiscal de los planes privados de pensiones debería constituir también una parte sustancial de la reforma de nuestra Seguridad Social, que no perdería nada, sino que ganaría mucho, incentivando esos planes privados por lo que podrían significar respecto a la tasa de ahorro de nuestro país, especialmente los empresariales e, incluso, los del sector público para sus funcionarios.

Una última observación que hice ante la Comisión del Pacto de Toledo resulta bien comprensible a la vista del comportamiento actual de los mercados de valores. Es la de que no creo en la capitalización pura para los sistemas públicos de pensiones básicas, aunque algunos puedan comparar injustamente los sistemas de reparto como el de nuestra Seguridad Social con los esquemas piramidales de inversión con que periódicamente suelen ser estafados tantos ingenuos ciudadanos. Su diferencia, sin embargo, es bien clara.En los sistemas piramidales nadie responde del pago final y en el sistema público de Seguridad Social siempre existe la garantía final del Estado. Si la financiación del sistema público de pensiones se adapta razonablemente a las nuevas condiciones, esa garantía última que representa el Estado no necesitará ejercitarse en las próximas décadas. Y si la adaptación se hace de forma prudente y graduada, el esfuerzo que habrán de hacer quienes hoy integran la población activa resultará también perfectamente soportable.

Manuel Lagares, Catedrático de Hacienda Pública.

Ella no lo sabe...aún

Ella, la lideresa, la única presidenta de Comunidad Autónoma, no lo sabe porque anda entretenida, distraída, inmersa en batallas de Estado, en crispaciones políticas de todo tipo, en campañas para liberar Cuba de los Castro y entregársela en bandeja a los gusanos de Miami, intentando salir indemne del avispero de Caja Madrid, después de la desastrosa iniciativa de aprobar una ley sin el consenso necesario.

No sabe que mientras lucha con ahínco para ser alternativa a Zapatero, martillo de Gallardón, la moderna Thatcher de un mundo neocon y ultraconservador que se acaba, se agota y se derrumba a su alrededor, Madrid la necesita. Necesita tener gobierno que ordene y lidere la batalla regional contra la crisis.

Ello no lo sabe, pero Madrid ya no soporta más modelo Correa. El pelotazo inmobiliario, los beneficios altos y rápidos, la plácida vida del cortesano acostumbrado a vivir de los fondos públicos puestos al servicio del sector privado, se han acabado. Después de esta crisis todos seremos más pobres y mientras dure las familias trabajadoras merecemos más esfuerzo de los gobiernos para evitar altas cotas de empobrecimiento.

Ella aún no se ha enterado, pero ante la tormenta perfecta de esta crisis sólo hay una salida: unir a la sociedad, a toda la sociedad, frente a la crisis. Ya sabemos que es mujer acostumbrada a librar batallas, que se mueve bien, con ingenio y sagacidad, en el regate en corto. Que acostumbra a salir bien librada en la pelea callejera en la que se ha convertido el debate político. Ahora toca otra cosa. Toca unir, buscar consensos, sumar esfuerzos para que todos paguemos lo menos posible en esta crisis y especialmente los que menos tienen. Lo que toca es preparar a todos para asumir sacrificios proporcionados y equilibrados. Lo que toca es preparar una salida con bases sólidas en lo económico y en el empleo.

Ella ha demostrado que puede y sabe ganar fracturando y dividiendo. Le toca demostrar ahora que es capaz de recomponer fracturas para construir unidad. No es fácil porque mucha es la crispación y no pequeñas las fracturas. Demasiadas las rencillas acumuladas, dentro y fuera de su propio partido.

Ella no lo sabe aún, pero amante como es de la política estadounidense entenderá perfectamente que no puede ni debe desoír las prioridades esbozadas por Obama: sanidad, educación y soluciones para el problema energético. No hay mucho tiempo y cada minuto que perdemos es precioso.

Ella no lo sabe aún, pero Madrid necesita con urgencia un compromiso por la educación, otro por la sanidad pública y un plan de choque contra la crisis que salve empresa y familias golpeadas por el desempleo, que fortalezca nuestra economía, y la protección y la cohesión social que aseguran los servicios públicos.

Ella ha demostrado que es lista, ahora toca demostrar inteligencia y visión de futuro. Si así lo hace tendrá toda nuestra ayuda. Si no, se lo demandaremos y en eso somos tozudos y tenaces como nadie.

Ahora, ella, ya lo sabe.

Javier López

Que el Señor nos pille confesados...

La sentencia más clara de lo que cabe esperar de esta remodelación del Gobierno de Zapatero la hizo la Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar el Consejo de Ministros: "No se trata de un cambio de rumbo, sino de un cambio de ritmo". Pues que el Señor nos pille confesados...

Y es que no sé si es más desolador contemplar a los que llegan o tomar conciencia de los que se quedan. Parece bastante inútil repasar a estas alturas (en sólo unos días ya están bastante quemados) el currículum político de los que llegan; pero alguna cosa sí que quiero añadir a los comentarios que en esta semana  han merecido los meritorios del "Gobierno de pasión", como dice un amigo mío. Empezaré por la Vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado. Yo creo que su nombramiento es un regalo póstumo que el Presidente Rodríguez Zapatero le ha querido hacer a su Vicepresidente cesante, Pedro Solbes. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que haya nombrado a Elena Salgado-- que ya formaba parte del Gobierno y por tanto era partícipe de las políticas que se venían haciendo-- su sustituta.  Porque les aseguro que más bien pronto que tarde le vamos a echar mucho en falta. Sí, lo digo en serio; de Solbes se puede afirmar con toda razón que no ha estado a la altura; que no se ha sabido enfrentar a la situación de crisis económica y financiera y que, sobre todo, no se ha sabido enfrentar a los "caprichos" del Presidente, tales como los cuatrocientos euros o el cheque bebé. O el plan de obras municipales, que no deja de ser un auténtico dispendio en un país cuyo elemento diferencial con los de nuestro entorno es nuestra capacidad para destruir empleo; un plan de peonadas al más viejo estilo que no tiene otra pretensión que  frenar temporalmente el descontento social  (que le dejen la fiesta en paz) pero que mantiene la precariedad en el empleo y no aporta ningún tipo de solución de futuro.

Esta Vicepresidenta que ha sido la encargada de gestionar el dispendio de los ocho mil millones de euros, de repartir las dádivas, de colocar los carteles-anuncio del Gobierno, es la que se va a encargar de sacar a España de la crisis económica; esta Ministra que dejó no natas leyes como la de Gobierno y la Financiación Local o el Estatuto del Trabajador Público, será la encargada de ponerle otro ritmo a nuestra política económica; porque esta es la única novedad, según la propia María Teresa Fernández de la Vega: que van a hacer lo mismo pero más rápido. Pues qué duro nos lo ponen. Porque si haciéndolo "despacio", a ritmo de Solbes, hemos caído hasta el fondo de este pozo; si haciéndolo despacio duplicamos el desempleo de la UE; si haciéndolo despacio hemos entrado en recesión; si haciéndolo despacio hemos llegado a tener más de un millón de parados que ya no cobran ningún tipo de subsidio, ¿qué podemos esperar de todo un conjunto de Ministros moviéndose a toda velocidad en la dirección equivocada? (Recuerden ella lo dijo: "No se trata de cambiar el rumbo, sino el ritmo".

Para compensar la hiperactividad de la nueva Vicepresidenta llega el nuevo Vicepresidente, Manuel Chaves. Este es más bien modelo Solbes, pero sin su prestigio intelectual, ausencia que compensa con ser el mandamás del aparato del partido socialista. Chaves llega cansado; y se le nota. Son muchos años de Presidente en una Comunidad a la que no quería ir; recuerden que le mandó González-- a la fuerza--, para quitarle del Ministerio de Trabajo que había ocupado en su Gabinete. Y que como Presidente andaluz ha conseguido instaurar todo un régimen, con más del veinte por ciento de parados que le siguen votando, errre que erre. Chaves llega --acompañado de Zarrías, toda una imagen del cambio que representa Zapatero--  para "recomponer las relaciones con las Autonomías". Otra vez es momento de pedir que el señor nos pille confesados. Porque si hasta ahora era evidente que Zapatero se había conformado con que el Gobierno fuera un mero coordinador de las Comunidades Autónomas --por mucho que se irrite cada vez que se lo recuerdo en el Congreso de los Diputados-- ahora ha decidido nombrar un Vicepresidente para institucionalizarlo.

Hay otros cambios en los que, por desconcertantes --como la presidenta de los del cine, devenida en Ministra--, o por esperados --José Blanco o Trinidad Jiménez--, o por "compensatorios"-- Ángel Gabilondo, alias la cuatro/la sexta-- casi no merece la pena pararnos. Lo que importa es la fotografía al completo: el qué y el para qué de este cambio de gobierno. El qué es la improvisación y la huída hacia adelante; más lo primero que lo segundo, que le ha salido por precipitado, por frívolo y por esa sensación de impunidad y baraka personal que de la que se siente imbuido nuestro Presidente. El para qué, o sea, por qué con estos mimbres esta crisis, es más sencillo aún: se trata de llevar al Gobierno al aparato del PSOE para que si las cosas se ponen feas --más aún-- caigan todos juntos. Política de tierra quemada, se le llama a eso; y es lo que es. El Presidente es consciente de que esta situación puede acabar fatal; y se blinda con "los suyos".  Que en el Gobierno esté todos, los de ahora y los de antes; los de la nueva vía y lo de la vieja guardia. Si no hay recambio, nadie chistará en el Comité Federal. es pues una crisis hacia dentro, pensando en su partido y no en los ciudadanos; pensando en sus aparatos regionales, y no en sus bases; una crisis en la que lo que le ha importado es asegurarse que no haya nadie fuera capaz de ser el relevo.

Se ha dicho que es un Gobierno en el que sólo falta Felipe González; pero no es cierto: Felipe está representado directamente por Manuel Chaves. El único que verdaderamente falta es Alfonso Guerra. Pero quizá lo haya dejado para la siguiente crisis...

Rosa Díez