El beneficio de las aseguradoras aumenta un 5% en el primer trimestre

El resultado de la cuenta no técnica fue del 7,36% de las primas imputadas, en comparación al 6,74% de un año antes.

Las aseguradoras concluyeron el primer trimestre del año con un resultado de la cuenta no técnica del 7,36% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 6,74% del mismo periodo de 2009, según las estadísticas de ICEA. Con un volumen de primas imputadas de 13.328 millones en los tres primeros meses del ejercicio, el resultado de la cuenta no técnica se traduce, en términos absolutos, en un beneficio neto del sector de 983,61 millones, un 5,3% más que en marzo de 2009.

Las estadísticas de la asociación muestran también que la cuenta técnica del sector se situó a finales de marzo en el 8,63% de las primas de negocio retenido, por el 7,38% del primer trimestre de 2009, con aumentos de siniestralidad (+0,75 puntos, hasta el 75% de las primas imputadas de negocio retenido) y del resultado de las inversiones (sube 2,11 puntos, hasta el 6,55%) y reducción de los gastos de explotación (queda en el 20,16%, 0,32 puntos menos).

En Vida, la cuenta técnica queda en el 0,34% de las provisiones del ramo (0,31% anterior), mientras que en No Vida supera el 10,5%, cuando un año antes estaba en el 9,11% de las primas.

Cabe reseñar que el resultado de No Vida se beneficia de una mejoría en la siniestralidad, que baja casi dos puntos, para situarse en el 74,91% de las primas de negocio retenido y aceptado. No obstante, en Autos dicho ratio ha subido en tres puntos, para quedar al cierre del primer trimestre en el 79%. Asimismo, se observa una reducción de la cuenta técnica en Salud, que baja hasta el 3,29% de las primas (6,19% un año antes).

Iseguros.es

Sube el IVA, mazazo a familias y empresas

Desde ayer, el tipo general del IVA sube dos puntos, del 16% al 18%, y el reducido pasa del 7% al 8%. Se trata de una iniciativa del Gobierno para tratar de recuperar fuelle recaudatorio y paliar el colosal desequilibrio de las cuentas públicas, pero existe un riesgo cierto de que el tiro salga por la culata.

Para empezar, la medida no será inocua para los consumidores. Aunque muchas empresas y comercios han explicitado su determinación a no repercutir la subida en el consumidor, lo cierto es que subirá la factura de muchos productos y suministros de servicios, como puede ser la luz o la telefonía.

Las asociaciones de consumidores estiman que las familias tendrán que soportar un sobrecoste de hasta 300 euros, y en particular los efectos más perjudiciales se producirán entre las clases menos favorecidas, pues son las que dedican mayor porcentaje de su renta disponible al consumo en comparación con las rentas más altas.

La subida del IVA ha podido tener ya un efecto anticipador de compras de bienes no perecederos, como es el caso de la venta de automóviles, que en mayo registraron un crecimiento anual del 40%, o incluso de viviendas. Pero es previsible que esta subida, que se produce cuando la recuperación aún es muy frágil, penalice la actividad en un momento en el que, como ayer alertaba el Banco de España, los indicadores de consumo familiar están mostrando un comportamiento más débil.

A ello habría que sumar el previsible aumento del fraude y la economía sumergida, pues el tradicional “cómo lo quiere, con IVA o sin IVA” seguirá en extendiéndose como una práctica rutinaria en la prestación de muchos servicios. No es la primera vez que una decisión de este tipo lejos de aumentar la recaudación la contrae, como ya ocurrió en 1992 cuando el entonces Gobierno de González aumento el impuesto desde el 13% al 15%.

El aumento de la imposición directa no tendría por qué ser nocivo para la actividad si fuera acompañada de otros incentivos a las empresas, como la rebaja de cotizaciones, lo que tendría un efecto dinamizador en la creación de empleo.

Pero la decisión se ha tomado a la desesperada, como un clavo ardiendo al que agarrarse para ver si crecen los ingresos de forma inmediata más que como una estrategia económica. Por eso es inevitable que los ciudadanos lo perciban como el precio que se carga sobre sus espaldas para subsanar los errores en la gestión económica y el derroche de recursos en medidas infructuosas como los dos planes E de obras superfluas en los ayuntamientos.

Más le valdría al Gobierno sacudirse la galbana y aspirar a mejorar la recaudación a través de reformas ambiciosas que espoleen un crecimiento vigoroso y sostenible en lugar de brear a impuestos a las empresas y a las familias persiguiendo un cortoplacista aumento de la recaudación.

Expansion

Hoy entra en vigor la reforma laboral, tras su publicación en el BOE

El Real Decreto-Ley de reforma del mercado laboral, que introduce medidas para facilitar los despidos económicos y generaliza los contratos indefinidos de despido más barato (33 días por año trabajado), entrará en vigor mañana tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la exposición de motivos del decreto, el Gobierno especifica que deben tener "efectividad inmediata" las medidas contenidas en la norma referidas a grupos concretos de trabajadores o que contienen incentivos para la contratación o el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El Ejecutivo argumenta para ello que la tramitación parlamentaria de una norma con rango de ley provocaría "graves distorsiones" del mercado laboral durante el tiempo que durara dicho trámite.

Asimismo, entiende que la situación actual del empleo "tampoco permite aplazar" la adopción de aquellas medidas dirigidas a animar a los empresarios a contratar nuevos trabajadores, a dinamizar el mercado laboral a través del fomento de una intermediación laboral más intensa y a fortalecer mecanismos de flexibilidad interna alternativos a la destrucción de puestos de trabajo.

Sobre el contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año de servicio, el Gobierno justifica los cambios operados en él en que no ha funcionado como debía en los últimos años al no haber podido promover el acceso a un empleo estable a colectivos con dificultades.

Tanto en estos contratos como en los indefinidos ordinarios, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumirá ocho días de la indemnización, aunque el Gobierno precisa que sólo podrá aplicarse esta medida en los despidos económicos, sean individuales o colectivos, quedando excluidos los despidos de carácter disciplinario.

El Ejecutivo también deja claro que esta medida no será financiada por el Estado, pues será el Fogasa, que se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales, la que sufragará esos ocho días de indemnización.

Esta iniciativa sólo funcionará hasta que esté listo el fondo de capitalización individual, para cuya regulación se aprobará un proyecto de ley en el plazo de un año. En todo caso, el Gobierno señala que este fondo deberá estar operativo a partir del 1 de enero de 2012.

CAUSAS ECONÓMICAS EN LOS DESPIDOS.

En cuanto a la nueva redacción dada a las causas del despido por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, el Gobierno indica que la experiencia ha puesto de manifiesto, "especialmente en los últimos dos años", que el funcionamiento de las vías de extinción en los despidos colectivos y los despidos por causas objetivas han presentado "algunas deficiencias", al "desplazar muchas extinciones de contratos indefinidos realmente basadas en motivaciones económicas o productivas hacia la vía del despido disciplinario improcedente".

En la práctica, esto se ha traducido en que indemnizaciones por despido que realmente debían ser de 20 días por año trabajado, según lo establecido para los despidos objetivos económicos, han acabado en indemnizaciones de 45 días por año por decisión de la autoridad judicial.

Esto se pretende evitar introduciendo una mayor claridad en la definición de las causas. En el documento conocido la semana pasada, se decía que concurrían causas económicas cuando los resultados de explotación de las empresas arrojaran pérdidas económicas, "no meramente coyunturales". A esos efectos, la empresa tendría que acreditar "objetiva y documentalmente" los resultados de explotación alegados y justificar que de los mismos se deduce "mínimamente" la razonabilidad de la decisión extintiva.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, puso entonces como ejemplo que existiera un mínimo de seis meses de pérdidas para fundamentar las causas económicas de la extinción del contrato, pero dejaba esta consideración abierta a la negociación parlamentaria.

Finalmente, el decreto aprobado ayer no habla de plazos y se limita a señalar que concurrirán causas económicas "cuando de los resultados de una empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos la empresa tendrá que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva". Es decir, que la empresa tendrá que demostrarlo ante el juez, ya que la tutela judicial no se toca para nada y queda totalmente garantizada.

EP

Concluye sin acuerdo la negociación para la reforma laboral

La reforma laboral saldrá adelante sin acuerdo. Tras casi 11 horas de intensa reunión, el Gobierno, la patronal y los sindicatos han concluido al filo de las seis de la mañana las negociaciones para pactar los cambios en el mercado de trabajo. Pese a que la duración del encuentro hacía presagiar que el acuerdo estaba más próximo que hace unos días, las diferencias en los planteamientos, especialmente en lo referente al despido, han frustrado las expectativas. Fuentes del Ministerio de Trabajo han constatado que "no ha habido margen para el acuerdo" entre las tres partes, informa EFE.

Con el esfuerzo último de ayer, en el que los responsables de patronal y sindicatos recibieron dos documentos con las propuestas principales del Ejecutivo, las partes dan por concluida la negociación de reforma laboral. El Gobierno citará, eso sí, por separado a patronal y sindicatos para establecer una ronda de consultas -no negociación- sobre el decreto que lleva semanas preparando ante la evidencia de que el acuerdo resultaba complejo. Será el próximo viernes, aseguran fuentes de la negociación, después de que los agentes sociales reciban el documento final que el Ejecutivo pretende aprobar en el Consejo de Ministros del próximo día 16. Con el texto en la mano, sindicatos y patronal expresarán su opinión a los representantes del Ministerio de Trabajo.

El encuentro comenzó a las 19.30. A las 2.30 de la madrugada aún le quedaban "horas", según aventuraban fuentes de la negociación. A las 3.30 la reunión continuaba. Un poco antes, asesores jurídicos de los sindicatos UGT y CC OO y de la patronal llegaban al Ministerio de Trabajo para incorporarse a la reunión. Finalmente, concluyó poco antes de las seis de la madrugada.

La paradoja reside en que ninguna de las partes admite que lo dilatado de la sesión haya sido sintomático de un acercamiento de posturas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y el el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano, han presidido la reunión en la sede de Trabajo. Por la parte sindical han acudido los secretarios generales de UGT (Cándido Méndez) y CC OO (Ignacio Fernández Toxo) y por CEOE, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. Un encuentro fijado como la última oportunidad, aunque el propio Corbacho abrió la puerta a seguir negociando hasta este domingo.

CEOE será la primera en valorar esta mañana el resultado de las negociaciones. La organización ha convocado a sus órganos de gobierno para evaluar el documento de seis puntos presentado anoche por el Gobierno. Los sindicatos tienen previstas reuniones de responsables, aunque los órganos de gobierno no se verán hasta la semana próxima, lo que puede demorar el intento de acuerdo prácticamente hasta la fecha en que el Gobierno aprobará su decreto, el 16 de junio.

El coste del despido, la novedad

El Gobierno lanzó anoche su última propuesta para pactar la reforma laboral con empresarios y sindicatos. La principal novedad del esquema de seis puntos presentado por Corbacho radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores. La solución es que el Estado financie, a través del Fondo de Garantía Salarial, una parte de las indemnizaciones por despido (ocho días en todos los casos). El único requisito es que los despidos sean por razones económicas, no disciplinarias, y se podrá aplicar tanto a los casos procedentes como a los improcedentes.

Con esta fórmula, el fondo, engrosado con aportaciones empresariales, abonará una parte fija de cualquier despido (de 20 días, de 33 o de 45). Hasta ahora el Fondo de Garantía Salarial solo costeaba los despidos objetivos de empresas con menos de 25 trabajadores. De prosperar la medida, aumentaría mucho el radio de acción de este instrumento.

Además de la subvención del despido, el otro elemento fundamental del documento consiste en allanar el camino a las empresas para que puedan acogerse al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado frente a los 45 del improcedente. Esa sería la vía más eficaz ?y más demandada por los empresarios? para aligerarles el coste del despido. Porque la legislación actual ya permite acogerse a los 20 días por año cuando la empresa reduce plantilla por motivos económicos, pero los procesos judiciales suelen ser tan largos e inciertos que los empresarios prefieren pagar un despido improcedente a cambio de olvidarse del trámite. Aun en estos años de crisis, el 80% de los despidos se han resuelto como improcedentes, lo que constituye una anomalía.

Si salen adelante las novedades previstas por el Ministerio de Trabajo, el juez tendría menor margen de maniobra para decidir si una empresa tenía razones para despedir. Se trataría de ofrecer unos parámetros objetivos (pérdidas de la empresa, por ejemplo) que el juez se limitase a aplicar, sin entrar a valorar la oportunidad de la extinción del contrato.

Otra vía para abaratar el coste del despido consistirá en generalizar como contrato indefinido el de 33 días de indemnización (frente a los 45 ordinarios). La contrapartida a esa propuesta, demandada por los empresarios, radica en el freno a la contratación temporal. Se aumentará hasta 12 días por año trabajado la indemnización por finalización de contrato temporal (ahora son ocho) y se acotará a un máximo de dos años la duración del contrato por obra y servicio, un auténtico coladero de eventualidad injustificada que ahora no tiene límite temporal.

El modelo alemán de reducción de jornada es uno de los puntos del esquema del Gobierno que más unanimidad suscitan. Consiste en fomentar que las empresas reduzcan la jornada de sus trabajadores en tiempos de crisis en lugar de despedirlos. Los empleados cobrarían el paro en la parte de la jornada que dejan de realizar. También recibe un respaldo prácticamente unánime la elaboración de un plan de empleo para jóvenes que concentre la mayor parte de las bonificaciones al empleo en este colectivo y amplíe el uso del contrato de formación, ahora residual.

Menos posibilidades de acuerdo se vislumbran en el sexto punto del documento: la entrada de agencias privadas de colocación en el ámbito de los servicios públicos de empleo para fomentar la intermediación laboral. Los sindicatos se oponen a que entidades con ánimo de lucro puedan hacer labor de intermediación con el beneplácito del Estado.

El Pais

El resultado de MMT Seguros se elevó a 3,41 millones en 2009

La mutua MMT Seguros celebró el pasado sábado su Asamblea General de Mutualistas, en la que su presidente, Román Rodríguez, llamó la atención sobre el resultado positivo de la entidad de 3,41 millones de euros en 2009, de los que 2,58 millones se destinarán a reservas patrimoniales de la entidad, por lo que su patrimonio neto se elevará hasta 76,95 millones de euros.

La mutua resalta en nota de prensa que el resultado “se ha posibilitado fundamentalmente al haber alcanzado los objetivos marcados en materia de siniestralidad -mejorando la frecuencia y los costes- y, a pesar de la crisis financiera, a la importante aportación de los ingresos financieros -de 4,97 millones de euros-, el 7,5% de las primas”.

Además, el margen de solvencia registró un superávit de 57,40 millones de euros, lo que equivale al 515,6% del mínimo exigible y el de la cobertura de provisiones técnicas, cuyo superávit fue de 44,92 millones de euros. En 2009 los ingresos por primas se elevaron a 66,40 millones de euros, el 6,4% menos que en 2008, “debido fundamentalmente a la caída de venta de automóviles, un 18%, también por la caída de las contrataciones a todo riesgo y de la prima media y fundamentalmente por la fuerte competencia en los precios”, explica. MMT Seguros se mantiene en la quinta posición del ranking de mutuas en el ramo del Automóvil.

Román Rodríguez destacó un año más la congelación de las tarifas a los mutualistas, salvo la segmentación objetiva de determinados riesgos, por lo que las primas se ven mejoradas en función de la buena siniestralidad.

Objetivos para 2010

En cuanto a los objetivos para 2010, reiteró que pasan por obtener resultados positivos y elevar el grado de solvencia. Las apuestas de la entidad pasan por la fidelización del mutualista, la captación del nuevo negocio a través de los nuevos canales de venta telefónica e Internet, y las nuevas tecnologías, expuso el presidente de la mutua, quien aludió a la necesidad de reorganizar y reforzar también el canal tradicional de ventas. Destacó que en la política de inversiones financieras primará más la calidad que la rentabilidad y adelantó la creación, diseño y comercialización de nuevos productos en todos los canales (motos, complemento autos, retirada de carné), que se lanzarán en los próximos días.

Por último, Rodríguez hizo mención a los datos correspondientes al primer trimestre de 2010 que se encaminan al cumplimiento de los objetivos marcados: crecimiento del 6,1% en primas y del 3,9% en pólizas en vigor al 31 de marzo y disminución de la siniestralidad. Los resultados también se incrementan, mejorando el margen de solvencia en 1,10 puntos.

Iseguros.es

Así No

El jueves pasado se produjo en el Congreso de los Diputados un debate un tanto tramposo: quien no apoye las medidas que nos propone el Gobierno será el responsable de que se hunda España.

Esta trampa está basada en dos mentiras difundidas por el Gobierno, el PSOE y la práctica totalidad de los medios de comunicación: hay que reducir el déficit, por muy doloroso que sea, y hay que hacerlo de esta manera. Además (esta es otra derivada) lo que vamos a hacer en España es lo mismo que han hecho el resto de los Gobiernos de Europa.

Pues ni lo uno ni lo otro se corresponde con la realidad. Sin abundar demasiado, si merece la pena repasar por qué hemos llegado a esta situación. Sólo con que el Gobierno hubiera renunciado a instaurar medidas populistas tales como la deducción de los 400 euros (6.000 millones), los cheques bebé (1.090 millones) la rebaja en el impuesto de Sociedades (8.972 millones o la supresión del Impuesto de Patrimonio (2.300 mi8llones), nos hubiéramos ahorrado más de los 15.000 millones que estamos obligados a reducir y podríamos dedicar todos nuestros esfuerzos a impulsar e implementar medidas para generar riqueza y crear empleo. O sea, para ingresar más recursos, disminuir la tasa de parados y destinar los fondos a actividades productivas.

Es importante que recordemos eso antes de analizar las propuestas alternativas a las medidas que nos propone el Gobierno. Es importante recordar que estamos en esta situación por la mala cabeza de nuestros gobernantes. Porque quien nos ha metido en el agujero en un ejercicio de irresponsabilidad difícilmente ha de merecer nuestra confianza para sacarnos de él.

Vayamos ahora a las dos falsas premisas: sólo puede hacerse esto y es así como lo hacen en Europa.

En primer lugar no hay por que apoyar unas medidas antisociales regresivas e injustas. El hecho de que sean, además, dolorosas, como le gusta decir al Presidente Zapatero (a partir de ahora, El Ausente), no las convierte en necesarias. Hay que reducir el déficit, sí; pero se puede hacer de otra manera. Por ejemplo obligando a las CCAA a utilizar, para la gestión de sus competencias, las mejores practicas de las tres mejores. Solamente con eso, sin eliminar competencias ni privar a los ciudadanos de ninguno de los servicios que les prestan, se ahorrarían 26.108 millones de euros al año; mucho más que lo que estamos obligados a reducir de nuestro déficit en dos ejercicios.

Un detalle: este decreto, en relación con la situación de los empleados públicos, va a ser fuente de discriminación. Ya ha empezado a producirse los primeros ejemplos: Patxi López, el lehendakari socialista, ya ha anunciado que los funcionarios vascos tendrán una disminución media del 2%. O sea que, con el dinero de todos los españoles vía Cupo, podrán permitirse aumentar la diferencia salarial con los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado. Y seguro que no es el único ejemplo de ruptura del principio general de igualdad; y, desgraciadamente, no espero que el Gobierno no utiliza los recursos constitucionales que están en su mano para evitar esa nueva tropelía. Conclusión: los que asumirán la parte más dura del recorte serán los que ya están en peores condiciones comparativas: los guardias civiles, los policías nacionales, el personal sanitario o docente que depende de las Administración General del estado, los militares… Los de siempre, los que ya están peor pagados.

En segundo lugar, no es cierto que en Europa se estén haciendo las cosas de la misma manera. Este es el único Gobierno de un país europeo que no tiene mayoría parlamentaria ni pactos de gobierno. Alemania, Francia o Reino Unido tienen sólidos pactos de Gobierno; y Portugal, que no lo tiene, pactó con las fuerzas de la oposición antes de llevar la propuesta al Parlamento. Sólo este Presidente, tan soberbio como Ausente, es capaz de pedir a los ciudadanos adhesiones inquebrantable. Y sólo en España hay una clase mediática incapaz de analizar con sencillez todas estas cuestiones que les estoy relatando. Sólo en este país, con tan poca historia democrática, con tan poco cuajo, se puede escuchar debates mediáticos como los que llevo oyendo estos días: es a la oposición a la que le corresponde aprobar las medidas del Gobierno y no el Gobierno el que tiene la obligación de buscar acuerdos y obtener mayorías escuchando e incorporando las propuestas de los demás.

Pero por mucho dramatismo que se le quisiera dar al debate del jueves, este ha pasado y todo sigue igual. No hay más confianza en España porque no la puede haber mientras exista al frente del Gobierno alguien que ni ve, ni oye ni entiende. ¿Quién prestaría dinero o invertiría en un país en el que el Gobierno alega que no puede intervenir sobre el cincuenta y cinco por ciento del gasto público? ¿Quién prestaría dinero o compraría deuda a un país que tiene una parte importantísima de su sistema financiero a punto de ser intervenido por el Banco de España?

De otra parte, y es lo más grave, todo el mundo sabe que el hecho diferencial de España, aparte de lo que acabo de reseñar, es que aquí la crisis es política, está en las instituciones. Lo que ha quebrado en España es la política; llevamos tantos años (seis, para ser más exactos) afirmando desde el Gobierno de la Nación y desde el partido que lo soporta lo importante que es la diferencia que ya no hay nadie que defienda lo común. Cuando en Alemania hay problemas, hay alemanes dispuestos a defender a su país, que es tanto como defender el futuro de las nuevas generaciones. Pero en España, con tanto discurso particularista, con tanto empeño en dividirnos (no sólo ideológicamente sino también territorialmente) este PSOE y este Gobierno presidido por el Ausente han conseguido que no haya españoles; aquí hay vascos, andaluces, catalanes, castellano manchegos, valencianos, aragoneses…; pero faltan españoles. Faltan voces que defiendan lo común, lo que es de todos, la idea de España, la ciudadanía, la igualdad.

No sé cuando nos vamos a dar cuenta de que estamos ante una emergencia nacional. En todo caso sólo si nos dan la oportunidad de decidir quien y como nos gobiernan podremos asumir la responsabilidad de dar la vuelta a esta situación. Por eso sigo exigiendo al Ausente que deje de seguir las instrucciones que sólo entiende poniéndose el pinganillo y nos deje a los españoles decidir nuestro futuro.

Del blog de Rosa Díez

El Gobierno debilita el Estado de Bienestar

Después de la quiebra del sistema financiero estadounidense provocado por la emisión fraudulenta de los bancos de inversión de activos financieros por valor de billones de dólares, y la posterior extensión al consumo y la producción mundial, todos los analistas coincidieron en que tan sólo la decidida y masiva intervención del sector público evitó el riesgo sistémico y el colapso de la intermediación financiera. Una intervención que, sin embargo, no evitó una rápida y abrupta recesión económica en la mayor parte del mundo.

Fueron tiempos de políticas públicas y manual keynesiano. De dignos amagos sobre la supremacía de la democracia y de la política. Pero fue un espejismo. Aquellos que reclamaron un paréntesisal capitalismo y que esperaron agazapados hasta que escampara; los que provocaron el desastre y vivieron aparentementebajo el signo del descrédito social; los ideólogos del capitalismo de casino, que parecen no tener rostro; todos ellos han emergido de nuevo y han puesto a los gobiernos a sus pies, recetando mercado y agitando convulsiones monetarias.

El Gobierno español ha sido uno de ellos. Incapaz de prever la dimensión de la crisis, fue aceptando su gravedad a medida que improvisaba un paquete tras otro de medidas de corto alcance y escasa o nula coordinación. Sumó a su insolvencia una acusada ausencia de liderazgo que, en tiempos de recesión, se nos antojaba imprescindible para convocar a las fuerzas políticas y sociales y explorar la posibilidad de un Pacto de Estado. En su lugar se fueron sucediendo acuerdos de baja intensidad y alta disputa mediática, siempre activados por un Partido Popular cegado por el horizonte electoral.

No faltó en este festival de despropósitos, la Unión Europea, más atenta a los vaivenes de los mercados, que a la necesidad de preservar la Unión Política y Monetaria. De la primera, mejor no hablar; y de la segunda, sólo cabe hablar de decepción y fracaso. Una decepción que deriva en irresponsabilidad cuando se trata de hacer frente a situaciones de grave crisis económica y financiera como la de Grecia, a la que se atendió tarde y mal, sometiéndola a la dictadura de los mercados financieros.

Y entonces, llegó el plan de ajuste. El presidente del Gobierno lo anunció en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo, y el Consejo de Ministros lo aprobó el 20 de mayo. Un plan para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros hasta 2011, a rebufo de los mercados, de la UE y de los dictados del FMI. Un nuevo paquete de medidas, pero esta vez, con un objetivo claro y unas víctimas definidas. El objetivo: reducir el déficit público, recortando drásticamente el gasto social; las víctimas: pensionistas, empleados públicos y personas dependientes. En unos días, el Gobierno cambió el rumbo e interpretó de la forma más ortodoxa las recetas del liberalismo económico: menos estado de bienestar y más confianza en los mercados, es decir, más sacrificio para los de siempre.

Este no es el camino

CCOO no tardó en responder. Las medidas contempladas en el plan nos parecen injustas(afecta a alguno de los sectores más débiles de la sociedad), desequilibradas(se opta por reducir el gasto abandonando cualquier iniciativa para aumentar los ingresos), antieconómicas(reducen la capacidad de compra de pensionistas y empleados públicos lo que provocará un descenso del consumo y un freno a la reactivación),quiebran la legitimidad del diálogo social (el consenso parlamentario y social derivado del Pacto de Toledo y de los acuerdos con los empleados públicos saltan por los aires), y contaminan la negociación colectiva en el sector privado (en numerosos convenios los empresarios han roto compromisos salariales anteriores).

En coherencia con el análisis que nos merece el plan de ajuste, los sindicatos acordamos una huelga general en las Administraciones Públicas para el 8 de junio, y advertimos al Gobierno que de seguir por el camino del recorte del gasto social, vulnerando derechos sociales y laborales, quedan abiertos todos los escenarios de movilización social, incluida la huelga general. Concretaría más: si además del plan de ajuste y en ausencia de acuerdo en la mesa de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno legisla por decreto contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general, según acordó nuestro Consejo Confederal reunido el pasado 27 de mayo. No podemos tolerar que la destrucción de empleo que se acerca ya a los 4,7 millones de parados y el ataque al estado de bienestar, cuyo origen hay que buscarlo en las políticas especulativas y la crisis del sistema financiero, se agiten como la “única posibilidad de superar la grave crisis por la que atraviesa la economía española”.

Hemos repetido hasta la saciedad que hay otra forma de hacer las cosas. Se puede y se debe reformar el sistema financiero, para que fluya el crédito a familias y empresas; hay que recuperar figuras tributarias alegremente eliminadas (impuesto de patrimonio, de sucesiones, modificar impuesto de sociedades…); hay que abordar de una vez por todas el debate para una nueva fiscalidad, más ambiciosa y equitativa; se tiene que precisar un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que permita cuantificar anualmente los ingresos obtenidos. En definitiva, el plan de ajuste no es la única salida. O somos capaces de compartir sacrificios para superar la delicada situación económica, y trabajamos por un acuerdo de todos, en el que el Gobierno se implique con decisión y firmeza, o entraremos en tiempos de creciente y sostenida movilización general contra las medidas injustas y antieconómicas que ha aprobado el Gobierno.

Ignacio Fernández Toxo

Secretario general de CCOO

Epidemia de hemiplejía moral

Desde la publicación de "La Rebelión de las masas" de José Ortega y Gasset e incluso antes, filósofos y pensadores del mundo contemporáneo vislumbraron y se atrevieron a plasmar en sus textos la inutilidad de quien se hace llamar de izquierda o de derecha. Aquel ser humano que paraliza casi que inmediata y -en algunos fatales casos- perpetuamente un lado de su carácter moral.

El término de la "hemiplejía moral" es introducido por Ortega y Gasset para mostrar, gráficamente, cómo los seres humanos que se encasillan en una o en otra corriente del pensamiento (llamadas por algunos como "ideologías") rehusan a usar su otro lado, decidiendo paralizarlo, inutilizarlo y hasta mofarse de él.

En las ultimad décadas la "violencia" bipartidista tomó nuestras casas y nuestras ciudades no hemos podido vencer dicha enfermedad representada en ese radicalismo y casi fanatismo; no hemos encontrado la cura masiva para la epidemia y no hemos podido repartir una dosis razonable a todos y cada uno de los pacientes... Ineptitud que ha desencadenado la violencia verbal y cultural en nuestra sociedad.

Hoy, pareciera que la enfermedad que paraliza un (en algunos extraños casos: dos) lado moral de cada persona, ha brotado y se ha reproducido alarmantemente en la mayoría de los ciudadanos por dos principales motivos. El primero de ellos; la falta de vacunas y curas (actualmente escasas y casi que inaplicables,reconocidas como "tolerancia") y el segundo y no menos trascendental; los medios de comunicación. Por un lado la falta de vacunas, la ineptitud de buena parte de nuestros políticos (para difundirla y otorgarla) y de nosotros mismos (para recibirla o auto-aplicárnosla), evita que la enfermedad se cure y se supere. Por otro lado, el segundo motivo ya no es el que evita que se cure, sino el que la transmite. En los últimos años se ha constituido en el medio de transmisión por excelencia de ésta enfermedad. Los medios de comunicación (las redes sociales, los periódicos, tv y demás) el 99% de la población se contagia y contagia a los demás, multiplicando peligrosamente los efectos de la misma.

Los síntomas principales de ésta enfermedad son la violencia (verbal, física y psicológica), la demonización del lado opuesto, la estigmatización, y hasta la indiferencia, llegando a increíbles pero comprobados casos de completa anulación y deshumanización del otro. Se puede reconocer fácilmente a un hemipléjico de Derecha por sus constantes denominaciones peyorativas al que piensa diferente tales como "rojo", "sociata", "bolchevique" y otras cuantas. De igual manera, un hemipléjico de Izquierda puede ser reconocido por sus constantes acusaciones al otro de "facha", "tirano", "totalitario" y demás.

Si ud ve o nota estos síntomas en personas cercanas a ud, o incluso en ud mismo, ¡Por favor: No se alarme! Cálmese y cuente hasta diez; de ser necesario, verifique que ambas partes de su ser moral están siendo utilizadas y que no están paralizadas, ubíquese en escenarios diametralmente opuestos en los que sea menester usar cada uno de los lados - léanse el izquierdo, el derecho - e inclusive en alguno que tenga que usarlos todos. Compruebe que su facultad visual y cognitiva está intacta (para esto mire con el ojo izquierdo, mientras tapa el derecho y viceversa) e imagínese a ud. mismo rodeado de zurdos o de diestros; morales.

Una vez haya realizado estos simples y claros pasos, ud se habrá auto-formulado y auto-aplicado la vacuna de la "Tolerancia", evitando esta enfermedad, que hoy en día ha pasado a ser una epidemia.

Si ud tiene simplemente "inicios" (aún sin síntomas marcados) de una u otra clase de hemiplejía, no se afane: ¡Todos la tenemos! Lo importante es controlar los síntomas, no dejar que estos aparezcan y aplicarse la vacuna de la "tolerancia" en el preciso instante en que estos se asoman.

Nota: Tenga presente que la vacuna, es posible que tenga que ser aplicada constantemente; así que no desfallezca en el primer intento.

Por Julián Niño Mejía para Comunidades.Semana.com

Un recorte antisocial que podría haberse evitado

Hoy jueves se discutirá en el Congreso el Real Decreto en el que se plasman las medidas de recorte del gasto, apresurada y forzadamente adoptadas por el gobierno de Zapatero. Se ha escrito ya mucho sobre ellas, pero convendría aclarar algunos malentendidos interesadamente propagados por los numerosos portavoces de la “verdad” oficial.

Estos nos dicen, en primer lugar, que lo sucedido es inevitable, una consecuencia natural de la crisis, así como que otros países europeos se encuentran en la misma situación y están adoptando medidas similares. Sin embargo, lo sucedido no era inevitable. No se debe únicamente a la crisis, sino también a las medidas radicalmente equivocadas que este gobierno lleva años aplicando. Podríamos remontarnos con este argumento incluso a los años perdidos en el ámbito de las reformas al calor de una falsa prosperidad. Centrándonos, por no alargarnos, en lo sucedido desde el inicio de la crisis: ésta provoca inevitablemente un mayor déficit público, al reducirse la recaudación de los diferentes impuestos y aumentar el gasto en prestaciones por desempleo. Pero, a este déficit inevitable, se le ha sumado el provocado por toda una batería de medidas muy costosas e ineficientes. Recuérdense los 12.000 millones que se dejaron de recaudar en el IRPF por la deducción generalizada de 400 euros durante dos años, los 1.800 millones anuales perdidos por la supresión del Impuesto del Patrimonio, los 13.000 millones malempleados en los dos fondos de inversión local, los 11.000 de la reforma de la financiación autonómica… Es esta orgía de gasto ineficiente la que ha agotado el margen de actuación disponible, inicialmente alto, todavía en plena crisis. Obsérvese que el recorte ahora aprobado pretende reducir el gasto en 5.000 millones este año y en 10.000 el próximo, una cifra bastante menor que la dilapidada.

Por otro lado, la situación española es una excepción dentro de Europa, sólo comparable a las de Grecia y Portugal. Por eso, las medidas son especialmente drásticas, apresuradas e impuestas desde el exterior.  Se nos ha llevado hasta el borde del abismo, o un par de pasos más allá, hasta convertirnos en una economía tutelada desde fuera, intervenida y controlada. Una situación humillante para un país como España, propia de un país en desarrollo incapaz de autogobernarse. El viernes 7 de mayo los mercados financieros se cerraron tanto para las emisiones de deuda pública española como para las de nuestras grandes empresas. El colapso podía amenazar al resto de la zona del euro e incluso a Estados Unidos, dado el tamaño de la economía española (que es cuatro veces el de la griega). La magnitud de la cifra del rescate (750.000 millones) y su urgencia prueban la situación límite que se había alcanzado, así como que somos nosotros (no sólo Grecia o Portugal) los rescatados. La consecuencia ha sido el convertirnos en un país intervenido, bajo tutela exterior, que tiene que actuar al dictado de sus acreedores y pasar evaluaciones periódicas. La primera ha tenido lugar en la reunión del Ecofin del 18 de mayo y la siguiente será la de la Comisión Europea el 12 de junio.

Al dictado de esas órdenes exteriores, en tres días y precipitadamente, se han diseñado las medidas aplicadas ¡Así han salido! Se opta por lo más sencillo: que paguen los más débiles, como siempre. El recorte no puede ser más antisocial. Los funcionarios no son, al menos en su inmensa mayor parte, seres privilegiados y ociosos. Estamos hablando no de señores con manguito en una ventanilla, sino de las enfermeras, los maestros, la Guardia Civil, los bomberos… Se trata de trabajadores con sueldos modestos. No se les congela su salario, como hacía “el malvado PP”: se les reduce drásticamente, por primera vez. Otros “ricos” afectados son los pensionistas, un colectivo pudiente y privilegiado, por lo visto. Qué decir de los solicitantes de ayuda que se acogen a la Ley de Dependencia. Para que no falte de nada, también se recorta en 6.000 millones la inversión pública estatal ¡Será para asegurarse de terminar con cualquier atisbo de recuperación económica!

Tras tanta incompetencia, un cambio tan radical e inexplicado de política no puede ser liderado por la misma persona que nos ha llevado a esta situación. Ya que no por simple dignidad personal, el presidente Zapatero debería dimitir inmediatamente al menos para que la política económica pueda recuperar alguna credibilidad. No parece que tenga intenciones de hacerlo. Ha sido hasta ahora el Chamberlain de la economía y se dispone a ponerse la careta de Churchill sin pestañear. Otro dirigente socialista debería sustituirle ya mientras se convocan elecciones. No olvidemos, además, que las elecciones anteriores se ganaron con promesas de pleno empleo, un país de primera división, adelantar a Francia… ¿Sigue siendo legítimo tal mandato?

Por otro lado, se quiere hacer creer a la sociedad española que estas medidas constituyen una especie de catarsis colectiva, son el sacrificio del que se va a derivar la pronta salida de la crisis. En realidad, estas medidas no suponen el final de nuestras dificultades. Son del estilo de las que suele aplicar el FMI cuando interviene en un país en desarrollo con problemas de solvencia. Su fin último, lo que les da sentido, es el mostrar a los acreedores extranjeros que podemos ser capaces de repagar la deuda pública emitida, que somos unos deudores solventes. Pero esto no va a reactivar la producción ni el empleo. Todo lo contrario. En el corto plazo, se va a deprimir aún más la demanda agregada. La demanda de inversión pública se verá afectada por el aplazamiento de los proyectos. El consumo de las familias se moderará, en algunos casos por la disminución de salarios o la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, en otros por el deterioro de las expectativas que estas medidas, al desatar el pánico, tienen que haber provocado. Esto en un momento en que se atisbaba un final de la contracción del PIB que ahora puede verse truncado. Un indicador de la debilidad actual de la demanda, anterior a estas medidas, es el del último dato del IPC, que mostraba una inflación subyacente negativa.

De hecho, ya se anuncian medidas adicionales, de nuevo con el objetivo de equilibrar las insostenibles cuentas públicas, pero con efectos contractivos sobre la economía. En este caso se habla (como siempre, en medio de grandes contradicciones e improvisando) de más subidas de impuestos. Por supuesto, sólo a “los ricos”. Pero ¿los ricos de verdad pagan impuestos y están al alcance de la Hacienda Pública en la España actual? Algunos datos dan pistas sobre la respuesta correcta. Sólo un 4% de los declarantes en el IRPF admiten tener rentas superiores a 60.000 euros. El 75% de la recaudación de dicho impuesto proviene de las rentas del trabajo. Véase, para más detalles de la situación fiscal, la excelente conferencia de Francisco de la Torre, secretario General de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en el siguiente link.

Existe el peligro de que, en vez de simplemente limitar la cuantía de la recuperación (como prevé el gobierno), al ser ésta tan débil se genere una segunda espiral recesiva, provocada por el efecto sobre la demanda de la subida de impuestos y el recorte del gasto. En ese caso, crecería de nuevo el gasto público en desempleo, caerían las bases imponibles, aumentaría la deuda en términos del PIB… Si la situación en Grecia se deteriorase, cosa probable (pues parece que en algún momento tendrán que reestructurar su deuda), el efecto contagio sobre España podría volver a desencadenarse. no se ha conjurado la tormenta, tan sólo hemos evitado el hundimiento inmediato. Entramos en una nueva fase de la tempestad, con el barco ya desvencijado y el mismo timonel desorientado. En definitiva,

Los problemas, sin embargo, no son únicamente de personas. Tienen también una naturaleza estructural. Por ello, requieren reformas profundas para hacerles frente. Por ejemplo, una reforma del modelo de Estado para reducir el gasto autonómico superfluo (en consejerías, número de parlamentarios, televisiones, embajadas en el extranjero, servicios meteorológicos, defensores del menor, de la mujer, agencias, observatorios, fundaciones, consorcios…). En las medidas del gobierno, a las comunidades autónomas y a las administraciones locales sólo se les pide un recorte conjunto de 1.200 millones. Sin embargo, las comunidades controlan el 36% del gasto público, frente a un 20% (en gran medida comprometido en pago de intereses de la deuda o prestaciones por desempleo) de la administración central. El libro El coste del Estado autonómico, editado por la Fundación Progreso y Democracia, calcula en 26.000 millones los ahorros posibles combatiendo ineficiencias. Una cifra más que suficiente para haber evitado el recorte antisocial a pensionistas y funcionarios.

Por Álvaro Anchuelo para Cotizalia

Robin Hood o el Sheriff de Nottingham, qué más da

Hace justamente cuatro días comentábamos aquí la cualidad principal de Zapatero, un Señor clemente, pero justo, que premia a los buenos, sí, si las condiciones climáticas (el Señor y los Suyos dirían ’climatológicas’) lo permiten, y castiga a los malos. O sea, a los ricos. Él mismo lo anunciaba dos días después, en la portada de El País del pasado sábado que hoy reproducimos en primer lugar: No ha podido ser, pero no por falta de ganas, sino de oportunidad. Ahora no toca, pero ya les pillaremos más delante. 

 

En realidad, este Robin Hood castellano-leonés ya había dejado constancia de su programa máximo a finales de 2008. ¿En otras circunstancias? No, según sus propias palabras todo el mundo (se supone que incluído Él) se enteró de que estábamos en crisis en el otoño de 2008, con el cataclismo de Wall Street. O sea, que en la fecha en que se publicó la segunda portada, se había descubierto la estafa de Madoff y habían quebrado Lehman Brothers y Goldman Sachs. O sea, que estábamos en plena crisis cuando Zapatero decidió bajarles los impuestos a los ricos. 

 

El Gobierno rebajó la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras cuando obtienen rendimientos de capital mobiliario de sus propias entidades, de tal forma que dichos rendimientos tributasen, al 18% y no al tipo marginal que que corresponda a estos contribuyentes. Que sería para ellos el 43%. Y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2008. 

 

Él no ha cambiado, son las circunstancias que le llevan a comportarse, ora como Robin Hood, ora como el sheriff de Nottingham.  

 

Del blog de Santiago González

Los detalles del recortazo: así afectarán las medidas al ciudadano

El Gobierno anunció ayer la concreción del mayor recorte del gasto social de la historia democrática, que provocará una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas y los funcionarios.

Aunque el Ejecutivo estuvo debatiendo durante más de cinco horas el recortazo para atajar el déficit público hasta el 6% del PIB de aquí a 2011, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció ayer que aún tiene que “negociar” algunas de las propuestas con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Las cifras que anunciaron ayer tampoco coinciden exactamente con las que anunció el presidente durante su comparecencia en la Cámara Baja.  Los funcionarios perderán un 5% de poder adquisitivo de media. El polémico recorte salarial para los empleados públicos –que afectará tanto al Estado, a las regiones y a los municipios– oscilará entre el 0,56% y el 7% dependiendo de los distintos niveles salariales y de los distintos grupos a los que pertenezca en la Administración. El ajuste se aplicará tanto al salario base como a complementos a partir de la nómina del próximo mes de junio.

No obstante, no todas las noticias son tan malas para los funcionarios: no deberán preocuparse por su paga extraordinaria de junio, que se mantendrá intacta durante este año. ¿La razón de esta medida? Se podría agravar aún más la caída del consumo que todos los analistas prevén para el próximo verano. Cerca del 45% del recorte del déficit previsto vendrá de la mano de los trabajadores del conjunto de las Administraciones.

- Progresividad a la hora de bajar el sueldo a los altos cargos. El Ejecutivo también ha decidido apostar por la progresividad en la reducción del sueldo a los altos cargos: el ajuste del salario de los directivos de la Administración General del Estado oscilará entre el 8% y el 15%. Por ejemplo, un director general, que cobra aproximadamente 60.000 euros anuales teniendo en cuenta todos los complementos salariales, verá reducida su retribución un 8% Sin embargo, los subsecretarios de Estado cobrarán un 9% menos. Los secretarios de Estado –con un sueldo aproximado de 80.000 euros– verán reducida su capacidad adquisitiva en un 10%.

- El papel de las autonomías. El Gobierno deja en manos de la Administración autonómica la reducción de las retribuciones de los alcaldes y de los altos cargos de las comunidades autónomas. Además, muchos de los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado ayer tendrán que ser pactados con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

- Los jubilados también pagarán el déficit. La congelación de las pensiones en 2011, que afectará a cerca de seis millones de personas, ahorrará un total de 1.530 millones de euros a las arcas públicas. La vicepresidenta segunda explicó ayer que la congelación de las pensiones contributivas en 2011 supondrá un ahorro de 1.400 millones en el Régimen General de la Seguridad Social y de 130 millones en el de clases pasivas. Es decir, en el régimen de funcionarios.

Ante la confusión creada, Salgado aclaró que, en el ejercicio de 2010, la revalorización de las pensiones se hará como hasta ahora en el caso de que la inflación en noviembre sea superior a la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año. Por lo tanto, será en 2011 cuando los presupuestos no recogerán la subida anual ni, además, tendrán revalorización aunque la inflación real sea superior al incremento de las pensiones.

Además, Salgado aclaró que la eliminación del periodo transitorio para la jubilación parcial –o lo que es lo mismo, que se pueda compatibilizar la jubilación con un trabajo a tiempo parcial– hará que el déficit se reduzca en 250 millones de euros en 2010 y en 150 millones en 2011. Se trata de aplicar con carácter inmediato la obligación de reunir las siguientes condiciones para poder acogerse a este tipo de jubilación: tener 61 años cumplidos, treinta años de cotización a la Seguridad Social como mínimo y, al menos, seis años de antigüedad en la empresas.

- El Ejecutivo limita el margen de actuación de las Corporaciones Locales. El Ejecutivo, además del Real Decreto, aprobó tres acuerdos que limitan el margen de actuación de los alcaldes a la hora de elaborar sus Presupuestos. Ahora, el ahorro que logren de la reducción del sueldo de sus empleados públicos tendrán que destinarlo a la reducción de sus niveles de endeudamiento, a hacer frente al pago de sus deudas o a impulsar nuevas inversiones, que finalmente sufrirán un recorte menor de lo previsto en el ámbito de la Administración central.

- Ayudas al desarrollo. El Gobierno reducirá finalmente la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011 en 800 millones de euros, 200 más que lo que anunció el presidente Zapatero el pasado miércoles en el Congreso.

- Se acabó el cheque-bebé. El Gobierno aprobó suprimir el polémico cheque-bebé a partir del 1 de enero de 2011. Consiste en la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. Salgado estima que ahorrará 1.250 millones de euros.

Los pormenores
1. La vicepresidenta Elena Salgado explicó que la rebaja salarial de los funcionarios será progresiva, de modo que será mayor cuanto más alta sea la retribución del trabajador. Los funcionarios del grupo E tendrán una rebaja del 0,56%; del 2,75%, los del grupo C2; los del grupo C1, del 4,5%; los del grupo A2, del 5,75%; y los del grupo A1, en un 7%.

2. El Gobierno redujo el recorte de la inversión pública. Si Zapatero dijo en el Congreso que el recorte sería de 6.000 millones de euros, ahora habla de 2.125 millones de euros en 2010. Sólo ha concretado que el ajuste de esta partida será del 25% de media entre 2011 y 2013. Salgado y De la Vega no concretaron que proyectos del Ministerio de Fomento estarán afectados.

3. El Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales mil millones se asignarían a las CCAA y doscientos millones a las entidades locales.

4. El Gobierno eliminará de raíz la retroactividad a la hora de dar las ayudas a la dependencia. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales. Algunos líderes del Partido Popular síeran partidarios de esta iniciativa.

Corredor defiende la continuidad de Vivienda
La presión para que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reduzca el número de carteras ministeriales. Vivienda es uno de los señalados y su titular, Beatriz Corredor, sale en su defensa y argumenta la utilidad de su cartera. La ministra afirmó ayer, durante la inauguración del SIMA 2010, que la supresión de su Ministerio “no tendría realmente incidencia en términos de déficit público” y, sin embargo, supondría retirar las ayudas para el acceso y rehabilitación de viviendas de las que se benefician muchas familias y que suponen el 98% de sus 1.400 millones de euros de presupuesto.

Luz verde a la ayuda a Grecia en el Congreso
El pleno del Congreso aprobó ayer el plan que autoriza la concesión a Grecia de un préstamo extraordinario de 9.794,3 millones de euros a pagar en tres años, que contó con el beneplácito de todos los grupos salvo IU-ICV que votó en contra, mientras que BNG y NaBai se abstuvieron. Durante su intervención, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró que el mecanismo de ayudas a Grecia acordado por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha generado intereses para España, dado que ha tenido que anticipar dinero para que Grecia atendiera sus desfases de tesorería.

Expansion

El infarto de miocardio y los trastornos psicosociales serán enfermedades laborales

Las afecciones comunes formarán parte de la lista de patologías laborales, según ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. De este modo, la Seguridad Social ampliará su catálogo de enfermedades profesionales de 30.000 a 300.000 patologías.

El secretario hizo el anuncio en la jornada La información como herramienta necesaria en el conocimiento del daño asociado al trabajo, organizada por la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Granado explicó que se introducirá en el catálogo una tercera categoría de patologías no traumáticas, junto a las ya existentes de accidentes y enfermedades profesionales. El secretario de Estado, que las calificó de "enfermedades del trabajo", recordó que "tienen el mismo grado de protección que el accidente del trabajo".

En la nueva clasificacion se incluirán en su mayoría accidentes cardiovasculares o patologías psicosociales desarrolladas en ámbitos docentes o intelectuales derivadas de tensiones laborales, y que "son 9 ó 10 veces superiores a las enfermedades profesionales".

"Esperamos tener las comunicaciones de todas las mutuas de accidentes de trabajo y de las entidades gestoras de Seguridad Social a partir del 1 de julio, para que funcione con cierta provisionalidad, pero a partir del 1 de enero ya estará a pleno rendimiento", aseveró.

El titular de Seguridad Social agregó que complementariamente se dispondrá de una red de alertas que identifique no sólo los centros de trabajo en los que hay enfermedades profesionales sino también en los que hay una mayor incidencia de enfermedades comunes.

Dijo que también se realizarán "diagnósticos precoces" sobre las condiciones de trabajo en España, que permitan modificarlas "antes de que los trabajadores pierdan capacidad, sufran invalidez y deban retirarse del mercado de trabajo, con una pensión de incapacidad".

Durante la jornada, Granado también destacó la puesta en marcha de los incentivos a las empresas que hayan acreditado una baja de la siniestralidad laboral y en las que rigen procesos de prevención de riesgos laborales pactados con los trabajadores.

"Estas empresas tendrán derecho a recibir una parte porcentual, pequeña en un principio, pero que puede crecer con el paso de los años si se considera que la iniciativa tiene efectos positivos, a lo que hay que añadir una devolución de las cuotas de la Seguridad Social", recordó.

Expansion&Empleo

Supone el Gobierno...

...Curiosa forma de gobernar la de estas gentes. Mira que se lo teníamos dicho: que no es lo mismo suponer que prevenir. Que los organismos serios hacen previsiones basadas en informes rigurosos; que lo de la baraka de la que presume el Presidente y a la que se abrazan desesperados los socialistas hay que dejarlo para los mítines… Pues nada, ellos a suponer, que es más barato y más creativo.

Mira que les advertimos: déjense de ocurrencias y a ver si pensando un poco se les ocurre alguna idea.  Normal al fin y al cabo si uno recuerda que fue este presidente autodenominado el rojo el que prologó un libro de Jordi Sevilla explicando que ideología es una idea lógica… O sea, no le pidamos peras al olmo.

Recuerdo haberle explicado un día a Zapatero, en un debate parlamentario precisamente a propósito de la crisis, cuando ellos aún se negaban a admitir que ésta existiera, que en él se cumplía   aquella sentencia de George Orwell, escrita allá por el año 1946: “El lenguaje político… está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable y para dar una apariencia de solidez al mero viento”. Claro que yo entonces aún no sabía que todas sus políticas estaban basadas en suposiciones; que ni siquiera retorcían el sentido de las palabras: se limitaban a decir lo primero que les venía a la cabeza, lo que contesta cualquiera que no sabe  dar respuesta a una pregunta: “Supongo…”

Ya lo dijo el presidente Zapatero: la tierra no es de nadie, tan sólo del viento. Otra ocurrencia. Sólo que esa nos produjo vergüenza ajena; todo lo demás que produce esta cuadrilla de  irresponsables, ocurrencias y suposiciones incluidas, nos da más bien miedo. En qué manos  estamos, señor…

Del blog de Rosa Díez

Pros y contras de la reforma laboral

El documento de trabajo presentado por el Gobierno para reformar el actual modelo laboral propone cinco aspectos básicos. Como punto de partida resultan positivos, pero hasta que no se concreten, es hablar por hablar.

Insuficiente, falto de contundencia, poco concreto; que propone un abaratamiento del despido y que pone en peligro la posibilidad de cerrar una reforma laboral eficiente. Son las principales reacciones mostradas por sindicatos y empresarios tras evaluar las líneas de actuación presentadas la semana pasada por el Gobierno en el marco del diálogo social.

El documento propone que la negociación que los agentes sociales desarrollan para reformar el mercado de trabajo se articule alrededor de cinco ejes fundamentales: la dualidad y la temporalidad del mercado laboral; la revisión de la política de bonificaciones a la contratación; el programa de empleo para jóvenes; el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal para el empleo y la intermediación laboral. Es decir, elude algunas de las medidas que los empresarios consideran más urgentes, como la flexibilidad interna de las empresas, la rebaja de los costes laborales o fórmulas efectivas contra el absentismo laboral, entre otras. Además, tanto UGT como CCOO consideran que, con la excusa de reducir la tasa de temporalidad, lo que hace la propuesta del Gobierno es abaratar el despido de los profesionales.

Éstas son las principales líneas remitidas por el Ejecutivo a las partes como punto de partida para comenzar el diálogo.

1. Dualidad y temporalidad del mercado laboral. Para el Gobierno, la polarización que existe entre contratos indefinidos y temporales representa "el problema estructural más grave" de nuestro mercado de trabajo. Para atajarlo, propone generalizar el contrato de fomento del empleo, presente en nuestro ordenamiento desde la reforma laboral de 1997, y que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días. Hasta la fecha, este tipo de contratación se dirige a grupos de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Es decir, que en la práctica esta norma sólo deja fuera a hombres de entre 30 y 45 años (y siempre que no sean parados de larga duración). La propuesta del Gobierno permitiría generalizar la utilización de este contrato, igualando en 33 días el coste de la indemnización del despido improcedente disciplinario -que con el contrato indefinido actual es de 45 días- y por causas económicas. En ningún caso, salvo negociación entre empresario y trabajador, esta reducción de la indemnización afectaría a los contratos ya firmados.

Para María Eugenia Guzmán, abogada del grupo laboral de Cuatrecasas, esta medida es interesante porque "reduce la polarización que actualmente existe entre trabajadores fijos y temporales y generaliza el contrato indefinido frente al uso injustificado del eventual". Sin embargo, reconoce que la medida enmascara otro problema: el de la redefinición de las causas de extinción de la relación laboral.

El Gobierno no sólo propone una reducción de las indemnizaciones, sino que abre la posibilidad de que las empresas puedan crear un fondo para pagar parte del coste del despido de los trabajadores contratados bajo esta modalidad de fomento de la contratación indefinida. Este fondo, que supone la adaptación al mercado laboral español del modelo laboral austríaco (denominado Abfertigung Neu) sería gestionado por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que actualmente tiene un excedente acumulado de 4.000 millones de euros; aunque también se estudia la posibilidad de crear un fondo económico independiente. Como resultado, de los 33 días de indemnización por año trabajado, la empresa sólo se haría cargo de 25 días netos y el resto se sufragaría a través de este instrumento.

María Eugenia Guzmán considera que, como medida transitoria, esta propuesta proporciona apoyo a las empresas más necesitadas, aunque "puede plantear dificultades de articulación técnica, sin ignorar los posibles costes adicionales que podría implicar una medida de este tipo". Por su parte, Federico Durán, responsable del departamento laboral de Garrigues, cree que el documento es bastante ambiguo en este punto: "Hay que determinar si se crea un fondo colectivo o individual, de cuánto será la aportación y quién la sufragará".

2. Revisión de la política de bonificaciones a la contratación. El Gobierno reconoce que el sistema actual de bonificaciones no resulta eficiente, por lo que propone concentrar estas subvenciones en casos muy concretos -eso sí, respetando los compromisos adquiridos por los contratos bonificados en vigor-.

En concreto, propone bonificar los contratos indefinidos que se realicen a jóvenes de hasta 30 años con problemas de empleabilidad y a desempleados de larga duración que sean mayores de 45 años. También propone mantener aquellas subvenciones que fomentan el trabajo autónomo y que favorecen la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de más edad. Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Sagardoy Abogados, no se muestra partidario de ligar subvenciones a contratos. "Nadie contrata a quien no necesita aunque se le bonifique por ello. En nuestra historia laboral las bonificaciones han supuesto, en muchas ocasiones, un derroche innecesario e ineficaz. Hay que ir sólo a las bonificaciones justas y adecuadas", puntualiza.

3. El programa de empleo para jóvenes. La revisión de los contratos bonificados engarza directamente con el siguiente punto de la propuesta del Gobierno: el empleo juvenil, cuya tasa de paro se sitúa actualmente en torno al 40%. Además de subir las subvenciones para la contratación indefinida de los menores de 30 años, el Ejecutivo propone aplicar bonificaciones a la transformación en indefinidos de los contratos de formación y prácticas. Además plantea que se amplíe de 21 a 24 años la edad máxima para acceder a un contrato de formación y que su retribución sea equivalente al salario mínimo interprofesional -que para 2010 está fijado en 633 euros al mes- en el segundo año de vigencia.

El responsable del departamento laboral de Garrigues cree que obviamente es necesario apoyar el empleo de los jóvenes, aunque puntualiza que "no hay que ligar el impulso de la contratación juvenil con las bonificaciones, porque ya ha quedado demostrado que esto no es efectivo". Para Durán, "en lo que hay que trabajar es en crear un contrato de inserción que permita el fácil acceso de este colectivo al mercado de trabajo".

4. El fomento de la reducción de jornada laboral. El Gobierno quiere potenciar el trabajo a tiempo parcial como medida que puede contribuir a frenar el desempleo. Además, propone eliminar la posibilidad de que se realicen horas complementarias en este tipo de contrataciones y apuesta por dos tipos de jornada: una con horario de trabajo fijo -que podría concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada- y otra en la que el empresario podría cambiar el horario con un preaviso mínimo y en el que sí se podría acordar la realización de horas extras. Ésta última modalidad sólo aceptaría un contrato indefinido.

María Eugenia Guzmán señala que "estimular la contratación parcial tiene sentido porque España tiene un índice de utilización muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Además, se ha demostrado que esta modalidad es una vía idónea para lograr una mejor conciliación de la vida laboral y personal". Coincide también en esta apreciación Sagardoy, quien añade que "es una medida muy coherente con la política de reducción de costes de las empresas".

Por otro lado, Guzmán advierte de que "debemos ser conscientes de que es una modalidad que hasta ahora ha tenido reiterados cambios normativos a veces no acertados, además de haberse concentrado mayoritariamente en el colectivo femenino, cuando debería ser una medida de aplicación universal". Además hace especial hincapié en que es necesario prestar atención a la letra pequeña porque, por un lado, fomenta esta modalidad de contrato y, por otro, la hace más rígida. En el caso concreto de la reducción de jornada, Ceferí Soler, profesor del departamento de dirección de recursos humanos de Esade, considera que "se deberían acordar incentivos para los trabajadores que permitan su reducción de jornada y salario. Premios sociales, no económicos, y visibilidad social para las personas voluntarias. Esto fomentaría mayor compromiso".

5. Potenciar la intermediación de agencias privadas de colocación y empresas de recolocación. Es un punto sobre el que existe un mayor consenso. Para el responsable del departamento laboral de Garrigues en el caso de la agencias de recolocación hay un aspecto muy importante que no se ha abordado. El Gobierno propone que estas empresas centren su trabajo en buscar un nuevo empleo a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, "pero no hay que vincular su actividad sólo a este colectivo. Su potencial en mucho más fuerte y no se contempla que pueden ser muy eficaces para otro tipo de profesionales que también buscan su reincorporación laboral", señala Federico Durán.

Expansion&Empleo

No es mi problema

Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. Pensó, qué tipo de comida podía haber allí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos:

Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!

 

La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo:

Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica en nada, no me incomoda.

 

El ratón fue hasta el cordero y le dice:

Hay una ratonera en la casa, una ratonera!

Discúlpeme Sr. Ratón, no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones.

 

El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le dijo:

Pero acaso, estoy en peligro?....Pienso que no, dijo la vaca.

 

Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta.

Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, nada mejor que una nutritiva sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendio la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral.

Sólo una de cada seis sentencias sobre despidos da la razón al empresario

La legislación laboral española llega a establecer hasta tres cantidades distintas por la rescisión de un mismo tipo de contrato, el de fomento del empleo. Las estadísticas muestran que en caso de juicio por despido, el asalariado lleva las de ganar cinco de cada seis veces, por lo que el empresario suele acudir a la fórmula más cara, también la más rápida.

El fuerte rechazo que han manifestado los sindicatos ante el nuevo borrador de propuestas del Gobierno para la reforma laboral tiene su origen en un párrafo de eminente carácter técnico, y un perfil mucho menos mediático que la nueva idea de subvencionar parte de los costes del despido. La intención del Ejecutivo de generalizar el contrato de fomento del empleo ya quedó clara en la reunión que los agentes sociales mantuvieron con el presidente del Gobierno en febrero. Este modelo, aprobado en 1997 para incentivar la contratación de jóvenes y mujeres, resultamás atractivo a los empresarios porque establece una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, menor que los 45 días por año del indefinido tradicional. Lo que no es tan conocido es que en algunos casos si un juez declara el despido improcedente, su coste puede ascender, igualmente, a 45 días.

Ésa es precisamente la modificación que el Ministerio de Trabajo sugirió hacer el pasado lunes, equiparar la indemnización a la baja, a 33 días, en cualquiera de los supuestos. "Igualar el coste del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario", cita el documento, podría servir para incentivar "unamayor utilización" de este contrato.

La realidad es que, por el momento, despedir a un trabajador sujeto al modelo de fomento del empleo puede llevar asociada una indemnización de 20, 33 o 45 días dependiendo del caso. La más barata obedece a una rescisión procedente por causas objetivas. Según la legislación, las razones que lo justifican pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de producción de la empresa, o deberse a la "ineptitud del trabajador" para desemplear su cargo o a su falta de adaptación a las modificaciones que sufra su empleo. Al igual que en el contrato indefinido ordinario, si se cumple alguna de estas condiciones en el modelo de fomento la indemnización para el empleado asciende a 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades.

En caso de que un juez determine que dicho despido es improcedente su coste asciende a 45 días por año en la empresa en el caso del asalariado fijo (con un tope de 42 mensualidades) y de 33 si el contrato que media es el de fomento (limitado a 24 meses).

Si por el contrario, el empresario esgrime motivos disciplinarios (faltas de asistencia, retrasos continuados, indisciplina, ofensas verbales o físicas, embriaguez, o acoso, entre otras) extinguir la relación contractual tiene un coste cero. Salvo, claro está, en el caso de que un juez declare el despido improcedente, cuando la indemnización será de 45 días, tanto si el contrato es indefinido como de fomento.

Las cifras, a este respecto, hablan por sí solas. En caso de acudir a juicio, las sentencias dan la razón al trabajador en cinco de cada seis casos, según los datos de Trabajo. Durante el pasado año, 125.000 pasaron por los tribunales. Aunque los casos de conciliación entre las partes son muchos, de los 63.000 que fueron objeto de sentencia, sólo 13.400 fallaban a favor del empresario.

Simplificar las causas

Los sindicatos defienden que éste es el resultado de malas prácticas empresariales, de despidos injustificados. Sea como fuere, el caso es que la mayoría de los empresarios suele acudir a la opción más rápida y fácil. La reforma legal que llevó a cabo el PP en 2002, abrió la puerta al llamado despido exprés. Mediante éste, el empresario puede abonar directamente los 45 días de indemnización al trabajador (35 si alega causas objetivas), y despedirlo inmediatamente, ahorrándose una eventual aventura judicial y los salarios de tramitación (entre la fecha del despido y la de la sentencia) que adeudaría al asalariado.

La intención del Gobierno es tentar a la patronal para que firme el acuerdo de la reforma garantizándole un modelo de despido en el que, en cualquier caso, la indemnización máxima sería de 33 días. Una posición en la que los sindicatos sí ven una pérdida de derechos de los trabajadores. El Ejecutivo se ofrece, paralelamente, a subvencionar de forma transitoria el 40% del coste resultante con el Fondo de Garantía Salarial en los despidos objetivos.

La CEOE, por su parte, lo que viene defendiendo es la creación de un modelo contractual nuevo que parta de una indemnización por despido más baja que cualquiera de las actuales (exceptuando los 8 días que se paga a los trabajadores temporales) y que se simplifique la justificación que deben presentar para que el despido sea considerado objetivo, con un coste de 20 días.

Cinco Dias

Las contrataciones de seguros de motos aumentan un 35% hasta marzo

Los datos de Segurojoven.com muestran que, en el primer trimestre del año, las contrataciones de seguros para motos en las ciudades aumentaron en un 35%.

Incremento que se registró en los jóvenes menores de 28 años. Además, prevé que en los próximos meses se produzca un aumento de hasta el 50%. “El buen tiempo y la facilidad de acceso a la compra de motos de poca cilindrada anima a los jóvenes a utilizar este medio de transporte, sobre todo en estas fechas”, explica Víctor Fernández, director de Segurojoven.com.

A ello se suma la próxima subida del IVA, aliciente para adelantar la compra de vehículos. “Desde que en 2008 se permitiera conducir motocicletas de hasta 125 cc con el mismo carnet de circulación, la venta de este tipo de vehículos se ha disparado y con ello el aumento de las contrataciones de seguros”, afirma Fernández, quien detalla que “un 45% de los usuarios que aumentaron esta demanda se correspondía a menores de 25 años que gracias a la nueva normativa pudieron adquirir estos vehículos”.

Iseguros.es

La verdadera situación del mercado de trabajo en España

Escuchando las declaraciones de nuestros gobernantes, cualquiera diría que en España la situación de los trabajadores es envidiable. Dispondrían de unos derechos sociales ejemplares, asombro del mundo. No deberían, además, preocuparse por la crisis, pues unos benéficos dirigentes se negarán a disminuir tales derechos sea cual sea la situación económica. Al contrario, frente a la crisis se proponen incluso aumentarlos.

Nada resulta tan dolorosamente chocante como el contraste entre esa propaganda gubernamental y la verdadera situación del los trabajadores en España. Veamos qué dicen las cifras oficiales, pese a los retoques a los que habitualmente están sujetas para enmascarar, en la medida de lo posible, la cruda realidad. Las extraeremos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º trimestre de 2009, elaborada por el INE. Puede verse la nota de prensa que resume sus resultados. Otra síntesis de sus principales datos se muestra en el apéndice estadístico del Boletín Económico del Banco de España, a partir de la página 23.

Lo primero que llama la atención es, por supuesto, el espantoso número de personas en paro. Eran 4.327.000 a finales de 2009. Es decir, el equivalente a casi toda la población de una Comunidad como Madrid, por hacernos una idea del orden de magnitud de tal catástrofe. Este número de parados hacía que la tasa de paro en España fuese del 18,83% a finales del año pasado. Pero no hay que dramatizar, se nos dice, pues otros países también sufren, y más, una crisis internacional de la que nosotros no somos culpables, sino víctimas ¿Cómo explicar entonces que la tasa de paro en la zona del euro fuese del 9,87%, la mitad que la nuestra? ¡Todos padecemos fiebre, efectivamente, pero unos tienen 38 grados y otros tenemos 42!  Tal diferencia en la tasa de paro constituye la mejor prueba de que la crisis española es más grave y tiene raíces propias. Algo deben de tener que ver con todo esto nuestras instituciones laborales, es decir, la forma en la que está organizado el mercado de trabajo español.

De esos parados, aproximadamente una tercera parte se consideran parados de larga duración, al llevar más de un año desempleados. Según los estudios económicos, este tipo de parados tienen cada vez más difícil el salir de la situación en la que se encuentran. Sus conocimientos se van quedando anticuados, su motivación va disminuyendo y las empresas, que lo saben, se vuelven más reacias a contratarlos.

No sólo es que haya muchísimas personas paradas y una buena parte ya durante mucho tiempo. Además, de las que siguen trabajando, un porcentaje anormalmente alto lo hace en condiciones precarias. Uno de cada cuatro asalariados tiene un contrato temporal. Este ratio de temporalidad es único en Europa y fue incluso más alto antes del estallido de la crisis (era del 34% en 2006) ¿Por qué ha disminuido 9 puntos desde entonces? Porque, como puede verse en el gráfico de la página 26 del boletín del Banco de España, la inmensa mayor parte de los hasta ahora despedidos han sido trabajadores temporales. Dicho de otra manera, el empleo creado en España durante los años de crecimiento era muy volátil: se creó mucho, pero de mala calidad y que se destruye fácilmente.

Estos problemas de alto desempleo y elevada temporalidad afectan con especial dureza a los grupos más débiles de la sociedad. Si la tasa de paro global era de cerca del 19% y el ratio de temporalidad del 25%, entre los jóvenes de 20 a 24 años la tasa de paro es del 34,9%; para los menores de 29 años la temporalidad es del 47%; los inmigrantes tienen un paro del 29,70% y una temporalidad del 52%; entre las mujeres, la temporalidad es del 30%.

Bueno, dirán algunos, pues habrá muchos parados, pero lo importante es que están muy protegidos. Las empresas han de pagarles una elevada indemnización al despedirles. Una vez despedidos, un generoso sistema de subsidios y prestaciones les ampara. Entre tanto, se pueden formar hasta que encuentren otro puesto de trabajo, con la ayuda de unos espléndidos servicios públicos de empleo. Nada más lejos de la realidad.

Ya se ha indicado que las personas que han perdido su empleo son, en su inmensa mayor parte, trabajadores temporales. En su caso, la indemnización por despido es habitualmente cero, a lo que se suma que para ellos tanto la duración como la cuantía de las prestaciones por desempleo suelen ser también muy bajas. De hecho, en España hay ya alrededor de un millón de parados que han ido agotando prestaciones y subsidios hasta quedarse sin ninguna protección.

¡Si al menos ese tiempo se aprovechase para mejorar la formación y la empleabilidad! Pero la oferta de cursos para los parados es poco variada, de escasa calidad y no está adaptada a las necesidades individuales de cada trabajador. Añádase a esto la casi nula eficiencia de los servicios públicos de empleo como agencias de colocación, pues tan sólo el 5% de las recolocaciones tiene lugar a través suyo.

En nuestro país, al lado de los trabajadores indefinidos, de mediana edad, mayoritariamente varones, con altas indemnizaciones por despido, escasa probabilidad de desempleo y elevadas prestaciones de paro, se ha creado una subclase. Se trata de trabajadores sin acceso al empleo indefinido, atrapados en una trampa de precariedad (encadenando sucesivos contratos temporales de corta duración), peores salarios, paro y menores prestaciones por desempleo. En 2008, por ejemplo, se firmaron en España 2,7 millones de contratos de menos de 7 días de duración y 5 millones de menos de 30. Esta subclase sufre casi todos los despidos y se amplía con casi todas las nuevas contrataciones. Los altos costes de despido en los contratos indefinidos hacen que los empresarios sean muy reacios a firmarlos. Por eso, el empleo temporal no es la antesala del indefinido, sino una situación que acaba por convertirse en permanente (en el mejor de los casos).

Lo anterior explica en parte el bajo aumento de la productividad en la economía española durante los años de crecimiento económico. Los empresarios no tienen incentivos para mejorar la formación de unos trabajadores con una relación laboral tan precaria y de corta duración. De ahí también la alta siniestralidad laboral, concentrada en este tipo de trabajadores mal formados, o el que se pospongan tanto las decisiones de emancipación y de natalidad entre los jóvenes españoles.

Con el actual modelo de mercado de trabajo, hasta los privilegiados trabajadores indefinidos sufren inconvenientes. Están atados a su actual puesto de trabajo, impedidos de moverse a otro, ya que eso les haría perder el derecho a las indemnizaciones por despido que han ido acumulando en función de la antigüedad. Si cambian, ponen ese contador a cero. ¿Cómo será posible cambiar así el modelo productivo, lo que requiere reasignar los recursos hacia nuevos sectores?

Finalmente, esta situación del mercado de trabajo gravita sobre el conjunto de la economía española. Es una de las causas del déficit público: más de 30.000 millones de euros se gastan anualmente en prestaciones y subsidios de desempleo. Es una de las raíces del estancamiento del consumo, no sólo de los que están parados sino también de los que temen estarlo en el futuro. Tiene incluso que ver con los problemas de bancos y cajas, ante las dificultades de numerosas familias para hacer frente a sus hipotecas y a otros préstamos.

Para no abrumar más al lector, no profundizaremos en otras cuestiones como el mal diseño de la negociación colectiva (que no tiene en cuenta la situación individual de cada empresa al decidir las subidas salariales para sectores enteros), el empleo sumergido, el fraude en la incapacidad laboral, los horarios rígidos que no permiten conciliar trabajo y vida familiar… Tampoco incidiremos en la dimensión autonómica del problema, con unos servicios de empleo regionalizados (que utilizan bases de datos sobre vacantes limitadas a su propia Comunidad) o con la práctica erradicación de la lengua común del sistema educativo y la administración en importantes zonas del país, con los consiguientes efectos sobre la movilidad de las personas y la igualdad de oportunidades. Lo anterior debería bastar para evidenciar la necesidad y la urgencia de una reforma laboral en España, que podría haberse emprendido mucho más cómodamente en los años de bonanza.

Entiendo por reforma un cambio en profundidad, no el habitual paquete de medidas, numerosas pero nimias, meramente cosméticas, con las que el actual gobierno suele enmascarar su incompetencia. No obstante, las probabilidades de que una reforma de verdad se realice son mínimas. Sirva de indicio la clamorosa dejación de responsabilidades del gobierno: el asunto ha quedado en manos de los “agentes sociales” (unos sindicatos en los que están afiliados sólo uno de cada diez trabajadores y una patronal desacreditada). Otro indicio lo proporciona la agresiva demonización de cualquiera que se atreva a proponer alternativas, sean los 100 economistas (que incluían inicialmente al secretario de Estado Campa) o sea el gobernador socialista del Banco de España. Siento darles el día, pero conviene saber que esto es lo que hay. Y que, en este tema como en muchos otros, tanto PSOE como PP nos han conducido a esta situación.

Álvaro Anchuelo para Cotizalia

El Gobierno retrasa la reforma laboral con propuestas vagas e imprecisas

Churchill decía que la Unión Soviética era lo más parecido a una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Y a medida que pasa el tiempo -salvando las distancias- algo parecido le sucede a la reforma laboral.

Continúa siendo un misterio envuelto en procelosas negociaciones  que siguen sin dar fruto. Y eso que han pasado ya más de 20 meses desde que los agentes sociales y el Gobierno firmaran la pomposa Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Competitividad y el Progreso Social. Imponente encabezamiento que vio la luz en julio de 2008, pero que desde entonces no ha tenido recorrido alguno, al menos en términos prácticos.

Ayer vio la luz el último de los documentos entregados por el Gobierno a sindicatos y empresarios, pero una vez más carece de propuestas concretas y de un calendario de aplicación. A lo sumo perfila un poco más los puntos de negociación que el propio Ejecutivo enunció y  presentó a los agentes sociales el pasado 5 de febrero.

El documento fue calificado ayer por un experto laboral -curtido en mil negociaciones de este tipo con el Gobierno- como “vago e impreciso”.  Lo considera, incluso, una “vuelta atrás”, toda vez que reabre uno de los asuntos que más escuecen en la patronal: la causalidad de la contratación temporal. O lo que es lo mismo, que los empresarios tengan que justificar por qué contratan de forma temporal y no indefinida.

El aspecto más destacado del documento tiene que ver con la estabilidad en el empleo, y en este sentido se propone que para evitar el uso no justificado de la contratación eventual “resultaría necesario operar, en primer lugar, sobre la definición legal de las causas de los contratos temporales de obra o servicio y eventual”. Es decir, que el Gobierno vuelve a poner el énfasis en actuar sobre la temporalidad, pero no en la necesidad de generar puestos de trabajo mediante la creación de nuevas modalidades de contratación.  No hay que olvidar, sin embargo, que la tasa de temporalidad española alcanza casi al 30% de los asalariados, más del doble del 14,3% que registra la Unión Europea.

Límites a la temporalidad

Para poner límites a esa enorme temporalidad (que resulta letal en momentos de ajuste económico), el Gobierno propone establecer legalmente plazos máximos de duración del contrato de obra o servicio. Se trata de evitar que este contrato, “so pretexto de su duración incierta”, se prolongue indefinidamente en el tiempo. Esos plazos máximos legales habrían de respetar en todo caso las reglas establecidas en determinados convenios colectivos sectoriales y podrían también ser modulados a través de la negociación colectiva. Y en este sentido se plantea que para evitar la permanencia prolongada de los trabajadores en situación de temporalidad, “sería oportuna” una regulación más adecuada de la actual regla dirigida a evitar el encadenamiento de contratos temporales, operando sobre todos o algunos de los requisitos vigentes en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Sobre la contratación indefinida, el Gobierno no propone cambios respecto de la situación actual en términos de indemnización por despido improcedente (los célebres 45 días por año trabajado).   Ahora bien, reafirma su compromiso de ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida que existe en la legislación laboral desde 1997, pero que ha ido cayendo en desuso en los últimos años. Es decir, asume la necesidad de abrir la mano en los contratos que incorporan un despido más barato de 33 días, y que ahora se limita a determinados colectivos de difícil inserción laboral (mujeres, jóvenes o mayores de 45 años).

 Temporales en fijos

El Gobierno propone tres alternativas. La primera, reabrir la posibilidad, como ha sucedido en otras etapas, de que los contratos temporales puedan transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida; la segunda, examinar la posibilidad de que nuevos colectivos de trabajadores, fuertemente afectados por el desempleo o la temporalidad, puedan realizar estos contratos manteniendo, en cualquier caso, su naturaleza de fomento de la contratación indefinida; la tercera, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario.

Con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a los contratos temporales y evitar las situaciones de fraude, el Gobierno propone recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva. “Ello aconsejaría”, sostiene el documento, “profundizar en cómo objetivar con mayor claridad  las causas de los despidos económicos y en cómo deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción del contrato”.

Sobre las empresas privadas de colocación, el Gobierno considera obligado corregir la singularidad de nuestro ordenamiento en cuanto a las restricciones sobre la apertura a la colaboración público-privada de las tareas de intermediación laboral, analizando la autorización de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro de acuerdo con los siguientes principios generales: obligación de que todas las agencias privadas dispongan de una autorización del Servicio Público de Empleo competente por su ámbito territorial y de suscribir un convenio de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo.

Y en concreto se  pretende exigir que al menos un porcentaje de su actividad esté destinado a colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo y “establecimiento de todas las garantías necesarias para asegurar el respeto a la intimidad y dignidad de los trabajadores en el tratamiento de sus datos por las agencias privadas y de la gratuidad total para los trabajadores de este tipo de actividad”.

Contratos de tiempo parcial

En cuanto a la contratación a tiempo parcial, una de las lagunas históricas del mercado laboral español, el Gobierno plantea que “se debería avanzar en una mayor extensión, y con ese objetivo se propone eliminar la posibilidad de realizar horas complementarias en el contrato a tiempo parcial, “cuya compleja regulación no parece haber resultado útil ni para las empresas ni para los trabajadores”, aclara el departamento de Celestino Corbacho.

Ello iría acompañado del establecimiento de dos formas de fijar la jornada y el horario de trabajo: Una con horario cierto y fijo de trabajo, sin posibilidad de alterar dicho horario ni realizar horas extraordinarias. En este caso, el contrato podría concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada.  Otra en la que el empresario podría modificar el horario de trabajo con un preaviso mínimo a determinar; además, el empresario y el trabajador podrían acordar la realización de horas extraordinarias con los límites previstos en el artículo 35 Estatuto de los Trabajadores y en un número máximo anual proporcional a la jornada pactada. En este caso, el contrato solo podría concertarse por tiempo indefinido.

En relación al empleo juvenil (39% de paro en este colectivo), el Gobierno insiste en lo propuesto hace dos meses. Y en concreto,  habla de “incrementar sustancialmente” las actuales bonificaciones por la contratación indefinida inicial de jóvenes con edades entre 16 y 30 años. Igualmente, se podría “elevar sustancialmente” la bonificación por la conversión de contratos para la formación y en prácticas en contratos indefinidos.

En cuanto al llamado ‘modelo austriaco’ (la posibilidad de que un trabajador se lleve la indemnización por despido de una empresa a otra sin merma de derechos), pocas novedades. El documento  se limita a decir que el Gobierno propone trabajar, buscando siempre el consenso con los interlocutores sociales, sobre la adaptación a nuestro país de modelos sobre los sistemas de indemnización por despido que en los últimos años se han adoptado en algunos países europeos, entre ellos en el sistema laboral austríaco, “que permitan incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana, así como la formación para el empleo a lo largo de toda la vida laboral".

El Confidencial

La OIT aprueba una nueva lista de enfermedades profesionales

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una nueva lista de enfermedades profesionales en su reunión de 25 de marzo de 2010.

Elaborada con el objetivo de ayudar a los países en la prevención, el registro, la notificación y, si procede, la indemnización de las enfermedades causadas por el trabajo, esta nueva lista sustituye a la que figura en el anexo de la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales y el registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (núm. 194) que fue adoptado en 2002.

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una nueva lista de enfermedades profesionales en su reunión de 25 de marzo de 2010.

Esta nueva lista sustituye a la que figura en el anexo de la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales y el registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales num. 194 que fue adoptado en 2002.

Esta lista de enfermedades profesionales de la OIT ha sido elaborada con el objetivo de ayudar a los países en la prevención, el registro, la notificación y, si procede, la indemnización de las enfermedades causadas por el trabajo.

La nueva lista incluye una serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, desde enfermedades causadas por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen respiratorio y de la piel, trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez se han incluido de manera específica en la lista de la OIT los trastornos mentales y del comportamiento. En las secciones de la lista se incluyen además puntos abiertos en todas las secciones. Los puntos abiertos permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista siempre y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a los factores de riesgo que resulte de la actividad laboral y las enfermedades contraídas por el trabajador.

La nueva lista ha sido el resultado de una cuidadosa preparación técnica y negociación política que han incluido consultas con los mandantes tripartitos, reacciones de los Estados miembros, el análisis de los factores de riesgo nuevos y emergentes en el lugar de trabajo, el examen de la práctica nacional en el reconocimiento de enfermedades profesionales, la evaluación del desarrollo científico internacional en la identificación de enfermedades profesionales, y el examen y la revisión por parte de las reuniones tripartitas de expertos.

Los criterios utilizados por los mandantes tripartitos para decidir qué enfermedades han de ser consideradas en la lista actualizada incluyen: que exista una relación causal entre la enfermedad y un agente, una exposición o un proceso de trabajo específico; que la enfermedad ocurra en relación con el ambiente de trabajo y/o en ocupaciones específicos; que la enfermedad tenga lugar entre grupos de trabajadores afectados con una frecuencia que excede la incidencia media en el resto de la población; y que haya evidencia científica de un patrón bien definido de la enfermedad tras la exposición y verosimilitud de la causa.

"El establecimiento de condiciones de trabajo seguras y saludables es un reto al que la OIT ha respondido desde su fundación en 1919. A medida que nuestro mundo se desarrolla, con las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de trabajo, los retos cambian y aparecen nuevos riesgos. Cuando no se adoptan medidas de seguridad y salud, o cuando estas medidas fracasan, pueden ocurrir accidentes, lesiones, enfermedades e incluso la muerte. Las víctimas de lesiones laborales y enfermedades profesionales tienen que ser compensados adecuadamente y es necesario tomar acciones de prevención en el lugar de trabajo para poder prevenir nuevas víctimas. Esta nueva lista de enfermedades profesionales refleja el desarrollo más novedoso en cuanto a la identificación y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el mundo de hoy. E indica claramente donde aplicar la prevención y la protección. La población trabajadora del mundo y sus familias se beneficiarán de esta nueva lista.", dijo Seiji Machida, Director del Programa de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SafeWork).

OIT