La verdadera situación del mercado de trabajo en España

Escuchando las declaraciones de nuestros gobernantes, cualquiera diría que en España la situación de los trabajadores es envidiable. Dispondrían de unos derechos sociales ejemplares, asombro del mundo. No deberían, además, preocuparse por la crisis, pues unos benéficos dirigentes se negarán a disminuir tales derechos sea cual sea la situación económica. Al contrario, frente a la crisis se proponen incluso aumentarlos.

Nada resulta tan dolorosamente chocante como el contraste entre esa propaganda gubernamental y la verdadera situación del los trabajadores en España. Veamos qué dicen las cifras oficiales, pese a los retoques a los que habitualmente están sujetas para enmascarar, en la medida de lo posible, la cruda realidad. Las extraeremos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º trimestre de 2009, elaborada por el INE. Puede verse la nota de prensa que resume sus resultados. Otra síntesis de sus principales datos se muestra en el apéndice estadístico del Boletín Económico del Banco de España, a partir de la página 23.

Lo primero que llama la atención es, por supuesto, el espantoso número de personas en paro. Eran 4.327.000 a finales de 2009. Es decir, el equivalente a casi toda la población de una Comunidad como Madrid, por hacernos una idea del orden de magnitud de tal catástrofe. Este número de parados hacía que la tasa de paro en España fuese del 18,83% a finales del año pasado. Pero no hay que dramatizar, se nos dice, pues otros países también sufren, y más, una crisis internacional de la que nosotros no somos culpables, sino víctimas ¿Cómo explicar entonces que la tasa de paro en la zona del euro fuese del 9,87%, la mitad que la nuestra? ¡Todos padecemos fiebre, efectivamente, pero unos tienen 38 grados y otros tenemos 42!  Tal diferencia en la tasa de paro constituye la mejor prueba de que la crisis española es más grave y tiene raíces propias. Algo deben de tener que ver con todo esto nuestras instituciones laborales, es decir, la forma en la que está organizado el mercado de trabajo español.

De esos parados, aproximadamente una tercera parte se consideran parados de larga duración, al llevar más de un año desempleados. Según los estudios económicos, este tipo de parados tienen cada vez más difícil el salir de la situación en la que se encuentran. Sus conocimientos se van quedando anticuados, su motivación va disminuyendo y las empresas, que lo saben, se vuelven más reacias a contratarlos.

No sólo es que haya muchísimas personas paradas y una buena parte ya durante mucho tiempo. Además, de las que siguen trabajando, un porcentaje anormalmente alto lo hace en condiciones precarias. Uno de cada cuatro asalariados tiene un contrato temporal. Este ratio de temporalidad es único en Europa y fue incluso más alto antes del estallido de la crisis (era del 34% en 2006) ¿Por qué ha disminuido 9 puntos desde entonces? Porque, como puede verse en el gráfico de la página 26 del boletín del Banco de España, la inmensa mayor parte de los hasta ahora despedidos han sido trabajadores temporales. Dicho de otra manera, el empleo creado en España durante los años de crecimiento era muy volátil: se creó mucho, pero de mala calidad y que se destruye fácilmente.

Estos problemas de alto desempleo y elevada temporalidad afectan con especial dureza a los grupos más débiles de la sociedad. Si la tasa de paro global era de cerca del 19% y el ratio de temporalidad del 25%, entre los jóvenes de 20 a 24 años la tasa de paro es del 34,9%; para los menores de 29 años la temporalidad es del 47%; los inmigrantes tienen un paro del 29,70% y una temporalidad del 52%; entre las mujeres, la temporalidad es del 30%.

Bueno, dirán algunos, pues habrá muchos parados, pero lo importante es que están muy protegidos. Las empresas han de pagarles una elevada indemnización al despedirles. Una vez despedidos, un generoso sistema de subsidios y prestaciones les ampara. Entre tanto, se pueden formar hasta que encuentren otro puesto de trabajo, con la ayuda de unos espléndidos servicios públicos de empleo. Nada más lejos de la realidad.

Ya se ha indicado que las personas que han perdido su empleo son, en su inmensa mayor parte, trabajadores temporales. En su caso, la indemnización por despido es habitualmente cero, a lo que se suma que para ellos tanto la duración como la cuantía de las prestaciones por desempleo suelen ser también muy bajas. De hecho, en España hay ya alrededor de un millón de parados que han ido agotando prestaciones y subsidios hasta quedarse sin ninguna protección.

¡Si al menos ese tiempo se aprovechase para mejorar la formación y la empleabilidad! Pero la oferta de cursos para los parados es poco variada, de escasa calidad y no está adaptada a las necesidades individuales de cada trabajador. Añádase a esto la casi nula eficiencia de los servicios públicos de empleo como agencias de colocación, pues tan sólo el 5% de las recolocaciones tiene lugar a través suyo.

En nuestro país, al lado de los trabajadores indefinidos, de mediana edad, mayoritariamente varones, con altas indemnizaciones por despido, escasa probabilidad de desempleo y elevadas prestaciones de paro, se ha creado una subclase. Se trata de trabajadores sin acceso al empleo indefinido, atrapados en una trampa de precariedad (encadenando sucesivos contratos temporales de corta duración), peores salarios, paro y menores prestaciones por desempleo. En 2008, por ejemplo, se firmaron en España 2,7 millones de contratos de menos de 7 días de duración y 5 millones de menos de 30. Esta subclase sufre casi todos los despidos y se amplía con casi todas las nuevas contrataciones. Los altos costes de despido en los contratos indefinidos hacen que los empresarios sean muy reacios a firmarlos. Por eso, el empleo temporal no es la antesala del indefinido, sino una situación que acaba por convertirse en permanente (en el mejor de los casos).

Lo anterior explica en parte el bajo aumento de la productividad en la economía española durante los años de crecimiento económico. Los empresarios no tienen incentivos para mejorar la formación de unos trabajadores con una relación laboral tan precaria y de corta duración. De ahí también la alta siniestralidad laboral, concentrada en este tipo de trabajadores mal formados, o el que se pospongan tanto las decisiones de emancipación y de natalidad entre los jóvenes españoles.

Con el actual modelo de mercado de trabajo, hasta los privilegiados trabajadores indefinidos sufren inconvenientes. Están atados a su actual puesto de trabajo, impedidos de moverse a otro, ya que eso les haría perder el derecho a las indemnizaciones por despido que han ido acumulando en función de la antigüedad. Si cambian, ponen ese contador a cero. ¿Cómo será posible cambiar así el modelo productivo, lo que requiere reasignar los recursos hacia nuevos sectores?

Finalmente, esta situación del mercado de trabajo gravita sobre el conjunto de la economía española. Es una de las causas del déficit público: más de 30.000 millones de euros se gastan anualmente en prestaciones y subsidios de desempleo. Es una de las raíces del estancamiento del consumo, no sólo de los que están parados sino también de los que temen estarlo en el futuro. Tiene incluso que ver con los problemas de bancos y cajas, ante las dificultades de numerosas familias para hacer frente a sus hipotecas y a otros préstamos.

Para no abrumar más al lector, no profundizaremos en otras cuestiones como el mal diseño de la negociación colectiva (que no tiene en cuenta la situación individual de cada empresa al decidir las subidas salariales para sectores enteros), el empleo sumergido, el fraude en la incapacidad laboral, los horarios rígidos que no permiten conciliar trabajo y vida familiar… Tampoco incidiremos en la dimensión autonómica del problema, con unos servicios de empleo regionalizados (que utilizan bases de datos sobre vacantes limitadas a su propia Comunidad) o con la práctica erradicación de la lengua común del sistema educativo y la administración en importantes zonas del país, con los consiguientes efectos sobre la movilidad de las personas y la igualdad de oportunidades. Lo anterior debería bastar para evidenciar la necesidad y la urgencia de una reforma laboral en España, que podría haberse emprendido mucho más cómodamente en los años de bonanza.

Entiendo por reforma un cambio en profundidad, no el habitual paquete de medidas, numerosas pero nimias, meramente cosméticas, con las que el actual gobierno suele enmascarar su incompetencia. No obstante, las probabilidades de que una reforma de verdad se realice son mínimas. Sirva de indicio la clamorosa dejación de responsabilidades del gobierno: el asunto ha quedado en manos de los “agentes sociales” (unos sindicatos en los que están afiliados sólo uno de cada diez trabajadores y una patronal desacreditada). Otro indicio lo proporciona la agresiva demonización de cualquiera que se atreva a proponer alternativas, sean los 100 economistas (que incluían inicialmente al secretario de Estado Campa) o sea el gobernador socialista del Banco de España. Siento darles el día, pero conviene saber que esto es lo que hay. Y que, en este tema como en muchos otros, tanto PSOE como PP nos han conducido a esta situación.

Álvaro Anchuelo para Cotizalia