Concluye sin acuerdo la negociación para la reforma laboral
La reforma laboral saldrá adelante sin acuerdo. Tras casi 11 horas de intensa reunión, el Gobierno, la patronal y los sindicatos han concluido al filo de las seis de la mañana las negociaciones para pactar los cambios en el mercado de trabajo. Pese a que la duración del encuentro hacía presagiar que el acuerdo estaba más próximo que hace unos días, las diferencias en los planteamientos, especialmente en lo referente al despido, han frustrado las expectativas. Fuentes del Ministerio de Trabajo han constatado que "no ha habido margen para el acuerdo" entre las tres partes, informa EFE.
Con el esfuerzo último de ayer, en el que los responsables de patronal y sindicatos recibieron dos documentos con las propuestas principales del Ejecutivo, las partes dan por concluida la negociación de reforma laboral. El Gobierno citará, eso sí, por separado a patronal y sindicatos para establecer una ronda de consultas -no negociación- sobre el decreto que lleva semanas preparando ante la evidencia de que el acuerdo resultaba complejo. Será el próximo viernes, aseguran fuentes de la negociación, después de que los agentes sociales reciban el documento final que el Ejecutivo pretende aprobar en el Consejo de Ministros del próximo día 16. Con el texto en la mano, sindicatos y patronal expresarán su opinión a los representantes del Ministerio de Trabajo.
El encuentro comenzó a las 19.30. A las 2.30 de la madrugada aún le quedaban "horas", según aventuraban fuentes de la negociación. A las 3.30 la reunión continuaba. Un poco antes, asesores jurídicos de los sindicatos UGT y CC OO y de la patronal llegaban al Ministerio de Trabajo para incorporarse a la reunión. Finalmente, concluyó poco antes de las seis de la madrugada.
La paradoja reside en que ninguna de las partes admite que lo dilatado de la sesión haya sido sintomático de un acercamiento de posturas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y el el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano, han presidido la reunión en la sede de Trabajo. Por la parte sindical han acudido los secretarios generales de UGT (Cándido Méndez) y CC OO (Ignacio Fernández Toxo) y por CEOE, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. Un encuentro fijado como la última oportunidad, aunque el propio Corbacho abrió la puerta a seguir negociando hasta este domingo.
CEOE será la primera en valorar esta mañana el resultado de las negociaciones. La organización ha convocado a sus órganos de gobierno para evaluar el documento de seis puntos presentado anoche por el Gobierno. Los sindicatos tienen previstas reuniones de responsables, aunque los órganos de gobierno no se verán hasta la semana próxima, lo que puede demorar el intento de acuerdo prácticamente hasta la fecha en que el Gobierno aprobará su decreto, el 16 de junio.
El coste del despido, la novedad
El Gobierno lanzó anoche su última propuesta para pactar la reforma laboral con empresarios y sindicatos. La principal novedad del esquema de seis puntos presentado por Corbacho radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores. La solución es que el Estado financie, a través del Fondo de Garantía Salarial, una parte de las indemnizaciones por despido (ocho días en todos los casos). El único requisito es que los despidos sean por razones económicas, no disciplinarias, y se podrá aplicar tanto a los casos procedentes como a los improcedentes.
Con esta fórmula, el fondo, engrosado con aportaciones empresariales, abonará una parte fija de cualquier despido (de 20 días, de 33 o de 45). Hasta ahora el Fondo de Garantía Salarial solo costeaba los despidos objetivos de empresas con menos de 25 trabajadores. De prosperar la medida, aumentaría mucho el radio de acción de este instrumento.
Además de la subvención del despido, el otro elemento fundamental del documento consiste en allanar el camino a las empresas para que puedan acogerse al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado frente a los 45 del improcedente. Esa sería la vía más eficaz ?y más demandada por los empresarios? para aligerarles el coste del despido. Porque la legislación actual ya permite acogerse a los 20 días por año cuando la empresa reduce plantilla por motivos económicos, pero los procesos judiciales suelen ser tan largos e inciertos que los empresarios prefieren pagar un despido improcedente a cambio de olvidarse del trámite. Aun en estos años de crisis, el 80% de los despidos se han resuelto como improcedentes, lo que constituye una anomalía.
Si salen adelante las novedades previstas por el Ministerio de Trabajo, el juez tendría menor margen de maniobra para decidir si una empresa tenía razones para despedir. Se trataría de ofrecer unos parámetros objetivos (pérdidas de la empresa, por ejemplo) que el juez se limitase a aplicar, sin entrar a valorar la oportunidad de la extinción del contrato.
Otra vía para abaratar el coste del despido consistirá en generalizar como contrato indefinido el de 33 días de indemnización (frente a los 45 ordinarios). La contrapartida a esa propuesta, demandada por los empresarios, radica en el freno a la contratación temporal. Se aumentará hasta 12 días por año trabajado la indemnización por finalización de contrato temporal (ahora son ocho) y se acotará a un máximo de dos años la duración del contrato por obra y servicio, un auténtico coladero de eventualidad injustificada que ahora no tiene límite temporal.
El modelo alemán de reducción de jornada es uno de los puntos del esquema del Gobierno que más unanimidad suscitan. Consiste en fomentar que las empresas reduzcan la jornada de sus trabajadores en tiempos de crisis en lugar de despedirlos. Los empleados cobrarían el paro en la parte de la jornada que dejan de realizar. También recibe un respaldo prácticamente unánime la elaboración de un plan de empleo para jóvenes que concentre la mayor parte de las bonificaciones al empleo en este colectivo y amplíe el uso del contrato de formación, ahora residual.
Menos posibilidades de acuerdo se vislumbran en el sexto punto del documento: la entrada de agencias privadas de colocación en el ámbito de los servicios públicos de empleo para fomentar la intermediación laboral. Los sindicatos se oponen a que entidades con ánimo de lucro puedan hacer labor de intermediación con el beneplácito del Estado.
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