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Garantía Juvenil: tarde y mal

Garantía Juvenil: tarde y mal

El día 5 de julio se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se trata de un popurrí de medidas de muy diversos temas entre los que aparece el llamado Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por el que las empresas que contraten de forma indefinida por seis meses, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil mayor de 16 años y menor de 25, disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros.

En una primera valoración, la Unión Sindical Obrera (USO) subraya que esta medida deja completamente fuera a los más de 750.000 parados jóvenes de entre 25 y 29 años que llevan años sufriendo las consecuencias de la crisis económica. También deja fuera a todos aquellos integrados en los sistemas de educación o formación y a los que han tenido la suerte de trabajar en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o a los que recibieran acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, ni formativas en los 30 días anteriores. De esta manera, el número neto de los excluidos es mayor al de afectados.

Para el tramo de 16 a 25 años y sin esas causas de exclusión, se ofrece como alternativa al desempleo un modelo laboral precarizado, que permite la contratación a tiempo parcial y de fijo discontinuo y que estandariza bajos salarios por el hecho de ser joven y desempleado, imposibilitando definitivamente su incorporación al mercado laboral en condiciones dignas.

En definitiva, mano de obra barata con bonificaciones a las empresas que les contratan y que a los seis meses les volverán a dejar en el sitio de donde vinieron para volver a bonificarse de otra modalidad contractual. El Gobierno parece no entender que las empresas contratan si tienen actividad y siguen empeñado en darles bonificación tras bonificación o sí lo entiende, pero necesita mejorar los datos de paro registrado a costa de lo que sea.

Hay que recordar que el ineficaz contrato para la Formación y el Aprendizaje  contaba ya con una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para las de 250 o más trabajadores. Ahora se ha previsto incrementar la bonificación a las empresas por los costes inherentes a la actividad formativa y los derivados de la necesaria tutorización del joven trabajador.

Ahora también los Contratos en Prácticas que se formalicen con jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil contarán con una bonificación adicional del 50%, por lo que las empresas disfrutarán de un incentivo del 100% en las cotizaciones por contingencias comunes. En el caso del Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa que, ya contaba con una reducción de entre el 75 y 100% de la cuota,  se amplía también a los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.

Seguimos asistiendo a políticas en materia laboral que proponen como solución a esta situación de crisis económica la desregulación de las relaciones laborales, el abaratamiento y la descausalización del despido, la modificación unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo, la precarización en la contratación y la inestabilidad en el empleo.

Para USO, las medidas de ajuste, la falta de crédito de PYMES y autónomos, el abaratamiento y facilitación del despido y la bonificación de contratos precarios en la contratación, no son las salidas a esta situación de destrucción de empleo, son parte del problema. En un comunicado la USO ha manifestado que “no se puede seguir premiando la precariedad, en todo caso debería bonificarse el empleo estable, con condiciones de trabajo dignas para los jóvenes”, además, “ ya ha llovido desde abril de 2013, cuando con 5,5 millones de jóvenes en paro en Europa y tres años después de que la OIT lanzara la voz de alarma, se aprobó desde la UE un plan europeo contra el paro juvenil, ahora llega a España tarde y mal, con un 54% de tasa de desempleo joven, la segunda más alta de toda Europa”. 

USO

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El 27,5 % de niños viven en España bajo el umbral de la pobreza

El 27,5 % de niños viven en España bajo el umbral de la pobreza

Un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza (el 27,5 %), pese a que el Gobierno central y las comunidades autónomas redujeron la inversión en Infancia un 14,6% entre 2010 y 2013, según el último informe de Unicef presentado hoy.

Esto significa que se recortaron 775 euros por cada niño, volviendo así a cifras previas al año 2007 y rompiendo la tendencia presupuestaria al alza que se mantenía desde entonces.

Esta es una de las principales conclusiones del informe 'La Infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la infancia' presentado este martes por el Comité Español de UNICEF y que refleja cómo mientras la pobreza infantil aumentaba hasta alcanzar a uno de cada cuatro niños, el presupuesto para ellos se reducía y mermaba su efectividad.

 Según explica el trabajo, la inversión en Infancia presupuestada en 2013 fue de 42.483 millones de euros, frente a los 46.391 millones que se habían empleado tres años antes y que suponían un incremento de 5.800 millones respecto de 2007. Así, el presupuesto se ha recortado un 6,8% en siete años y un 14,6% sólo durante en el último trienio. Si se observa inversión por niño, el descenso es del 11,7% respecto de 2007 y del 15,3% en comparación con 2010, 772 euros menos por cabeza.

Del total de presupuesto invertido en Infancia en 2013, el 65% fue a parar a Educación, principal área de inversión, seguida de Salud (18%), Prestaciones sociales (10%) y Bienestar Social (7%), aunque con comportamientos distintos. Educación y Salud aumentaron entre 2007 y 2010 para caer en 2013 a niveles previos, pero las prestaciones subieron levemente en todo el periodo por el aumento de niños que las necesitaban.


El "esfuerzo inversor" recayó sobre todo en las comunidades autónomas, que tienen las competencias, mientras que la Administración General del Estado contribuyó con algo menos del 1% de sus propios presupuestos. No obstante, la tendencia de los gobiernos regionales es a la baja, algo "preocupante" porque "significa que los recursos para la infancia son un porcentaje más pequeño de unos presupuestos que también se están reduciendo", según UNICEF.

"La pobreza infantil es un significativo indicador de en qué medida el Estado y la sociedad están protegiendo o no a los niños y garantizando sus derechos y su igualdad de oportunidades", explica el informe, que ofrece un "retrato desfavorable" de España, donde 2,3 millones de niños viven bajo el umbral de la pobreza y el número de familias con menores que tienen a todos los adultos en paro ha aumentado un 209%.

UNICEF incide en que "la pobreza está más extendida y es más severa y más intensa en la infancia que en el resto de la población, problema que se ha puesto en evidencia con la crisis", pero obedece también a "una tendencia previa y consolidada a largo plazo": la brecha de pobreza entre hogares con y sin niños se triplicó entre 2004 y 2012 hasta situarse en el 11,5%.

Inversión pobre e inficaz

España no sólo invierte en infancia por debajo de la media de la Unión Europea, un 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 2,2% de la UE28, sino que además, es el segundo país comunitario, sólo por detrás de Grecia, en el que menos capacidad tiene el Estado para reducir la pobreza: sólo ha conseguido paliarla un 6,9% mediante transferencias sociales, frente al 32%, por ejemplo, de reducción que consiguió Irlanda.

UNICEF añade a este hecho "otro dato también llamativo": mientras el efecto reductor de la pobreza en los hogares con niños en España es de los más bajos de Europa, el efecto en el caso de los hogares sin niños no es muy distinto al del resto de países. "A pesar de los avances realizados desde el año 2003 al 2009 en el incremento de esta inversión social su eficacia sigue siendo muy limitada", dice el informe.

En opinión la Agencia de Naciones Unidas, una de las "mayores debilidades" de las políticas públicas españolas en relación con las familias y la infancia es la falta de esfuerzo en ayudas monetarias, el más bajo de la UE28. De hecho, España es uno de los únicos seis países de europeos que no tienen una ayuda universal por hijo a cargo, que son precisamente seis de los diez Estados que tienen una mayor tasa de pobreza infantil.

Por eso, UNICEF propone establecer una ayuda universal por hijo a cargo de 1.200 euros anuales por cada menor de 18 años y, entre tanto se implementa, incrementar como medida de emergencia la ayuda por hijo a cargo de la Seguridad Social (en la actualidad 291 euros al año para familias con bajos ingresos) hasta los 1.200 euros anuales.

Quiere que esta medida entre en el debate público y que sea parte de la constitución de un gran pacto de Estado, que abarque otros asuntos, como dar más visibilidad a los niños, actualizar el marco legislativo de protección de la infancia, o asumir y extrapolar a España las metas del programa nacional de Reformas de la UE, es decir, 255.000 niños menos en riesgo de pobreza y exclusión en 2019 respecto a 2009.

El Confidencial

Uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza

Uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza

El 20,4% de la población española, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza, frente al 20,8% de 2012, un descenso que no responde a una mejora de la situación sino que se explica porque al disminuir los ingresos de la población también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.

Además, esa mínima reducción de la tasa también se explica por el efecto de la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años (cuyo riesgo de pobreza se reduce en 2,1 puntos hasta el 12,7%), ya que sus pensiones permanecen estables pese a los menores ingresos del resto de la población.

Por el contrario, la de los menores de 16 años se elevó hasta el 26,7%, lo que indica que más de uno de cada cuatro niños residentes en España está en riesgo de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza (20,4%) se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

Según el INE, en 2013 los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situó en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, respectivamente, de 2012.  En 2012 (año al que corresponden los datos de la encuesta de 2013) los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, un 3,5 % menos que un año antes, una cifra que ya acumula cuatro bajadas consecutivas desde los 30.045 euros que percibían en 2008.

La encuesta arroja otros datos preocupantes como que el 16,9% de los hogares llega a fin de mes con "mucha dificultad", un porcentaje que ha crecido en 3,4 puntos, al tiempo que el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de los hogares (45,8%) no puede ir de vacaciones ni una semana al año y el 9,3 % tiene retrasos en los pagos relacionados con su vivienda (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...), un porcentaje que, como todos los anteriores, ha aumentado respecto a 2012.

La formación también influye en la tasa de riesgo de pobreza que afecta al 25,1% de la población con educación primaria o inferior y se reduce hasta el 8,5 % en quienes tienen educación superior. En 2013, el 38% de las personas que vivían en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo también estaba en riesgo de pobreza.

 

En el caso de los parados el riesgo de pobreza afectaba al 39,9% mientras que en los ocupados se reduce al 11,7%. Según la nacionalidad, la tasa se situó en el 16,5% para los españoles, en el 35,1% para los extranjeros de la Unión Europea y en el 47,8% para quienes no eran de la UE.

El INE explica en la encuesta que, si se imputa a cada hogar un cálculo aproximado de un pago mensual de alquiler o hipoteca, la tasa general de pobreza se reduce al 18,7% en 2013 (6,8% para los mayores de 65 y 27,2% para los menores de 16 años). 

Por comunidades autónomas las tasas de riesgo de pobreza más elevadas corresponden a Castilla-La Mancha (31,3%), Extremadura (30,9%) y Andalucía (29,1%), y las más bajas a Navarra (9,9%), País Vasco (10,5%), Madrid (13,4%) y Cataluña (13,9%).

El INE explica que en la ECV difundida hoy se ha modificado el método de cálculo de los ingresos del hogar de modo que ahora se incluyen los datos que las Administraciones tienen de los ciudadanos, y se han actualizado las cifras desde 2009, por lo que no se pueden establecer comparaciones con ejercicios anteriores. "La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población", explica el INE.

El Confidencial

El PP rechaza la retirada de la devaluación salarial

El PP rechaza la retirada de la devaluación salarial

La Comisión de Empleo del Congreso ha rechazado este miércoles, con los votos del PP, pedir al Gobierno que deje de ahondar en la devaluación salarial argumentando que se trata de una "herramienta coyuntural" para hacer frente a la salida de la crisis, y recordando que hasta los propios agentes sociales han optado por este camino en su último acuerdo de moderación salarial.

La diputada ’popular’ María Jesús Susinos ha dado esos argumentos para rechazar la propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la que se pedía retirar la reforma laboral, la Ley de Desindexación de la economía o cualquier otra normativa que incentive la reducción salarial y la precariedad como vías de mejora de la competitividad, así como fortalecer la negociación colectiva y elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta un nivel "digno".

Según Susinos, la moderación salarial aplicada en los últimos dos años ha sido "necesaria" para "poder superar la situación tan difícil de la economía" española, sobre todo en su vertiente de destrucción de empleo. En cualquier caso, ha subrayado que esta estrategia es "coyuntural" y "transitoria" para "atender una situación concreta", tal y como los propios interlocutores sociales reconocen al promover la moderación salarial para facilitar la creación de empleo y el crecimiento.

ASÍ NO HABRÁ RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Sin embargo, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha advertido de las "consecuencias económicas y sociales" de esta caída "significativa" de los salarios españoles, que se viene acumulando desde 2010, y ha recordado que por esta vía sólo se consigue "aumentar la desigualdad, crear trabajadores pobres, destrozar una generación de jóvenes e impedir al país salir de la crisis".

A renglón seguido, el diputado catalán ha recordado que "esto no es una plaga bíblica que viene del cielo" sino que las razones de esta caída de los salarios, más allá de la propia crisis, estriba en la reforma laboral, cuyo "gran objetivo oculto" era reducir los salarios. "Pero si se asfixia el consumo de las familias y el consumo público la recuperación económica es metafísicamente imposible", ha insistido.

Por su parte, la socialista Patricia Hernández ha puesto el acento en la necesidad de fortalecer el Salario Mínimo Interprofesional, al que cada vez se ven sujetos más trabajadores, y ha coincidido en que si los sueldos bajan "no es por la crisis sino por una postura ideológica y política del Gobierno", que permite este "empobrecimiento" de la sociedad a la vez que sube los impuestos, la energía, la educación o introduce copagos.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, ha alertado de que no sólo se ha congelado el SMI, sino que los sueldos de muchos trabajadores están por debajo de ese umbral, lo que afecta "inevitablemente" a su capacidad de consumo y a su nivel de pobreza.

LA SOLUCIÓN NO ES DAR MARCHA ATRÁS

Pese a coincidir a grandes rasgos en el análisis y a compartir el rechazo a la devaluación salarial, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, cree que la solución no es volver al anterior marco legislativo del mercado de trabajo.

Tampoco Carles Campuzano (CiU) ha compartido la iniciativa, que a la postre es "una enmienda de totalidad a la política económica del Gobierno y a la estrategia de España para luchar contra la crisis", parte de la cual comparten los nacionalistas catalanes que, por ejemplo, apoyaron la reforma laboral.

Y es que, aunque admite que "existen límites en la estrategia de recuperación basada en la reducción de los costes laborales" y cree que "hoy es difícilmente defendible que haya que insistir en esa vía", la iniciativa no incluye a su entender ninguno de los aspectos en los que sí debería hacerse hincapié, como la necesaria mejora de las inversiones en innovación y formación para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y luchar contra el paro.

EUROPA PRESS

Abuso en los descuelgues: incumplir convenios se dispara hasta un 20%

Abuso en los descuelgues: incumplir convenios se dispara hasta un 20%

El mercado laboral está en plena transformación. Y no sólo porque la reforma de la legislación estableció una nueva correlación  de fuerzas en los centros de trabajo. También porque los convenios colectivos siguen perdiendo importancia en las relaciones laborales. Hasta el extremo de que la inaplicación de las cláusulas salariales se ha disparado. Es decir, que cada vez son más las empresas que se descuelgan de los incrementos pactados en convenios de ámbito superior y que, por lo tanto, son de aplicación obligada.

Así lo reflejan los datos más recientes sobre negociación colectiva, que reflejan que 740 empresas que representan a 33.624 trabajadores pudieron acogerse en el primer trimestre de este año a una legislación que les permite desligarse del incremento decidido en sus respectivos convenios. Esto representa una subida del 20,2% respecto del mismo periodo del año anterior en relación al número de trabajadores. O del 23% si lo que se compara es el número de convenios colectivos.

Lo singular, sin embargo, es que este intenso incremento del número de inaplicaciones coincide en el tiempo con una fuerte moderación salarial derivada del descenso de la inflación. Los salarios, de hecho, apenas están subiendo un 0,6%, por encima del IPC, que en marzo marcó un descenso del 0,1%.

El aumento de la inaplicación de convenios colectivos no parece tener que ver con un fenómeno puntual vinculado a las actuales circunstancias económicas, sino que, por el contrario, hay que asociarlo a una nueva tendencia. En 2012, el primer año en el que la nueva legislación laboral facilitó las cláusulas de descuelgue, el número de empresas que se acogió a esta posibilidad fue de 748. Un año más tarde, el número ya ascendió a 2.512, y durante el primer trimestre de este año ya van 740, lo que significa que en apenas tres meses se ha alcanzado una cifra similar a las de todo el año 2012 (la reforma laboral entró en vigor en febrero de ese año).

La inmensa mayoría de las empresas que se han acogido a la inaplicación pertenecen al sector servicios, el 85%, pero sobre todo destaca el hecho de que prácticamente las dos terceras partes de los trabajadores afectados están empleados en grandes empresas con más de 250 asalariados. Ahora bien, si la comparación se hace en relación con el número de empresas que no aceptan lo que dispone el convenio colectivo de rama o de alcance nacional, el resultado es muy distinto: el 67% tiene plantillas inferiores a 49 trabajadores.

Motivos salariales

Con la nueva legislación laboral, las empresas amplían la gama de argumentos para poder descolgarse de la aplicación de un convenio colectivo. Pero básicamente los motivos siguen siendo salariales. Nada menos que el 93% de las inaplicaciones tienen que ver con la revisión de las nóminas, aunque si se observan únicamente las causas relacionadas con la actualización anual, este porcentaje baja al 64,4%. El resto tiene que ver con los sistemas de remuneración o con las mejoras en la acción protectora de la Seguridad Social.

A destacar, igualmente, que en el 91% de las cláusulas de descuelgue ha habido acuerdo previo entre sindicatos y empresarios en el periodo de consultas. Tan sólo el 0,5% ha sido fruto de un laudo obligatorio en el órgano bipartito de representación.

La actual legislación prevé cuatro causas para que una empresa pueda descolgarse de un determinado convenio colectivo: económicas, técnicas, organizativas y productivas.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una  situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución  persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es  persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es  inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que la legislación da amplios argumentos para acogerse a esta posibilidad, y es lo que se está aprovechando.

El Confidencial

La Comunidad de Madrid renuncia a la privatización sanitaria

La Comunidad de Madrid renuncia a la privatización sanitaria

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que cancela el proceso de privatización de hospitales que ha provocado el rechazo social y que ha sido frenado en los tribunales. Además, ha explicado que hoy mismo ha aceptado la renuncia de su máximo responsable, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

Cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían rechazado esta misma mañana el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen suspendida la privatización de seis hospitales. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) había solicitado que se retirara esa medida cautelar impuesta por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM pero los jueces no han atendido a sus peticiones.

Los hospitales seguirán gestionados sanitariamente por la Consejería de Sanidad y no por los contratistas a los que ésta había adjudicado su dirección médica.

"El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalizacion de la gestión de hospitales a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales", ha comenzado González. "Como siempre hemos dicho, acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo, como en este caso

"No parece razonable", aseguró el presidente madrileño, que la adopción de una medida cautelar lleve siete meses  "generando una situación de incertidumbre y de falta de seguridad". También ha defendido el modelo privatizador. "Este es un modelo de gestión legal y posible, está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas". Y ha ido más allá: "En Madrid tenemos cuatro hospitales que siguen siendo públicos y garantizando una atención gratuita y de la máxima calidad" aunque no están gestionados directamente por la Consejería de Sanidad.

Aunque ha asegurado que la externalización "nos permite hacer sostenible" el sistema sanitario, no ha explicado claramente cómo afectará esta decisión a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Sólo ha adelantado que tendrán que "tomar más decisiones tendientes al ahorro".  Y quiso dejar claro que el de la sostenibilidad era el "unico objetivo con el que pusimos en marcha estas y otras medidas".

Lasquetty, el gran perdedor

"Ha sido un consejero estupendo". Las palabras de Ignacio González sonaron a sentencia. Un breve resumen de las capacidades y logros de Javier Fernández Lasquetty acompañó al anuncio de la dimisión del polémico consejero de Sanidad madrileño.

"Yo fui quien propuso este proyecto y las circunstancias lo han hecho imposible, es bueno asumir la responsabilidad de no haberlo logrado", ha asegurado Lasquetty. Sobre todo un proyecto "que ha generado un grado alto de debate", abundó. Por eso, resumió, "dimito por rectitud y sentido de la responsabilidad"

En cuanto a las concesionarias, el presidente aseguró que no está previsto que se les ofrezca ningún tipo de indemnización. "Una suspensión es eso, una suspensión. Todos tenemos que acatar las decisiones judiciales". 

El reemplazo de Lasquetty es Javier Rodríguez Rodríguez, doctor en Medicina y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense, que ha hecho buena parte de su carrera en el hospital Gregorio Marañon. Lasquetty, por su parte, continuará como diputado en la Asamblea de Madrid.

El futuro político de Ignacio González protagonizó varias de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada de urgencia por el presidente autonómico. González atajó las insinuaciones sobre las posibles consecuencias que esta decisión podría comportarle en lo personal. "Esto no es un fracaso" aseguró, tajante. "Simplemente se ha abierto un debate". Además, se encargó de destacar que este varapalo judicial no afecta su proyecto político. "Mi proyecto es salvaguardar nuestro magnífico sistema sanitario", zanjó. Y ante la posibilidad de llevar nuevamente este proyecto a las próximas elecciones, no quiso pronunciarse. "No, no es el momento"

La batalla legal

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición en los juzgados. 50 diputados regionales del Partido Socialista de Madrid presentaron un recurso similar al de los médicos, pero los jueces entendieron que no estaban "legitimados". Esa medida también está recurrida. También medio centenar de senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que permitía abrir el proceso administrativo de privatización. El TC lo admitió a trámite el 23 de abril de 2013, pero esto no conllevaba medidas cautelares porque sólo surten efecto inmediato cuando el que presenta el recurso es el Gobierno central (como en el caso del euro por receta, cuya reclamación por parte de Mariano Rajoy paralizó la tasa en Madrid y Cataluña).

Estas causas fueron derivadas a la supersala para que las resolvieran en conjunto 50 jueces del Tribunal Superior de Justicia, pero una vez reunidos decidieron devolver las causas a las respectivas salas a las que habían sido asignadas. 

Además de esta batalla en el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid tiene abierta una causa por la querella presentada por la AFEM contra un proceso anterior de privatización de centros sanitarios similar al actual (aunque de menor escala) y por el que están imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño.

El Diario

Los empresarios pide la retirada de las cotizaciones de los vales de comida y el seguro médico

Los empresarios pide la retirada de las cotizaciones de los vales de comida y el seguro médico

Las empresas y los trabajadores deben cotizar desde el pasado 22 de diciembre más a la Seguridad Social por conceptos hasta ahora exentos como son el plus de transporte, las ayudas a la comida, los vales para guardería o los seguros médicos y planes de pensiones, entre otros. Eso fue lo que aprobó el Gobierno el pasado 20 de diciembre en el Real Decreto-Ley 16/2013 de medidas urgentes para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en el que se establece que esta decisión responde a la necesidad deactuar para potenciar la contratación estable y para acabar con el ciclo de destrucción de empleo.

Pues bien, la iniciativa, aprobada sin apenas publicidad por parte del Ministerio de Empleo, pilló completamente desprevenidos a empresas y trabajadores, ya que además coincidió con el inicio de las vacaciones de Navidad. La reunión celebrada ayer en la sede de CEOE estuvo marcada casi íntegramente por este asunto y transcurrió en un clima de fuerte indignación y enfado por el fondo y la forma en la que se ha adoptado esta medida.

En una nota difundida ayer a primera hora de la tarde, CEOE considera que una iniciativa que afecta a las contribuciones sociales de empresarios y trabajadores debería haber estado precedida de la preceptiva consulta, como es habitual en este ámbito, y no de forma precipitada como ha sucedido, especialmente cuando su coste puede representar, como mínimo, un punto de cotización de Seguridad Social (unos 3.600 millones de euros, según los cálculos efectuados por CincoDías).

Puntilla adicional

Los empresarios recordaron en su comunicado que se está produciendo un incremento continuo en las cotizaciones sociales, como el alza del 5% decretada por segundo año consecutivo para las bases máximas, que son las que se aplican a los salarios más elevados. Solo esta última subida de las bases máximas estiman que representa un impacto de 750 millones de euros cada año.

En este sentido, resaltan que con el citado real decreto ley se produce un aumento desproporcionado de las cargas que recaen sobre las retribuciones en especie, que eso son los nuevos conceptos obligados a cotizar, y no salario directo, conllevando un castigo con fines recaudatorios con el que no estamos de acuerdo.

Fuentes de la patronal presentes en la reunión explicaron ayer que el sentir general de los patronos es de una fuerte preocupación porque esta medida precipitada perjudica a todos, empresarios y trabajadores; y supondrá una pérdida de competitividad de la economía global y de las empresas.

Se trata de un importante revés que pone en peligro la creación de empleo, añaden las mismas fuentes. Insisten los empresarios en que no creen que la iniciativa beneficie a nadie, y, sin embargo, ¿habrá que analizar la trascendencia económica, social y legal que tiene.

Ahora toca hacer números en todos los sectores

En el fragor del enfado que ha suscitado el último incremento de cotizaciones sociales, la Junta Directiva de la CEOE instó ayer a todas sus organizaciones sectoriales a que realicen los cálculos de cómo afectará a sus asociados la cotización de los conceptos antes exentos y considerados retribución en especie. Además de echar cuentas, la directiva animó a las patronales a publicar las cifras, de modo que el Gobierno conozca de primera mano la trascendencia de esta medida.

En este sentido, el sector hostelero, uno de los más perjudicados por la nueva cotización de los vales comida, ya ha estimado que la medida puede ocasionar una pérdida de 275.400 clientes, una reducción de su facturación de unos 498 millones de euros y una destrucción de 10.000 empleos en bares y restaurantes. En opinión de la Federación Estatal de Hostelería y Restauración (FEHR), la nueva cotización de los pluses y complementos de manutención, así como otros incluidos en los convenios, puede suponer entre un 10% y un 12% de incremento de las bases de cotización en muchas empresas. Por todo ello, consideran que esta medida frenará las posibilidades de consumo de numerosos ciudadanos, algo inapropiado en un momento en el que es tan necesario que mejore el gasto de las familias para reactivar la economía.

Cinco Días

Los partes de baja laboral ya no se tendrán que confirmar

Los partes de baja laboral ya no se tendrán que confirmar

Los médicos de familia emitirán los partes de confirmación según la duración prevista de la enfermedad, sin necesidad de acudir al centro de salud cada semana.

Mejorar la gestión y los procesos de incapacidad temporal (IT), las denominadas bajas laborales. Con este objetivo el Gobierno suprimirá la confirmación de los partes de baja semanales para aquellos trabajadores que padezcan una enfermedad de larga duración, de forma que los médicos de familia emitan esos partes de confirmación según la duración prevista de la enfermedad, sin necesidad de acudir al centro de salud, tal y como ya informó ABC.

El Ministerio de Empleo ha trasladado a los agentes sociales su intención de distinguir cuatro grupos de procesos, en atención a su duración prevista, con distinta periodicidad en la expedición de los indicados partes. Para ello se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la IT del trabajador en función de su patología, edad, la repercusión de la dolencia que causó la baja sobre su puesto de trabajo, etc.Esta información no será vinculante, solo informativa.

Esta novedad ahorrará tiempo a los trabajadores y familiares, ya que sólo acudirán a su médico de atención primaria a recoger el parte de confirmación por IT cuando sea necesario. Además, supone una simplificación burocrática para los servicios públicos de salud puesto que los actuales partes de confirmación semanales pasan a ser partes que tengan en cuenta el tiempo estimado de la IT. En seguimiento de la IT se convertirá así en un proceso menos gravoso.

Supresión del informe de maternidad

Para ahorrar trámites Empleo plantea también suprimir el informe médico de maternidad cuando la madre inicia el descanso en el momento del parto y que ahora se exige para que pueda comenzar a disfrutar de su tiempo de descanso y de la prestación. La acreditación del nacimiento del hijo –partos naturales- se conoce mediante la conexión informática de bases de datos con el Registro Civil con lo que el requisito del informe desaparece.

En 2012 el gasto por IT se situó en 1.860,91 millones de euros y la previsión para 2013 es de 1.700,29 millones. En la obtención de estos resultados influye de manera importante la colaboración en el control de IT que prestan los servicios autónomos de salud de las comunidades autónomas, mediante los convenios de colaboración formalizados con la Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Seguridad Social.

ABC

No se puede seguir devaluando el factor trabajo, cebandose en los más débiles

No se puede seguir devaluando el factor trabajo, cebandose en los más débiles

Mientras el Gobierno sigue instalado en la propaganda que nos anuncia la buena nueva de la “luz al final del túnel”, la realidad se impone con inusitada dureza día a día y decisión a decisión adoptada por el Ejecutivo. Hoy los ciudadanos vamos a sufrir un nuevo golpe a nuestro presente económico y a nuestras expectativas de futuro merced a la decisión de congelar el Salario Mínimo Interprofesional y el IPREM.

Es la segunda vez que lo hace en esta legislatura. En 2013 fijó una revalorización del SMI del 0,6%. La tasa de inflación se situó en el 0,2% en noviembre, tras el efecto escalón de la subida del IVA del pasado año. No obstante, durante la primera mitad del año los precios llegaron a experimentar una subida superior al 2% interanual. La USO recuerda que el SMI en España es uno de los más bajos de la UE.

La congelación del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), es también muy grave ya que este índice que se utiliza como referencia para la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo…

La USO considera que estas medidas, sumadas a la pérdida general de poder adquisitivo que venimos padeciendo como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral en combinación con el aumento de la carga fiscal, son inaceptables, van a suponer aumentar los niveles de pobreza y el número de hogares en peligro de exclusión.

Una vez más, las decisiones del Gobierno apuntan en la dirección equivocada y se ceban en los más débiles. El factor trabajo continúa devaluándose y es hora de que el ejecutivo empiece a hacer política de Estado enfocada a los ciudadanos y no mirando siempre a los intereses del poder financiero.

Las decisiones de hoy se suman a la del encarecimiento del recibo eléctrico que, sea cual sea la cifra final, no va a paliar sino al contrario, la situación de más de 4 millones de personas afectadas por la “pobreza energética”.

USO

El 21,6% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza

El 21,6% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza

La tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6 por ciento de la población residente en España en 2013, frente al 22,2 por ciento registrado el año anterior, según se desprende de los resultados provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2013 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La encuesta destaca la disminución de esta tasa entre los mayores de 65 años (de 2,6 puntos entre 2012 y 2013) mientras que la tasa de los menores de 16 años baja 1,2 puntos. La encuesta también considera en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar que, en el caso de los mayores de 65 años -mayoritariamente propietaria de su vivienda-, presenta el menor porcentaje de riesgo de pobreza, que se sitúa en el 6,3 por ciento en 2013.

La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. Es decir, precisa el INE, no mide la pobreza absoluta sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.

La encuesta añade que los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto a 2011. Por este motivo, el INE indica que al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza que, en este 2013, se sitúa para los hogares de una persona en 7.040 euros, un 2 por ciento menos que el estimado en el año anterior, mientras que en hogares compuestos por dos adultos y dos menores, el umbral es de 14.784 euros.

En la encuesta también se menciona el Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020), un nuevo indicador agregado que combina el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. Es decir, que se usa para aquel sector de la población que está, al menos, en alguna de esas tres situaciones.

En 2013, el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 28 por ciento de la población residente en España, frente al 28,2 por ciento registrado en 2012 y el 27,7 por ciento en 2011.

A menor formación, más pobreza

El INE también publica este miércoles los resultados definitivos de la ECV del año 2012 (ingresos de 2011), que permiten una desagregación más detallada de la tasa de riesgo de pobreza y del ingreso medio en función de características como el nivel de estudios o el tipo de hogar.

Así, la tasa de riesgo de pobreza, sin considerar el alquiler imputado, difiere en función del nivel de formación del individuo ya que el 27,1 por ciento de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educación primaria o inferior está en riesgo de pobreza. Por su parte, cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reduce al 9,4 por ciento.

En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza por CC.AA., las más elevadas se dan en Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha. Y las más bajas en Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Cantabria.

Respecto al tipo de hogar, el 36,9 por ciento del total de personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo se sitúan en riesgo de pobreza. En relación con la actividad, el 40,3 por ciento de los parados está en riesgo de pobreza mientras que el 10,7 por ciento de los jubilados se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

Por último, atendiendo a la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza es del 18,5 por ciento para los españoles, del 31,2 por ciento para los extranjeros de la Unión Europea (UE) y del 46,0 por ciento para las personas cuya nacionalidad no es de un país de la UE.

 Dificultades para llegar a fin de mes

Por otro lado, el 16,9% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, el porcentaje más alto registrado en todo el periodo de crisis, según el INE. En 2012, los hogares que expresaban mucha dificultad para llegar a fin de mes eran el 13,5%, es decir, 3,4 puntos menos que los que se encuentran en esta situación este año.

Por comunidades, Murcia encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes, con un 24,8%, esto es, casi uno de cada cuatro. Le siguen Andalucía (23,4%) y Extremadura (20,9%), mientras que las regiones con los porcentajes más bajos son Navarra (4,7%), Asturias (7,1%) y Castilla y León (8,5%)-

La estadística también revela que el 40,9% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, proporción que ha descendido respecto a 2012, cuando los hogares en esta situación alcanzaban el 41,4%.

Además, el INE apunta que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se ha situado este año en el 45,8%, también cifra récord en la crisis, y bastante superior a la de 2007 (37%).

La encuesta revela además que el 79,2% los hogares españoles tenía una vivienda en propiedad en 2012. De ellos, el 50,7% no pagaba hipoteca, mientras el 28,5% poseía vivienda en propiedad pero con una hipoteca pendiente. Otro 12% de los hogares estaba pagando un alquiler a precio de mercado, el 2,5% vivía de alquiler, pero a precios inferiores al mercado y el 6,3% disfrutaba de una vivienda gratuita.

Analizando los datos por regiones, el 87,5% de las familias vascas y el 85,6% de las cántabras disponía de una vivienda propia, siendo éstos los porcentajes más elevados, mientras que los más bajos correspondían a Baleares (65,9%), Canarias (73,3%) y Cataluña (74,4%).

El Confidencial

El paro registrado sube en 87.028 personas en octubre hasta 4.811.383

El paro registrado sube en 87.028 personas en octubre hasta 4.811.383

La USO considera que los datos de paro registrado en el mes de octubre confirman la tendencia apuntada por este sindicato en meses anteriores como es que finalizado el periodo estival, vuelve a aumentar el número de parados inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal aunque lo hace en menor medida que hace un año.

El número de desempleados ha aumentado en octubre en 87.028 personas respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo en 5.363.142  personas. En términos desestacionalizados, el paro desciende en 8.239 personas. Por primera vez desde el año 2006, se registra una disminución consecutiva en los meses de agosto, septiembre y octubre. En lo que va de 2013, el paro registrado ha disminuido en 37.340 personas.

Persiste la dualidad en el mercado laboral español: de los 1.582.400 nuevos contratos, solo 119.400 han sido indefinidos, un 7,55% del total de contratación. Conviene recordar que uno de los principales objetivos de la Reforma Laboral era sentar las bases para acabar con este desequilibrio que se mantiene de manera recurrente e incluso se incrementa. Por último la afiliación media a la Seguridad Social ha aumentado en octubre en 54.927 ocupados.

Para la USO todos estos datos confirman una tendencia clara: estancamiento de la economía, se sigue destruyendo empleo y las contrataciones están muy ligadas a la estacionalidad. El otoño se revela como el periodo de la caída de los repuntes de contratación temporal.

La USO echa en falta algunos elementos clave para revertir estas tendencias: inversión privada y pública en sectores de alto valor añadido que generen empleo de calidad y estable y políticas públicas que pongan freno al alarmante incremento de la economía sumergida fruto del estancamiento de la economía y de la enorme carga fiscal.

Por último la USO alerta del riesgo cierto de estancamiento a largo plazo: es verdad que estamos cerrando el capítulo de la recesión pero los datos apuntan a que la recuperación va a llevar más tiempo del previsto si nos atenemos a las cifras antes mencionadas y a la situación de la variación de precios que apunta hacia la deflación.

USO

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Bajar salarios para nada: la subida del euro tumba la competitividad de España

Bajar salarios para nada: la subida del euro tumba la competitividad de España

A la economía española le ha salido un ‘rival’ inesperado. En pleno proceso de devaluación interna para ganar competitividad y empujar el sector exterior, la apreciación del euro se ha comido buena parte de los beneficios obtenidos por la política de contención de precios y salarios. La moneda única se sitúa en el entorno de 1,38 euros por dólar con una apreciación del 7% frente a la media del año 2012.

En concreto, y según datos del Ministerio de Economía, en el tercer trimestre del año el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) frente a los países de la Unión Europea a 28 registró una pérdida de 0,9 puntos. O expresado en otros términos, mientras que España ganó una décima de competitividad por la vía de contar con un IPC más bajo, perdió nada menos que un 1% debido al tipo de cambio del euro, que sólo se ha apreciado en los últimos meses.

Frente a los países de la Eurozona las cosas fueron algo mejor, pero aún así el Índice de Tendencia de la Competitividad también aumentó de forma suave, un 0,1% interanual. Esta ligera pérdida de competitividad, como admite el Ministerio de Economía, fue debida a que “la inflación en España fue inferior a nueve países de la Eurozona, pero superior a la de los otros siete”.

Lo peor, sin embargo, es que esa pérdida de competitividad por la apreciación del euro también se ha producido frente a los países de la OCDE, donde España busca nuevos mercados. En concreto,  la competitividad frente a los países de la OCDE avanzó un 1,8% respecto de los niveles del mismo trimestre del año anterior (un aumento del ITC supone en realidad una pérdida de la capacidad de competir). Este resultado fue consecuencia del incremento del 2,1% en el índice de tipo de cambio, frente a la caída del 0,3% en el índice de precios relativos de consumo.

Pero es que frente los países de la OCDE que no pertenecen a la zona euro el ITC aumentó un 6% en tasa interanual. Es decir, mientras que el índice de tipo de cambio registró una subida del 7,2%, el índice de precios relativos disminuyó un 1,1% en términos interanuales, lo que explica la abultada pérdida de competitividad.

El precio de las exportaciones

Si la comparación se hace no sólo con el IPC, sino con el valor unitario de las exportaciones (el precio al que realmente venden los exportadores españoles), el resultado es igualmente adverso.

Según los datos del Ministerio de Economía, en el segundo trimestre de 2013, el Índice de Tendencia de la Competitividad frente a los países de la Unión Europea aumentó un  2,2%. Esta pérdida de competitividad, asegura el Ministerio de Economía, fue consecuencia tanto del aumento del 1,7% en el índice de precios relativos de exportación como del aumento del 0,5% interanual en el índice de tipo de cambio.

En el Programa de Estabilidad 2013-2016, el Gobierno contaba con que este año se prolongarían las ganancias de competitividad al menos hasta 2016. Siempre que el tipo de cambio tuviera una “aportación neutral”, y siempre que la  evolución de los costes laborales unitarios fuera “más positiva que la de la mayor parte de nuestros socios comerciales”.

Este aspecto, decía Economía, “sin querer soslayar la competencia por vías distintas al precio”, es cada vez más importante “a la hora de explicar el comportamiento de nuestras exportaciones, dado que los mercados geográficos a los que van dirigidas se encuentran en expansión y comprende cada vez más países de elevada competitividad-coste”. Ese proceso es el que se ha quebrado en el tercer trimestre.

El Confidencial

Tres millones de españoles sobreviven con menos de 307 euros al mes

Tres millones de españoles sobreviven con menos de 307 euros al mes

La pobreza severa, es decir vivir con menos de 307 euros al mes, ya afecta a tres millones de personas en España, una cifra que duplica a los que estaban en esta situación antes del comienzo de la crisis en 2008. Este es el dato más alarmante del VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social que ha presentado hoy Cáritas Española además de su Memoria de 2012, que refleja que el pasado año atendió a 1.904.737 personas, de las que 1.300.014 fueron en acogida y asistencia.

En la rueda de prensa, el secretario general de la organización, Sebastián Mora, ha hecho hincapié en que cada vez la diferencia es mayor entre los ciudadanos que tienen acceso a bienes y servicios y los que no lo tienen. Ha subrayado el aumento de la "cronicidad" de la pobreza, tal y como demuestra el hecho de que una de cada tres personas atendidas lleve más de tres años demandando ayuda.

Según Cáritas, existen necesidades básicas como la alimentación, vivienda, ropa o calzado que no están cubiertas y hay un riesgo de "desbordamiento" de la familia, ya que ellas junto a los servicios sociales hasta ahora han tenido un efecto de "contención" a la crisis, pero ambos se están debilitando. En este sentido, en su informe, destaca que la desprotección social de los ciudadanos "está agravada" al restringirse las condiciones de acceso a derechos tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.

Mora ha reivindicado una protección "más estable e intensa" sobre todo de los más vulnerables: tres millones de personas sufren "pobreza severa" (un 6,4 por ciento de la población), además, la renta nacional disponible neta a precios de mercado por habitante en valor real ha pasado de 15.421 euros al año en 2006 a 13.744 euros en 2011.

Así las cosas, la renta por persona ha caído cerca de un 11 por ciento entre 2006 y 2011 y el empobrecimiento está afectando especialmente a los grupos más vulnerables, en concreto los más afectados por la pobreza son: las familias con miembros en paro, seguidas de los inmigrantes, las familias monomarentales y, por último, la infancia.

En el caso de la pobreza infantil afectaba a un 26,7 por ciento de la población de menos de 16 años en 2011 aumentando 3,1 puntos desde 2007. Ante esta situación, la organización en España dedicó algo más de 276 millones a los más desfavorecidos (25,5 millones más que en 2011, lo que supone un 10,2 por ciento más), de los que casi 194 millones (el 70,20 por ciento del total de recursos) proceden de donaciones privadas.

La mayoría de los recursos de Cáritas han sido destinados a reducir el impacto de la precariedad a causa de la crisis con programas como los de Empleo e Inserción laboral (25 millones de euros), Vivienda (5,8 millones) y Acogida y atención primaria (60,6 millones). Además, en 2010 ha reforzado sus acciones hacia las personas mayores, las que no tienen hogar, la infancia, la familia y los inmigrantes, ya que la mitad de los atendidos por la organización son ciudadanos extracomunitarios.

El perfil de la persona atendida sigue siendo mujer y "numerosas" parejas jóvenes -de entre 20 y 40 años de edad- con hijos también se han visto muy afectadas. "Lo que no podemos hacer es salir del túnel dejando a miles y millones de personas en el túnel. Muchas veces, las propuesta de salir de la crisis es echar a correr para adelante sin mirar para atrás", ha aseverado Mora, quien ha insistido en que hay gente "que ya está en la luz" pero hay mucha que "sigue en la oscuridad".

Por otra parte, ha hecho hincapié en que Cáritas apuesta de forma "seria" y "decidida" por la cooperación internacional, de forma que el próximo 10 de diciembre el papa presentará en el Vaticano una campaña internacional de la organización de lucha contra el hambre.

Al acto de la presentación del informe y la memoria han asistido también el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, y el obispo responsable de la organización, Alfonso Milián.

El Confidencial

La rebaja de salarios hace un ‘roto’ de 3.023 millones a la Seguridad Social

La rebaja de salarios hace un ‘roto’ de 3.023 millones a la Seguridad Social

El descenso de los salarios en términos reales está pasando factura a la Seguridad Social. Hasta el punto de que en 2014 los ingresos por cotizaciones sociales -pese al estancamiento del empleo- caerán en 3.023 millones de euros. O lo que es lo mismo, el sistema público de protección social recaudará el año próximo 102.839 millones de sus afiliados cotizantes, lo que representa un 2,86% menos que en 2013.

La causa de este descenso no tiene que ver con la evolución del empleo –el Gobierno estima que se crearán puestos de trabajo en términos EPA, aunque se destruirán unos 30.000 empleos en términos de Contabilidad Nacional-, sino con la evolución de las bases medias de cotización, que en coherencia con la evolución de los salarios, seguirán cayendo.

En el Informe Económico Financiero  que acompaña a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos no se hace ninguna estimación sobre cómo evolucionarán los salarios el año próximo, pero se recuerda que ya en 2012 las bases medias de cotización cayeron un 0,22%. La tasa puede parecer pequeña, pero no existen precedentes recientes en la economía española de una caída similar de las nóminas. Incluso en los años más intensos de la crisis, las bases de cotización crecieron (un 4% en 2009 y por encima del 1% en los dos ejercicios siguientes).

Ahora todo se ha dado la vuelta. Tanto en 2013 como en 2014 las bases medias de cotización del régimen general (la clave del sistema de reparto) volverán a descender, lo que hace un auténtico ‘roto’ a la Seguridad Social, cuya financiación dependen en un 82,6% de las cotizaciones sociales. Algo que explica en parte que este martes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunciara en el Congreso que el Gobierno retirará otros 6.148 millones de euros de la Seguridad Social.

Probablemente, no van a ser los últimos millones que saque la Seguridad Social del Fondo de Reserva. En el proyecto de ley de Presupuestos se anuncia que el año próximo la utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad social y  otros fondos del sistema supondrán 11.029 millones de euros. Es decir, casi 5.000 millones adicionales a los que ha anunciado la ministra de Empleo.

En la actualidad, y con fecha 25 de septiembre de 2013, el Fondo  acumula un importe de 59.255 millones de euros equivalente al 5,8% del Producto Interior Bruto. En 2012 la Seguridad Social ya sacó de la ‘hucha’ 7.003 millones de euros y en 2013 otros 5.500 millones de euros.

La propia Seguridad Social lo achaca a la evolución de los salarios. Y en concreto, advierte en su informe económico financiero que “los nuevos contratos se incorporan con una base inferior a la media”. Aunque no sólo eso. Los ingresos -con un tipo de cotización del 28,3%- caerán por el efecto de los menores incrementos de colectivos no sujetos a la  negociación colectiva y por los desplazamientos de las bases mínimas y máxima de cotización.  Asimismo, se considera la influencia de los efectos de determinados tipos de contratos de  trabajo cuya finalidad es el fomento del empleo. Y por último, hay que tener en cuenta la reducción de la base de los contratos a tiempo parcial y contratos para la formación.

La mala evolución de los ingresos por cotizaciones sociales se producirá pese a que el Gobierno ha presupuestado 1.264 millones adicionales por menores bonificaciones a la contratación y otros 1.770 millones que se recaudarán vía inspección laboral. Igualmente, el Gobierno espera aumentar los ingresos tras elevar las bases máximas de cotización un 5%, mientras que las bases mínimas de los trabajadores autónomos cerceen un 2%, por encima de la inflación prevista.

El Confidencial

No es necesario llegar a la congelación para morir de frío

No es necesario llegar a la congelación para morir de frío

La Unión Sindical Obrera (USO) rechaza la nueva  reforma de la pensiones aprobada por el Consejo de Ministros y ve con preocupación como el poder adquisitivo de los pensionistas, actuales y futuros, corre un riesgo cierto de verse recortado como consecuencia de  la aplicación del llamado factor de sostenibilidad, derivado de la implementación de la reforma anterior llevada a cabo por el gobierno socialista y pactada con los agentes sociales CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.  

Por mucho que nos repitan que nunca más se congelarán las pensiones, la realidad es que éstas no recuperan el poder adquisitivo ya perdido, y en los próximos años seguirán perdiéndolo haciendo que nuestros actuales y futuros pensionistas sean más pobres. La USO quiere recordarle al Gobierno que no hace falta llegar a la congelación para morir de frío. La hipotermia a la que condena a nuestros mayores les llevará, no sólo metafóricamente, a una situación en muchos casos insostenible. ¿O es que ahora la luz (tercera subida en un año), el gas, los combustibles, los alimentos básicos, etc., crecerán menos que el IPC?

Esta nueva reforma parte de una premisa falaz: que el sistema no es sostenible. El sistema español de reparto es perfectamente sostenible en el momento en el que seamos capaces de generar empleo abundante y de calidad y por tanto aumente la cuantía de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Ligar el futuro de las pensiones fundamentalmente a la esperanza de vida, que puede verse afectado por factores de todo tipo, es introducir reformas para aminorar el gasto sin preocuparse de la generación de ingresos y por tanto del empleo. Esto es simplemente un despropósito. Más aun cuando uno de los factores que afectan al sistema como es la edad legal de jubilación ya se ha modificado y este cambio –que incrementa en dos años la edad legal de jubilación hasta los 67 años–  no se toma en consideración en la definición del futuro factor de sostenibilidad. También se olvidan que el porcentaje del PIB que dedicamos a pensiones es inferior a  la mayoría de los países de nuestro entorno.

La Reforma que presenta el Gobierno, a día de hoy, afectará no sólo a los futuros pensionistas, sino también a los actuales, y a la futura revalorización de la cuantía de su pensión. Una vez más recae sobre los pensionistas las deficiencias que los gestores del sistema llevan a cabo.

La USO rechaza estos planteamientos que bordean el mandato constitucional contenido en el artículo 50 de nuestra Carta Magna, para que las pensiones se actualicen, sean adecuadas y permitan la suficiencia económica, e insiste en recordar al Gobierno que el principal factor de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es el empleo, el empleo estable y con salarios adecuados, que garantiza los ingresos al sistema. Este es el factor que hay que implementar y al que el Gobierno debe dirigir todos sus esfuerzos.

USO

Detenida la privatización de los hospitales madrileños

Detenida la privatización de los hospitales madrileños

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que se ordena la suspensión cautelar del proceso de privatización de los hospitales madrileños.

La sala cree que este proceso afectaría a más de 1 millón de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y, que de seguir adelante, los cambios en la gestión serían irreversibles, por lo que se acuerda mantener la situación existente hasta que se resuelva el recurso.

“Esta situación supone una vulneración de los derechos fundamentales de las personas, ya que existirían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, afirma Javier Blanco, Secretario General en funciones de USO-Madrid.

“Desde USO-Madrid esperamos que este auto sea definitivo y que paralice de manera permanente el proceso de privatización de la sanidad pública, de la sanidad de todos los ciudadanos madrileños”, concluye Blanco.

USO-Madrid

Los trabajadores fijos discontinuos equiparados a los de tiempo parcial a efectos de cotización

Los trabajadores fijos discontinuos equiparados a los de tiempo parcial a efectos de cotización

Los trabajadores fijos discontinuos equiparados a los de tiempo parcial a efectos de cotización y jubilación

El Ministerio de Empleo ha dado traslado por escrito a la USO de la interpretación que hace de la laguna observada en la reforma introducida por el  Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. De la redacción del Real Decreto-Ley se evidenciaba una laguna que introducía la duda razonable de si afectaba por igual no sólo a los trabajadores con contrato a tiempo parcial sino también a los contratados bajo la modalidad de fijos discontinuos ya que no se mencionaba explícitamente.

Pues bien, trasladada esta inquietud por parte de la USO al  Ministerio de Empleo a través del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, hemos recibido respuesta afirmativa en el sentido de que, aunque es cierto que no se mencionan explícitamente este tipo de contratos, la doctrina a aplicar tanto por normativa de la Seguridad Social como por distintas sentencias anteriores del Tribunal Constitucional es favorable a la equiparación en derechos para este tipo de trabajadores. 

De no haber sido así, la nueva normativa podría contravenir nuevamente el principio de igualdad, y trabajadores que han realizado el mismo esfuerzo de cotización se quedarían sin poder acceder a la pensión de jubilación. Pensemos en el supuesto de un trabajador a tiempo parcial con media jornada y un fijo discontinuo que trabaja 6 meses al año. Lo razonable y así lo expresa el Ministerio es que ambas situaciones tengan igual tratamiento.

Puedes ver en detalle la respuesta oficial y la doctrina descargándote este archivo pdf.

USO

 

USO rechaza la nueva propuesta de reforma de la pensiones

USO rechaza la nueva propuesta de reforma de la pensiones

Unión Sindical Obrera (USO) rechaza la nueva  reforma de la pensiones y contempla con preocupación como el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros corre un riesgo cierto de verse recortado,  como consecuencia de  la aplicación del llamado factor de sostenibilidad, derivado de la implementación de la reforma anterior llevada a cabo por el gobierno socialista y pactada con la CEOE, UGT y CC.OO.  

Lo anunciado hasta este momento parte de una premisa falaz: que el sistema no es sostenible. El sistema español de reparto es perfectamente sostenible en el momento en el que seamos capaces de generar empleo abundante y de calidad y por tanto aumente la cuantía de las cotizaciones a la Seguridad Social. Conviene recordar que para  profundizar más en reforma del sistema el gobierno de Mariano Rajoy encargó un informe sobre la reforma del sistema de pensiones a un Comité de Expertos, que lo entregó el pasado junio. El mandato era desarrollar un factor de sostenibilidad para el actual sistema de reparto, con la intención de adelantar la aplicación del mismo prevista en la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Gobierno.

El Comité centró todo su análisis en el riesgo de desequilibrio demográfico, por la prolongación de la esperanza de vida, tendencia en sí misma positiva, pero que según los últimos datos del INE la esperanza de vida al nacimiento se redujo ligeramente respecto al año anterior, cifrándose en 82,2 años.

Por tanto el ligar el futuro de las pensiones a este sólo hecho, que puede verse afectado por factores de todo tipo, es decir introducir reformas para aminorar el gasto sin preocuparse de la generación de ingresos y por tanto del empleo, son simplemente un despropósito. Más aun cuando uno de los factores que afectan al sistema como es la edad legal de jubilación ya se ha modificado y este cambio – que incrementa en dos años la edad legal de jubilación hasta los 67 años-  no se toma en consideración en la definición del futuro factor de sostenibilidad. También se olvidan que el porcentaje del PIB que dedicamos a pensiones es inferior a  la mayoría de los países de nuestro entorno.

La propuesta que presenta el Gobierno, a día de hoy, afectará no sólo a los futuros pensionistas, sino también a los actuales, y a la futura revalorización de la cuantía de su pensión. Una vez más recae sobre los pensionistas las deficiencias que los gestores del sistema lleven a cabo. Hacer que las pensiones dejen de crecer de acuerdo con el IPC es no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas y empobrecer a los actuales y futuros pensionistas ¿O es que ahora la luz, el gas, los combustibles, los alimentos básicos, etc., crecerán menos que el IPC?

La USO rechaza estos planteamientos e insiste en recordar al Gobierno que el principal factor de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es el empleo, el empleo estable, que garantiza los ingresos al sistema. Este el factor que hay que implementar y al que el Gobierno debe dirigir todos sus esfuerzos.

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A pesar del descenso seguimos con un IPC que crece mes a mes

A pesar del descenso seguimos con un IPC que crece mes a mes

La Unión Sindical Obrera (USO) considera que el descenso del IPC en términos anuales, no refleja una situación de bajada real de los precios, sino que estos han subido menos que el mes de agosto del año pasado. Seguimos con un IPC demasiado alto para las familias, cada vez les sigue costando más llegar a fin de mes.

En agosto los precios han vuelto a crecer un 0,3%, lo que nos hace pensar, viendo las recientes subidas del precio de los carburantes y los gastos que suponen para las familias el inicio del curso escolar que no se va a producir una contención de los precios, sino que volverán a subir.

Ello va a seguir incidiendo negativamente en la demanda interna, al encontrarnos en una situación de menor renta disponible de los hogares, consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la mayor carga fiscal que padecemos. Todo ello va a ralentizar el consumo contribuyendo negativamente al deseado crecimiento del PIB y  por tanto a la generación de actividad económica que dinamice el empleo.

Es necesario buscar un equilibrio entre el crecimiento de los precios y de los salarios de manera que se mejore la renta de los hogares, el poder adquisitivo y como consecuencia se anime el consumo y se reactive la demanda interna.

USO

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USO rechaza la "nueva" propuesta del presidente de la CEOE

USO rechaza la "nueva" propuesta del presidente de la CEOE

La Unión Sindical Obrera (USO) rechaza la “nueva” propuesta del presidente de la CEOE, que ni es nueva ni sirve para paliar la crisis de empleo que padece nuestro país.

¿Desde cuándo lo que debería ser normal: tener un contrato indefinido ligado a las características del puesto de trabajo, es un privilegio?

Lo que es anormal comparándonos con los países de nuestro entorno, son las altas tasas de temporalidad existentes, lo que no es normal es que el mes pasado se realizasen en España más de 1,5 millones de contratos y sigamos con una tasa de paro cercana al 27%.  Algo no funciona en nuestro mercado laboral, y alguna responsabilidad tendrán los empleadores que en lugar de invertir en la creación de nuevos puestos de trabajo o reinvertir los beneficios empresariales en mejorar las condiciones laborales de sus empleados (cuidar de su capital humano) lo devalúan.

No olvidemos, que más contrataciones no significan más empleo, lamentablemente lo que están significando es una mayor rotación de personas en el mismo puesto de trabajo, y cada vez de menor duración. Además estas contrataciones conllevan un mayor gasto en prestaciones sociales al finalizar las mismas.

Desde la USO volvemos a reiterar que seguimos asistiendo a un uso abusivo y con frecuencia inadecuado de la gran variedad de contratos temporales existentes, sin ajustarse realmente al principio de causalidad de los mismos. Ello pone de manifiesto la debilidad estructural de nuestro mercado laboral, que ante la crisis económica sólo responde destruyendo empleo.

La Directiva relativa al Acuerdo Marco Europeo sobre el trabajo de duración determinada, reconoce que “los contratos de duración indefinida son, y seguirán siendo, la forma más común de relación laboral entre empresarios y trabajadores”, y “contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento”, mientras que “los contratos de duración determinada responden, en ciertas circunstancias, a las necesidades de los empresarios y de los trabajadores”.

Por tanto para la USO todo contrato debería presuponerse como indefinido, salvo que se acredite fehacientemente la causalidad de otro tipo de contratación.

USO

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