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Unión Sindical Obrera - Mutua MMT Seguros

Los impagos en Madrid aumentan un 25,6%

Los impagos en Madrid aumentan un 25,6%

Los efectos impagados del mes de febrero en Madrid ascendieron a 101.780, es decir, 20.779 más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento, situado en un 25,6%, “si bien supone una ralentización del ritmo de crecimiento de impagados, respecto a enero, sigue siendo un dato muy negativo”, en opinión del secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

El porcentaje de efectos impagados sobre vencidos aumentó más de dos puntos en un año, alcanzando un 6,6%; cifra superior a la media española situada en el 6,2% y bastante por encima de las tasas correspondientes a otras comunidades con similar nivel de renta, como Cataluña (5,7%), País Vasco (4,4%) o Navarra (4,6%).

Así mismo, el importe medio de los impagos madrileños disminuyó en 455 euros, más del triple que la reducción del importe medio de los impagos en España, que lo ha hecho sólo en 170 euros. En todo caso, si la cuantía media de los impagos de los españoles asciende a 2.888 euros, la de los madrileños es de 2.460, lo que evidencia, en opinión de Cedrún, que “los problemas de liquidez de las familias y las empresas de esta comunidad son mayores que en el resto del país.”

CCOO de Madrid viene reclamando actuaciones de apoyo financiero, tanto a las empresas, como a las familias, con medidas encaminadas al mantenimiento de las rentas como factor clave para la salida de la crisis. Entre las medidas de apoyo financiero a las empresas, el secretario de Política Institucional destaca la creación del observatorio financiero regional destinado al análisis, participación y estudio de la realidad, así como la puesta en marcha de un nuevo Plan Impulsa Express con el objetivo de facilitar el apoyo financiero a pymes y autónomos.

El sindicalista ha subrayado, finalmente, la urgencia de establecer medidas dirigidas al mantenimiento de las rentas que incluya la creación de una Renta Activa Madrileña para la población desempleada sin cobertura económica, así como la mejora de la Renta Mínima de Inserción como derecho de la ciudadanía, que agilice los procedimientos de gestión y coordinación. Y ha reclamado al Gobierno regional “el establecimiento de instrumentos ante el sistema financiero privado para apoyar a las familias con dificultades por la pérdida de empleo, con el objetivo de afrontar pagos de hipoteca o alquiler de vivienda, así como el incremento de las ayudas para gastos básicos como son el comedor y el material escolar o las tasas de matrícula para la universidad de sus hijos”. Medidas incluidas en las propuestas unitarias que los sindicatos han realizado ante las mesas de negociación del Plan de Choque para la Reactivación Económica y del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Resolución del III Congreso de Comfia ante la crisis

Resolución del III Congreso de Comfia ante la crisis

Los antecedentes: la crisis financiera, la cadena de responsabilidad,  la crisis real y su efecto en el empleo,  la acción sindical necesaria,  las perspectivas de futuro sectoriales y las propuestas sindicales de COMFIA CCOO.

Ante la crisis económica, y ante los efectos que dicha crisis ha trasladado a la economía de los trabajadores y trabajadoras, el III Congreso de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO quiere hacer pública la siguiente resolución.

ANTECEDENTES: LA CRISIS FINANCIERA

La globalización de la crisis financiera mundial ha transferido al Sistema Financiero Español una serie de incertidumbres, que han acelerado la aparición de una crisis con identidad propia y con especificidades distintas a otros sistemas: . El sistema financiero español ha tenido que recurrir a financiación externa por valor de 785.000 millones de euros para mantener el intenso ritmo crediticio de los últimos años. El conjunto del sistema tiene concedido en forma de créditos una cuantía que equivale a 1,5 veces el volumen de depósitos y alcanza ya el 100% del PIB.

. 285.000 millones de euros de dicha deuda tienen un vencimiento a medio y corto plazo, y la capacidad del sistema para renovarla es muy limitada. El crédito concedido a particulares y empresas tiene una amortización mucho más lenta y la captación de pasivo no crece al ritmo suficiente.

. Las medidas de compra de activos de alta calidad por parte del Estado sirven para atender los vencimientos a corto plazo pero no para que revierta, de manera significativa, a la concesión del crédito interno.

LA CADENA DE RESPONSABILIDAD

El incremento artificial del valor inmobiliario ha provocado que la mayor parte de la inversión realizada en los últimos 14 años se haya dirigido hacia el sector de la construcción e industrias afines, desatendiendo otros sectores productivos, por la ausencia de proyectos, el silencio del Banco de España ante el crecimiento exponencial de la deuda hipotecaria y la irresponsabilidad de las diferentes administraciones, local y autonómica, incapaces de sustraerse a los cantos de sirena de los ingresos fáciles de la promoción inmobiliaria. La ausencia de inversión a medio plazo en medidas de innovación y desarrollo nos condenan a encarar esta crisis sin alternativas claras de producción y lo que es peor, sin el tiempo necesario para implantarlas.

La demora en reconocer la crisis por parte del Gobierno, justificada para algunos por los compromisos electorales, ha escondido durante un tiempo precioso la dimensión real del problema, que sólo se ha hecho patente empujado por el vertiginoso crecimiento del desempleo. Aun y así, con la crisis ya declarada, la estrategia política ha escusado su responsabilidad en terceros, achacando, en algún momento, al sector financiero la caída del consumo como consecuencia de la falta de crédito.

1 El sector financiero por su parte no es ajeno a estas circunstancias. Las cuentas de resultados se han nutrido durante estos años de los rendimientos generados por las operaciones inmobiliarias, ligando a estas sus estrategias de crédito al consumo, en un entorno de intereses a tipos moderados y de crecimiento sostenido del empleo.

Ignorando los ciclos económicos, la sobrevaloración de activos y la dificultad para orientar el ahorro, han permitido una política de reparto de dividendos para los accionistas muy sustanciosa en el corto plazo, pero ineficaz y nada previsora para abordar los problemas de capitalización, que empezarán a aparecer de manera directamente proporcional al aumento de la morosidad.

Las previsiones más benévolas sitúan la morosidad, al final del primer semestre en tasas cercanas al 5% y el nivel de cobertura en el 65% del riesgo contraído. Niveles de morosidad del 7% situarían los beneficios de un año cercanos a 0, mientras que niveles del 9% ya supondrían situaciones de perdidas en las cuentas de resultados del año 2010.

Consecuentemente con esos “excelentes resultados” a corto plazo, las remuneraciones de los consejos de administración de las empresas, y de los altos directivos, han experimentado crecimientos anuales desproporcionados de dos dígitos porcentuales que estaban sometidos, según su criterio, al “valor que el mercado exigía para retener el talento”.

El mercado ha castigado y devaluado el valor de las compañías y el reparto de beneficios deberá ser distinto en los próximos años en función de los requerimientos de solvencia, y algunos gestores han comenzado ya a “congelar” sus retribuciones ante la “alarma social” generada por el volumen de las mismas y por tanto talento. No sólo hemos asistido a una inflación de activos, sino también de “bonus”. Nada vale lo que cuesta, ni los activos, ni los altos ejecutivos.

LA CRISIS REAL: EL EMPLEO

La actividad económica basada fundamentalmente en el consumo, o producción a crédito, ha visto roto su funcionamiento por el estrangulamiento del mercado financiero. La caída del consumo ha provocado un estancamiento de la actividad y esta a su vez un incremento del desempleo, ligado al cierre de PYMEs y a la menor demanda de productos. Esto a su vez, provoca una menor demanda de crédito que vuelve a realimentar el círculo vicioso.

El número de desempleados alcanzaba la cifra de 3.327.000 personas en el mes de enero y se admite que la cifra sigue creciendo a razón de 7.500 personas por día. Nadie esconde ya que se superará los cuatro millones de personas desempleadas antes de final de año.

En el ámbito de nuestra Federación los principales problemas de empleo se sitúan, por el momento, en el sector de Gestión y Mediación Inmobiliaria e 2 Ingenierías asociadas al sector de la construcción, y en los aledaños del sector financiero, las financieras, consumo, y la banca de emigrantes (Dinero Express). (Inspección de obras, seguros decenales, etc.). El bajo nivel de estructuración sindical no nos permite aventurar cifras en estos sectores, pero ya empiezan a aparecer problemas en otros con más implantación sindical El sector de Entidades Financieras es el primero que empieza a confesar sus dificultades y algunas entidades bancarias han empezado a “endurecer” de manera significativa sus políticas disciplinarias y retributivas.

LA ACCIÓN SINDICAL

El análisis autónomo y riguroso de la situación desde la tradicional independencia del sindicato, la anticipación a los problemas como elemento estratégico, y la defensa del empleo como principio rector de la acción sindical han configurado el trabajo de los distintos ámbitos de la Federación, atendiendo a cada momento de la crisis.

La presencia institucional, la generación de opinión en los medios de comunicación y la interlocución sindical en las empresas han sido las herramientas. La combinación de todas ellas ha permitido abordar las distintas situaciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.

En el ámbito institucional cabría destacar aquellas intervenciones que han supuesto un mayor impacto en la opinión pública, y en el ámbito político y económico.

  • La solicitud al Banco de España para elevar la cuantía que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos.
  • La retirada del Real Decreto que rebaja el arancel de Notarías y Registradores.
  • La Declaración de los representantes laborales de CCOO Y candidaturas sociales de impositores de las Cajas de Ahorros.
  • La Resolución de la Comisión Ejecutiva de Comfia sobre el papel del sector financiero ante la crisis de la economía española
  • La presentación de enmiendas junto a Izquierda Unida para regular el sector de Intermediación Financiera.
  • La solicitud a la CNMV de la prohibición temporal de las operaciones a corto.
  • La defensa de la naturaleza jurídica de las Cajas y nuestra oposición a las modificaciones que la Comunidad Autónoma de Madrid, pretende introducir en Caja Madrid 3 En el ámbito de las empresas, el reconocimiento de las dificultades ha permitido abordar la defensa del empleo desde distintos ámbitos.
  • El acuerdo con alguna fuerza política para la frustrada fusión BBKKutxa  Las garantías de empleo, que en forma de protocolos o acuerdos se han negociado en BBVA, Barclays Bank, Banco Pastor, Banco Popular, Santander Consumer o Dinero Express.
  • El acuerdo de colaboración de las Cajas de Castilla y León.
  • La exigencia de negociar un protocolo de fusión en Unicaja – CCM que garantice el empleo y las condiciones laborales.


Todo esto habría sido mucho más difícil, si la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, no se hubiese cerrado con ese criterio de anticipación.

Buscábamos certidumbres para empresas y plantillas, y no es de recibo el conflicto gratuito que las Cajas de Ahorros están provocando en la revisión del convenio colectivo y que ha encontrado en nuestra movilización la oposición que merece. Confiamos en sus frutos y en la sensatez patronal y esperamos que su pronta solución abra vías de arreglo en el convenio de Contac Center, donde hemos interpuesto conflicto colectivo por los mismos motivos que en Ahorro, y en el de ETTs, de los que esperamos respuesta positiva a mediados de abril.

De igual forma estamos participando en las importantes movilizaciones organizadas, de forma descentralizada, por CCOO y UGT en localidades y Comunidades Autónomas, donde estamos defendiendo el empleo y los derechos de los trabajadores frente a los despidos y los EREs fraudulentos.

El FUTURO PRÓXIMO: PERSPECTIVAS SECTORIALES

El análisis de la situación general nos permite anticipar algunas de las claves que van a marcar nuestra actividad sindical en el futuro más próximo, manteniendo como eje la defensa del empleo.

La reordenación del sector financiero ha comenzado por las Cajas de Ahorro. La intervención de CCM, la incertidumbre sobre su destino final, y el acuerdo de colaboración entre las cajas de Castilla y León, inician un proceso de reorganización obligada del mapa empresarial que se prolongará a lo largo de los próximos meses.

Las políticas de ajustes de costes y la fuerte presión a los trabajadores son la respuesta empresarial en un sector amenazado por la morosidad, y en la banca estos ajustes pueden ser el prólogo de una reordenación mas o menos próxima.

4 La defensa de la naturaleza jurídica de las cajas, las garantías de empleo y condiciones laborales, y el criterio de solvencia como elemento imprescindible en las fusiones, serán las claves de nuestra estrategia sectorial tanto en nuestra intervención en los Órganos de Gobierno, como en nuestra posición favorable en cualquier proceso de integración, colaboración o fusiones, tanto las intraterritoriales como las interterritoriales.

En el sector asegurador, la fuerte dependencia de empresas transnacionales hace difícil anticipar posibles movimientos en el sector, en lo que a fusiones se refiere.

Las empresas de Consultoría llegarán más tarde a la crisis, debido a que funcionan por proyectos, que en muchos casos tienen vencimientos posteriores. Ya se empieza a notar no obstante que la renovación de algunos, se hace por menos cuantía, menos tiempo y con menos personas.

El sector de Telemárketing, ya venía sufriendo un proceso continuado de deslocalización que probablemente se verá intensificado, con la caída del consumo.

Y por fin las Empresas de Trabajo Temporal, han visto decrecer el número de contratos de puesta a disposición y es esperable que este tipo de contratación siga decreciendo, pudiendo ser una amenaza, a corto plazo, para los trabajadores de estructura.

PROPUESTAS SINDICALES

La defensa de las personas ante la crisis tiene dos dimensiones: una que tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo y otra que tiene que ver con mantener y mejorar las garantías sociales para aquellas personas que salen del mercado de trabajo.

Los protocolos de empleo, que hemos negociado en los distintos sectores han demostrado su utilidad también en estos tiempos de crisis. En el caso de las fusiones, el empleo y las condiciones laborales son los elementos centrales de la negociación. Y en el tratamiento del excedente, la búsqueda de la recolocación del mismo y la oferta de condiciones de salida que superan las habituales en los expedientes de regulación.

En cualquier caso, fuera del sector financiero, los expedientes de regulación de empleo ofrecen garantías de salida que son demandadas por los propios trabajadores como un elemento que aporta seguridad jurídica y combate el proceso de despidos individuales, en empresas con reconocidos problemas de actividad. (Teletech, Qualytel Teleservices, Certum, Bureau Veritas, CH2 MHill) Garantizar y extender la protección social a las personas que salen del mercado de trabajo es una estrategia Confederal, que compartimos íntegramente. Y el ataque a esta estrategia, que la Patronal ha desarrollado 5 desde el principio de la crisis, ha encontrado eco en algunas instancias de la administración próximas a nuestra actividad, como es el caso del Gobernador del Banco de España, que apuestan por desregular el mercado de trabajo como una condición aconsejable para reactivar el empleo.

No es ajeno a este movimiento la posición de las patronales ante el Acuerdo Interconfederal que orienta la Negociación Colectiva, pero antes de agredir al eslabón más débil del sistema, se pueden hacer otras muchas cosas para reactivar la economía, que no olvidemos es el elemento crucial para atacar el problema del desempleo.

Activar la concesión de crédito será uno de los elementos decisivos para recuperar el pulso económico y atacar el problema del desempleo. Pero la urgencia de la situación exige buscar formulas distintas, que permitan conciliar esta necesidad con la de mantener la morosidad en limites controlados.

Un cambio del modelo productivo, a través de la financiación de sectores estratégicos y actividades emergentes, va a exigir asumir estos riesgos, no sólo desde el ámbito de las Administraciones Públicas, si no también desde el sector privado y en especial desde el sector financiero.

Nuestra Confederación defiende un Pacto de legislatura que suponga el compromiso de toda la sociedad española para que la salida de la crisis, ni la paguemos siempre los mismos, los trabajadores, es decir, el coste se comparta por todos.

Desde Comfia-CCOO vamos a proponer a la Confederación que incorpore a su discusión la necesidad de dotarnos de instrumentos de intervención que anticipe soluciones de viabilidad de las entidades.

Igualmente ante la probable inyección de dinero público a alguna entidad exigiremos contención en el reparto de beneficios, en la retribución de los altos ejecutivos y la necesidad de, que una vez estabilizada la entidad, devolver a la sociedad su esfuerzo a través de la dinamización del crédito.

Desde Comfia-CCOO defenderemos los protocolos de empleo como el mecanismo idóneo para resolver los problemas que puedan generar la reordenación de las entidades.

Por último para promover el desarrollo necesario de las infraestructuras que mejoren nuestra competitividad, para que el retraso en los pagos a los proveedores no supongan un factor añadido a la crisis ya existente, a través de la Deuda Pública se deberían abrir líneas de crédito que permitiesen adelantar el cobro de las certificaciones.

Es necesario que el sector financiero se prepare. Debe buscar formulas que den salida de mercado a la vivienda construida. Buscando acuerdos con las Administraciones para generar parques de viviendas públicas de alquiler con 6 o sin opción a compra. Se pueden buscar innovaciones que afecten a los plazos de amortización de los préstamos ya concedidos y medidas de moratoria hipotecaria sin incrementar la carga a los particulares y a las empresas.

El sector financiero, puede reformular su función social, poniendo al servicio de las PYMES sus plataformas tecnológicas, facilitando la comercialización de las empresas y extendiendo las posibilidades de mercado.

En definitiva es exigible, y es socialmente responsable, que las empresas vertebren su función social, admitiendo que la rentabilidad de las inversiones está situada a medio plazo y que esto ha de trasladarse a sus cuentas de resultados.

Es probable que el dinero público tenga que acudir en ayuda de algunas entidades del sector financiero. Si se diera esta circunstancia, seria necesario establecer controles sobre la función social de las empresas, sobre sus políticas de reparto del beneficio y sobre los sistemas de retribución de sus directivos, y con el menor coste posible para el erario público.

Defendemos el establecimiento de una hoja de ruta adecuada a las necesidades de recapitalización de cada una de las entidades, que siendo solventes vivan situaciones de dificultad, exigiendo siempre la responsabilidad de aquellos gestores que por su negligencia hayan llevado a la entidad a su actual situación.

Frente al llamado modelo sueco, en España la compra de “activos malos” ha venido realizándose desde el Fondo de Garantía de Depósitos. A esta medida tradicional, de forma complementaria podríamos añadir otras como empréstitos a medio plazo, avales o incluso la inyección directa de capital.

Será necesario establecer un gobierno corporativo basado en criterios de inversión socialmente responsables, en los que participen la administración, los accionistas, los trabajadores y los clientes y que ejerzan su función de control de manera parecida a las comisiones de control que ya existen en el sector de las Cajas de Ahorros.

La gestión profesional de las entidades es exigible con independencia del debate sobre si la titularidad de las entidades debe ser pública o privada, en función del mayor o menor apoyo recibido de la administración. Hay un debate importante que está en el terreno de la responsabilidad social de las empresas y habrá que librarlo con la vista puesta en conseguir una banca ética, al servicio de la sociedad, del desarrollo sostenible, de los intereses colectivos de todos los grupos de interés.

Defendemos también, en sintonía con la propuesta de “Pacto de Estado por la Economía y el Empleo” de nuestra Confederación, una reforma del sistema financiero que dé una mayor peso a la banca pública, dotando de mayores recursos y capacidad al ICO.

7 En consecuencia, hay que combatir aquellas iniciativas que, aprovechando la coyuntura, pretenden alterar estos criterios de gobierno corporativo en beneficio de alguna de las partes. Y la primera amenaza la tenemos en la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, que pretende modificar los órganos de gobierno a favor de la participación política en los mismos.

En resumen. Gestión profesional, gobierno corporativo, intervención pública y control social para atender los cambios necesarios en las empresas con dificultades.

III Congreso Comfia CCOO. Documentos

«En un año habrá cinco millones de parados»

«En un año habrá cinco millones de parados»

El presidente de Adecco España insta a tomar medidas para que España no acabe con un nivel de desempleados sin precedentes.

La crisis económica está pasando una factura notable a todo el sector de empresas de trabajo temporal. Adecco, aunque líder, también sufre, pero su presidente hace un análisis que va más allá de las necesidades de la empresa y reclama con urgencia reformas para reactivar la economía.

- ¿Qué previsiones tiene de la evolución del empleo?

- El mercado de trabajo está pasando por la situación más difícil y negativa de los últimos 25 años. Estamos en un 17% de tasa de paro. Seguimos yendo a un ritmo de casi 6.000 parados al día, y sin visos de que se ralentice.

- ¿Hasta qué niveles puede seguir subiendo el paro?

- Hoy estamos en 3,6 millones de parados, que es ese 17%. En cuatro millones vamos a estar antes del verano. No hay ningún indicador, ninguna medida, ni ningún plan de choque, que permita atisbar una ralentización en el crecimiento del paro.

- Ni siquiera el Plan E, que parece un mero parche.

- Pues sí. Habría que diferenciar entre qué medidas van destinadas a mejorar la competitividad y la productividad, que debería ser el objetivo, y qué medidas no contribuyen a ello y lo que van a hacer es estabilizar la subida del empleo, sin tener mayor efecto que mantener un contrato durante un tiempo. Y, además, con el efecto perverso de incrementar la alta tasa de déficit del Estado.

- Y una vez que los efectos de las obras de los ayuntamientos se agoten, ¿hasta dónde podemos llegar?

- Nosotros pensamos que al final de este año el desempleo estará cerca del 20%, y en el segundo trimestre de 2009 va a haber cinco millones de parados en España.

- Sin embargo, pese a estas duras cifras, el debate se centra en cómo pagar las prestaciones de esas personas y no en cómo darles empleo.

- Los representantes de los trabajadores no deberían desgastarse para que este país pueda garantizar las prestaciones de cinco millones de parados, sino pelearse para ver cuáles son las soluciones para que no haya cinco millones de parados. Para que la gente trabaje, tiene que haber protección para los parados, pero lo que hay que hacer es pelearse para mantener la tasa de desempleo en el 10%. Ese es el desgaste, y no tengo la sensación de que desde esa parte (los sindicatos) la negociación se aborde de esa forma.

- El diálogo social, en todo caso, tampoco da frutos tras más de un año de trabajos. Los agentes sociales no han estado a la altura.

- Absolutamente. A día de hoy hemos perdido mucho tiempo. No han estado a la altura. España puede ponerse delante de los problemas con mucha más contundencia. Y luego, no digo que tenga que haber una huelga general, pero sería una buena noticia que la hubiera, porque sería la reacción a que algo se ha hecho.

- ¿Hay riesgos sociales por el elevado repunte del paro?

- El lado perverso del desempleo es que, a un plazo, o se genera una oportunidad para el demandante o esos trabajadores van a dejar de cobrar el desempleo. Ya hay un millón que no cobran, y a este ritmo dentro de un año habrá dos millones y medio. Se puede generar un cisma social en un país como el nuestro, ya que la mayor parte de esos parados tienen deudas. Es muy peligroso.

- ¿Confía en que el cambio de Gobierno aporte algo?

- Por naturaleza soy optimista, pero lo que ocurre es que también hay que ser realista. España tiene cualidades, somos un gran país, pero soy escéptico, porque veo las mesas del diálogo social y no avanzamos. Me gustaría un poco más de determinación y de voluntad.

- En la última reforma laboral se retiraron algunas de las penalizaciones que sufren las ETT, pero aún tienen limitaciones en ciertos sectores y para canalizar empleo fijo.

- Hay países que han abordado el problema del paro convirtiendo a las ETT en agencias privadas de empleo. Los países en los que las ETT están más desarrolladas tienen menos paro y más próspero es el tejido empresarial. Aquí seguimos con limitaciones y con una infrarrepresentación, ya que canalizamos menos del 1% de la población activa, cuando la media de la UE es casi del 3%.

- ¿Ve necesarios retoques en el mercado de trabajo?

- Hace falta una reforma laboral de calado. En muchos casos, reconociendo una situación coyuntural de forma que las medidas pudieran no consolidar. Si estamos en un momento de evidentes dificultades, quizá hay que sobrerreacionar con medidas de igual calado. Ahora, este país está empezando a darse cuenta de la que está cayendo.

- ¿Se debe abaratar el despido?

- Pueden ser necesarios nuevos contratos con menos obligaciones que permitan, de alguna manera, que el empresario tenga menos miedo y dificultades para contratar.

Juan Emilio Maíllo
El Mundo

La Eurocámara pide ampliar la baja por maternidad mínima de 14 a 20 semanas

La Eurocámara pide ampliar la baja por maternidad mínima de 14 a 20 semanas

La comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara pidió hoy ampliar la duración mínima en toda la UE de la baja por maternidad de 14 a 20 semanas, seis de las cuales deberán tomarse obligatoriamente después del parto.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la conciliación entre la vida familiar y profesional de las mujeres. En España, la duración actual de la baja por maternidad es de 16 semanas.

El Parlamento va más lejos que la propuesta inicial de la Comisión, que abogaba por situar la baja por maternidad mínima en 18 semanas. Sin embargo, algunos Estados miembros, como Alemania, Austria o Países Bajos, ven con reticencias incluso la extensión que propone el Ejecutivo comunitario. Para que se apruebe la nueva norma es necesario un acuerdo entre la Eurocámara y los Veintisiete.

En la actualidad, la duración de la baja por maternidad varía entre las 14 semanas en un pequeño número de Estados miembros como Alemania y las 28 semanas en otros como República Checa. En algunas circunstancias, puede alcanzar las 52 semanas, aunque sólo una parte de este periodo está remunerado.

La comisión de Derechos de la Mujer reclama además que las mujeres de baja por maternidad reciban su salario completo durante las seis semanas posteriores al parto. El objetivo es evitar penalizar a las mujeres que tienen hijos. Para el resto del permiso, el salario mínimo deberá ser al menos el 85%.

También en este punto, el Parlamento se distancia de la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, que reclamaba como regla general el salario completo durante todo el permiso de maternidad. No obstante, se autorizaba a los Estados miembros a fijar determinados límites, siempre que el importe final no sea inferior a la prestación por enfermedad.

La Eurocámara reclama también introducir en la legislación comunitaria un permiso de paternidad obligatorio de dos semanas como mínimo que deberá tomarse después del parto. Ni la Comisión ni los Veintisiete apoyan de momento introducir la baja por paternidad en esta directiva.

La legislación europea ya prohíbe despedir a una mujer que se encuentre de baja por maternidad. El Parlamento quiere reforzar esta protección y exige que cualquier despido que se produzca en los 12 meses siguientes esté motivado por escrito y no esté ligado a la maternidad.

La norma fue respaldada en la comisión de Derechos de la Mujer por 18 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones y se votará en el pleno en primera lectura durante el mes de mayo. Por su parte, los Veintisiete todavía están lejos de alcanzar una posición común. Bruselas espera que la norma se apruebe a lo largo de este año.

Europa Press

De mal en peor: El paro en España alcanza el 17% en el primer trimestre de 2009

De mal en peor: El paro en España alcanza el 17% en el primer trimestre de 2009

El deterioro laboral sigue su curso y, como consecuencia, el umbral psicológico del 20% de paro está cada vez más próximo. El último Boletín de Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT adelanta los principales indicadores que arrojará la Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer trimestre de 2009 (ITR09), que se hara público el próximo 24 de abril: la tasa de paro se situará en torno al 17% y se destruirán 600 mil empleos netos respecto al mismo periodo del año anterior (-5,6%). Esto supondría una pérdida de 1,1 millones de empleo en el último año.

Además, el Indicador mensual AML Afi-AGETT vislumbra un posible suelo en el ritmo de destrucción de empleo cercano al -7% en los últimos meses del último trimestre. En concreto, estima caídas interanuales del empleo (equivalente EPA) del 6,5% para el mes de abril y del 6,8% para mayo y junio. En este último ya se habrán destruido 1,4 millones de empleos (en el mismo periodo del año anterior sólo se destruyeron 131.000). No obstante, advierte que el carácter estacional característico de los meses próximos podría estar enmascarando verdaderas tendencias que llevará algún tiempo confirmar.

Pese a todo, el análisis de los datos correspondientes al mes de marzo ofrecen una visión muy preocupante sobre la crisis laboral que sufre España. Así, el informe señala que "ya se suman 20 meses de deterioro laboral con 1,64 millones de parados más y 1,43 millones de afiliados menos".

La afiliación suma en marzo 20 meses de reducción del número de cotizantes a la Seguridad Social. En dicho periodo, 1,43 millones de afiliados han perdido su empleo y 1,64 millones se han apuntado a las listas del Servicio Público de Empleo (SPE). "El registro de afiliados está a las puertas de perder de vista los 18 millones", añade.


Peor la industria que los servicios

La industria manufacturera destruye el 98% de los empleos perdidos en el sector industrial. Todos los sectores, excepto la agricultura, pierden empleos en el primer trimestre del año. El sector industrial y el de la construcción lideran la destrucción de puestos de trabajo en dicho periodo. El 98% de la destrucción de empleo en la industria se produce en la rama manufacturera (277.000 empleos de un total de 283.000).

Respecto al paro registrado, el sector industrial registra en marzo, por quinto mes consecutivo, incrementos interanuales superiores al de los servicios. La construcción estabiliza el ritmo, pero aún en niveles muy elevados (del 97,6% en marzo).

Parados cualificados

A pesar de que el deterioro del empleo afectó en primer lugar a aquellos con menor nivel de cualificación, "desde el último trimestre de 2008 ya se destruyen puestos de trabajo independientemente del nivel educativo".

"En el último ciclo recesivo, los trabajadores con educación superior tan sólo destruyeron empleo de manera interanual en un trimestre (-1,9% en IVTR92), mientras que en el ciclo actual la tendencia apunta a que serán más (desde el IIITR07 los ocupados con estudios superiores han perdido más de seis puntos porcentuales de crecimiento)", señala el documento.

La morosidad sube a nivel del 97

"La tasa de paro y la de morosidad son dos indicadores estrechamente relacionados", indica. Como resultado, la tasa de morosidad se situó en enero en el 3,87%, en nivel más alto desde mediados de 1997. "Ésta seguirá aumentando en los próximos meses, en sintonía con el incremento esperado de la tasa de paro para el primer trimestre, de más de 3 puntos porcentuales respecto a la de final de 2008".

Las pensiones corren peligro

Por otro lado, la destrucción laboral récord que sufre el país coloca en una situación muy delicada al sistema de pensiones público. Y es que,  "la ratio afiliados/pensionistas ha descendido hasta los niveles de 2005", alerta.

En concreto, "en marzo, la ratio afiliados/pensionistas se ha situado en el 2,62, siendo ésta la más reducida desde mediados de 2005. El superávit de la Seguridad Social disminuirá apreciablemente en 2009 y bastará con una ratio de 2,3 afiliados por pensionista para que las cuentas de la Seguridad Social rocen el déficit. Esto sucederá en 2010 aunque se estabilice el número de cotizantes".

Por último, el boletín de Afi-Agett recoge la opinión del Foro Español de Laboralistas, reúne a abogados de prestigiosos despachos y juristas del ámbito académico, bajo el título Ideas frente a la crisis.

"Desde nuestro saber hacer, como abogados laboralistas, ofrecemos unas breves ideas con el fin de suscitar un debate que entendemos necesario y urgente. En primer término urge introducir medidas fiscales que ayuden a las PYMES, sofocadas por la falta de crédito. A su vez deben fomentarse políticas de contratación que durante un tiempo determinado sean mucho más flexibles. También debería potenciarse el papel de las ETTs como agentes privados de empleo. Por otra parte es preciso fomentar, mediante cambios normativos, la contratación a tiempo parcial".

M. Llamas

Libertad Digital

¿Cuánto aguanta la chequera del Estado?

¿Cuánto aguanta la chequera del Estado?

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido hoy que «no tenemos en estos momentos recursos disponibles en la caja del Estado»

En su intento por evitar la sangría del paro, el Gobierno no se cansa de repetir que los desempleados son su objetivo prioritario y que no los abandonará. La nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado en estos días su intención de «evitar la destrucción de empleo y adoptar medidas que contribuyan a la creación de puestos de trabajo». Y como nueva medida «estrella» para demostrar que el Gobierno «se mueve» propone ampliar el pago del subsidio que actualmente cobran las personas que están en paro.

El tiempo de ampliación y los detalles todavía no están concretados y la vicepresidenta tiene intención de negociarlos con los agentes sociales. Pero la propuesta ha sido contestada ya desde sectores políticos y sindicales. El PP la ha tachado de electoralista y poco eficaz para luchar contra la crisis. Y a los sindicatos tampoco les ha gustado. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido hoy que «no tenemos en estos momentos recursosdisponibles en la caja del Estado», propone usar el endeudamiento («tenemos una capacidad de endeudamiento que hace 10 ó 15 años no teníamos») y caminar hacia un modelo basado en la industria, con una política energética de primera magnitud, con mano de obra más cualificada y con un mayor desarrollo tecnológico.
Pero, ¿hasta dónde pueden las maltrechas cuentas públicas asumir ese gasto? Al mismo ritmo que crecen los parados, aumenta el gasto en prestaciones por desempleo. Según los últimos datos disponibles, los gastos totales de los servicios públicos de empleo (el antiguo INEM) para este apartado subieron un 71,1% en febrero, hasta 2.610 millones de euros. El gasto medio mensual por beneficiario de esta prestación se sitúa en 1.057,2 euros. Y actualmente, según datos del ministerio de Trabajo, se proporciona alguna prestación o subsidio por desempleo a 2,5 millones de personas.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados para este año no recogían este fuerte aumento del gasto. Ya a principios de año, el Gobierno tuvo que revisar las cifras y aprobar dotaciones especiales para pagar estas prestaciones. Fue a mediados del mes de enero cuando el Gobierno reconoció que frente al cálculo inicial de 2.000 millones previstos para el pago de estas prestaciones, la cifra se iba a elevar a 4.000 millones.

El Ejecutivo, consciente de la dificultad para asumir este nuevo gasto, ha pedido la participación «activa» de los gobiernos autonómicos para ampliar la protección social y evitar que haya trabajadores en paro que no reciban ninguna ayuda. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha explicado que debe abrirse un debate con las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo que amplíe el nivel de cobertura a través de las rentas de inserción que gestionan los gobiernos autonómicos. Y es que, según ha dicho el propio Corbacho, en la actual situación económica el número de personas que pueden encontrarse actualmente sin protección puede superar «lo que históricamente» han sido los beneficiarios de estas rentas de inserción, cuyo objetivo es evitar la exclusión social.

Al contrario de lo que en alguna ocasión advirtió el anterior vicepresidente económico, Pedro Solbes, Corbarcho asegura que «de ninguna de las maneras» se ha agotado el margen para salir de la crisis. «Tenemos margen para la inversión productiva y para garantizar la protección social, auque sea un margen menor al que teníamos hace un año»

Y estos nuevos gastos se unirán a los previstos o al menos anunciados por otro de los nuevos miembros del Gobierno. José Blanco, ministro de Fomento, ha señalado estos días su intención de priorizar las obras públicasque «ayuden a salir de la crisis» y ha marcado como objetivos prioritarios el AVE a la Comunidad Valenciana y a Galicia. Todo ello pese a que según las cifras de la patronal de grandes constructoras Seopan, el Gobierno ha reducido la promoción de obra pública un 58% hasta febrero.

A. DELGADO
ABC

Ella no lo sabe...aún

Ella no lo sabe...aún

Ella, la lideresa, la única presidenta de Comunidad Autónoma, no lo sabe porque anda entretenida, distraída, inmersa en batallas de Estado, en crispaciones políticas de todo tipo, en campañas para liberar Cuba de los Castro y entregársela en bandeja a los gusanos de Miami, intentando salir indemne del avispero de Caja Madrid, después de la desastrosa iniciativa de aprobar una ley sin el consenso necesario.

No sabe que mientras lucha con ahínco para ser alternativa a Zapatero, martillo de Gallardón, la moderna Thatcher de un mundo neocon y ultraconservador que se acaba, se agota y se derrumba a su alrededor, Madrid la necesita. Necesita tener gobierno que ordene y lidere la batalla regional contra la crisis.

Ello no lo sabe, pero Madrid ya no soporta más modelo Correa. El pelotazo inmobiliario, los beneficios altos y rápidos, la plácida vida del cortesano acostumbrado a vivir de los fondos públicos puestos al servicio del sector privado, se han acabado. Después de esta crisis todos seremos más pobres y mientras dure las familias trabajadoras merecemos más esfuerzo de los gobiernos para evitar altas cotas de empobrecimiento.

Ella aún no se ha enterado, pero ante la tormenta perfecta de esta crisis sólo hay una salida: unir a la sociedad, a toda la sociedad, frente a la crisis. Ya sabemos que es mujer acostumbrada a librar batallas, que se mueve bien, con ingenio y sagacidad, en el regate en corto. Que acostumbra a salir bien librada en la pelea callejera en la que se ha convertido el debate político. Ahora toca otra cosa. Toca unir, buscar consensos, sumar esfuerzos para que todos paguemos lo menos posible en esta crisis y especialmente los que menos tienen. Lo que toca es preparar a todos para asumir sacrificios proporcionados y equilibrados. Lo que toca es preparar una salida con bases sólidas en lo económico y en el empleo.

Ella ha demostrado que puede y sabe ganar fracturando y dividiendo. Le toca demostrar ahora que es capaz de recomponer fracturas para construir unidad. No es fácil porque mucha es la crispación y no pequeñas las fracturas. Demasiadas las rencillas acumuladas, dentro y fuera de su propio partido.

Ella no lo sabe aún, pero amante como es de la política estadounidense entenderá perfectamente que no puede ni debe desoír las prioridades esbozadas por Obama: sanidad, educación y soluciones para el problema energético. No hay mucho tiempo y cada minuto que perdemos es precioso.

Ella no lo sabe aún, pero Madrid necesita con urgencia un compromiso por la educación, otro por la sanidad pública y un plan de choque contra la crisis que salve empresa y familias golpeadas por el desempleo, que fortalezca nuestra economía, y la protección y la cohesión social que aseguran los servicios públicos.

Ella ha demostrado que es lista, ahora toca demostrar inteligencia y visión de futuro. Si así lo hace tendrá toda nuestra ayuda. Si no, se lo demandaremos y en eso somos tozudos y tenaces como nadie.

Ahora, ella, ya lo sabe.

Javier López

Que el Señor nos pille confesados...

Que el Señor nos pille confesados...

La sentencia más clara de lo que cabe esperar de esta remodelación del Gobierno de Zapatero la hizo la Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar el Consejo de Ministros: "No se trata de un cambio de rumbo, sino de un cambio de ritmo". Pues que el Señor nos pille confesados...

Y es que no sé si es más desolador contemplar a los que llegan o tomar conciencia de los que se quedan. Parece bastante inútil repasar a estas alturas (en sólo unos días ya están bastante quemados) el currículum político de los que llegan; pero alguna cosa sí que quiero añadir a los comentarios que en esta semana  han merecido los meritorios del "Gobierno de pasión", como dice un amigo mío. Empezaré por la Vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado. Yo creo que su nombramiento es un regalo póstumo que el Presidente Rodríguez Zapatero le ha querido hacer a su Vicepresidente cesante, Pedro Solbes. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que haya nombrado a Elena Salgado-- que ya formaba parte del Gobierno y por tanto era partícipe de las políticas que se venían haciendo-- su sustituta.  Porque les aseguro que más bien pronto que tarde le vamos a echar mucho en falta. Sí, lo digo en serio; de Solbes se puede afirmar con toda razón que no ha estado a la altura; que no se ha sabido enfrentar a la situación de crisis económica y financiera y que, sobre todo, no se ha sabido enfrentar a los "caprichos" del Presidente, tales como los cuatrocientos euros o el cheque bebé. O el plan de obras municipales, que no deja de ser un auténtico dispendio en un país cuyo elemento diferencial con los de nuestro entorno es nuestra capacidad para destruir empleo; un plan de peonadas al más viejo estilo que no tiene otra pretensión que  frenar temporalmente el descontento social  (que le dejen la fiesta en paz) pero que mantiene la precariedad en el empleo y no aporta ningún tipo de solución de futuro.

Esta Vicepresidenta que ha sido la encargada de gestionar el dispendio de los ocho mil millones de euros, de repartir las dádivas, de colocar los carteles-anuncio del Gobierno, es la que se va a encargar de sacar a España de la crisis económica; esta Ministra que dejó no natas leyes como la de Gobierno y la Financiación Local o el Estatuto del Trabajador Público, será la encargada de ponerle otro ritmo a nuestra política económica; porque esta es la única novedad, según la propia María Teresa Fernández de la Vega: que van a hacer lo mismo pero más rápido. Pues qué duro nos lo ponen. Porque si haciéndolo "despacio", a ritmo de Solbes, hemos caído hasta el fondo de este pozo; si haciéndolo despacio duplicamos el desempleo de la UE; si haciéndolo despacio hemos entrado en recesión; si haciéndolo despacio hemos llegado a tener más de un millón de parados que ya no cobran ningún tipo de subsidio, ¿qué podemos esperar de todo un conjunto de Ministros moviéndose a toda velocidad en la dirección equivocada? (Recuerden ella lo dijo: "No se trata de cambiar el rumbo, sino el ritmo".

Para compensar la hiperactividad de la nueva Vicepresidenta llega el nuevo Vicepresidente, Manuel Chaves. Este es más bien modelo Solbes, pero sin su prestigio intelectual, ausencia que compensa con ser el mandamás del aparato del partido socialista. Chaves llega cansado; y se le nota. Son muchos años de Presidente en una Comunidad a la que no quería ir; recuerden que le mandó González-- a la fuerza--, para quitarle del Ministerio de Trabajo que había ocupado en su Gabinete. Y que como Presidente andaluz ha conseguido instaurar todo un régimen, con más del veinte por ciento de parados que le siguen votando, errre que erre. Chaves llega --acompañado de Zarrías, toda una imagen del cambio que representa Zapatero--  para "recomponer las relaciones con las Autonomías". Otra vez es momento de pedir que el señor nos pille confesados. Porque si hasta ahora era evidente que Zapatero se había conformado con que el Gobierno fuera un mero coordinador de las Comunidades Autónomas --por mucho que se irrite cada vez que se lo recuerdo en el Congreso de los Diputados-- ahora ha decidido nombrar un Vicepresidente para institucionalizarlo.

Hay otros cambios en los que, por desconcertantes --como la presidenta de los del cine, devenida en Ministra--, o por esperados --José Blanco o Trinidad Jiménez--, o por "compensatorios"-- Ángel Gabilondo, alias la cuatro/la sexta-- casi no merece la pena pararnos. Lo que importa es la fotografía al completo: el qué y el para qué de este cambio de gobierno. El qué es la improvisación y la huída hacia adelante; más lo primero que lo segundo, que le ha salido por precipitado, por frívolo y por esa sensación de impunidad y baraka personal que de la que se siente imbuido nuestro Presidente. El para qué, o sea, por qué con estos mimbres esta crisis, es más sencillo aún: se trata de llevar al Gobierno al aparato del PSOE para que si las cosas se ponen feas --más aún-- caigan todos juntos. Política de tierra quemada, se le llama a eso; y es lo que es. El Presidente es consciente de que esta situación puede acabar fatal; y se blinda con "los suyos".  Que en el Gobierno esté todos, los de ahora y los de antes; los de la nueva vía y lo de la vieja guardia. Si no hay recambio, nadie chistará en el Comité Federal. es pues una crisis hacia dentro, pensando en su partido y no en los ciudadanos; pensando en sus aparatos regionales, y no en sus bases; una crisis en la que lo que le ha importado es asegurarse que no haya nadie fuera capaz de ser el relevo.

Se ha dicho que es un Gobierno en el que sólo falta Felipe González; pero no es cierto: Felipe está representado directamente por Manuel Chaves. El único que verdaderamente falta es Alfonso Guerra. Pero quizá lo haya dejado para la siguiente crisis...

Rosa Díez

Los despidos sin acuerdo crecieron un 56% durante el año 2008

Los despidos sin acuerdo crecieron un 56% durante el año 2008

Las reclamaciones de cantidad subirán a 193.689 en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial.

Ver para creer. La jurisdicción laboral, por antonomasia la más moderna al tener un procedimiento rápido y sencillo, está atascada. Y lo que es peor, en los dos próximos años no va a mejorar. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de demandas por despidos ingresados en los juzgados de lo social, es decir, aquellos en los que no hubo acuerdo entre empresa y trabajador, crecieron un 56% en 2008. En efecto, en 2007 se registraron un total de 66.249 frente a los 102.925 del año pasado. La previsión del CGPJ para 2009 es que el número de despidos impugnados judicialmente se incremente en 118.774 y en 2010 asciendan a 129.721.

Este elevado número de impugnaciones judiciales hay que unirlas con las reclamaciones de cantidad, que se producen cuando la empresa no ha pagado lo pactado en el contrato como los salarios, comisiones, horas extras, etcétera. En 2007 hubo un total de 106.742 demandas y 2008 cerró con 157.924 reclamaciones en vía judicial. El informe del CGPJ las eleva a 174.234 para 2009 y a 193.689 para 2010.

Con este escenario, los magistrados de los juzgados sociales están muy preocupados porque, por primera vez en muchos años, se puede hablar de atasco en la jurisdicción laboral. Fuentes judiciales consultadas por LA GACETA han señalado que “ahora los tiempos de resolución se alargan en el tiempo en perjuicio del empresario y del trabajador”. “En los juzgados puestos al día las demandas por despido se resolvían en un mes y ahora se ha pasado a cuatro meses”, apunta una magistrada. “En cambio, los que tenían un ligera carga de trabajo, estos mismos despidos los decidían en una media de tres meses y ahora han pasado a seis para adoptar la resolución final”. Lo dramático es que las demandas por despidos y reclamaciones de cantidad se tramitan por un procedimiento de urgencia, pues existen otros asuntos laborales que se resuelven por un proceso normal como por ejemplo, las pensiones o las cuotas de la seguridad social. En estos casos, la sentencia se puede demorar un año.

Un dato muy relevante

Esta problemática y saturación en los juzgados no se está planteando en las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. La razón es que para que una empresa pueda recurrir ante el tribunal superior debe obligatoriamente depositar el total de la condena (indemnización o indemnización más salarios). “Para ello necesitan liquidez, que no tienen, y avales que los bancos no les conceden”, apunta un magistrado. En estos casos, si no se recurre la sentencia dictada por el juzgado social, deviene firme.

Por otra parte, el número de despidos registrados en los juzgados no refleja el total de los que se producen, ya que muchos no llegan a juicio porque ha existido un acuerdo en el acto de conciliación y otros tantos ni siquiera han necesitado un pacto previo, sino que se ha conformado con la indemnización pagada por la empresa.


Una de las mejoras para el trabajador introducidas por la reforma laboral de 2002 fue que éste puede percibir la prestación de desempleo desde el mismo momento del despido sin necesidad de esperar a la sentencia, por lo que no existe una desprotección económica para el asalariado. En caso de que el empleado obtenga una sentencia favorable se regularizará su situación.

Los expertos consultados por este periódico son conscientes de que se necesitan más medios personales y materiales para solucionar el atasco. Entre las medidas laborales que proponen para agilizar aún más el proceso laboral destaca la de citar a las empresas por correo electrónico y no por certificación con acuse de recibo cuando se trata de empresas que residan en la misma provincia que la del juzgado. Con el sistema actual se pierde más de un mes de tiempo.

Diego Carrasco

La Gaceta

El PSOE tratará de impedir en el Congreso una subida de las pensiónes de viudedad

El PSOE tratará de impedir en el Congreso una subida de las pensiónes de viudedad

Según los socialistas, este incremento supondría un impacto de 5.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social.

El PSOE tratará hoy de rectificar una proposición de ley de CiU que el Pleno del Congreso acordó tramitar por unanimidad en junio del año pasado, por la que la base de cálculo para la cuantía de la pensión de viudedad pasa del 52% al 70% y al 90% cuando esta prestación es la principal fuente de ingreso del pensionista, ya que, según los socialistas, este incremento supondría un impacto de 5.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social.

Así, la Ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración debatirá mañana las modificaciones propuestas por los distintos grupos parlamentarios a esta iniciativa, después de que una primera reunión de este órgano celebrada antes de Semana Santa se cerrara sin acuerdos, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Y es que los socialistas han presentado una enmienda de sustitución al texto que inicialmente aceptaron tramitar, que contempla reemplazar el incremento propuesto por un complemento "aplicable en términos análogos a los pensionistas de jubilación y de incapacidad permanente", cuya cuantía quedará determinada anualmente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha denunciado en varias ocasiones durante sus comparecencias en los últimos meses en la Cámara Baja la "inequidad" que supone la propuesta de CiU porque propone un incremento superior al de las prestaciones por jubilación.

"Puede suceder que un cotizante valga más vivo que muerto", sostuvo Granado, quien recordó que todas las pensiones mínimas "son muy bajas", ante lo que insistió en tramitar con igualdad su reforma en el seno del Pacto de Toledo. Por este motivo, pidió a los grupos parlamentarios que "arreglaran" este proyecto de ley de CiU a su paso por el Congreso.

SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS DE HECHO.

Las once propuestas del PP para enmendar el texto se centran en que los beneficios del incremento propuesto se extiendan a las pensiones de orfandad, ampliando el límite de edad para estas últimas de 18 a los 22 años, y haciéndolos efectivos incluso cuando no concurran con una pensión de viudedad.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), IU e ICV, formaciones que comparten un mismo grupo parlamentario, han presentado dos enmiendas que buscan extender los beneficios de las pensiones de viudedad a las parejas de hecho, homologando de paso la consideración de este tipo de unión al matrimonio otorgándole la "seguridad jurídica necesaria".

Por su parte, Coalición Canaria, integrada en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, han pedido que el importe mínimo de las prestaciones para las viudas no sea en ningún caso inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Europa Press

Los embargos de pisos se desbocan por el aumento del paro y de la morosidad

Los embargos de pisos se desbocan por el aumento del paro y de la morosidad

La banca ejecutó 58.700 hipotecas el año pasado, un 126% más que en 2007 - El poder judicial prevé que en este ejercicio se superen los 76.000 embargos.

Los bancos y cajas, empujados por el aumento vertiginoso del paro y la morosidad, dan cada vez más órdenes para quedarse con las viviendas que compraron los que ahora no pueden pagar las cuotas. El número de ejecuciones hipotecarias llegó el año pasado a las 58.686, más del doble de los 25.943 procesos abiertos en 2007. Y la tendencia, por ahora, es imparable: el último trimestre del año pasado fue, con mucho, el que más embargos registró, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por Efe.

Las demandas de ejecución presentadas a los juzgados civiles por impago de hipotecas permiten a la entidad financiera o a otro acreedor subastar el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses. El CGPJ ya había pronosticado el año pasado que estos procesos se multiplicarían por la crisis, pero entonces no previó lo hondo que caería la economía española, y estimó en unos 53.000 los embargos que se gestionarían. La realidad ha superado esta previsión en más de 5.000 solicitudes. El repunte es de tal calibre que los procesos abiertos el año pasado superan a la suma de los tres años precedentes.

Las comunidades más afectadas por la ola de embargos han sido Murcia, La Rioja, Navarra, Andalucía, Cataluña y Baleares, todas ellas con incrementos superiores al 140%. Pero el fuerte repunte afecta a toda España, ya que sólo Asturias, País Vasco, Galicia y Valencia no han llegado a duplicar sus ejecuciones hipotecarias. Frente a Murcia, que con un incremento del 168% se sitúa en cabeza, destaca Asturias, con un volumen inusualmente bajo: tan sólo 756, lo que supone un incremento del 38% respecto al año anterior.

El aumento de los embargos ha ido de la mano de la morosidad, que ya supera la fabulosa cifra de 71.000 millones. A un ritmo de crecimiento desenfrenado que no se había visto en ninguna crisis precedente, la tasa de morosidad está ahora en el 3,87% de todos los créditos concedidos por bancos y cajas. Estos números están todavía lejos de la crisis de 1993, cuando la morosidad se disparó hasta el 9%, pero los expertos creen que la brecha se estrechará rápidamente y que las entidades deberán enfrentarse en unos cuantos meses a una tasa del 7%.

La otra pata sobre la que se asienta el aumento de los embargos es el desempleo, que camina disparado hasta los cuatro millones de hombres y mujeres sin un trabajo al que ir cada mañana. Los 3,6 millones con los que cerró el pasado marzo disparan la tasa de paro hasta el 15%.

Al banco le basta un solo impago para reclamar la deuda, pero las entidades suelen esperar e intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en los casos de impagos en los que hay una garantía hipotecaria. "La carga de trabajo de los juzgados ha hecho que el proceso sea ahora más largo. A pesar de que en teoría no debería superar el mes y medio, los más cortos están entre tres y cuatro meses, y los más complicados pueden superar el año de duración", sostiene el abogado Rafael López Cantal, que desde su despacho de Granada observa cómo se ha disparado este tipo de consultas. "Y no sólo de ejecuciones hipotecarias. También han aumentado en los préstamos personales", añade.

López Cantal no acierta a dar con un perfil del embargado. Por su bufete pasan tanto ciudadanos que no pueden pagar la casa donde viven como empresarios que no logran vender la promoción en la que se embarcaron cuando el ladrillo todavía era sinónimo de dinero fácil.

El abogado Enrique de Frutos señala que la ley no deja mucha defensa para la persona a la que le van a ejecutar su hipoteca. "La escritura suele especificar cuántos impagos son necesarios. Se suele empezar la ejecución cuando hay tres, aunque la política bancaria es aguantar todo lo que se pueda. Renuevan condiciones, amplían plazos... Todo lo que sea. Sólo se hacen las ejecuciones que son inevitables, si los bancos fueran contra cualquiera que tuviera un retraso, faltarían tribunales", asegura este abogado.

Para este año, el Consejo General del Poder Judicial espera que los embargos sigan creciendo, aunque a un ritmo algo más moderado del que lo han hecho hasta ahora. El órgano de gobierno de los jueces prevé un crecimiento del 43,5%, lo que arrojaría una cifra récord de 84.214 ejecuciones hipotecarias.

Por otra parte, el precio de la vivienda bajó una media del 8% en las siete capitales más caras. En ellas, el metro cuadrado vale más de 6.000 euros, si bien las caídas oscilaron entre el 1% de Madrid y el 13,6% de Barcelona, según la tasadora TecniTasa.

L. DONCEL
El Pais

El 25% de los conductores españoles supera ampliamente los límites de velocidad permitidos

El 25% de los conductores españoles supera ampliamente los límites de velocidad permitidos

I Estudio Internacional de Hábitos de Conducción del Grupo AXA

La cuarta parte de los conductores españoles incumple de forma consciente los límites de velocidad al volante, incluso aquellos que ya han perdido varios puntos del carné. AXA presentó ayer los resultados del ‘I Estudio Internacional de Hábitos de Conducción’, realizado en diez países europeos, del que destaca como uno de los resultados más llamativos que uno de cada cuatro conductores españoles reconoce que cuando circula por autovía o autopista alcanza los 150-160 km/h, aunque también superan los límites cuando conducen por ciudad, donde superan los 65 km/h. “El español es un conductor al que le gusta la velocidad, supera los límites tanto en carretera como en ciudad, tiene un conocimiento bajo del Código de Circulación, piensa que las carreteras españolas no son seguras y aprobaría un endurecimiento de las sanciones”, señala el informe.

No es el único, pero el exceso de velocidad sí es uno de los más graves y mayores peligros a los se enfrentan los conductores en la carretera y, pese a que es la infracción más sancionada, desconocen en gran número cuáles son los límites de velocidad.

Todos esos datos anteriores contrastan con la propia opinión de los conductores españoles, que consideran, en su mayoría, que deberían endurecerse más las sanciones de tráfico, pese a que el 4% ya ha perdido sus puntos del carné de conducir y a que el 38% de los encuestados en nuestro país reconoce haber sido multado alguna vez por superar la velocidad.

En lo que se refiere a los mayores peligros en la carretera, los conductores consideran que lo más arriesgado es rebasar una línea continua al adelantar (92%), la conducción rápida a pocos metros del automóvil que le precede (91%) o no llevar puesto el cinturón de seguridad (87%).

Importante caída de las hipotecas madrileñas

Importante caída de las hipotecas madrileñas

CCOO de Madrid ha valorado los datos sobre hipotecas constituidas en la región a lo largo de enero de 2009, según los cuales el número de hipotecas se redujo un 35 por ciento respecto al año anterior con un total de 6.069 viviendas.

El portavoz del sindicato, Francisco Naranjo, ha explicado que la hipoteca media madrileña para comprar una vivienda se redujo un 15,3 por ciento respecto al año anterior, situándose en 154.704 euros en enero de de 2009 respecto los 182.825 euros de 2008.

El sindicalista ha señalado que la hipoteca media madrileña se encuentra todavía casi un 27 por ciento por encima del importe medio de la media nacional, que se encuentra en 122.091 euros. Además el volumen de dinero prestado por bancos y cajas de ahorros en Madrid para comprar una vivienda se aproxima a los 939 millones de euros, lo cual supone un 45 por ciento menos que el año anterior.

CCOO de Madrid ha reiterado que la caída del mercado inmobiliario, el alto endeudamiento de las familias y el incremento del desempleo están pasando factura en el sector de la construcción, lo cual se percibe en el descenso del dinero prestado para hipotecas, la caída de su importe medio y la propia disminución de la compraventa de viviendas y del número de viviendas hipotecadas.

Para Francisco Naranjo, "la vivienda está perdiendo la consideración como activo financiero y valor de inversión, lo cual hace necesaria una intervención social y política que corrija los desmanes del mercado inmobiliario, al tiempo que se devuelve a la vivienda su carácter de bien esencial para los ciudadanos españoles".

En el pacto por la vivienda que reclama CCOO deben participar todas las administraciones creando patrimonios públicos de suelo con destino a viviendas públicas protegidas y viviendas en alquiler, recuperando y potenciando una política pública de vivienda que la aleje de la especulación del suelo y de los precios.

CCOO Madrid

España lidera con un 15,5% la tasa de paro de la OCDE

España lidera con un 15,5% la tasa de paro de la OCDE

El nivel de desempleo en el conjunto de la organización se eleva al 7,3%.

España sigue siendo el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más paro. En febrero lideró la clasificación con un 15,5% de desempleo, frente al 7,3% de media en el conjunto de la OCDE y el 8,5% en la zona del euro.

En Francia, la tasa de paro en febrero se elevó al 8,6% de la población activa, un 0,1% más que un mes antes y un punto porcentual más que hace un año. En Alemania se situó en el 7,4% y en el Reino Unido, que aporta datos de diciembre de 2008, en el 6,4%, un 1,4% más que hace un año.

Fuera de Europa, en Estados Unidos el dato del paro relativo al mes de marzo sitúa el desempleo en el 8,5%, cuatro décimas más que un mes antes y un 3,5% superior a la tasa de hace un año. Japón, por su parte, registró un nivel de desempleo del 4,4% en febrero y Canadá, del 8%.

Por otro lado, las previsiones que maneja la OCDE continúan señalando una "profunda ralentización" en las siete grandes economías mundiales, si bien comienzan a percibirse señales de una posible mejora en algunos países de la zona.

Las perspectivas de crecimiento siguen siendo "débiles" en el caso de Estados Unidos, Canadá y Japón, afirma el organismo. En cambio, aprecia signos de una posible mejora en los casos de Italia y Francia.

Consumer Eroski

Declaración Sindical de Londres

Declaración Sindical de Londres

El movimiento sindical internacional, con motivo de la Cumbre del G20 en Londres, ha publicado una Declaración en la que insta a los líderes del G20 a trabajar conjuntamente con otros gobiernos e instituciones internacionales para abordar la crisis y establecer una economía mundial más justa y sostenible para las generaciones venideras.

En su Declaración, los sindicatos piden que se ponga en marcha una estrategia de cinco puntos:

- Plan de recuperación y de crecimiento sostenible pactado a nivel internacional que dé un fuerte impulso a la creación de empleo centrándose en la inversión pública, políticas activas del mercado de trabajo, la protección de los más vulnerables mediante la creación de amplias redes de protección social, así como inversiones en la “economía verde” capaces de orientar la economía mundial hacia un modelo de crecimiento con bajas emisiones de carbono. Las economías en desarrollo y emergentes deberán disponer de los recursos y el espacio político necesarios para la aplicación de políticas anticíclicas;

- Nacionalizar de inmediato los bancos insolventes de tal forma que se restaure la confianza y los créditos en el sistema financiero y, más importante aún, establecer nuevas reglas y mecanismos de control del sector financiero con una fuerte implicación de los interesados;

- Luchar contra el riesgo de deflación salarial y contra el aumento de las desigualdades de ingresos, ampliando la cobertura de la negociación colectiva y reforzando las instituciones encargadas de fijar los salarios, de tal manera que se establezca una base decente en los mercados laborales;

- Sentar las bases para la consecución de un acuerdo internacional ambicioso y cabal sobre el cambio climático en la COP15 en Copenhague, en diciembre de 2009;

- Establecer un marco de normas e instrumentos jurídicos de referencia para las instituciones internacionales en la esfera económica y social - la OIT, el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE -, y proceder a la reforma de tales instituciones, constituyendo una gobernanza económica mundial eficaz, que cuente con mecanismos de rendición de cuentas.

Sin perspectivas de acuerdo sobre la directiva de las 65 horas semanales

Sin perspectivas de acuerdo sobre la directiva de las 65 horas semanales

La Eurocámara y los Gobiernos no logran acercar posturas.

Los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE no lograron anoche acercar posturas anoche sobre la norma que amplía la jornada laboral a 65 horas semanales tras una ronda maratoniana de negociaciones que se prolongó durante 10 horas y terminó a las 4:30 de la madrugada, lo que hace casi imposible llegar a un acuerdo antes de que venza el plazo el próximo 28 de abril, según fuentes parlamentarias.

Si para esa fecha no se ha logrado un compromiso, decaerá la directiva de las 65 horas y seguirá en vigor la normativa vigente, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones ('opt-out'). Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales, según los cálculos del Consejo.

El principal punto de desacuerdo sigue siendo si se mantienen estas excepciones, ampliando la jornada laboral hasta 65 horas, como piden los Veintisiete liderados por Reino Unido, o si se suprime el 'opt-out' después de un periodo de transición, como exige el Parlamento. España apoya la postura de la Eurocámara.

Durante la última ronda negociadora, la Comisión presentó una nueva propuesta de compromiso que incluía una cláusula de revisión, pero fue rechazada por los representantes de la Eurocámara porque no establecía ningún plazo para la desaparición del 'opt-out'. "Queremos que se imponga un límite temporal al 'opt-out'. Podemos discutir su duración, pero este límite no puede quedar fuera de la directiva", dijo la principal negociadora del Parlamento, la socialista alemana Mechtild Rothe.

Resaltó que la Eurocámara quiere un acuerdo pero "no a cualquier precio" y reclamó una nueva sesión de negociaciones formales de conciliación para los días 20 y 21 de abril. Sin embargo, la presidencia checa no aceptó esta petición y pidió que continúen los contactos informales y que sólo se convoque una reunión del comité de conciliación cuando esté claro que habrá un acuerdo.

"Si el Parlamento desea verdaderamente mejorar la situación de los trabajadores, debería reconsiderar su posición de firmeza. En caso contrario, provocará el fracaso total de las negociaciones", dijo el ministro checo de Trabajo, Petr Necas, en un comunicado. Insistió que 15 de los 27 países de la UE utilizan el 'opt-out' y lo consideran un "instrumento importante" para resolver problemas en sectores donde hay guardias regulares (como la sanidad o los bomberos) y para flexibilizar el tiempo de trabajo.

"Quiero creer que todavía hay alguna esperanza de que lleguemos a un acuerdo, pero esa esperanza es muy pequeña", afirmó el ministro checo.

Por su parte, el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, lamentó que ni el Parlamento ni el Consejo se movieran de sus posiciones para encontrar un compromiso. "Espero que ambas partes reflexionen sobre la situación. El no acuerdo no es una solución a largo plazo como saben bien las dos partes", explicó.

Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre el tratamiento que hay que dar a las guardias médicas, la otra gran cuestión que regula la directiva. Mientras que el Parlamento exige que se consideren como tiempo de trabajo, los 27 no aceptan todavía esta formulación y piden que se haga una distinción entre la parte de las guardias activa y la inactiva (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital).

Si finalmente la iniciativa de las 65 horas decae, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del 'opt-out', según informaron fuentes comunitarias.

Europa Press

Solbes admite por primera vez que la economía española caerá el doble de lo previsto por el Gobierno

Solbes admite por primera vez que la economía española caerá el doble de lo previsto por el Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha admitido que la economía española no ha tocado aún fondo y consideró que las nuevas previsiones del Banco de España -que vaticina que el PIB caerá el 3% en 2009 y el 1% en 2010- son "un indicador de por dónde pueden ir las cosas". Frente a los últimos cálculos del Ejecutivo, que en enero auguró una caída del PIB del 1,6% este año y la vuelta al crecimiento el año próximo, el Banco de España cree que no habrá una "recuperación incipiente" hasta finales del año que viene, aunque la economía se seguirá contrayendo.

En una pausa de la reunión informal del Ecofin (Consejo de Ministros de Finanzas de la UE), Solbes recalcó que el cálculo del Gobierno "era ajustado para las cifras que había en aquel momento", mientras que el del Banco de España "puede ser ajustado para las cifras que tenemos en este momento".

Las cifras del organismo supervisor ponen de relieve, según el titular de Economía y Hacienda, "que, todavía, de los datos existentes, no se aprecia que hayamos tocado fondo", aunque apuntó que hay "algún pequeño dato que permitiría pensar que la desaceleración se está parando". En cualquier caso, las previsiones del Banco de España son ya "un indicador de por dónde pueden ir las cosas", afirmó Solbes, que reconoció que "todavía seguimos todos con esa conciencia de que no hemos terminado el proceso de desaceleración, aunque ya hay algún indicador más positivo".

A la pregunta de si el Gobierno va a rebajar sus previsiones, el ministro señaló que las revisará, como es habitual, cuando empiecen los trabajos de elaboración del presupuesto del año que viene (a finales de julio) y para la actualización del Programa de Estabilidad (a final de año).

Lo que ya está claro es que la caída de la actividad repercutirá de manera directa en el gasto público y, así, Solbes volvió hoy a repetir que España ha agotado su margen fiscal.

El vicepresidente recordó que los Veintisiete van a pedir a España que sitúe su déficit público por debajo del 3% del PIB en 2012 -hoy está previsto que el Ecofin confirme la apertura del procedimiento por déficit excesivo-, lo que obligará a un ajuste estructural del saldo presupuestario los próximos ejercicios del 1,25% anual. "Esto quiere decir que el próximo año y los que vienen no hay que gastar más, hay que gastar menos", subrayó.

Tras tres años consecutivos de superávit, el déficit público español se disparó el año pasado hasta el 3,8% del PIB y, según los cálculos tanto de la Comisión Europea como del Gobierno español, seguirá por encima del umbral del 3% de 2009 a 2011.

Bruselas quiere que España empiece a corregir esa desviación a partir del año próximo, en paralelo al inicio de la recuperación económica, con el objetivo de situarlo por debajo del 3% en 2012.

Vía | cotizalia.com

Derechos del trabajador ante un despido

Derechos del trabajador ante un despido

El trabajador despedido debe recibir una notificación por escrito en el que se incluyan las razones y la fecha en que se hará efectivo.

El despido supone la extinción del contrato de trabajo, con lo que se pone fin a la relación jurídico-laboral vigente entre empresa y trabajador. Desaparecen, por tanto, las recíprocas obligaciones de prestar servicios retributivos y remunerar el trabajo. En estos casos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 55) establece el derecho del trabajador a recibir de la empresa una carta de preaviso de despido, en la que deben figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efecto.

Ante esta nueva situación laboral, el trabajador despedido debe tomar sus propias precauciones para evitar problemas de cara a la tramitación del despido. Como norma general, en el momento que se éste se haga oficial es importante no perder demasiado tiempo y dedicarse a recopilar información. Harán falta todos los documentos relacionados con el trabajo; entre los más importantes destacan el primer contrato firmado y las prórrogas en caso de no ser éste indefinido, el número de la Seguridad Social, y el convenio de empresa.

Algunas empresas plantean despidos procedentes por causas objetivas con la idea de ahorrarse la indemnización correspondiente. Lo habitual es que el trabajador no esté de acuerdo con las causas defendidas por la empresa, y que la demande judicialmente para que el despido sea declarado improcedente y poder así percibir la indemnización. Para que este proceso se realice con las mayores garantías posibles, los expertos aconsejan tomar una serie de medidas:

  • Reunir todo tipo de pruebas respecto a la vinculación del trabajador con la empresa hasta el último día. Para ello, hay que tomar la precaución de no borrar el disco duro del ordenador, ni desconectar el teléfono, ni retirar correspondencia, libros o carpetas de los armarios.

  • No firmar ningún tipo de documento que haga referencia al despido, ya que suelen incluirse fórmulas por escrito que luego hacen difícil demostrar la falta de consentimiento a esas causas de despido, o respecto de las cantidades ofrecidas".

  • Tampoco es recomendable no presentarse al puesto de trabajo desde el mismo momento que se haya comunicado verbalmente que se está despedido. Conviene esperar la comunicación por escrito. Si no se hace de esta manera, la empresa podría aducir despido disciplinario por inasistencia al trabajo.

  • Leer atentamente todos los documentos que entregue la empresa y no precipitarse firmando algo de lo que no se está seguro, aunque ello implique la retención del salario. Los expertos en derecho laboral aconsejan firmar solamente la carta de despido, no la liquidación, y menos aún el finiquito.

  • Por si fuera necesario, el trabajador nunca debe olvidar que la reclamación ante los tribunales laborales es un derecho al que nadie puede obligarle a renunciar. Poner trabas a este supuesto por parte de la empresa supondría una infracción.

  • Actuar con rapidez y buscar un buen abogado, ya que desde el momento en que un trabajador es despedido dispone de un plazo de 20 días hábiles para hacer reclamaciones o denuncias. Una vez transcurrido este plazo, el trabajador no podrá reclamar indemnización alguna.

  • Si todo se ha resuelto favorablemente para ambas partes, y se tienen todos los papeles en regla, el antiguo empleado deberá acudir a la oficina del INEM que le corresponda por zona y presentar la solicitud de prestación por desempleo en los siguientes 15 días desde que el despido se hiciera efectivo.

Desempleo y congelación salarial

Desempleo y congelación salarial

Los sacrificios salariales deben ser distribuidos de manera equitativa, ya que los trabajadores y trabajadoras no son culpables de la actual situación de crisis económica. El problema de España no son los salarios, sino un nuevo modelo productivo.

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en marzo, el paro registrado se sitúa en más de 3,6 millones de desempleados, con un crecimiento sobre el mes anterior del 4,5% (123.000 personas) y del 56,7% en los últimos doce meses.

Si analizamos los datos del conjunto del sistema de la Seguridad Social los ocupados afiliados descienden en 54.489 (-0,3%) y más de 1,2 millones (-6,5%) en términos interanuales.

Por sectores, en marzo, se producen las mayores pérdidas en industria manufacturera (-30.678), comercio (-23.181), construcción (-22.681), y actividades administrativas (-14.884). Mientras destacan los aumentos en hostelería (16.116), actividades sanitarias (14.067), educación (5.643) y Administración pública (5.255).

Según opinión de diversos expertos la solución para evitar el deterioro del mercado laboral se encuentra en la congelación salarial, es decir, mantenimiento de salarios a cambio de empleo. Para ello ponen de ejemplo los casos de empresas como Clickair, Fagor, Adolfo Domínguez, Arcelor, Sony y recientemente Seat que ha sido el caso más sonado mediáticamente.

A nuestro juicio con la aceptación de la congelación salarial los trabajadores están dando una muestra de gran responsabilidad. Aunque entendemos que es una medida que no se puede ni debe extender en el tiempo debido a que conlleva una reducción del poder adquisitivo de los salarios, con nefastas consecuencias sobre el consumo, ya de por sí, muy debilitado últimamente, -y sobre todo no debe convertirse en ningún caso en norma general y ser aplicable en casos muy puntuales-, es incuestionable que esta medida no puede realizarse en aquellas empresas que están obteniendo beneficios.

En este sentido el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, manifestaba, 'no hay que extrapolar dicho modelo a ningún otro lugar'. Con esta medida se puede obtener en el corto plazo ganancias de productividad. Pero no debemos aspirar a competir vía salarios sino, todo lo contrario, a través de la calidad y el valor añadido. Nuestra estrategia debe ser un cambio de modelo productivo que apueste por inversiones empresariales en innovación y nuevas tecnologías para optimizar recursos y mejorar la productividad.

Por otro lado, si uno de los problemas de los departamentos de recursos humanos es intentar motivar a los trabajadores y trabajadoras, no podemos olvidar que, en determinados niveles ocupacionales y profesionales, la reducción salarial es muy fácil que se convierta en un gran desmotivador de la fuerza de trabajo sobre todo cuando ahora se espera, más que nunca, por la mayoría de las personas, que se fijen límites a las altas retribuciones no transparentes de determinados altos directivos.

Según Gordon Brown, primer ministro británico, 'la gente que ha trabajado duro para construir su empresa no entiende por qué una compañía quiera recompensar el fracaso o cómo algunas personas han creado una gran riqueza personal haciendo malas apuestas con el dinero de otras personas'. Así, es difícil ser un buen líder empresarial si se carece de honestidad y ética profesional suficientes. Los sacrificios salariales deben ser distribuidos de manera equitativa, ya que los trabajadores y trabajadoras no son culpables de la actual situación de crisis económica. El problema de España no son los salarios, sino un nuevo modelo productivo.

Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón
Cinco Dias

El ex Secretario General de CC.OO. ficha por el Instituto de Empresa

El ex Secretario General de CC.OO. ficha por el Instituto de Empresa

José María Fidalgo Velilla (León, 1948), secretario general de Comisiones Obreras hasta el último congreso del sindicato que en diciembre eligió a Ignacio Fernández Toxo como nuevo líder, ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Empresa para dirigir una unidad que, como parte del Centro de Negociación del citado Instituto, se encargará de investigar y analizar las mejores prácticas de negociación social y los sistemas sociales más equilibrados, con el fin de ofrecer a la sociedad, en un tiempo de cambio como el actual, los modelos más adecuados para la negociación y el mantenimiento de la paz social.

La citada unidad, que en realidad funcionará como un think tank, tendrá presupuesto propio y trabajará con otros profesores y estudiosos de la materia, con los que colaborará y a quienes pedirá colaboración. Aunque se trata de un empleo a tiempo parcial, Fidalgo dispondrá de despacho en la sede del Instituto sito en la calle María de Molina de Madrid.

Las investigaciones que emprenda, siempre ligadas al estudio de la negociación social y de los sistemas más equilibrados en otras partes del mundo, se plasmarán en una serie de informes y estudios que el Instituto ofrecerá a la sociedad española, en general, y al Gobierno de la nación, en particular. Como responsable de esa unidad, Fidalgo no tendrá que reportar directamente a nadie, aunque sí aumentar el crédito de una organización -y el suyo propio- que, como el Instituto de Empresa, figura entre las grandes escuelas de negocios del mundo.

Rumor sobre UPyD

Este empleo no impedirá al antiguo sindicalista abordar otras actividades que desde hace tiempo entran en sus prioridades, fundamentalmente la política activa. Desde hace semanas se viene rumoreando con fuerza en Madrid la posibilidad de que Fidalgo encabece las listas a las próximas elecciones europeas por parte del partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez.

Médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica, José María Fidalgo se afilió a Comisiones Obreras en 1977. En 2000 sustituyó a Antonio Gutiérrez como secretario general del sindicato, siendo reelegido en 2004 con el 58% de los votos de los delegados. Tipo muy apreciado en general, fue muy criticado, sin embargo, por algunas corrientes internas del propio sindicato a cuenta de la estrategia de concertación social y pactos políticos seguida por CC.OO. durante su mandato. Precisamente la especialidad en la que ahora se propone profundizar desde el Instituto de Empresa.

Vía | cotizalia.com