¿Cuánto aguanta la chequera del Estado?

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido hoy que «no tenemos en estos momentos recursos disponibles en la caja del Estado»

En su intento por evitar la sangría del paro, el Gobierno no se cansa de repetir que los desempleados son su objetivo prioritario y que no los abandonará. La nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado en estos días su intención de «evitar la destrucción de empleo y adoptar medidas que contribuyan a la creación de puestos de trabajo». Y como nueva medida «estrella» para demostrar que el Gobierno «se mueve» propone ampliar el pago del subsidio que actualmente cobran las personas que están en paro.

El tiempo de ampliación y los detalles todavía no están concretados y la vicepresidenta tiene intención de negociarlos con los agentes sociales. Pero la propuesta ha sido contestada ya desde sectores políticos y sindicales. El PP la ha tachado de electoralista y poco eficaz para luchar contra la crisis. Y a los sindicatos tampoco les ha gustado. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido hoy que «no tenemos en estos momentos recursosdisponibles en la caja del Estado», propone usar el endeudamiento («tenemos una capacidad de endeudamiento que hace 10 ó 15 años no teníamos») y caminar hacia un modelo basado en la industria, con una política energética de primera magnitud, con mano de obra más cualificada y con un mayor desarrollo tecnológico.
Pero, ¿hasta dónde pueden las maltrechas cuentas públicas asumir ese gasto? Al mismo ritmo que crecen los parados, aumenta el gasto en prestaciones por desempleo. Según los últimos datos disponibles, los gastos totales de los servicios públicos de empleo (el antiguo INEM) para este apartado subieron un 71,1% en febrero, hasta 2.610 millones de euros. El gasto medio mensual por beneficiario de esta prestación se sitúa en 1.057,2 euros. Y actualmente, según datos del ministerio de Trabajo, se proporciona alguna prestación o subsidio por desempleo a 2,5 millones de personas.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados para este año no recogían este fuerte aumento del gasto. Ya a principios de año, el Gobierno tuvo que revisar las cifras y aprobar dotaciones especiales para pagar estas prestaciones. Fue a mediados del mes de enero cuando el Gobierno reconoció que frente al cálculo inicial de 2.000 millones previstos para el pago de estas prestaciones, la cifra se iba a elevar a 4.000 millones.

El Ejecutivo, consciente de la dificultad para asumir este nuevo gasto, ha pedido la participación «activa» de los gobiernos autonómicos para ampliar la protección social y evitar que haya trabajadores en paro que no reciban ninguna ayuda. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha explicado que debe abrirse un debate con las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo que amplíe el nivel de cobertura a través de las rentas de inserción que gestionan los gobiernos autonómicos. Y es que, según ha dicho el propio Corbacho, en la actual situación económica el número de personas que pueden encontrarse actualmente sin protección puede superar «lo que históricamente» han sido los beneficiarios de estas rentas de inserción, cuyo objetivo es evitar la exclusión social.

Al contrario de lo que en alguna ocasión advirtió el anterior vicepresidente económico, Pedro Solbes, Corbarcho asegura que «de ninguna de las maneras» se ha agotado el margen para salir de la crisis. «Tenemos margen para la inversión productiva y para garantizar la protección social, auque sea un margen menor al que teníamos hace un año»

Y estos nuevos gastos se unirán a los previstos o al menos anunciados por otro de los nuevos miembros del Gobierno. José Blanco, ministro de Fomento, ha señalado estos días su intención de priorizar las obras públicasque «ayuden a salir de la crisis» y ha marcado como objetivos prioritarios el AVE a la Comunidad Valenciana y a Galicia. Todo ello pese a que según las cifras de la patronal de grandes constructoras Seopan, el Gobierno ha reducido la promoción de obra pública un 58% hasta febrero.

A. DELGADO
ABC