La ciudadanía respalda mayoritariamente la Huelga General
Los secretarios generales confederales de los sindicatos convocantes, USO, CC.OO. y la UGT, han valorado así la respuesta y presencia ciudadana en las calles a lo largo de la mañana y su ausencia de los centros de trabajo. El seguimiento global de la huelga, descontados los servicios mínimos, se ha situado en torno al 77% siendo mayoritaria la participación en unos sectores y algo menos contundente en otros. En cualquier caso hay un profundo agradecimiento de los sindicatos a los trabajadores por su respuesta en una situación tan difícil como la actual.
Julio Salazar, secretario general de la USO, ha manifestado ante los medios de comunicación que los ciudadanos han mandado un mensaje muy claro al Gobierno y a las instituciones europeas al asegurar que ambos “circulan por el carril equivocado de la autopista y que por tanto deben cambiar de rumbo” dejando así constancia de que las políticas económicas que se están aplicando, basadas en el recorte, la austeridad extrema y el deterioro del Estado Social contemplado en la Constitución, constituyen un clamoroso error que hay que revertir cuanto antes para evitar más sufrimiento innecesario.
Julio Salazar ha recordado que las cifras de seguimiento de la huelga hay que ponderarlas también teniendo en cuenta “el porcentaje de trabajadores en precario que no ha podido secundar la protesta”.
Por otra parte, Salazar ha puesto en valor la respuesta de las personas que no trabajan, parados, pensionistas, estudiantes, etc. que también están apoyando las protestas y mandándole el mismo mensaje al Gobierno. En ese sentido cabe recordar que durante la mañana, en Galicia, han salido a la calle a manifestarse medio millón de personas.
Por último Julio Salazar ha dejado bien claro que el resultado de una Huelga General “no es flor de un día” y que espera que al final el Gobierno atienda al mensaje y frene la senda de recortes. De lo contrario, ha dicho, “las movilizaciones seguirán sine die y serán más contundentes”.
Previamente a esta comparecencia ante los medios, los secretarios de organización de los tres sindicatos también han comparecido ante la prensa para valorar los datos de seguimiento. Ladislao Pérez, secretario confederal de Organización de la USO ha manifestado que “la importancia de la huelga es su carácter ciudadano y en ese sentido ha animado a participar masivamente por la tarde en las distintas manifestaciones convocadas en toda España”.
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El Consejo General de la CSI apoya la huelga general en España
El 10º Consejo General de la CSI, reunido en Jordania, ha tomado por unanimidad el acuerdo de apoyar las convocatorias de movilizaciones en Europa promovidas por la CES para el 14 de noviembre.
El 10º Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que se encuentra reunido en Jordania, ha tomado por unanimidad el acuerdo de apoyar las convocatorias de movilizaciones en Europa promovidas por la CES para el 14 de noviembre, respaldando expresamente el llamamiento de huelga general en España realizado por sus organizaciones afiliadas, USO, CCOO y UGT.
Durante la reunión, el Secretario de Acción Internacional de USO, Javier de Vicente, agradeció el apoyo expresado ya por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), al tiempo que solicitaba la implicación del movimiento sindical internacional. En el caso de la CSA, numerosas organizaciones latinoamericanas se comprometieron a realizar movilizaciones el 14-N, incluyendo manifestaciones ante las embajadas españolas en solidaridad y apoyo a la jornada de lucha de las organizaciones españolas y europeas.
La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow comprometió a su vez un compromiso muy serio de la organización internacional para el respaldo a las acciones en España y otros países, así como la elaboración de una declaración al respecto.
14-N Huelga General, Julio Salazar: "no es culpable quien la convoca sino quien la provoca "
El secretario general confederal de la Unión Sindical Obrera (USO) ha hecho esta contundente declaración, tras la presentación ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la convocatoria de la Huelga General del próximo 14 de noviembre junto a los secretarios generales de CC.OO, UGT, CGT y la Confederación Intersindical. En declaraciones ante los medios de comunicación y los simpatizantes de los sindicatos que han acudido a la cita, Julio Salazar ha manifestado que “no es plato de buen gusto tener que convocar esta Huelga General pero que la responsabilidad de la necesidad de convocatoria hay que situarla en el Gobierno y sus políticas que han hecho que el malestar social se haya ido acumulando paulatinamente hasta desembocar en esta situación”.
Julio Salazar ha recordado que la USO está demandando al Gobierno que “escuche y asuma lo que la mayoría social está reclamando como es la reforma y profundización de la democracia y el cambio de las políticas de ajuste y austeridad por otras que posibiliten el crecimiento económico, la generación de empleo y el mantenimiento de la protección social”.
En el escrito de convocatoria presentado se especifica lo siguiente:
PRIMERO.- El Comité Confederal de la Unión Sindical Obrera, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) ha decidido, en su reunión ordinaria de los días 22 y 23 de Octubre de 2012, convocar una HUELGA GENERAL de 24 horas, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado Español.
SEGUNDO.- En virtud de ello, la UNIÓN SINDICAL OBRERA procede, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, a COMUNICAR a ese organismo la decisión adoptada, advirtiéndole que el paro convocado afectará también a las empresas y organismos encargados de prestar servicios públicos y/o esenciales para la comunidad.
TERCERO.- El paro convocado tendrá lugar durante la jornada del día 14 de Noviembre de 2012, comenzando a las 0 horas y terminando a las 24 horas del citado día 14. Durante la jornada del día 13, únicamente cesarán en su actividad laboral y funcionarial los trabajadores y funcionarios cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán de tener efectos inmediatos el día 13, tales como abastecimientos de mercados centrales y periféricos, edición, reparto y venta de prensa diaria, etc.
CUARTO.- Por otra parte, en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo del paro general se efectuará en el primer turno y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último turno.
QUINTO.- Esta huelga general convocada para el 14 de Noviembre, tiene como objetivos:
I. El rechazo y la reversión de la reforma del mercado laboral, ley 3/2012 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha conllevado un retroceso sin precedentes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto en su vertiente individual como colectiva.
La reforma laboral iniciada con el Real Decreto-ley 3/12, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, y consolidada con la Ley 3/12, de 6 de julio, de igual nombre, ha provocado una ruptura de los pilares básicos del derecho de trabajo, introduciendo en nuestro derecho laboral el despido libre y gratuito a través del nuevo contrato de apoyo a los emprendedores; otorgando al empresario un poder absoluto sobre las condiciones laborales de los trabajadores; dando carta libre al empresario para la extinción de los contratos de trabajo, por la triple vía de facilitar las causas objetivas, tanto en el despido individual como en el colectivo; eliminar la autorización administrativa y abaratar sustancialmente la indemnización por despido disciplinario, con clara afectación al despido objetivo y al colectivo; y finalmente erosionando el poder contractual colectivo de los trabajadores al romper el sistema de negociación colectiva.
Esta reforma, que se ha justificado por el Gobierno como necesaria para la creación de empleo, ha producido el efecto contrario, una mayor, más rápida y más barata destrucción de empleo, con menores derechos y garantías para los trabajadores e incremento desmesurado de las tasas de desempleo que a finales del segundo trimestre del 2012, tras cinco meses de vigencia de la reforma, alcanza un porcentaje del 24,65 sobre la población activa, lo que supone que casi 5,7 millones de trabajadores se encuentran en situación de desempleo. Prácticamente ya una de cada cuatro personas que quiere trabajar y busca empleo, no puede hacerlo. Además, la cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, y en la actualidad sólo beneficia al 67% de los desempleados, 13 puntos menos que hace dos años.
Especial afectación tiene y va a tener en la destrucción de empleo del sector público, la prohibición incorporada en el Estatuto de los trabajadores por la Ley 3/12 de que las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho publico, con la sola excepción de las que se financien con ingresos obtenidos por operaciones realizadas en el mercado, puedan acudir a la suspensión temporal de contratos o reducción de jornada como medida de flexibilidad interna para evitar los despidos colectivos.
Mayor destrucción de empleo que se verá igualmente incrementada ante la medida del Gobierno de no prorrogar, en los supuestos de despidos objetivos, la reposición de la prestación de desempleo consumida en las suspensiones o reducciones de jornada que se produzcan a partir del 1 de enero de 2013, medida que incentivaba ajustes internos sobre las extinciones de contratos.
Esta reforma recoge diferentes medidas denominadas de flexibilidad interna que lo que suponen es la desregulación de las relaciones laborales, de las que destacamos las siguientes por su especial gravedad:
- Se eliminan las categorías profesionales para facilitar la polivalencia funcional.
- Se amplía para todos los trabajadores la distribución irregular del 10% de la jornada anual unilateralmente por parte de la empresa.
- Se amplia la capacidad de descuelgue de las empresas, no sólo en conceptos salariales sino en otras materias como jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y sistema de remuneración. Se minimizan las causas económicas por las que se puede aplicar los descuelgues.
- La ultra actividad queda limitada y los convenios sólo seguirán vigentes un año tras su caducidad, salvo pacto de las partes.
- La Reforma desmantela el sistema de negociación colectiva, al dar prioridad a los convenios de empresa en un número importante de materias (cuantía del salario base y de los complementos, horario y distribución del tiempo de trabajo, medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal…) sin que los acuerdos interprofesionales o sectoriales puedan establecer lo contrario.
II. El rechazo y la reversión del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los funcionarios y que castiga especialmente a un sector de la sociedad víctima de la crisis y especialmente vulnerable, los desempleados.
1. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los funcionarios.
La reforma suprime la paga extraordinaria de Navidad en 2012; reduce las prestaciones durante las situaciones de incapacidad laboral transitoria y en más del 50% los días de libre disposición y permisos; rompe el régimen de eficacia de los convenios colectivos del personal laboral otorgando un poder unilateral al empleador publico; reduce los créditos y permisos sindicales y reforma el régimen de los órganos de representación de los empleados públicos en la Administración General del Estado.
Estas medidas, sumadas a las que ya vienen afectando a los trabajadores del sector público desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, no sólo tienen un fuerte impacto en sus retribuciones, y en consecuencia en su poder adquisitivo, sino también en aspectos nucleares de sus condiciones individuales de trabajo y en sus derechos colectivos.
2. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, castiga al colectivo que con especial intensidad está padeciendo la profunda crisis que afecta a España, los desempleados.
En una situación como la que está sufriendo España, en la que no dejan de crecer las tasas de desempleo y las de riesgo de pobreza, el Gobierno no cesa en el recorte de las prestaciones por desempleo, tanto de nivel contributivo como asistencial.
El Real Decreto-ley 20/2012 ha disminuido el importe de la prestación contributiva e incrementado las cotizaciones a la Seguridad Social en dicho periodo; se ha elevado la edad de 52 a 55 años para poder acceder al subsidio previo a la jubilación, se ha reducido su periodo de duración que sólo alcanza hasta que se tenga derecho cualquiera de las modalidades existentes de jubilación, se disminuye la cotización en dicho periodo con afectación al importe de las futuras pensiones; desaparece el subsidio especial para mayores de 45 años con una duración de 6 meses; se endurecen los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) y el de carencia de rentas para acceder a cualquiera de los subsidios y se reduce el derecho a la prestación, o en su caso subsidio de desempleo, para los trabajadores con contratos a tiempo parcial.
Asimismo, esta situación de recorte en las prestaciones por desempleo, en un momento en el que es mayor la exigencia constitucional prevista en el artículo 41 de nuestra norma suprema, de garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, se agrava ante la rebaja de la partida para las prestaciones de desempleo en el proyecto de ley de PGE 2013, que pone en serio peligro el mantenimiento del plan PREPARA más allá del próximo mes de febrero.
Ante las consecuencias tan profundamente negativas en el mercado de trabajo y en particular en los derechos de los trabajadores, de las medidas anteriormente descritas, se requiere su sustitución por otras negociadas que respetando el necesario equilibrio en las relaciones laborales, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, conlleven el mantenimiento y la creación de empleo y la debida protección de los desempleados.
III. El rechazo y la exigencia de cambio radical de las políticas sociales del gobierno que están conllevando un desmantelamiento del Estado del bienestar y están ya debilitando derechos constitucionales básicos que son fundamento del contrato social y de la convivencia democrática en España
Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno actual ha centrado su política de consolidación presupuestaria en los recortes sociales y con ese objetivo ha ido aprobando una sucesión de medidas sobre medidas, con las que está arrasando de forma vertiginosa los derechos sociales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país. La ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012; el Real Decreto-ley 16/20012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y ahora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, son una muestra de esta línea de actuación a la que hay que sumar las que ya han adoptado y están por adoptar las Comunidades Autónomas en sus respectivos presupuestos, ante la negativa del Gobierno de conceder a las Autonomías el margen de tiempo para reducir la deuda otorgado por la Unión Europea.
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, constituye un paso más para situar al Sistema Nacional de Salud en una supuesta ineficiencia que justifique la entrada de la iniciativa privada y promueva el doble aseguramiento sanitario. Con esta reforma el derecho a la Sanidad ya no es universal, sino que queda limitado a la previa condición de asegurado. Las medidas adoptadas por el Gobierno van a impedir el acceso a la tarjeta sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en nuestro país. La cartera de servicios quedará dividida en tres niveles: la financiada, la que se realizará con “repago”, es decir, con aportación del usuario, y la que será exclusivamente de pago. Por primera vez en nuestra democracia, 8 millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico y se incrementará la aportación de la mayoría de los usuarios. Al mismo tiempo, bajo el pretexto de la crisis y de la necesidad de ahorro, los sucesivos recortes, tanto desde el Estado como desde las Comunidades Autónomas, además de empeorar las condiciones laborales de todos los profesionales, están poniendo gravemente en peligro la atención sanitaria y su calidad asistencial. Todo esto supone un avance sin precedentes en la desigualdad y en la injusticia social.
El sistema de protección a las personas en situación de Dependencia está corriendo la misma suerte antes de haberse culminado su implantación. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 implica una reducción de casi 500 millones de euros respecto del presupuesto inicial de 2012, continuando con una política cuyo principal resultado ha sido que desde febrero hasta hoy el Sistema viene reduciendo sistemáticamente el número de personas que tienen derecho a estar atendidas. El proyecto marca como objetivo atender a sólo 850.000 personas en situación de dependencia de los más de un millón que tienen actualmente reconocido el derecho. Esta es la continuidad de una política de fuerte retroceso en los niveles de protección a los más necesitados que quedó plasmada mediante la reforma estructural del sistema operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Nuevamente se reproduce el mismo patrón regresivo en términos sociales. Con dicha reforma se persigue el recorte drástico del ya modesto gasto social público dedicado a los servicios sociales de dependencia, la reducción del universo de personas protegidas y el cambio de modelo de protección para transitar hacia la mercantilización del mismo, lo que profundizará en las desigualdades: las personas dispondrán de una cobertura desigual en calidad y cantidad, en función de su mayor o menor capacidad económica y se empuja nuevamente a las mujeres, particularmente a las de menos recursos, a asumir la responsabilidad y la carga de los cuidados.
En materia de Educación los recortes a la enseñanza están hipotecando el futuro de nuestro país, el gobierno debería mantener la inversión pública en educación si queremos que nuestro sistema educativo alcance mejores niveles y la sociedad salga de la crisis con las mejores garantías y expectativas de futuro. Los recortes ponen, además, en peligro la calidad de nuestro sistema educativo, con medidas que suponen una reducción de plantillas y de unidades concertadas que ponen en serio peligro sus puestos de trabajo y van en contra de los derechos laborales de los docentes. Expresamos nuestro rechazo contra los recortes salariales, la reducción de profesores interinos, la disminución de presupuestos educativos, incremento de la jornada lectiva y el aumento del número de horas de alumnos por aula. La inversión en educación es garantía de futuro, que deben mantenerse unas condiciones dignas para los trabajadores y que los presupuestos educativos deben atender especialmente a las situaciones de los más desfavorecidos y de los alumnos con necesidades educativas especiales.
IV. El rechazo a las políticas económicas y fiscales tanto a nivel europeo como en España que lejos de dinamizar la economía están profundizando la crisis, incrementando el desempleo y la pobreza.
Transcurridos ya casi cinco años desde que se empezaron a percibir los primeros síntomas de la crisis en nuestro país, no cabe achacar a sus causas originarias la persistencia y gravedad de su impacto. Más allá de la virulencia del seísmo financiero que se inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y de la quiebra de nuestro modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, el empobrecimiento al que estamos sometidos desde hace dos años y la erosión de nuestro estado de bienestar obedece a otras razones, que son las erróneas políticas aplicadas desde entonces, subordinando todo al ajuste drástico del déficit.
Estas políticas, que comenzaron a aplicarse nítidamente en nuestro país en mayo de 2010, se han extendido y profundizado en los once meses de gobierno del Partido Popular y han afectado, como se ha descrito anteriormente, a derechos laborales básicos y a nuestro estado del bienestar.
Además el Real Decreto-ley 20/2012, también ha aprobado la subida del IVA (que el Gobierno había negado una y otra vez), con lo que, junto a otras medidas impositivas puntuales, y junto a las que desde el mes de diciembre del pasado año se han ido aprobando, constituyen una auténtica reforma fiscal encubierta orientada hacia el único objetivo de recaudar más, y que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las bolsas de fraude.
V. Que no se lleven a efecto las previsiones existentes de nuevos recortes en nuestro sistema público de pensiones, de prestaciones por desempleo y protección social que están siendo requeridos desde determinadas instancias internacionales, encarnándose bien vía Presupuestos Generales del Estado para el 2013, o bien a raíz de la probable solicitud del rescate de la economía española.
El paro registrado bate un nuevo record y se sitúa en el umbral de los 5,5 millones
La Unión Sindical Obrera (USO) considera que los datos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo son el reflejo de la situación de recesión en la que está inmersa nuestra actividad económica, como consecuencia de unas mal llamadas políticas de ajuste y austeridad que están propiciando un progresivo empobrecimiento del país y de sus ciudadanos, que nos lleva a situarnos en un nuevo record de paro registrado en el umbral de los 5,5 millones de desempleados.
Ello es consecuencia, a juicio de la USO, en una errónea política del Gobierno que está provocando un estéril y sangrante efecto sobre el empleo, la economía, el Derecho y condiciones de Trabajo, las prestaciones y servicios sociales, los salarios y rentas de las mayorías sociales trabajadoras, que conllevan unas tasas inadmisibles de pobreza y desigualdad social, a la vez que van induciendo a una asfixia de la economía real, del crédito a las familias y a las empresas, contrariamente a la necesaria y urgente salida de la crisis actual por la vía del relanzamiento del crecimiento económico y del empleo. ¿Para cuándo un rescate de las personas que ya no perciben prestación ni subsidio y que se han situado por encima de los 2,5 millones?
No es admisible que se nos siga hablando de las “bondades” de la reforma laboral, cuando el empleo se sigue destruyendo, y sólo aumenta la contratación, de muy corta duración que incide en la rotación de los puestos de trabajo. ¿Cómo se puede explicar que con más de 1, 4 millones de contratos realizados en octubre el paro crezca en 128.000 personas? ¿Cuántas veces ha sido contratada la misma persona y por cuánto tiempo?
La USO ve con preocupación, como todo esto se refleja en la caída de la afiliación a la seguridad social, que disminuye en todos los sectores y ya está por debajo de los 16,7 millones.
El Comité Confederal de USO convoca huelga general el 14-N
El 43 Comité Confederal de la USO, en su reunión celebrada el día 22 de Octubre del 2012, ha determinado convocar Huelga General en todo el ámbito territorial de España y en el conjunto de los sectores de producción de bienes y servicios, a llevar a efecto el próximo 14 de Noviembre del presente año 2012.
La USO considera que existen sobrados motivos y razones para la convocatoria de tal acción ante los reiterados e infructuosos llamamientos efectuados para que el Gobierno de la Nación modifique radicalmente el empecinamiento en continuar aplicando las llamadas políticas de ajuste y austeridad que están conllevando a un progresivo empeoramiento del país y de su ciudadanía.
Dicha actuación que tan erróneamente se continúa aplicando en forma de recortes de derechos y servicios, está provocando un estéril y sangrante efecto sobre el empleo, la economía, el Derecho y condiciones de Trabajo, las prestaciones y servicios sociales, los salarios y rentas de las mayorías sociales trabajadoras, que conllevan unas tasas inadmisibles de pobreza y desigualdad social, a la vez que van induciendo a una asfixia de la economía real, del crédito a las familias y a las empresas, contrariamente a la necesaria y urgente salida de la crisis actual por la vía del relanzamiento del crecimiento económico y del empleo.
Es necesario hacer frente para hacer cambiar tan adversa situación, agravada en los últimos meses con la aprobación de la Reforma Laboral, el incremento de los impuestos de IRPF e IVA, el recorte del gasto a la atención de las personas dependientes, la eliminación de la paga extraordinaria y la reducción de prestaciones por IT a los empleados públicos o el recorte de las prestaciones por desempleo. Pero se añaden además, las nada halagüeñas previsiones existentes sobre los Presupuestos Generales del Estado del próximo año y el probable rescate de nuestra economía que van a conllevar más y más acentuados recortes, que tendrán como principales objetivos las pensiones y las prestaciones por desempleo, tal como se constata de las indicaciones provenientes de Bruselas..
El Comité Confederal de la USO hace asimismo propio el llamamiento del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para protagonizar de forma conjunta con todo el movimiento sindical la Jornada de Acción y Solidaridad Europea, en apoyo de las propuestas de la CES contenidas en su propuesta de Contrato Social para Europa, y contra las medidas de austeridad que empeoran los desequilibrios, fomentan la injusticia y están arrastrando a la Unión a la recesión económica y al desmantelamiento del modelo social europeo.
La USO igualmente como parte integrante que es de la Cumbre Social en España y compartiendo sus principales objetivos, respalda y se une al esfuerzo colectivo por ampliar la dimensión de la Huelga al conjunto de la ciudadanía, a la vez que urge a dinamizar interna y externamente la campaña de exigir al Gobierno que rectifique las equivocadas políticas, o en su defecto la convocatoria de un referéndum vinculante que o bien refrende o bien rechace las mismas.
Por todo ello, el Comité Confederal de la USO realiza un llamamiento a todas sus organizaciones territoriales y profesionales para irradiar las razones y motivos de la convocatoria y secundar masivamente el 14’N la Huelga General contra las políticas de ajuste y austeridad promovidas por el Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas y entidades locales, que están conllevando un destrozo sin precedentes del empleo, de la economía, de la actividad productiva, del modelo social, y del Derecho del Trabajo y de la dignificación del mismo.
La Cumbre Social convoca formalmente la huelga general del 14-N
La Cumbre Social, que integran más de 150 organizaciones sociales y sindicales (CCOO, UGT, CSI-F, CI y USO) ha decidido convocar formalmente la huelga general de 24 horas para el próximo 14 de noviembre.
Dicha acción se convoca dentro de la jornada de solidaridad europea de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para ese día.
CCOO y UGT pretenden que sea "algo más que un paro laboral", han hablado de "un acto de protesta cívica general" que sea secundado también por colectivos como parados o pensionistas.
Por otro lado, el sindicato de funcionarios CSI-F ha acordado no secundar la huelga general convocada por La Cumbre Social, al señalar que en estos momentos, “una huelga en el sector público no es conveniente”.
La Confederación Intersindical (CI) acordó por unanimidad la convocatoria de esta huelga general, esperan que "sea un éxito desde el punto de vista laboral, pero también para que sea un éxito de participación ciudadana y de no consumo".
Por su parte el secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Julio Salazar, ha recordado que el Comité Confederal decidirá si apoya la huelga o no, aunque ha precisado que la posición que llevará la Comisión Ejecutiva confederal es la de ir al paro porque la ciudadanía está "al borde del abismo".
Salazar ha afirmado que, ante el deterioro de la vida laboral y social que se está registrando, hay que poner "toda la carne en el asador y lograr dar la vuelta a la situación y las cosas de tan nocivos efectos que está habiendo".
La directora general de Seguros apuesta por incluir criterios de sostenibilidad
La directora general de Seguros y Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga, ha afirmado en la inauguración del III evento anual del Foro Español de Inversión Socialmente Responsable (Spainsif) que la actual situación es un entorno propicio para apostar por un nuevo enfoque en las inversiones, que contemple aspectos de sostenibilidad propios de la ISR.
Por su parte, Vicente Martínez Pujalte, portavoz del PP de la Comisión de Economía del Congreso, se ha mostrado tajante al afirmar que la salida de la crisis pasa por un modelo económico distinto, en línea con la ISR, razón por la cual ha ofrecido diálogo para implementar las medidas que sean necesarias para su desarrollo, y se ha mostrado convencido de que “el capitalismo post-crisis será con un rostro más humano”.
En el marco de esta jornada se presentó el V estudio bienal de la ISR en España, que cifra el mercado en 57.000 millones de euros a finales de 2011, un 71% más que a finales de 2009, cuando se editó el anterior estudio.
Este aumento en los activos bajo gestión (AuM por sus siglas en inglés) contrasta con la contracción experimentada por el mercado general de gestión de activos (fondos de inversión y de pensiones), que alcanzaba los 284.700 millones en la misma fecha tras perder un 37% desde su máximo en 2007 y un 6% adicional el pasado año, según datos de Inverco.
En consecuencia, la penetración del mercado de la ISR se ha más que duplicado en los dos últimos años al pasar del 13% al 27% del total, impulsada especialmente por los fondos de pensiones que invierten su patrimonio con criterios de ISR, que representaban a finales de 2011 el 69% del total de activos gestionados por estos fondos en España.
En este sentido, Inés García-Pintos, presidenta de Spainsif, ha pedido no conformarse y ha subrayado la necesidad de profundizar en esta tendencia multiplicando los actores, el afianzamiento de la inversión responsable en el mercado minorista –los inversores institucionales representan el 97% en España, tres puntos más que la media europea– y la sofisticación de las estrategias de inversión.
En la clausura, el subdirector general adjunto de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), Miguel Ángel Martínez de la Riva, ha anunciado para el primer cuatrimestre de 2013 -y en cualquier caso antes de junio- el esperado Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa, del que ha asegurado que la ISR “será uno de los ejes principales”.
Acceso a todo el material de la jornada, incluídas las ponencias.
La CES llama a una jornada de movilizaciones para el 14 de noviembre
El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su reunión del día 17 de octubre celebrada en Bruselas, en la que ha participado USO, ha acordado realizar un llamamiento a todas sus organizaciones afiliadas para que el próximo día 14 de noviembre secunden masivamente una Jornada de Acción y Solidaridad europea. Entre las movilizaciones que recomienda la CES se encuentran la convocatoria de huelgas, manifestaciones, concentraciones, asambleas u otros actos de protesta en contra de las políticas de austeridad, los recortes sociales y las agresiones a los derechos de los trabajadores. Con ello la CES sale al encuentro de la convocatoria de huelga general ya realizada en Portugal para el 14 de Noviembre, y a la que previsiblemente será convocada por los sindicatos españoles y griegos para la misma fecha, extendiendo su movilización al conjunto de países europeos.
La USO va a reunir a su Comité Confederal los próximos días 22 y 23 de octubre para tomar una decisión al respecto.
La CES expresa su firme oposición a las medidas de austeridad que están arrastrando a Europa al estancamiento económico, a la recesión de hecho, así como el continuo desmantelamiento del modelo social europeo. Estas medidas, lejos de restablecer la confianza, no hacen más que empeorar los desequilibrios y fomentar la injusticia.
La CES hace un llamamiento para que la Unión Europea considere que la recesión sólo se puede detener si se aflojan las restricciones presupuestarias y los desequilibrios, con el fin de lograr un crecimiento económico sostenible y la cohesión social, así como el respeto de los valores consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales.
La consolidación fiscal ha tenido un efecto más agudo de lo inicialmente estimado por las instituciones, incluida la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, el FMI ahora admite que se equivocó gravemente con el impacto de las medidas de austeridad en el crecimiento. Este error de cálculo tiene un impacto inconmensurable en la vida diaria de los trabajadores y de los ciudadanos que la CES representa y pone en cuestión toda la base de las políticas de austeridad propuestas por el Tratado Fiscal e impuestas por la troika.
El Comité Ejecutivo de la CES reafirma su apoyo a los sindicatos afiliados que luchan por condiciones dignas de trabajo y de vida. Esta situación es el resultado de la falta de coordinación de las políticas económicas y de la ausencia de normas sociales mínimas en toda Europa.
La CES reitera que el diálogo social y la negociación colectiva son fundamentales para el modelo social europeo y se opone con firmeza a los ataques frontales contra estos derechos, a nivel nacional y europeo. El Comité Ejecutivo de la CES hace un llamamiento urgente para la inmediata adopción y transposición de los acuerdos de los interlocutores sociales europeos ante el Consejo. En este sentido se recuerda que la Unión Europea es un tratado destinado a "trabajar por el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social y con un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. Asimismo, recuerda que el apoyo de la CES al Tratado de Lisboa se basa principalmente en la aplicación plena de esos objetivos.
Un cambio de dirección es necesario y las discusiones que están en curso entre las instituciones y los gobiernos sobre la conveniencia de cambios en tratados posteriores, deben dar prioridad a la solución de la crisis en consonancia con los tres pilares de nuestro pacto social propuesto para Europa. Esto se articula en torno al diálogo social y la negociación colectiva, la gobernanza económica para el crecimiento sostenible y el empleo, y la justicia fiscal económica y social.
Por último la CES insiste en que la solidaridad activa, el progreso social y la rendición de cuentas democrática, deben ser una parte integral del proyecto europeo. Es esencial que se incluya como parte integral de cualquier nuevo tratado, un protocolo de progreso social. La CES evaluará cualquier nuevo paso en la integración europea sobre esta base.
La Cumbre Social pone en marcha la campaña pro referéndum y una página web
La Cumbre Social ha presentado este pasado lunes 15 de octubre en Madrid, la Comisión Promotora para la celebración de un referéndum, de la que forman parte destacadas personalidades de la cultura, la universidad y la justicia. Una iniciativa con la que se pretende emplazar al Gobierno a la convocatoria de una consulta a la ciudadanía sobre los diversos programas de recortes y ajustes que viene aplicando desde principios de año.
La plataforma ha recibido respaldo desde distintos ámbitos y de nombres como Carlos Jiménez Villarejo o José Antonio Martín Pallín, Antonio Martín Artiles, Almudena Grandes, Julio Aróstegui, Fanny Rubio, Ángel Bahamonde, Rosa María Capel, Vicenç Navarro, Carlos Berzosa o el periodista Máximo Pradera, entre otros.
En sucesivas ocasiones, la Cumbre Social ha criticado el fraude democrático que supone solicitar el voto para un programa electoral y gobernar con otro. No es aceptable que materias tan sensibles para evaluar la calidad de vida de las personas (derecho del trabajo, negociación colectiva, servicios públicos, protección social, dependencia, derechos civiles, impuestos indirectos…) sean utilizadas como señuelo en campaña electoral y una vez conseguido el voto, sean las primeras en pagar las consecuencias del ajuste. Tras la presentación de la Comisión Promotora Estatal, se inicia la constitución de las Comisiones Promotoras en los ámbitos autonómicos y paralelamente se va a empezar a impulsar la iniciativa en los centros de trabajo, las universidades, los centros de formación profesional, centros sanitarios y centros de mayores, además de poner en marcha una campaña coordinada de comunicación, sensibilización y movilización social.
Se pone en marcha también una página web informativa y con un espacio habilitado para recoger firmas:
17-O: Funeral de las políticas sociales en la Puerta del Sol
La Alianza contra la Pobreza representará el miércoles 17 el mayor funeral de la historia de España, el funeral de las Políticas Sociales para exigir un cambio, para recordar que los recortes generan pobreza y para mostrar una realidad que la ciudadanía no quiere asumir:
¡NO PERMITAMOS QUE MUERAN LAS POLÍTICAS SOCIALES!
7 ataúdes.
7 políticas públicas moribundas, millones de personas afectadas.
Puerta del Sol, 17 de octubre de 2012 a las 19h. #funeralsocial #rebelate
El 17 de octubre es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza y este año con más motivos que nunca la Alianza Española contra la Pobreza manifiesta el rechazo a la política de recortes que empobrece cada vez más a la población, dentro y fuera de nuestro país. En España, casi 13 millones de personas viven ya en situación de pobreza y exclusión (el 26,7% de la población). En el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 1.000 millones sufren hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
En estos momentos todas las organizaciones y movimientos sociales tienen que plantar cara y hacer una lucha conjunta ante el aumento de la pobreza. La Alianza contra la Pobreza (una plataforma que reúne a ONGD, movimientos sociales, plataformas ecologistas, feministas, religiosas, sindicatos, entre ellos la USO, etc.) considera que hay otra forma de hacer política y convoca a la representación del funeral de las políticas públicas para rebelarse ante lo que no queremos que suceda. El 17 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid; la política de Cooperación para el Desarrollo, junto a la educación, la sanidad, la dependencia, el empleo, los servicios sociales y la igualdad serán arropadas por miles de personas que se rebelan contra su desaparición. Estamos ante el desmantelamiento de las políticas sociales y por eso más de 25 ciudades en todo el territorio español se movilizan.
Políticas públicas como la Cooperación Internacional acumulan un recorte continuo desde 2009 de más del 70%, lo que significa el desmantelamiento del sistema de cooperación española y un cambio en los objetivos de desarrollo, que afecta fundamentalmente a las personas más vulnerables del planeta.
Junto a ella, las políticas públicas relativas a educación, sanidad, empleo, dependencia, igualdad y servicios sociales se encuentran al borde del abismo. Los continuos recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, mantienen a España muy por debajo de la media de la UE en gasto social (22’7% en España frente al 30% UE).
No es cierto que sea lo único que el gobierno puede hacer. Hay alternativas a los recortes sociales. El Estado pierde alrededor de 90.000 millones de euros cada año por el fraude fiscal, 11 veces más que lo que ha destinado este año a la Sanidad, los Servicios Sociales, la Educación, la Cooperación y la Ley de Dependencia. Lo que verdaderamente hay que recortar es el fraude fiscal.
Todo esto ha sido expuesto por los representantes de la Alianza; Gaby Jorquera (EAPN-España), Jaime Atienza (Coordinadora de ONGD-España) y Ana Lima Fernández (CGTS). También se ha contado con la presencia de Claudia Samayoa, de la organización guatemalteca Unidad de protección de Defensores y defensoras de Derechos Humanos, que nos ha recordado el carácter global de las luchas sociales, la necesidad de acompañar los procesos de cambio y cómo en este mundo global las consecuencias de los recortes sociales siempre son peores para las personas más vulnerables.
Reforma laboral: Recurso de incostitucionalidad
USO-Madrid considera que la tardía presentación del recurso de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral, deja en evidencia que se están anteponiendo fines electoralistas a los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía.
El pasado viernes, penúltimo día del plazo legal, se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad sobre la Reforma Laboral, que USO-Madrid venía reivindicando a las fuerzas políticas de oposición desde el mes de febrero en que se promulgó dicha Reforma.
Desde USO-Madrid nos preguntamos: ¿no se podía haber presentado ese recurso, al que ahora se da el tratamiento de urgencia, hace 8 meses, cuando se dictó la Reforma Laboral?. ¿O en Julio, cuando se convalidó definitivamente en el Parlamento?.
Se está perjudicando gravemente a los trabajadores y trabajadoras. Por un lado, nos perjudica el Gobierno del PP dictando una ineficaz y anticonstitucional reforma laboral. Por otro la oposición, que deberá explicar a los miles de trabajadores y trabajadoras que ya han sido despedidos o a los que se les han modificado condiciones y salarios en aplicación de esa inconstitucional reforma durante estos meses, el motivo de esta deliberada tardanza.
En palabras del Secretario General en funciones de USO-Madrid, Javier Blanco: “Cuando la clase política se presenta en nuestras manifestaciones presumiendo de la tardía presentación de ese recurso de anticonstitucionalidad, están hiriendo nuestra sensibilidad e inteligencia y la de toda la ciudadanía. Y no debemos olvidar, ni lo vamos a hacer, reformas laborales tan anticonstitucionales como la que ahora recurren y que fueron aprobadas por anteriores Gobiernos: la del 2011, que acababa con la ultraactividad de los convenios y daba preferencia a los convenios de empresa. O como la del 2010, que añadió las pérdidas previstas como causa de despido objetivo. Ni vamos a olvidar como el anterior Gobierno aprobó el día antes de las últimas elecciones el contrato de prácticas en empresas. Ese contrato que tiene 426 euros de salario, sin paro y sin vacaciones”.
7-O: Miles de manifestantes recorren las ciudades de España
Los sindicatos y organizaciones sociales que conforman la Cumbre Social, entre ellos CCOO, UGT, CSI-F y USO, hemos salido este domingo a la calle en 57 manifestaciones celebradas en toda Esapaña contra las medidas de recorte y los presupuestos generales del estado que ahondan en la recesión económica.
Bajo el lema ’Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo’, los convocantes hemos convertido las calles de toda España en un clamor contra los últimos ajustes del Gobierno, que denuncian van a hundir aún más en la pobreza a los ciudadanos y exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y el mantenimiento del Estado del Bienestar.
La Cumbre Social ha puesto en valor durante sus reuniones la necesidad imprescindible de que el Ejecutivo someta a referéndum de manera inmediata las medidas de ajuste que y los contenidos de la negociación de un rescate que agravarían más la ya deteriorada situación.
Para la Cumbre Social, los Presupuestos Generales solo contemplan "recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales".
Las manifestaciones celebradas coinciden con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada en todo el mundo por la CSI (Confederación Sindical Internacional) reclamando el empleo para los jóvenes.
El cierre de la manifestación, ha contado con los saludos de jóvenes de CCOO, CSI-F, UGT, USO la lectura de un manifiesto a cargo de una actriz en el que se ha vertido el rechazo reticencias hacia los ajustes y recortes promovidos por el Ejecutivo y que están afectando a la inmensa mayoría de la sociedad española.
Mutua MMT Seguros patrocinara al Balonmano Zamora
El presidente de MMT Seguros y el BM Zamora firman el patrocinio del primer equipo «pistacho»
Por fin se ha hecho oficial. MMT Seguros es el nuevo patrocinador del primer equipo del Balonmano Zamora, un acuerdo que se ha firmado para la actual temporada pero las sensaciones apuntan a que podría prolongarse en el tiempo. En un ambiente de armonía y satisfacción absoluta por este convenio, el presidente de la Mutua Madrileña del Taxi, el zamorano Román Rodríguez, y el máximo mandatario del club, José Antonio Quintana, firmaron los documentos, en un acto en el que no faltaron representantes de MMT, de la entidad y de la Diputación Provincial, además de otros invitados como el propietario de Valbusenda, Simón García Taboada, buen amigo de Román Rodríguez, patrocinador de uno de los equipos de cantera del club, y para el que tampoco faltaron elogios.
Tras el acto protocolario tomó la palabra el presidente de MMT Seguros quien recordó el apoyo que ha prestado, cuando se le ha requerido, a otros clubes de la provincia como el Zamora C.F. (además del conocido patrocinio al Real Madrid de baloncesto), y explicó que su presencia en este proyecto le supone «una sincera emoción». Asimismo, dejó claro que este apoyo «no es ni casual ni caprichoso», sino que «obedece a una coincidencia de criterio de necesidad en defensa de los valores que en sí mismo engloba el deporte», comentó.
En esta nueva etapa que emprende con el club pistacho, está convencido de que conseguirán «crecer juntos, no solo en éxitos deportivos que estamos convencidos de conseguir, sino por la premisa de que ambas instituciones defienden el origen de esta gran tierra, labrada por la sabiduría de aquellas manos campesinas que nos hicieron ser lo que somos hoy», señaló.
Tanto es así, que el presidente de MMT Seguros no dudó en compartir con los presentes anécdotas de su familia en Robledo de Sanabria y cómo en su labor empresarial utiliza de forma constante la palabra «equipo» como una fórmula de progresar y avanzar de forma conjunta. De este modo, con la idea de sumar se inicia esta nueva etapa en la que se pretende llevar a cabo un trabajo de colaboración recíproco que permita seguir avanzando.
También tomó la palabra el presidente del Balonmano Zamora. José Antonio Quintana agradeció la confianza de MMT «en estos momentos complicados» y reconoció que con esta firma «con una empresa de raíces zamoranas» «se disipan dudas sobre el futuro» de una entidad deportiva que apuesta por la base y la cantera, ya que ahora mismo cuentan con 300 niños, y reiteró que para ellos es todo un orgullo lucir MMT en las camisetas del equipo.
En cuanto a la actualidad deportiva, Quintana aseguró que, salvo sorpresas, la plantilla está cerrada, y destacó como máxima prioridad el hecho de que haya chavales del primer equipo en la cantera. Con todo, unidos en un proyecto de «seriedad, tranquilidad y responsabilidad» que esperan logre éxitos deportivos a lo largo de los próximos meses.
Domingo 7 de octubre, convocadas movilizaciones en toda España
Tras la celebración en Madrid de la tercera reunión de la Cumbre Social, el secretario general confederal de la USO, Julio Salazar, ha anunciado en rueda de prensa que entre los acuerdos adoptados, figura con carácter más próximo en el tiempo, la convocatoria de manifestaciones el próximo domingo 7 de octubre en todas las capitales de provincia “para expresar el rechazo a estros presupuestos y para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro mermado Estado del Bienestar”.
Julio Salazar ha manifestado que tras el “ejercicio de funanbulismo político que ha supuesto la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que traslada a la población más recortes sociales que dinamitan el estado de bienestar y el modelo social español”, las organizaciones integrantes de la Cumbre Social, se dan un plazo para que cada una de ellas valore la posibilidad de convocar una Huelga General, con profundo carácter social, durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos.
Asimismo Julio Salazar ha explicado que se van a explorar las posibilidades de coordinar las acciones anteriormente previstas con otros países de la Unión Europea, porque existe el convencimiento de que hay que hacer frente a políticas nacionales tan lesivas para la mayoría de la población, pero que también hay que hacerlo con las directrices que emanan de la Unión y que se están cebando particularmente con los países del sur de Europa.
Por último el secretario general de la USO ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de exigencia de un Referéndum sobre la acción del Gobierno. La campaña consistirá en la recogida de firmas entre la ciudadanía y contará con una Comisión Promotora que se reproducirá en todo el país y que llegará hasta los centros de trabajo.
PUNTO DE ENCUENTRO USO-MADRID
METRO LEGAZPI - EDIFICIO BANCO SANTANDER
El Trabajo decente una premisa de desarrollo y bienestar
USO-Madrid considera fracasada la actual política económica.
El aumento de desempleados en agosto en 38.179 personas, sumado a la reducción en la cifra de cotizantes en 136.762 personas, trae consigo el inevitable aumento en el gasto por prestaciones.
Si a eso sumamos que se ha despedido a los trabajadores con contratos indefinidos, como pernicioso efecto de la Reforma Laboral del Gobierno, que son precisamente los que tienen derecho a cobrar un paro más alto y durante más tiempo, obtenemos como resultado una subida del gasto de un 5,4% en siete meses, cuando el Gobierno preveía una caída del 5%.
Visto que el déficit ha superado YA lo que el Gobierno preveía para todo el año, USO-Madrid ve con extrema preocupación el que la Seguridad Social haya tenido que gastar de sus reservas para pagar las pensiones, concretamente 4.400 millones de euros.
USO-Madrid considera que si se continúa aplicando la misma política económica, se profundizará mucho más en la crisis, aumentando el número de desempleados sin cesar y amenazándose de forma muy seria el actual sistema de pensiones.
Bienvenida, señora Merkel
Respetada canciller Merkel, la supongo consciente de las expectativas que su visita a nuestro país ha despertado. Desde hace meses, el futuro de esta economía, las condiciones de vida de los españoles, dependen en mucha mayor medida de las decisiones de su Gobierno que de las que pueda adoptar el nuestro. Esa dependencia no es algo nuevo, pero es en estos momentos cuando es mucho más explícita y también más trascendente.
La subordinación se extiende a instituciones directamente alemanas como el Tribunal Constitucional o el Bundesbank, cuyos pronunciamientos pueden condicionar no solo la inmediata gestión de la severa crisis económica y financiera que sufre la eurozona, sino el futuro de las propias instituciones comunitarias. En esta misma jornada que usted pasará en el palacio de la Moncloa, mientras se entrevista con el presidente Rajoy, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), concebido a imagen y semejanza de su influyente banco central, tratará de abordar decisiones tendentes a facilitar la recuperación económica y, lo que sin duda es ahora más relevante, a reducir las manifiestas inconsistencias y daños que están generando los mercados de deuda pública. Las denominadas primas de riesgo, expresivas de las exigencias adicionales de remuneración que los bonos españoles o italianos han de pagar a los inversores frente a la referencia homogénea del bono emitido por el Tesoro alemán, no son las propias de una unión monetaria consolidada.
Como no pocas instituciones y analistas admiten, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el presidente del BCE, esos mercados llevan meses cotizando algo más que diferencias en el grado de saneamiento de las finanzas públicas de los correspondientes países. El riesgo de reversibilidad del euro, de fragmentación de la unión monetaria, no ha dejado de aumentar, a pesar de los esfuerzos de ajuste fiscal y las reformas que se han llevado a cabo siguiendo esencialmente las directrices de su Gobierno. Una parte significativa de esos largos cinco puntos porcentuales de diferencia entre lo que paga su Tesoro y el español por endeudarse al mismo plazo es el reflejo, en el mejor de los casos, de la incertidumbre que rodea a los desenlaces de la crisis de la eurozona. En el peor, sintetizan una desconfianza creciente sobre la capacidad de gestión de la crisis por las instituciones europeas, incluidas las muy influyentes de su país. Con todo, la excesiva aversión al riesgo hacia las economías periféricas está conduciendo a que el refugio de los capitales en los bonos de su Tesoro le esté deparando tipos de interés reales negativos, de los que no solo se benefician sus finanzas públicas, sino las de sus empresas.
Los precios de los bonos reflejan igualmente la ausencia de crecimiento económico a la que han contribuido políticas presupuestarias excesivamente contractivas del gasto público y demasiado voluntaristas en las pretensiones de generación de ingresos impositivos. La realidad ha demostrado suficientemente que la austeridad a ultranza y en solitario no es precisamente expansiva. Prescindir de lo superfluo e ineficiente es una cosa y otra bien distinta es acentuar la recesión y destrucción de empresas mediante reducciones de inversión pública y elevaciones de impuestos demasiado concentradas en el tiempo. El resultado no puede ser otro que el ahora observado en todas las economías sometidas al mismo tratamiento: más recesión e incumplimiento de los objetivos de saneamiento de las finanzas públicas. Razonable frustración la de familias y empresas al observar, en primer lugar, que los mercados de deuda pública mantienen exigencias de remuneración que no se corresponden con los fundamentos de la economía y, en segundo, que las instituciones en las que usted tanto influye no parecen asimilar la necesidad de alteración de esas políticas procíclicas y de actuar de forma contundente en esos mercados.
Esas cotizaciones de la deuda pública son uno de los alimentadores de ese “bucle diabólico” en el que se encuentran presas las economías periféricas. Condiciona de forma muy significativa la estabilidad de los sistemas bancarios nacionales, compradores mayoritarios de la deuda pública emitida por sus gobiernos, y con ella la necesaria normalización de la actividad crediticia. Son las empresas españolas, como acaba de desvelar el BCE, las que en mayor medida sufren el racionamiento del crédito y su correspondiente encarecimiento. Unas persistentes divergencias en tipos de interés tampoco son conciliables con una unión monetaria con 14 años de vida. Una razón adicional, en definitiva, para que el BCE actúe con celeridad suficiente.
Esos dos elementos inciden en la tercera fuente de alimentación del círculo vicioso, la pronunciada y prolongada recesión, que en nuestro caso define tasas de paro que duplican ampliamente el promedio europeo. Neutralizar esas tres perversas tracciones y respetar los compromisos que exige la unión monetaria no es posible para un solo Gobierno. Es necesario un esfuerzo del conjunto para favorecer la presunción de viabilidad de la unión monetaria y con ello la compatibilidad del necesario saneamiento de las finanzas públicas y privadas con el crecimiento económico. Es posible, y, en gran medida, depende de usted y de las instituciones en las que influye. A estas alturas, usted dispone de evidencia suficiente acerca del compromiso de este país, de sus ciudadanos y de sus representantes políticos, con la integración europea desde el mismo momento de la adhesión a las instituciones comunitarias.
España ha hecho siempre lo que Alemania ha dictado. Desde aquellas pautas de convergencia nominal definidas por el canciller Helmut Kohl como condiciones de acceso a la fase final de la unión monetaria, hasta los más recientes ajustes presupuestarios y reformas de los dos últimos Gobiernos españoles. Entre ellas, la no menos rápida y poco debatida decisión de cambiar la Constitución española para incorporar la restricción al crecimiento del déficit público estructural. Recuerde, dicho sea de paso, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no había sido incumplido más veces en España que en Alemania.
En realidad, cuando el contagio de la crisis financiera estadounidense llega a Europa, en el verano de 2007, el cuadro que exhiben las finanzas públicas españolas no es precisamente peor que el promedio europeo, incluidas las suyas. Sin embargo, a nuestra economía se le aplicaron terapias basadas en esa austeridad pública mal entendida, que no han facilitado el saneamiento del sector privado altamente endeudado y, desde luego, no han dado los resultados pretendidos sobre las finanzas públicas.
La reciente concesión de asistencia financiera comunitaria a nuestro sistema bancario es en cierta medida la consecuencia de cinco años de deterioro de unos activos, es cierto que excesivamente concentrados en el sector de la construcción residencial e inmobiliario, que se desplomó rápidamente tras la emergencia de la crisis. Las exigencias del memorándum of understanding (MoU) que ha suscrito el Gobierno español se añaden a las decisiones de ajuste y reforma ya adoptadas, expresivas todas ellas de una intervención de hecho. Que su completa aplicación contribuya a superar algunas de las amenazas que siguen pesando sobre la población española depende de que su Gobierno y el presidente de su banco central, su antiguo asesor Jens Weidmann, favorezcan la neutralización del tercer alimentador de la inestabilidad: que faciliten la rápida concreción del plan del presidente del BCE para eliminar ese riesgo de reversibilidad del euro y el consecuente sobrecoste que soporta la financiación de lo tesoros español e italiano, interviniendo en los mercados de deuda pública y favoreciendo las correspondientes adquisiciones por los fondos de rescate en los mercados primarios.
Déjeme que le haga una última sugerencia. Ayude al presidente Rajoy a solicitar sin mucha dilación el apoyo financiero correspondiente, sin temor al estigma que la asimilación a un nuevo rescate pueda significar. No es esta precisamente la hora para preocuparse por el qué dirán, ni de anteponer a la urgente neutralización del deterioro de las condiciones de vida de los españoles un eventual descenso de los rendimientos electorales.
Buenos días y buena estancia, señora Merkel.
Emilio Ontiveros