A falta de la recta final en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que se aprobará definitivamente el mes próximo si se cumplen las previsiones, no son pocas las empresas que se han lanzado a utilizar el decreto (en vigor desde febrero) en la creencia de que no van a tener una situación mejor que la actual para poner en marcha sus planes de reestructuración de plantillas. La fuerza que el decreto ha dado a los empresarios en las relaciones laborales (y que ellos estaban esperando) se deja notar y, aunque sea demasiado pronto para que las estadísticas oficiales lo reflejen con claridad, lo cierto es que muchos trabajadores ya la han sufrido en sus carnes.
Y así seguirá siendo cuando los grupos políticos le den la redacción definitiva a la ley y corrijan algunos de los resquicios de que ahora se están valiendo las empresas para desprenderse de los empleados que les sobran con mayor facilidad. La crisis económica pone sencillo justificar los despidos.
“Las empresas están intentando aprovechar la norma, unas posibilidades que no existían antes y que ahora se les dan. No se trata de un abuso. Con la reforma laboral se ahorran dinero y eso es un beneficio clarísimo para ellas. Aunque sí hay casos, especialmente en los grupos de empresas, en que se maquillan balances, se presentan cuentas sin auditar, cartas de despido que se justifican con una mera facturación decreciente, datos falsificados…, y eso sí que es un abuso”, indica el juez Miguel Ángel Purcalla.
La figura estrella de que se están valiendo las empresas en esta primera fase de aplicación de la reforma laboral para reducir sus costes laborales es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El recrudecimiento de la crisis económica provoca que muchas organizaciones no puedan subsistir sin rebajar salarios, cambiar turnos y horarios de trabajo, trasladar a su personal… para evitar despidos, siguiendo así el objetivo proclamado por el Gobierno. Pero otras, “están haciendo una malísima utilización de los tres trimestres consecutivos de descenso en los ingresos o las ventas que permite la reforma laboral para reducir los salarios o realizar traslados unilateralmente con el objetivo de incitar a que el personal se vaya con la indemnización de 20 días por año trabajado que facilita la norma. Así están forzando las salidas”, señala un abogado laboralista —que suele defender los intereses empresariales en los conflictos laborales— bajo la condición del anonimato.
Tecnología y ‘telemarketing’ son de los sectores que más usan la norma
En su opinión, la más que reclamada flexibilidad interna por parte de los empresarios, que la demandaban con el argumento de que así se evitarían los recortes de plantilla, está, en realidad, provocándolos.
Del Parlamento saldrá una mayor acotación de las causas económicas que actualmente justifican los despidos y la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Al retirar la reforma laboral la autorización administrativa necesaria para poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) y acortar los periodos de negociación entre las partes, tramitarlos es más sencillo. De hecho, los sindicatos denuncian que las empresas están aprovechando esta situación para intentar imponer los expedientes en vez de negociarlos, igual que las modificaciones sustanciales.
Avanza el despido más barato
Apenas han pasado poco más de tres meses desde que la reforma laboral entró en vigor y hay pocas estadísticas —que encima llegan con retraso— sobre sus consecuencias. No obstante, ya empiezan a apreciarse cambios sustanciales. De momento, en marzo los despidos justificados —tanto los individuales como los colectivos— han superado a los improcedentes por primera vez en años, atendiendo a los datos de altas en prestaciones contributivas (la estadística más aproximada para conocer los datos de despidos).
Las rescisiones objetivas (las más baratas del ordenamiento laboral) ascendieron a 35.480, por 32.590 extinciones improcedentes. Cuando se observan los números del primer trimestre de 2012 y se comparan con los del año pasado hay que tener presente que ahora España vive de nuevo una recesión. Sin embargo, el aumento de afectados por despidos colectivos de un año a otro casi se ha duplicado: de unos 6.500 a 11.064 (este diario ha tenido acceso a este dato pese a que todavía no se ha hecho público por el Ministerio de Empleo).
La desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos ha resultado clave. Ya no es necesario que el empresario pacte con los sindicatos para asegurarse el sí administrativo. Este cambio no solo ha impulsado este camino a la hora de reducir plantillas, también ha supuesto una rebaja de las indemnizaciones, ya que aunque sigue siendo habitual que sean mayores que la fijada legalmente (20 días por año trabajado) el menor poder sindical en las negociaciones se traduce en compensaciones menores.
Otro cambio muy significativo en la estadística es el descenso del "despido exprés". Legalmente esta figura, que suponía un despido libre y caro al mismo tiempo, ha desaparecido con la reforma laboral. No obstante, todavía aparece en las estadísticas de altas en prestaciones contributivas. Lo normal es que en los próximos meses, este tipo de despido, que conlleva una indemnización de (33 días por año trabajado por ser improcedente) vaya despareciendo en los próximos meses de los registros oficiales.
“La empresa está metiendo miedo a los empleados. Se saca de la manga despidos y amenaza diciendo que ahora, con la reforma laboral, puede”, lamenta un empleado de Ricoh España. La compañía ha decidido despedir a 110 empleados y congelar el sueldo de la plantilla durante dos años. En cambio, el consejero delegado de esta empresa, Enrique Calabuig, presume de su evolución económica: “Ricoh España ha incrementado la cifra de ventas durante los últimos 17 años”, decía el pasado noviembre en la revista Directivos y Empresas. Pero para el cierre de su ejercicio fiscal, el pasado 30 de marzo, tenía prevista esta desagradable sorpresa. Días antes anunció un despido colectivo ofreciendo los 20 días por año trabajado que permite la ley y forzó a los trabajadores a firmar un acuerdo bajo la presión del calendario. Al final, saldrán 110 empleados con indemnizaciones de 34 días por año trabajado.
Los trabajadores de Ricoh denuncian que es la fórmula que está usando la compañía para desprenderse de personal caro para contratar otro más barato. Y así parece desprenderse de la respuesta oficial que da Ricoh cuando se le pregunta por el ERE que ha puesto sobre la mesa: “En un contexto de recesión económica mundial, Ricoh ha venido manteniendo de manera constante su número de trabajadores en España, en torno a 1.300 colaboradores, aumentando incluso su plantilla durante el último ejercicio. La organización ha llegado a un acuerdo con los representantes laborales para sustituir durante el próximo año algunos perfiles por otros. En una coyuntura económica como la actual, una compañía como la nuestra se ve más obligada que nunca a adaptarse constantemente a las necesidades del mercado...”.
Más trabajo para los jueces
Algunos magistrados están convencidos de que la reforma laboral va a propiciar una mayor judicialización de las relaciones laborales. El presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, así lo cree aunque, de momento, apenas si han llegado demandas colectivas a la audiencia que respondan al decreto del pasado febrero. Es demasiado pronto.
Sí hablan de un mayor índice de litigiosidad tras la reforma laboral en sus juzgados los magistrados José Ángel Folguera y Miguel Ángel Purcalla, de Madrid y Tarrasa (Barcelona), respectivamente. Según Folguera, los despidos objetivos y disciplinarios han crecido entre un 20% y un 30%. “Y eso que nosotros solo vemos los casos patológicos. Porque muchos trabajadores no demandan ante la mala situación económica de las empresas”, explica.
Para Purcalla, “desde el pasado febrero han crecido los pleitos en tres tipos de asuntos. Las dudas sobre la aplicación de los salarios de tramitación en despidos anteriores a la reforma, el doble cálculo que se ha generado en las indemnizaciones por despido improcedente (45 días por año antes del decreto y 33 días después de su promulgación) y el mayor uso del despido individual objetivo con arreglo a facturaciones y beneficios decrecientes, que fácilmente se ha multiplicado por cuatro”, mantiene.
Sin embargo, según el magistrado Pablo Aramendi todavía es demasiado pronto para apreciar qué es lo que ha pasado tras la reforma laboral. El juez madrileño destaca que la litigiosidad se ha incrementado en un 50% desde 2009 y en 2012 se mantiene así. “Es a partir de este mes cuando empezaremos a ver los despidos derivados de la reforma en los juzgados de Madrid”, dice en la creencia de que “la norma dota al empresario de una potestad muy elevada que puede vulnerar los derechos adquiridos del trabajador. Por eso los jueces tenemos que intentar buscar la aplicación lo más constitucional posible, es decir, garantizar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas para el trabajador. Ese es el debate que vamos a tener dentro de poco con una reforma que debería primar de facto la flexibilidad interna sobre las extinciones”, zanja.
Otro de los recursos de que se están valiendo las empresas para recortar sus costes salariales y los de los despidos colectivos que abordan es presentarlos incluyendo a menos de 50 trabajadores en la lista. Así esquivan la obligación que fija la reforma laboral de elaborar un plan social que incluya un programa de recolocación para los empleados afectados. Es el procedimiento que han utilizado, por ejemplo, la inmobiliaria Sotogrande, de NH Hoteles, que ha despedido a 49 trabajadores; o Prosegur en el País Vasco, que ha incluido a 47 personas.
Hay abogados, que prefieren mantener el anonimato, que denuncian que algunas empresas están acudiendo a los ERE de extinción para prescindir de los empleados más caros y constituir luego una nueva empresa. Otras proponen a trabajadores concretos reducciones salariales superiores al 50%. También están aquellas que optan por segregarse en varias sociedades de menos de 50 trabajadores a fin de optar a las bonificaciones de los contratos de emprendedores, una nueva figura de trabajador llamado fijo por la que el periodo de prueba es de un año, lo que podría provocar que se presentaran cuestiones de inconstitucionalidad, como ha ocurrido ya con los salarios de tramitación, coinciden en señalar los jueces de lo Social Pablo Aramendi y Miguel Ángel Purcalla.
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