Gran retroceso en la conquista de los derechos sociales

Vinieron a por mi vecino...

Ayer día 17 de mayo y por Decreto Ley el Congreso de los Diputados ha aprobado uno de los mayores retrocesos en la conquista de los derechos sociales de los últimos treinta años. A pesar de la dureza de la crisis económica que estamos atravesando, no puede ser excusa para eliminar derechos de las personas migrantes que conlleva el quebranto de los principios de universalidad e igualdad que deben regir el acceso a derechos fundamentales, como el de acceso a la sanidad.

De acuerdo con la Constitución, las personas son iguales ante la ley y no pueden  ser discriminadas por ningún motivo de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o  cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el ámbito sanitario,  estas causas de no-discriminación tiene que entenderse que están complementadas  por las previstas en los convenios internacionales correspondientes que han sido ratificados por el Estado español. 

El Tribunal Constitucional en 1985 estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano independientemente de su situación legal en España. Las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería que bajo gobiernos del PP y del PSOE han sido adoptadas tras la ley del año 2000, ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular.

Los datos de irregularidad en nuestro país, a falta de dos oficiales, varían en función de la fuente, alrededor de 100.000 personas a partir de agosto no tendrán tarjeta sanitaria. Estas personas son “irregulares” que están empadronadas, pero podemos hablar de más de medio millón de personas que vivirían en España sin permiso de residencia y sin constar en ningún registro. Aumentaría este número quienes pierden su empleo y no pueden mantener la autorización de residencia.

En muchos casos esta situación administrativa irregular se debe a diferentes causas entre otras: dificultades para obtener el visado en el lugar de origen, retraso burocrático en las tramitaciones, pérdida del lugar de trabajo en el momento de solicitar los papeles y en la economía sumergida que fomenta esta situación irregular.

Esta reforma sanitaria afectará a miles de personas y no precisamente a aquellas que nuestro gobierno denomina “turismo sanitario” y que generalmente tienen apellido alemán, británico y francés, no latinoamericano ni africano.

Ahora el Gobierno excluye de nuestro sistema sanitario a los “irregulares” que no hace mucho tiempo recibíamos con alegría porque  realizaban los trabajos más duros y que los españoles no queríamos realizar. Trabajos en agricultura, construcción, trabajadoras domésticas etc. y cuyo aporte suponía el 30% del crecimiento del PIB, irregulares que siguen con impuestos indirectos contribuyendo en nuestro país.

Se borra de un plumazo la universalidad de nuestro sistema sanitario, pero para lavar sus conciencias lo quieren arreglar derivando a estas personas infectadas por el VIH o enfermos de cáncer a unas asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y Ong´s. Un sistema paralelo que creará una enorme carga sobre las organizaciones de la sociedad civil que no pueden y que no deberían adoptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención médica. ¿Qué pasará con el resto personas enfermas, por ejemplo de  tuberculosis? ¿Cuál es el siguiente paso?

...Después vinieron a por mí, pero como solo quedaba yo, ya no pude hacer nada.

María Susmozas, Secretaria confederal de Igualdad de la USO