La siniestralidad en carretera desciende por séptimo año consecutivo

La Dirección General de Tráfico (DGT) presentó ayer su balance de la seguridad vial en 2010, ejercicio en el que se produjeron 1.548 accidentes mortales en carretera, en los que fallecieron 1.730 personas y 7.954 resultaron heridas graves. Estos datos suponen una reducción respecto a 2009 del 8,7% en el número de accidentes (148 menos); de un 9,1% en la cifra de víctimas mortales (173 menos); y de un 11,4% en heridos graves (1.021 menos). "La accidentalidad en carretera ha descendido por séptimo año consecutivo, lo que permite que en 2010 se registraran 2.337 muertos menos que en 2001, lo que supone una reducción del 57,5%. Estos resultados permiten a España superar el ambicioso objetivo de la Unión Europea de reducir en un 50% la cifra de víctimas mortales a finales de 2010", se remarca desde la DGT.

Se destaca que esta reducción acumulada en el número de fallecidos en la última década ha sido posible gracias al descenso en los promedios diarios de víctimas mortales, que han pasado de 11,1 fallecidos cada día en 2001 (10,9 en 2003) a 4,7 en 2010. En cuanto al promedio mensual de víctimas mortales, en 2010 fue de 144, cifra que supone 14 fallecidos mensuales menos que en 2009 (159). Además, es de destacar que durante los meses de julio y agosto, aunque en ellos se siguen produciendo más víctimas mortales que en el resto del año, ya no se registra el repunte de accidentalidad mortal que tradicionalmente venían presentando estos meses. El balance anual de la DGT muestra que el grupo de edad que mayor reducción ha experimentado el pasado año ha sido el de fallecidos entre 25 y 34 años, con 97 fallecidos menos, lo que ha supuesto una reducción del 23%; le sigue el grupo de 35 a 44 años, con una reducción del 14%. Asimismo, se constata que el mayor descenso en el número de fallecidos se produjo en la franja horaria de 14 a 20 horas, un 17% menos. Por tipo de vía, sigue siendo en las carreteras convencionales donde se registra el mayor número de víctimas mortales, con el 77% del total. Es también reseñable que el pasado año fallecieron 244 motoristas, 40 menos que el año anterior, lo que supone una reducción del 14%.

Iseguros.es

El retraso en la edad de la jubilación

Durante los últimos 30 años se ha venido hablando constantemente de la reforma de la Seguridad Social, si bien ahora se plantea desde el Gobierno el retraso de la edad de jubilación a los 67 años como única alternativa posible a la quiebra económica del sistema.

En primer lugar, tengo serias dudas acerca de si quienes desempeñan una profesión sufriendo las inclemencias del tiempo, las penurias del esfuerzo físico o los rigores del trabajo a turnos serán materialmente capaces de desempeñar su profesión hasta los 67 años con el rendimiento y la productividad exigidas por una economía cada vez más competitiva.

Por otro lado, el 31 de diciembre de 2009 había en España, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, 526.468 parados mayores de 55 años, para quienes la probabilidad de encontrar trabajo es prácticamente inexistente y para quienes el retraso de la edad de jubilación supone el alargamiento de la situación de desempleo.

Desde el Gobierno se aduce como razón para defender el retraso de la edad de jubilación que la natalidad decae y la esperanza de vida es cada vez mayor, de manera que a medio plazo no existirán suficientes cotizantes como para sostener financieramente el gasto en pensiones. Entiendo que este razonamiento es engañoso por diversas razones.

Respecto a la caída de la natalidad, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en 1998, cuando también se hablaba de la quiebra económica de la Seguridad Social, la relación entre nacimientos y defunciones en España era del 0,011%. Bastaron unos cuantos años consecutivos de bonanza económica para que esa relación llegase al 0,289% en 2008, el año en que estalla la actual crisis. Pero al incremento de los nacimientos debe añadirse la inmigración, de manera que la población española creció en esos 10 años desde 39.852.651 a 46.157.822 habitantes.

Igualmente, el número de trabajadores afiliados en España ascendió desde unos raquíticos 13 millones y medio en 1998 (el 33,87% de la población total) a más de 19 millones en 2008 (41,16% de la población total). Si, como acabamos de ver, tenemos en cuenta el enorme crecimiento de la población española en ese decenio, el crecimiento porcentual de la población activa es especialmente esclarecedor de la capacidad que puede llegar a tener la economía española para generar puestos de trabajo.

Finalmente, no estoy de acuerdo con que la viabilidad del sistema deba juzgarse exclusivamente desde el punto de vista de la relación entre cotizantes y pensionistas. En muchos países de nuestro entorno la Seguridad Social se financia total o parcialmente con impuestos y lo mismo puede hacerse en España. Ello no quiere decir que deban subirse los impuestos, sino que se trata de establecer prioridades políticas de gasto. Si estamos de acuerdo en considerar la Seguridad Social como un gran logro social, prioricemos el mantenimiento de sus prestaciones.

En definitiva, pese a lo que nos digan, no estamos ante un problema matemático en el que solo cabe una solución, sino que estamos ante un problema político en el que caben distintas soluciones, que dependerán de las prioridades que se establezcan por los gobernantes.

José Andrés Álvarez Patallo. Letrado de la Administración de la Seguridad Social y colaborador de Quantor Social

Cinco Dias

Termina sin acuerdo la reunión para la reforma de las pensiones

La reunión que han mantenido sindicatos y Gobierno para la reforma de las pensiones ha finalizado sin acuerdo, aunque las partes se han citado para seguir negociando "en los próximos días", según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.

Ambas partes siguen manifestando diferencias, sobre todo en lo concerniente a la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años de manera obligatoria, medida a la que se oponen los sindicatos pero que el Gobierno insiste en defender a toda costa.

Al encuentro de este lunes, que apenas ha durado una hora y media, han asistido los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, así como el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y los vicepresidentes primero y segundo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, respectivamente.

La reunión ya había concluido cuando ha saltado a los medios de comunicación el anuncio de ETA de que declara un alto el fuego "permanente, general y verificable", por lo que el vicepresidente Rubalcaba ya había abandonado el lugar de la reunión.

La cita de hoy es la cuarta consecutiva tras un ’maratón’ de negociaciones que comenzó el pasado viernes, y que continuó el sábado y el domingo, sin que en ninguno de los cuatro encuentros haya sido posible el acuerdo. En total, más de 23 horas de negociación que, de momento, no han dado sus frutos.

Sin embargo, el Gobierno confía en poder cerrar este proceso con acuerdo. "Mientras haya reuniones, hay esperanza", resume una fuente del Gobierno consultada por Europa Press.

La propia vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dicho hoy en la SER que el Ejecutivo negociará con los sindicatos hasta el final y que no ve imposible que pueda haber un acuerdo con CC.OO. y UGT en torno a la extensión de la edad de jubilación.

Tras el desacuerdo de los grupos políticos en el Pacto de Toledo, el principal objetivo del Ejecutivo es obtener el ’visto bueno’ de los sindicatos y evitar la que sería la segunda huelga general que sufre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Salgado ha declarado hoy que harán todo lo posible por evitar un escenario como ése.

Mientras tanto, los sindicatos no van a quedarse de brazos cruzados. UGT ha convocado su Consejo Confederal esta misma tarde y CC.OO., por su parte, reunirá al suyo mañana. En ambas citas, los sindicatos analizarán las negociaciones de estos últimos días y podrían decidir si convocan o no nuevas movilizaciones.

No obstante, a la vista de que las negociaciones continúan, lo más probable es que no tomen decisiones todavía sobre la posible convocatoria de una huelga general.

ep

Año tenebroso a la vista

Se inicia el nuevo año con un torrente de subidas de precios y tarifas encabezadas por la de la electricidad con un diez por ciento que se suma a la del ocho por ciento del año recién terminado, en ambos casos muy por encima del IPC. Un Gobierno desacreditado y en caída libre ha optado, otra vez, por no enfrentar decididamente un problema complejo pero resoluble pero en el que ha de luchar con poderosos intereses como son los de las eléctricas. Está pendiente la gran cuestión de ver, de una vez y cómo han señalado voces autorizadas, qué hay de verdad en ese famoso déficit multimillonario de tarifa. Algo extraño hay cuando esas compañías oligopolistas siguen con multimillonarios beneficios, con sueldos disparatados a sus máximos ejecutivos y con parte importante del sector (hidroeléctricas y nucleares) con inversiones superamortizadas. El Gobierno ha tenido siete años para resolver este asunto. No lo ha hecho y opta, una vez más, por lo más fácil aunque peor socialmente.

El año se cierra con una inflación cercana al tres por ciento. ¿Nos acercamos a la muy temida situación de estancamiento con inflación? Hoy parece poco probable aunque las subidas recién aprobadas no tranquilizan. En cualquier caso, un repunte inflacionista supone pérdida de la competitividad, algo decisivo de cara a la exportación, tan mentada últimamente como bálsamo para todos nuestros males. Repunte inflacionista no achacable a los salarios que, en su gran mayoría, perdieron poder adquisitivo en 2010, tendencia que seguirá en este año que empieza.

Todo esto supone además palos terribles para los más desprotegidos de la sociedad española, una sociedad cada vez más injusta. Nivel altísimo de paro, más un millón de familias con todos sus integrantes sin empleo, un tercio de familias que pasa enormes dificultades para llegar a fin de mes, cerca de un veinte por ciento de la población en o con riesgo de pobreza o exclusión social, millones de pensionistas con pensiones miserables, aumento de los “sin hogar”, demanda creciente en Cáritas y organizaciones similares. Todo esto parece demagogia pero es la cruda realidad, la demagogia de los hechos que están ahí para quien quiera verlos. Como siempre, los costes de la crisis se reparten muy desigualmente porque la lógica de una recuperación probable exige trasvase de riqueza y renta de unos sectores, los más, a otros, los menos.

El problema es que la situación no presenta signos de mejora, todo lo contrario. Este año el crecimiento de la producción será de poco más de medio punto por ciento y no se creará empleo. Las tensiones sociales previsiblemente crecerán, incluso en una sociedad anestesiada y desestructurada como la española, incapaz de movilizarse. Al menos hasta ahora. Tenemos por delante una larga travesía del desierto (el exoptimista de La Moncloa habló el otro día de cinco años), una economía instalada en la temida “L” que nos asegura reptar en el fondo durante varios años, cinco o más. Ya llevamos tres. Cuando hace no muchos meses, el Gobierno hablaba de “brotes verdes” y de que “ya hemos tocado el fondo”, algunos añadíamos que efectivamente lo hemos tocado pero allí seguiremos un largo tiempo. Ojalá nos equivoquemos.

Luis de Velasco para Republica.es

Fin de años

La arrogancia del poder, la frivolidad de la belleza deseada pero no alcanzada, los reveses de la ambición, la ingratitud o la postergación injusta del mérito: estas pueden ser las principales fuentes de humillación que padecemos los humanos. Antaño lo fue también la humildad de la cuna, luego sustituida por la segregación racial o nacional que los inmigrantes conocen bien. Contra todas ellas, si no falta el coraje, cabe la sublevación y hasta el logro de una revancha victoriosa y compensatoria. Pero hay una humillación a la que nada resiste y que derrota cualquier rebeldía por medio del ridículo: la de envejecer.

En la época más reciente, la obra pionera sobre la postergación social y la invisibilidad de la vejez fue el ensayo de ese título de Simone de Beauvoir, que en castellano editó hace 40 años la editorial Sudamericana. Después la vejez se ocultó tras el biombo eufemístico del término "tercera edad" y proliferaron hasta el agobio los estudios que proponían reivindicaciones y proporcionaban aliento optimista. Se procura convencer a los viejos, mientras mantengan capacidad de consumo, de que no se dan cuenta de lo jóvenes que son todavía. En efecto, nadie es viejo del todo mientras tenga aún dinero. Aunque dadas las pensiones que le van a quedar a la mayoría a partir de ahora, pocos son los que van a poder retrasar mucho esa aleccionadora experiencia...

Los antiguos tenían una visión menos edulcorada del asunto. Los griegos, que eran deportistas y guerreros, sentían un asco indisimulado por los ancianos, incluso por los adultos demasiado talluditos: no hay más que ver la diferencia de trato que da Homero al cadáver del joven héroe muerto en la flor de la edad y al del guerrero caído ya demasiado tarde. Los romanos, que estimaban la vida familiar en la que los abuelos no dejan de ser decorativos, mostraban un poco más de respeto: pero tanto Plauto y Terencio en sus comedias como Horacio en sus sátiras no dejan de ofrecer un retrato inmisericorde de la senilidad, señalando la avaricia maniática de ellos y la lujuria repelente de ellas.

La primera apología de la vejez, y la más célebre, es el De senectute de Cicerón (hay una buena edición bilingüe editada por Tricastela, anotada y precedida por varios estudios interesantes). Utilizando a Catón el Viejo como portavoz, Cicerón se esfuerza por refutar los reproches más habituales contra la vejez, como el cese de las actividades, el volverse odioso para los demás o el apagamiento de los placeres. Despliega su probada elocuencia aunque no siempre logre convencernos: "¿qué placeres físicos se pueden comparar con la autoridad (que se adquiere con la edad)". Pues cualquiera, Marco Tulio, cualquiera y siempre con ventaja sobre esta. Por si acaso, tanto Catón, como el propio, Cicerón se aseguraron amantes y esposas jóvenes hasta el último día... Siglos después, el filósofo político Norberto Bobbio tituló también De senectute (Taurus) a sus memorias de ancianidad, aunque con una visión mucho más pesimista que la ciceroniana.

Lo mejor que se ha escrito sobre la experiencia de envejecer es Revuelta y resignación de Jean Améry (Pretextos). Nadie ha expresado con tanta precisión cómo el mundo nos abandona antes de que lo abandonemos y que irrisorios son los honores que tratan de consolarnos. Su descripción de una conferencia del envejecido Sartre ante el público que 20 años atrás le adoraba juvenilmente es una página inolvidable y estremecedora: "El ser humano que envejece, cuyas realizaciones ya han sido contabilizadas y sopesadas, está condenado. Ha perdido, aunque haya ganado, quiero decir: aunque su ser social, que agota su conciencia, se contabilice como un gran valor de mercado".

Y con todo ¿saben qué es lo indudablemente peor de la tercera edad? Que no hay cuarta.

FERNANDO SAVATER para El País

La DGS desea que las mutuas se agrupen en sociedades anónimas

La Dirección General de Seguros (DGS) y Unespa debatirán mañana las fórmulas bajo las que las mutuas podrán poner en marcha fusiones virtuales. El regulador desea que la cabecera sea una sociedad anónima, que se comparta solvencia y liquidez y que el acuerdo tenga 10 años de vigencia, como mínimo. El regulador abre la puerta para que las mutuas protagonicen fusiones virtuales. Sobre la mesa dos grandes referentes: la normativa aseguradora francesa, pionera en esta materia, y la reforma de la Ley Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) aprobada el verano pasado. Los representantes de la patronal del seguro debatirán hoy con el director general de seguros y otros actores del sector (sindicatos, consumidores, mediadores...) el contenido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (LOSSP) que albergará esta novedad societaria.

El artículo 196 permitirá la constitución de grupos cooperativos a mutuas y sociedades anónimas íntegramente participadas por este tipo de compañías. La DGS ha propuesto que la entidad cabecera de la fusión sea una sociedad anónima. Desde Unespa se plantea que se contemple la posibilidad de que el referente del holding pueda ser también una mutua. La Lorca, por ejemplo, permite que al frente de los sistemas institucionales de protección (SIP) haya tanto una caja como un banco. Las firmas que constituyan un grupo quedarán "sujetas a las instrucciones que determine con carácter vinculante una entidad central en relación a sus políticas de estrategia de negocio, incluyendo las decisiones financieras, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos". Los acuerdos deberán tener una duración mínima de 10 años y aquellos que deseen abandonarlos deberán anunciar su intención con dos ejercicios de antelación y lograr el visto bueno del supervisor. Las mutuas establecerán compromisos de solvencia y liquidez, así como una "parte significativa de sus resultados". Además, las cabeceras de grupos permitirán a las mutuas lograr mejoras en eficiencia, su gran asignatura pendiente frente a las sociedades anónimas.

La norma también permitirá la fusión virtual de mutualidades de previsión social (MPS). En este punto, la DGS quiere que estas uniones se mantengan solo entre sociedades de la misma naturaleza jurídica, mientras Unespa aboga por permitir fusiones mixtas de mutuas (centradas en el negocio de daños) y mutualidades (dedicadas a la gestión del ahorro y los riesgos personales).

Iseguros

Dejen de decidir por nosotros

No es ningún secreto que a los gobiernos progres, igual que a los conservadores, les emociona decidir por los ciudadanos, controlar y dirigir sus vidas, como si todos formáramos parte de un enorme grupo de incapacitados.

Cuando los ciudadanos de una democracia eligen a sus gobernantes no les encomiendan la misión de sustituirles en todas las decisiones que libremente puedan tomar. Más bien al contrario, el respeto a la libertad individual es uno de los pilares de eso que llamamos Estado de Derecho. Sin embargo, hay una notable y renovada tendencia por parte de los amantes de la intervención a invadir áreas en las cuales el individuo podría decidir libremente sin necesidad de que nadie lo haga en su nombre.

Es un hecho cierto que la existencia de un sistema público de protección social cuenta con el aval y el refrendo de la mayoría de los españoles. Por este motivo todos los gobernantes no sólo están legitimados para mantener tal sistema, sino que están obligados a velar por el buen estado del mismo y su viabilidad a largo plazo mientras los ciudadanos así lo deseen. Esta evidencia, que se sustenta en la libre decisión de los individuos, parece esconderse a los ojos de buena parte de nuestra clase política.

Por una parte, si olvidáramos la existencia de bastardos intereses partidistas, resultaría absolutamente sorprendente que no existiera una total unanimidad en los grupos políticos para realizar todos los cambios y reformas que fueran necesarios en los servicios y prestaciones que componen este sistema para así alcanzar ganancias en eficiencia y garantizar su supervivencia. Y por otra, a nadie se le debería escapar que es una total contradicción con los principios fundacionales del sistema democrático que el gobernante impida al individuo decidir en aquellos casos es que es no sólo posible, sino conveniente y necesario.

Viene esto al caso por el anuncio de la próxima reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno central. Parece que ya todo se reduce a que el gobierno- obligado por la catastrófica situación económica y por las amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestras pensiones- tras el paripé del Pacto de Toledo, decida lo que es justo y conveniente en cuanto a los años de cotización que han de ser considerados para calcular la pensión a percibir, al mínimo de años que han de ser exigirse para tener acceso a la prestación y respecto a cuál es la edad a la que debemos dejar de trabajar. Un reducido número de personas decidirán por todos nosotros en asuntos esenciales relacionados con nuestra vida laboral y nuestra vejez.

Como si no fuéramos capaces de hacerlo si nos dieran la oportunidad y como si ellos conocieran todas las preferencias que en este sentido tenemos los millones de trabajadores.

En lugar de imponer nuevamente un sistema regulador encorsetado, cuánto mejor nos iría a todos si dedicaran su tiempo a diseñar un sistema que, siendo público y viable a largo plazo, permitiera que cada trabajador pudiera tomar sus propias decisiones de jubilación. Es cierto que nuestro sistema de reparto intergeneracional, al contrario que un sistema de capitalización, dificulta este diseño, pero en ningún caso lo impide.

Nada impide concebir un sistema en el cual cada trabajador conociera exactamente cuánto ha aportado a lo largo de toda su vida laboral y qué pensión percibiría en función de la edad en la que decidiera jubilarse, bajo unos parámetros ajustables y unos límites que aseguren el equilibrio financiero del sistema en su conjunto, y en el cual las prestaciones no contributivas no se financiaran con cargo al sistema, sino mediante los Presupuestos Generales del Estado.

Nada impide que pudiera concebirse un sistema en el cual cada trabajador, a partir de un mínimo de cotización necesario para que el sistema sea viable, pudiera aumenta su aportación con el fin de disfrutar antes de su jubilación o de recibir una mayor pensión, o por el contrario pudiera mantenerlo en los mínimos regulados con el fin de disfrutar hoy de una mayor renta, sin importarle que tuviera que trabajar más años para percibir la misma prestación o que fuera a recibir una menor pensión pública.

Nada impide concebir un sistema en el cual la sociedad pudiera beneficiarse de trabajadores longevos cuando su profesión y condición física lo permita y cuando exista un acuerdo entre empleado y empleador.

Quienes creemos firmemente en la libertad estamos convencidos de que nada impide diseñar un sistema público en el cual los principios de igualdad, equidad y solidaridad sean absolutamente compatibles con el profundo respeto a la libertad del individuo.

Por eso, aunque sea por esta vez y les suponga un tremendo esfuerzo, por favor, dejen de decidir por nosotros.

Manuel Sarachaga

En 2011 continuará la presión para las aseguradoras

La presión para las aseguradoras continuará en 2011, después de haber vivido un año 2010 difícil por una mayor sensibilidad al precio por parte del cliente, más competencia en los seguros y la necesidad de adecuarse a la normativa de Solvencia II. Son las conclusiones expresadas por Óscar Huerta, director general de EMB Consultores, en su análisis del comportamiento del sector este año y los retos para el próximo ejercicio.

Otra de las principales valoraciones es que "el año que viene la multicanalidad será una oportunidad para las compañías del sector, pero también representará mayor competencia. En el ramo de Autos la presión en la oferta será grande y habrá que aplicar una visión integrada de las funciones Técnica y de Marketing. En materia de Solvencia las aseguradoras deberán realizar todos los ajustes necesarios sin correr el riesgo de esperar a los últimos meses".

Explica la consultora que la crisis ha tenido un gran impacto en la renta disponible en los hogares y las familias han destinado sus ahorros a afrontar la mala situación económica, lo que a su vez ha tenido tres impactos: menor disponibilidad de recursos destinados al ahorro y la previsión: más rescates (principalmente parciales) para afrontar gastos o situaciones inesperadas que requieren un aporte puntual de capital; y una reducción del consumo de seguros No Vida.

Iseguros.es

La subida de la edad de jubilación ni urgente ni necesaria: injusta

La tercera etapa del programa antisocial del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía.

Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia. En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación.

En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, pero si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.

La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 30 años. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular? La cosa es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.

La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva, y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema, que se basa en una maravillosa organización técnica de la solidaridad dentro de la comunidad política regida por el Estado. Ese principio solidario implica redistribución de rentas desde los que más hacia los que menos tienen. Cada uno aportará a la Caja Única lo que la ley establezca y de ella saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas. Lo que cada uno debe aportar será lo que se establezca en la ley, y lo que cada uno debe recibir será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas. La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen. Se “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.

El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010, el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” que muestran una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social. Para empezar, pretenden mantener equilibrio financiero sacrificando la suficiencia de las prestaciones (ya de por si modestas pues la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009) querida por el art. 41 CE. Se trata de reducir el gasto para no tocar los ingresos. Acepta una falsa idea de equidad (se deben dar prestaciones según lo aportado) que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.

La jubilación es la estrella de ese Documento en el que hay que destacar dos aspectos. El primero el desplazamiento de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, y el segundo la dependencia “en grado creciente” de las prestaciones con las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE.

La Comisión Europea está desde años trabajando a favor de los especuladores al afirmar, con notoria falsedad, la insostenibilidad de los sistemas de reparto y promover su sustitución parcial por los de capitalización con el manido y erróneo argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas. El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.

Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros. El problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea es un auténtico ataque al Estado Social, un ataque a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.

La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan. No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras, con exigencias de menores cualificaciones profesionales y, por lo general, no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporaron en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, eleva la edad de jubilación se aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.
Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10€ al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.

Joaquín Aparicio Tovar.
Catedrático de Derecho del Trabajo.
Universidad de Castilla-La Mancha

Metiendo Bulla

El enésimo plan anticrisis: "Too little, too late?"

Sería un error analizar propuesta a propuesta el último paquete de medidas económicas, como se pretende que hagamos. Lo importante es no perder la perspectiva, entender porqué se han tomado y evaluar si pueden lograr el objetivo propuesto. La cuestión no reside en si tiene algún efecto positivo el que 1.500 nuevos orientadores asesoren a los parados en su búsqueda de empleo.

Estas medidas se han tomado en medio de una situación dramática, estando ya entre la espada y la pared. La prima de riesgo ha llegado estos días a sobrepasar los 300 puntos básicos, un diferencial mayor que el alcanzado en la grave crisis de mayo, mientras la Bolsa sufría un fuerte correctivo. La mirada de los mercados financieros, es decir, de nuestros acreedores a los que necesitamos seguir pidiendo más préstamos, se centra en España. La pregunta correcta es, por tanto, si las medidas adoptadas lograrán restaurar la confianza en el futuro de la economía española y de sus cuentas públicas.

Empecemos por el asunto de la confianza. Como sucede en las relaciones personales, se trata de algo con un fuerte componente psicológico, que resulta más fácil perder que recuperar. El procedimiento seguido la semana pasada para anunciar las medidas no creo que haya tranquilizado a nadie. Ha sido otro ejemplo de la forma de gobernar del sr. Zapatero, de la que lleva dando muestras ininterrumpidas en sus seis años de mandato. Su larga permanencia en el poder no parece haberle ayudado a madurar como estadista. Unas horas antes decía que no era preciso tomar ninguna medida adicional, pues las existentes bastaban. ¿No habría sido mejor decir que se estaba reevaluando la situación? ¿Contribuye la mentira a cimentar la confianza? De repente, se anunciaron las medidas a borbotones en el marco inadecuado de una pregunta en el Congreso. Con ello se logró sorprender al líder de la oposición, es decir, a la misma persona a la que se debió consultar (junto al resto de líderes políticos) para lograr el mayor respaldo posible. Posteriormente se suspendió el viaje presidencial a una importante cumbre internacional. Tras el Consejo de ministros del viernes, sin embargo, el presidente no compareció ante la prensa, y las medidas aprobadas fueron las mismas ya anunciadas anteriormente (con el añadido de la subida de los impuestos al tabaco). ¡Como para transmitir confianza!

Respecto al contenido de las medidas, una vez más no forman parte de ningún plan global, son una sarta de ocurrencias más o menos afortunadas. Pueden ordenarse en tres grandes apartados. El primero de ellos agrupa un conjunto de medidas privatizadoras, que afectarán al 49% de AENA y al 30% de Loterías. Se espera recaudar 9 000 millones en el primer caso y 5 000 en el segundo. Además, los aeropuertos de Madrid y Barcelona operarán en régimen de concesión. Quedan muchos flecos por aclarar sobre cómo van a articularse estas operaciones. También resulta discutible que vayan a recaudarse esas cantidades, que en las actuales circunstancias podrían pecar de optimistas. En cualquier caso, estas medidas equivalen a lo que haría una familia endeudada, con dificultades para seguir pidiendo préstamos, que optase por vender un piso de su propiedad. La ventaja a corto plazo es que tiene que endeudarse menos; el inconveniente a largo plazo es que se queda sin el piso y los alquileres que proporcionaría en el futuro. En este caso, parte de los ingresos futuros son los que proporciona la lotería cada año de manera bastante segura.

El segundo bloque de medidas tiene que ver con el mercado laboral. De ellas, la principal consiste en no renovar a partir de febrero la ayuda de 426 euros mensuales a los parados que carecen de otras prestaciones. Se trata de una medida de ahorro, que pretende enviar una señal de dureza a los mercados. Pero el ahorro es bastante limitado, de unos 500 millones de euros semestrales, y la dureza raya en la crueldad. Resulta indecente iniciar el ahorro por los más desfavorecidos, existiendo la posibilidad de lograr recortes mayores mediante la reducción del gasto superfluo que plaga todas las administraciones (tanto la central, como las autonómicas y locales) y los miles de entes que las rodean. El resto de medidas son de menor enjundia. Lo referente a las agencias privadas de colocación ya se incluía en la reforma laboral. Añadir 1 500 orientadores para que orienten, junto a los 1 500 ya existentes, a 4 600 000 parados casi parece una broma de mal gusto. El que los nuevos funcionarios formen parte del régimen general de la Seguridad Social termina con la incoherencia de una administración que parecía no confiar en que los servicios públicos fuesen lo bastante buenos para los propios funcionarios, pero no supondrá un ahorro significativo, si es que logra alguno.

Finalmente, el tercer conjunto de medidas busca reanimar la actividad empresarial. Esto tiene sentido, pues nuestras pobres perspectivas de crecimiento son una de las razones principales de las dudas sobre las posibilidades de hacer frente a la deuda. Más discutible es que pueda lograrse este objetivo sólo mediante reducciones del impuesto de sociedades, sin ocuparse del conjunto del sistema fiscal ni emprender otro tipo de reformas. La medida de mayor calado es la libertad de amortización hasta 2015. Se amplía también el número de empresas que puede acogerse al tipo mínimo del 25%, elevando la facturación permitida de 8 a 10 millones de euros, e incrementando de 120 000 a 300 000 euros el tramo de base imponible que tributa al tipo reducido. Lo de crear empresas en 24 horas estaba en la Ley de Economía Sostenible y lo creeremos cuando lo veamos. Lleva años diciéndose, mientras que en los informes internacionales se recogen plazos mucho más largos, junto a un empeoramiento progresivo del problema. Las administraciones autonómicas y locales tendrían que participar en la solución. Eliminar las cuotas obligatorias a las Cámaras de Comercio supone terminar con un anacronismo inadmisible, pero debería evitarse la desaparición de las labores de formación y fomento de la exportación que las Cámaras realizan.

Como las medidas de estímulo fiscal tienen un coste presupuestario, se compensan con la subida de impuestos al tabaco, que espera recaudar 780 millones de euros. La ministra Salgado, insultando la inteligencia de los sufridos ciudadanos, justificó la decisión por motivos de salud, no recaudatorios. Para al 28 de enero se anuncia unilateralmente una medida muy importante, la reforma de las pensiones, ignorando (como en el caso del régimen de los nuevos funcionarios) la existencia del Pacto de Toledo.

Ojalá todo esto pudiera bastar para reconducir la situación. Sin embargo, el respiro que ha acompañado al anuncio de las medidas no se ha debido a ellas, sino a la compra de deuda por el Banco Central Europeo, así que no debiéramos caer en una relajación similar a la que siguió a las medidas de mayo. No es probable que el bochornoso espectáculo de los controladores haya contribuido a mejorar la imagen exterior de España. El ambiente de fin de ciclo comienza a resultar demasiado agobiante como para soportarlo durante un año y medio más. Donde el gobierno está demostrando una mayor creatividad es en la búsqueda de chivos expiatorios que le permitan eludir sus propias responsabilidades: igual sirve el PP, que los especuladores, Alemania o, en cualquier momento, el difunto Cid Campeador.

Álvaro Anchuelo para Cotizalia.com

6-D: ¡ Viva la Constitución !

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Seguros para coches, un sector que ve pasar la crisis de lejos

Los seguros para coches y la aseguradoras están viendo pasar la crisis económica con una salud por la que muchos empresarios hubiesen matado. Pero, considerando que el negocio de las compañías de seguro es anti-cíclico, las previsiones para 2010 deben invitar a una serie de consideraciones.

Se estima que las primas de los seguros para coches podrían experimentar importantes descensos durante el transcurso de 2010; el porcentaje estimado estaría alrededor del 4%. De resultar cierta esta estimación, la bajada sería de la misma proporción que la que se registró durante el anterior año.

Sin embargo, a los que esperan que esta baja se modere gracias a una mejora de la siniestralidad, hay que decirles que no tengan muchas esperanzas. A ninguno de los expertos sobre aseguradoras, en general, y sobre seguros para coches específicamente, se le ocurre aventurarse en ese sentido.

Una mejora de la situación económica global, entre otras muchas cosas positivas, traería también un mayor uso del automóvil y, por tanto, un mayor riesgo para las compañías de seguros. De este modo, obtener cifras positivas es más difícil en tiempos de bonanza económica que en los tiempos en que son peores los vaticinios.

Es casi un hecho que el sector de los seguros para coches no verá crecer sus primas en el transcurso de 2010, aunque es posible que las compañías suban sus valores.

También hay que tener en cuenta que los cerca de tres años que llevamos de recsión económica ha dejado un parque automovilístico con menos tasa de renovación, es decir, se ha avejentado de un modo más rápido de lo habitual ya que el descenso en la venta de coches nuevos ha impedido su renovación, lo que puede repercutir también en el aumento de la siniestralidad en la carretera. Asimismo, la venta de coches usados su ha seguido cierto ritmo constante, incidienco aún más en el envejecimiento del parque automovilístico.

Las compañías de seguros confían en que la situación no sea tan grave para su negocio. Según declaraciones de algunos directivos, “la salida de la crisis económica va a ser paulatina, lenta, por lo que no creemos que vaya a incidir de una manera muy negativa en el negocio de los seguros.”

ArticuloZ.com

Jornada ICEA sobre tecnología en la prestación de servicios

ICEA lleva a cabo un jornada sobre cómo las aseguradoras utilizan la tecnología en la prestación del servicio al cliente. Elvira de la Cruz, directora del Área de Consultoría, ofreció datos sobre la satisfacción de los clientes en el seguro de auto. Entre los datos podemos destacar, que en los últimos cinco años los clientes se muestran mucho más satisfechos con el servicio que reciben; de hecho, se ha pasado del 84% en 2005, a estar muy próximo al 90% en 2010. Los parámetros a los que los clientes otorgan mayor valor son: la profesionalidad del personal durante la comunicación del siniestro (con un 93,6%); la rapidez y la disponibilidad (93,6%); la rapidez en la gestión del siniestro (90%); y la eficacia (86%). Sobre estos dos últimos aspectos, subrayó que hay que prestar una atención especial, por tratarse de parámetros en los que también están implicadas las empresas proveedoras de servicios. En cuanto a Hogar, también destacó la mejora de la satisfacción del cliente, aunque en este caso el incremento ha sido menor, pasando de un 85% en 2005, al 86% en 2010. En este ramo lo que más valora el cliente es la eficacia en la reparación, seguido de la profesionalidad del personal durante la comunicación del siniestro, la rapidez en la comunicación del siniestro y la rapidez en su gestión.

El subdirector general de Mapfre Familiar, habló sobre la innovación en el servicio, basándose en un proyecto que su empresa ha puesto en marcha hace un año: un centro de servicio para Autos. Tras aportar una serie de datos, se refirió luego a la postventa, como el "elemento más fidelizador de clientes". Se trata, dijo, de "un proceso en el que no se ve el resultado con rapidez, pues es más de medio y largo plazo, pero funciona". También habló de cómo partiendo de la gestión tradicional del servicio se les ocurrió hacer un nuevo sistema de gestión; ahora cuando el cliente tiene un accidente contacta con la compañía y es ésta la que, a partir de ese momento, se encarga de todo hasta que se le devuelve el vehiculo ya reparado; de esta forma, añadió, "el cliente ya no reclama al taller. Este sistema presenta un reto importante en la relación con el proveedor, ya que con él se intercambia flujo de trabajo, no número de vehículos; se valora la calidad y gestión de los talleres, los plazos y también los controles de calidad y la facturación. La relación tiene que aportar a ambos eficacia, eficiencia y rentabilidad. Tratamos de fidelizar en volumen y rentabilidad, eliminando lo que es inútil en tiempo y dinero".

Iseguros

25-N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género

Toda la información aqui.

La UE mete en vereda a los comparadores online de seguros de automóviles

Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo". La máxima que hiciera famoso un anuncio de detergente de los ochenta es reina en el mundo online. Cualquier particular invierte un par de horas en cotejar tarifas en internet cuando va a realizar una compra importante. En el sector asegurador, esa búsqueda ha sido agilizada por los tarificadores online.

Estos rastreadores presentan a cualquier interesado las tarifas que le corresponderían en base a su perfil de riesgo y las coberturas solicitadas. Y acto seguido, canalizan la contratación de la póliza. El servicio que compite con la labor de agentes, corredores y de las aseguradoras cuando optan por la venta directa no está sometido a regulación en muchos países de la UE. Ahora, esto podría cambiar.

El Comité de Supervisores de Seguros Europeos ha propuesto a la CE que los comparadores online queden sometidos a la segunda directiva de mediación, cuya elaboración acaba de arrancar. Está previsto que el Parlamento Europeo reciba un borrador de directiva de la CE el año que viene.

La tarificación online está particularmente extendida en el seguro de autos que es, a la sazón, de suscripción obligatoria entre los conductores. Sin embargo, también toca los ramos de hogar, vida y salud. Algunos portales realizan comparativas de préstamos.

Actualmente, existen cuatro webs de referencia en España: Rastreator.com (Admiral y Mapfre), Arpem.com (Pelayo y familia Esteo), Asesorseguros.com (familia Brüggemann) y Seguros.es (inversores italianos). Aquí el negocio es aún incipiente, pero en lugares como Reino Unido este canal ya se ha vuelto crucial para el ramo de autos.

El Ceiops busca establecer un campo de juego equilibrado en la distribución de pólizas porque cualquier tarificador puede aprovechar el pasaporte comunitario para operar en toda la UE. En Italia, por ejemplo, los comparadores están sujetos a la legislación de mediación porque formalmente son corredores. No ocurre así en España.

Iseguros.es

Pastillas contra el dolor ajeno

Compra tus pastillas contra el dolor ajeno

Tu las compras, otros se curan.

El 83% de los trabajadores considera muy importante el ambiente laboral

EL 83% de los trabajadores considera muy importante el ambiente laboral mientras que el 15% reconoce que es un factor a tener en cuenta a la hora de buscar trabajo, según una encuesta realizada por la empresa de trabajo temporal Randstad.

Así, el estudio constata que el buen ambiente en el trabajo repercute en la productividad del trabajador y reconoce que debido a la complicada situación económica, a las políticas de ahorro de costes y a la escasez de oportunidades laborales se ha convertido en un factor primordial para el bienestar del empleado.

Con ambiente laboral, la compañía especifica que se refiere a aspectos entre los que se encuentran los compañeros de trabajo, los jefes e incluso los proveedores y clientes. Además, señala la importancia de las relaciones con los superiores y la estructura de la organización, es decir, que exista una comunicación fluida entre los integrantes de la empresa.

Para mejorar todo ello, Randstad recomienda conocer la situación de la compañía y realizar encuestas periódicas a los empleados de forma que, de manera anónima, respondan a aspectos fundamentales de su entorno laboral.

Cinco Dias

Manifestación de apoyo al Pueblo Saharaui

www.saharaindependiente.org

Crisis selectiva: "Yo estoy en la calle mientras los directivos siguen cobrando los bonus”

“Mucha crisis, sí, pero sólo para algunos. A mí me han echado mientras los directivos de mi ex empresa siguen ganando un pastón. Y lo peor es que yo estoy en la calle precisamente porque ellos no supieron dirigir la empresa”. La queja de F.N., ex empleado de una compañía del ámbito de la comunicación, señala una afirmación habitual en las conversaciones informales, aquella que apunta a los directivos como los responsables de la pérdida de empleos. Ellos no supieron tomar las decisiones adecuadas y ahora están cargando las deudas sobre los hombros de otros.

Así lo señala también el estudio La alta dirección a examen, realizado por la consultora Otto Walter, una investigación basada en la opinión personal de 581 mandos y profesionales cualificados de medianas y grandes empresas, y que señala cómo los fallos no vinieron del lado financiero, sino de una deficiente dirección de personas y de una notable falta de visión de la realidad. Algunos de los errores que más se repiten en la evaluación de los equipos consultados en el informe son la falta de previsión y de consciencia de la situación, la estructura inadecuada e ineficiente de los recursos humanos, los errores de contratación, los errores de management, el exceso de gasto y los fallos comerciales.

Los aspectos peor valorados de los directivos, según el estudio, son la falta de visión estratégica y orientación al futuro (sólo el 27% piensa a largo plazo y el 41% no tiene claros los objetivos), la incoherencia de las decisiones (46%) la falta de decisión y atrevimiento (78%), la poca cercanía de la alta dirección a la base (49%), la deficiente calidad de dirección de los equipos (51%) y la mala comunicación interna (33%), entre otros. Además, el 40% de los equipos considera que la dirección no ha llevado a cabo los recortes de plantilla de manera eficaz.

Según Paco Muro, presidente ejecutivo de Otto Walter, lo que deja patente la recesión es que “cuando en una empresa entra más dinero del que sale todo el mundo es bueno, pero cuando llegan los malos momentos, el entorno no perdona, y la mediocridad de los directivos aflora en forma de resultados negativos, despidos y cierres”. Para Muro, hemos vivido dos crisis: la económica y la que estaba dentro de las compañías, “ya que ha habido directivos que han tomados decisiones nefastas. Del mismo modo que un 35% de ellos, según la encuesta, están ganándose el sueldo merecidamente, hay otros que han actuado de manera inmadura, y no porque hayan dirigido mal, sino porque no han sabido dirigir bien. A nivel empresarial, nos hemos comportado como nuevos ricos”.

Una prueba excesivamente dura

Para Juan Antonio Esteban, presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, Aedipe Centro, “contamos con una clase directiva que en general está bien preparada pero que se ha visto sometida a una prueba muy dura. Las compañías se han visto sometidas a un vaivén difícil de controlar, que ha llevado, en algunos casos, a tomar decisiones pensando sólo en el corto plazo. Muchas empresas han optado por acciones complicadas de tomar y fáciles de ejecutar, como es el caso de la reducción de personal”. Y es algo que puede convertirse en un error, asegura Muro, si no utilizamos el sentido común. “Ahora lo crítico no es adelgazar la compañía a base de estrujarla. Hay que dejar a los mejores en todos los ámbitos, arriba y abajo, y desde ahí remontar”.

Sin embargo, las decisiones que se han tomado a raíz de la crisis están complicando la gestión de las compañías, toda vez que esa mezcla de despidos en un estrato y de bonus en otro está provocando entornos más hostiles de lo necesario. Para Esteban, cuando las cosas van mal, lo mejor que se puede hacer es comprometer a los equipos en una dirección conjunta. “El líder ha de tener la capacidad de contar con los demás y con sus ideas, ya que para cuidar la moral de los equipos es esencial hacerlos partícipes de las decisiones, de modo que vean que se ha hecho todo lo posible por evitar salidas duras, como puede ser la pérdida de empleos”. Y este tipo de actuaciones son aún más necesarias en aquellas empresas que han tomado decisiones contradictorias que han acabado por deteriorar su ambiente. “Muchas compañías dicen que su principal activo son los recursos humanos y sin embargo lo primero que hacen es recortar en ese aspecto. Eso genera una muy perjudicial falta de credibilidad”. La tarea principal, en este contexto, “debe ser conseguir que los empleados trabajen con compromiso, lo que se consigue haciéndoles partícipes del día y día y manejando sus expectativas. Hay que estar mucho más cerca de ellos”.

Los bonus de la alta dirección

En cuanto a los sueldos y los bonus de la alta dirección, Esteban cree que todo depende de si la organización quiere ser creíble o no: “despedir gente y no alterar los esquemas retributivos de bonus y salarios irá inevitablemente en contra de la credibilidad de la empresa”. Sin embargo, esa no parece ser la dinámica habitual en las compañías españolas, donde “se ha generalizado cierta solidaridad redistributiva”. Lo cual es natural, ya que “si no reorganizamos la política de recursos humanos de manera lineal para toda la empresa, estamos haciendo poco por su futuro. El empleado no es tonto y y modificará los términos de su relación emocional para ajustar esas expectativas defraudadas”.

No obstante, momentos como el presente también traen una reacción contraria. Como la situación laboral es mala, en los equipos se da cierto temor al despido, lo que si bien permite que haya menos resistencias a la hora de ejecutar las iniciativas, también genera menos participación, ya que la gente prefiere adoptar un perfil bajo para evitar meterse en problemas. Para Santiago de Miguel, presidente de People Excellence, y coordinador del recién publicado Eficacia directiva (editado por Aedipe y People Excellence) es evidente que la situación económica actual “provoca actitudes no siempre positivas en las personas. Miedo, parálisis, pasividad, bloqueo o escepticismo son reacciones que aparecen en  los equipos. Para transformarlas en energía positiva o, al menos, para minimizarlas, un directivo debe, en primer lugar, focalizar los procesos de dirección hacia la gestión  emocional”. No hay que olvidar que hoy el 90% de los inputs que reciben hoy los profesionales de las empresas son negativos. Por tanto, “será protagonista la capacidad de escucha y de comprensión del líder. La mejor manera de gestionar actitudes y sentimientos es compartiéndolos y entendiéndolos. El directivo no puede pretender tener las soluciones y respuestas a todas las inquietudes, pero sí demostrar su capacidad para empatizar con su equipo”.

En segundo lugar, es fundamental conseguir el compromiso del equipo hacia los planes de acción necesarios para gestionar las dificultades.  “Es muy difícil”, asegura De Miguel, “ilusionar y motivar a las personas hacia un futuro que muchas veces es absolutamente impredecible. En cambio, sí que es posible avanzar y conseguir un alto nivel de  compromiso con los planes de acción y las decisiones que habrá que tomar. ¿Qué pasaría si un directivo planteara un ajuste del salario en un 20% como medida transitoria para solventar determinada situación transitoria? ¿Lo entenderían? ¿Asumirían la medida?”

En todo caso, avisa De Miguel,  un entorno cambiante como el nuestro refuerza el papel del líder. Serán las personas que están al frente quienes deben jugar hoy un papel fundamental, toda vez que “el liderazgo es una extraordinaria atalaya para divisar y anticipar las decisiones acertadas”.  Y las premisas de acción pasan hoy por “poner el foco en la gestión de las emociones y el compromiso de los equipos, por la toma de decisiones pensando en el mañana y por el cultivo de nuestro autoconocimiento”.

El Confidencial

¿Es la maternidad sostenible?

La incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, y su creciente poder económico  en las sociedades ricas, es seguramente una de las mayores revoluciones sociales del último medio siglo.

No deja de ser sorprendente que un cambio social de enormes dimensiones  se hay realizado  generando en realidad pocas fricciones, en comparación con los cambios-muchas veces radicales- que ha supuesto en las vidas de millones de mujeres y de hombres, de modelos de familias,  de valores y  de estilos de vida. En Estados Unidos  son ya el 50% del total de los trabajadores, y aunque tradicionalmente nuestro país como su entorno latino ha ido más lento,  a finales de 2008   llegaban al 43%.También son ya el 60% del total de licenciaturas superiores en el conjunto de Estados Unidos y Europa, y en España, de acuerdo con el INE, el porcentaje  de mujeres  que accedieron a la universidad fue del 58%, diez puntos por encima del hombre

Sin duda, para un número alto de  mujeres su carrera profesional o su autonomía financiera son simplemente innegociables, para otras en cambio es en todo caso una necesidad económica, y tiene poco que ver con la liberación… no digamos en los casos numerosísimos  donde son las madres solteras o separadas las únicas que sustentan los hogares. O en la necesidad evidente de llevar dos sueldos a casa. Parte importante de las frustraciones femeninas tienen que ver con la dificultad para acceder a puestos directivos (en 2007 el porcentaje de mujeres  en puestos directivos en las empresas del IBEX 35 apenas superaba el 6%), o a las persistentes desigualdades salariales. De acuerdo con el  INE, los últimos datos disponibles nos dicen que la desviación de las ganancias de la mujer sobre las ganancias de los hombres es en España  de un 26%, y que entre los titulados superiores,  contra lo que se pueda creer, esta brecha es aún mayor .En vista de estos datos, me pregunto cuál debería ser el peso de estas desigualdades  en las estrategias de RSC de nuestras compañías. Y en cuantas memorias de sostenibilidad, planes y mediciones, ni tan siquiera se contemplan .

Es un hecho que las desigualdades salariales son pequeñas o inexistentes en muchos casos en mujeres sin hijos, bastante mayores en mujeres con  hijos y pareja, y aún mayores en  las madres solteras. Volviendo a la realidad de nuestro país, por ejemplo,  la encuesta de población activa nos dice que el 80% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, y que la segunda razón más importante que han dado para esta situación ha sido “el cuidado de menores o de personas adultas  enfermas, incapacitadas o mayores”.

Las dos asignaturas pendientes anteriores, tienen sin duda estrecha relación con el otro gran tema pendiente: muchas mujeres- y muchos hombres también- se sienten cada más incapaces de mantener y combinar las obligaciones con los hijos y el trabajo. Muchos niños  han pagado y pagarán un precio alto  por ello. Si el protagonismo femenino fue un hito para la segunda mitad del pasado siglo, hacer frente a sus consecuencias sociales deberá necesariamente  ser uno de los mayores esfuerzos durante las próximas décadas. El malestar social profundo es evidente: la infelicidad de los padres, el sobre esfuerzo de muchos abuelos, el creciente número de niños con muchas horas solos en casa o con bajo rendimiento escolar… en un estudio realizado en Gran Bretaña por la children´s Society, y citado por The Economist, el 60% de  los padres afirmaron no ser capaces de poder pasar con sus hijos el tiempo suficiente, y en un estudio muy similar realizado en los Estados Unidos, el  74%  reconocía no tener el tiempo suficiente para dedicarle a sus hijos.

Los retos son enormes, y muy pocas aún las iniciativas de las compañías. Es muy interesante, por ejemplo, seguir la traza del número creciente  de mujeres que optan por abandonar las empresas y crear sus propios negocios, muy probablemente vinculado a una mayor y nueva capacidad de gestionar su tiempo. En el caso de Estados Unidos, que suele ir casi siempre algo por delante de Europa en este tipo de tendencias sociales, durante la pasada década el número de proyectos empresariales llevados a cabo por mujeres han dado empleo a más gente que el dado por las mayores 500 Compañías juntas,  o igualmente significativo el crecimiento de las llamadas “female friendly companies”

En un entrono de crisis profunda  como el actual además, los retos para las empresas son aún mayores. Tradicionalmente, en épocas de desempleo ha habido iniciativas sociales generadas y financiadas por el estado, o en todo caso, iniciativas públicas, pero  sabemos que una  de las características diferenciales y preocupantes de la crisis en la que nos vemos inmersos es el grave endeudamiento de los estados, y previsiblemente el poco o nulo margen para avanzar en inversiones sociales, o en estructuras sociales de apoyo. Por tanto la responsabilidad, la capacidad y las soluciones que provengan del sector privado, de las políticas de responsabilidad social y empresarial tendrán necesariamente que desarrollar iniciativas que ayuden a afrontar esta segunda  gran transformación social.

En otros artículos analizaremos algunas de estas iniciativas, que espero  sean de vuestro interés.

 Iris Arce

Diario Responsable