Dejen de decidir por nosotros
No es ningún secreto que a los gobiernos progres, igual que a los conservadores, les emociona decidir por los ciudadanos, controlar y dirigir sus vidas, como si todos formáramos parte de un enorme grupo de incapacitados.
Cuando los ciudadanos de una democracia eligen a sus gobernantes no les encomiendan la misión de sustituirles en todas las decisiones que libremente puedan tomar. Más bien al contrario, el respeto a la libertad individual es uno de los pilares de eso que llamamos Estado de Derecho. Sin embargo, hay una notable y renovada tendencia por parte de los amantes de la intervención a invadir áreas en las cuales el individuo podría decidir libremente sin necesidad de que nadie lo haga en su nombre.
Es un hecho cierto que la existencia de un sistema público de protección social cuenta con el aval y el refrendo de la mayoría de los españoles. Por este motivo todos los gobernantes no sólo están legitimados para mantener tal sistema, sino que están obligados a velar por el buen estado del mismo y su viabilidad a largo plazo mientras los ciudadanos así lo deseen. Esta evidencia, que se sustenta en la libre decisión de los individuos, parece esconderse a los ojos de buena parte de nuestra clase política.
Por una parte, si olvidáramos la existencia de bastardos intereses partidistas, resultaría absolutamente sorprendente que no existiera una total unanimidad en los grupos políticos para realizar todos los cambios y reformas que fueran necesarios en los servicios y prestaciones que componen este sistema para así alcanzar ganancias en eficiencia y garantizar su supervivencia. Y por otra, a nadie se le debería escapar que es una total contradicción con los principios fundacionales del sistema democrático que el gobernante impida al individuo decidir en aquellos casos es que es no sólo posible, sino conveniente y necesario.
Viene esto al caso por el anuncio de la próxima reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno central. Parece que ya todo se reduce a que el gobierno- obligado por la catastrófica situación económica y por las amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestras pensiones- tras el paripé del Pacto de Toledo, decida lo que es justo y conveniente en cuanto a los años de cotización que han de ser considerados para calcular la pensión a percibir, al mínimo de años que han de ser exigirse para tener acceso a la prestación y respecto a cuál es la edad a la que debemos dejar de trabajar. Un reducido número de personas decidirán por todos nosotros en asuntos esenciales relacionados con nuestra vida laboral y nuestra vejez.
Como si no fuéramos capaces de hacerlo si nos dieran la oportunidad y como si ellos conocieran todas las preferencias que en este sentido tenemos los millones de trabajadores.
En lugar de imponer nuevamente un sistema regulador encorsetado, cuánto mejor nos iría a todos si dedicaran su tiempo a diseñar un sistema que, siendo público y viable a largo plazo, permitiera que cada trabajador pudiera tomar sus propias decisiones de jubilación. Es cierto que nuestro sistema de reparto intergeneracional, al contrario que un sistema de capitalización, dificulta este diseño, pero en ningún caso lo impide.
Nada impide concebir un sistema en el cual cada trabajador conociera exactamente cuánto ha aportado a lo largo de toda su vida laboral y qué pensión percibiría en función de la edad en la que decidiera jubilarse, bajo unos parámetros ajustables y unos límites que aseguren el equilibrio financiero del sistema en su conjunto, y en el cual las prestaciones no contributivas no se financiaran con cargo al sistema, sino mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Nada impide que pudiera concebirse un sistema en el cual cada trabajador, a partir de un mínimo de cotización necesario para que el sistema sea viable, pudiera aumenta su aportación con el fin de disfrutar antes de su jubilación o de recibir una mayor pensión, o por el contrario pudiera mantenerlo en los mínimos regulados con el fin de disfrutar hoy de una mayor renta, sin importarle que tuviera que trabajar más años para percibir la misma prestación o que fuera a recibir una menor pensión pública.
Nada impide concebir un sistema en el cual la sociedad pudiera beneficiarse de trabajadores longevos cuando su profesión y condición física lo permita y cuando exista un acuerdo entre empleado y empleador.
Quienes creemos firmemente en la libertad estamos convencidos de que nada impide diseñar un sistema público en el cual los principios de igualdad, equidad y solidaridad sean absolutamente compatibles con el profundo respeto a la libertad del individuo.
Por eso, aunque sea por esta vez y les suponga un tremendo esfuerzo, por favor, dejen de decidir por nosotros.
0 comentarios