¿Quién pone el cascabel al gato?

La dualidad del mercado laboral entre despidos muy caros y muy baratos dispara el desempleo.

El gobierno sabe las reformas estructurales que es necesario adoptar. El problema está en como hacerlo sin perder las próximas elecciones generales". Así se lo comentó el presidente de un gran banco central europeo al gobernador del Banco de España, Miguel ÁngelFernández Ordóñez.

En realidad, todo el mundo, incluida la izquierda está de acuerdo en la necesidad de acabar con la dualidad del mercado laboral español. En él conviven despidos absolutamente caros para las empresas - 45 días para los que están fijos en plantilla-y los temporales - donde es despido es prácticamente gratis-. Esta es la razón por la que siguen conviviendo trabajadores, y por tanto, parados de primera y de tercera.

Ante esta situación, patronal, expertos laborales y economistas, mantienen un amplio consenso sobre la necesidad de afrontar urgentemente una reforma laboral que ponga las bases para acabar con esta dualidad. La solución sería fijar un solo contrato único indefinido para todos que sustituya la maraña actual y cuya indemnización fuera de 8 días por año trabajado, que se iría incrementando en la medida en que aumente la antigüedad en la empresa hasta un máximo de 36 días.

El problema es quién le pone el cascabel al gato. Para los sindicatos modificar el marco laboral actual sería "casus belli" y razón más que suficiente para montar al gobierno una huelga general en toda regla. Lógicamente el Ejecutivo no está dispuesto a enfrentarse con los sindicatos. Sin embargo, el hecho de que el número de desempleados pueda superar los 5 millones y la tasa de desempleo pueda llegar al 21% puede plantear un escenario en que los sindicatos se vean presionados por sus bases para buscar soluciones.

Actualmente en la legislación española coexisten 17 tipos de contratos. Los dos más comunes son el contrato indefinido o fijo y el temporal - que tienen el 30% de los asalariados-. En el primer caso cuando se produce un despido la indemnización puede ser de 45 días por año, con un máximo de 41 mensualidades, cuando es injustificado o improcedente, yde 20 días por año con un máximo de 18 mensualidades cuando la empresa puede justificar la causa por motivos económicos, tecnológicos o de organización.

La diferencia de la indemnización es tan fuerte que en la práctica siempre que se produce un despido improcedente se pleitea ante los tribunales. Los trabajadores argumentan que no hay motivo y los empresarios lo niegan. A las empresas les resulta tan complejo identificar las causas que prefieren pactar la indemnización. El resultado es un despido muy caro, según los empresarios y los expertos. Frente a estos se encuentran los trabajadores temporales que cuando vence su contrato no se renueva y basta. Son despidos completamente gratuitos y sin enfrentamientos.

Se trata de una protección excesiva para unos y una desprotección total para otros. Hay cerca de 5 millones de trabajadores temporales. El aumento del paro se ha producido (76%) con estos contratos. Este colectivo es el 24% de la población activa.

Esto explica que la economía cree un gran volumen de empleo en la etapa de bonanza, las empresas no tienen miedo a contratar porque saben que si la situación cambia simplemente no renuevan al vencimiento, como explica Juan José Dolado, Catedrático de la Universidad Carlos III.

La situación aún es más grave si se tiene en cuenta que España es uno de los pocos países del mundo en que los salarios no se pueden rebajar. Necesitan el consenso de las dos partes para realizar el ajuste a la baja. En la medida en que las empresas no pueden reducir sus costes cuando se produce la disminución de actividad, solo les queda la opción de eliminar empleos.

El sistema laboral español es fruto de la historia. Durante la dictadura del General Franco el Estado protegía a los trabajadores con una legislación muy paternalista para compensar la falta de sindicatos libres. Con la llegada de la democracia los sindicatos se legalizaron pero la esencia de la legislación se mantuvo. La consecuencia ha sido un fuerte proteccionismo, que según el gobernador del Banco de España, Miguel ÁngelFernández Ordóñez, es lo que se está volviendo contra los trabajadores.

Ante esta situación existe un clamor para lograr un marco laboral equiparable al resto de la UE, donde se combina flexibilidad para las empresas y seguridad a los trabajadores.

Mar Díaz-Varela
La Vanguardia