El Gobierno marea la perdiz de la nueva reforma laboral

La reforma laboral que está cocinando el Gobierno (el retoque número 53 desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980) no es la tierra prometida del empleo ni nos va a sacar de pobres. Sin embargo el PP ha creado esa expectativa. Con la boca cada vez más pequeña desde que Rajoy se instaló en Moncloa y empezó a recibir el mismo recado de los empresarios: el problema es el crédito. O sea, que se empezará a crear empleo cuando vuelva a fluir el crédito, con nueva regulación del mercado de trabajo o sin ella.

Tampoco corría tanta prisa como se dijo. Tan prioritaria parecía la tarea que el presidente del Gobierno instó a patronal y sindicatos a pactar antes de Reyes. Y si no había acuerdo, el Gobierno tiraría enseguida por la calle del medio. Pues no lo hubo, aparte del pacto de rentas, que no entra en la reforma. Son vísperas del Día de los Enamorados y me parece que la dizque apremiante reforma laboral del nuevo Gobierno pasará de largo por los Carnavales. Y no me extrañaría -tendría su lógica política- que las elecciones andaluzas del 25 de marzo retrasen todavía más de un mes su inserción en el BOE. Bastaría con convertir el borrador en proyecto de ley, de tramitación más larga, aunque eso desmentiría la supuesta urgencia de fletar cuanto antes la nueva reforma laboral. O bien aprobarla como decreto ley, de convalidación parlamentaria urgente, dejando las normas más duras para su posterior tramitación como ley, ya después de las elecciones andaluzas.

Que el Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el formato se deduce de la intervención de la ministra, Fátima Báñez, en la comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, donde ayer no quiso, no pudo o no supo decir si el Gobierno hará la reforma laboral por ley o por decreto-ley. El abajo firmante tuvo ocasión de hacerle la misma pregunta al portavoz del grupo parlamentario del PP, Alfonso Alonso, el jueves pasado. No hubo forma de que diese una respuesta concisa.

Las elecciones andaluzas, las prisas de Bruselas y el vago temor a una huelga general son las razones más o menos confesables por las que la reforma que el Ejecutivo piensa llevar al Consejo de Ministros de pasado mañana no haya dado todavía su verdadera cara ante los empresarios, sindicatos, resto de fuerzas políticas y opinión pública en general. Lo de la ministra Báñez, ayer en el Congreso, se quedó en enunciados básicos: mejorar las políticas activas, no al contrato único, flexibilidad normativa para el empresario, normas específicas para los autónomos, lucha contra el fraude en ayudas al desempleo, etc.

Al menos una buena noticia relacionada con el temor de Rajoy a una huelga general. Se lo oigo decir al secretario general de UGT, Cándido Méndez, en la distancia corta: “No estamos trabajando en la lógica de una huelga general sino todo lo contrario. Hacemos lo indecible para evitarla”. De modo que como coartada para seguir mareando la perdiz, las elecciones andaluzas y la presión de la UE son más verosímiles que el miedo a unos sindicatos que, dicho sea de paso, acaban de pactar con la CEOE la contención de los salarios y la vinculación de estos a la productividad, a cambio de la contención en los precios y la reinversión de los beneficios.

Antonio Casado para El Confidencial