Noticias, Comunicados y Prensa

USO rechaza frontalmente el "nuevo invento" de los empresarios

La Unión Sindical Obrera (USO) rechaza frontalmente la propuesta de la CEOE para que los empresarios puedan de manera unilateral convertir contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, este “nuevo invento” en palabras de José Luis Fernández, Secretario de Comunicación de la central sindical, “sólo conseguiría profundizar en la precariedad en la que se encuentra nuestro mercado laboral”.

Parece, según el Secretario de Comunicación de USO, que volvemos a asistir este verano a un desarrollo de la inventiva que pretende derivar la salida de la crisis exclusivamente sobre las ya maltrechas espaldas de los trabajadores. El FMI, la UE y ahora la CEOE, sólo proponen fórmulas que se han mostrado ineficaces para remontar las crisis, basta mirar la situación de países como Grecia, o Portugal para ver que precarizando más empleo no se reanima la economía, más aun, se profundiza en la recesión.

Las disculpas luego llegan tarde, y el mal causado a las personas no tiene efectos retroactivos, de nada sirve decir al FMI que se equivocaron con Grecia, tampoco nos servirá a los españoles decir que se equivocaron con nosotros.

En la actualidad tenemos salarios más bajos, menos empleo, más contratación temporal, menos contratación a tiempo completo a favor del contrato a tiempo parcial, y éste en gran medida de carácter temporal. En esta situación con menos ingresos de los trabajadores, precios más caros, más impuestos, en definitiva menor renta disponible en los hogares la demanda interna sigue cayendo contribuyendo negativamente al deseado crecimiento del PIB.

Para el USO el Gobierno debe rechazar esta propuesta apostando por la estabilidad y calidad en el empleo. Para ello debe presionar a las entidades financieras para que el crédito fluya de nuevo a  Pymes y familias, para que se reactive la actividad económica, se dinamice nuestro mercado interior y se pueda generar el necesario empleo.

Fernández recuerda los “efectos colaterales” que reducciones de salario, bien de manera directa o indirecta, mediante la reducción de jornada, tienen sobre los ingresos públicos, ya que estos (IRPF, cotizaciones sociales) son un porcentaje sobre la retribución percibida.

USO

El período estival da un alivio estadístico al desempleo

La Unión Sindical Obrera (USO) considera, que si bien cualquier descenso del desempleo es una buena noticia, la disminución del número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo supone un alivio estadístico propio del período estival y que no implica todavía un cambio de tendencia en la maltrecha situación de nuestro mercado laboral.

Seguimos con un paro registrado cercano a los 5,3 millones de personas, según se desprende de los propios datos del SPEE y en términos desestacionalizados se ha producido un incremento de 7.591 desempleados con respecto al mes de junio. En el verano, fundamentalmente debido al buen comportamiento del turismo, se ha producido un incremento de las contrataciones con respecto al mes anterior, pero inferior al que se produjo en el mismo mes del año anterior, con especial incidencia en la contratación indefinida que desciende más de un 58%.

Estos datos ponen de manifiesto que se está produciendo un incremento de la contratación vinculado al período estival y por tanto a la estacionalidad.

Creemos desde la USO que no es tiempo para hacer una interpretación amable de los datos,  sino realista y por ello nos preocupa la situación del número de cotizantes a la Seguridad Social, en la que incide de manera muy especial la estacionalidad, ya que si corregimos el factor estacional, no hay incremento, sino un descenso importante superior a los 57.000 cotizantes, que superan los 74.000 si nos referimos a los asalariados, según datos de propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por tanto desde la USO consideramos que no es momento de pensar en un cambio de tendencia, sino en desarrollar políticas que incentiven la recuperación económica y el crecimiento, sólo así se podrá crear nuevo empleo, y empleo estable.

USO

La EPA del 2º trimestre es un reflejo de la estacionalidad del mercado de trabajo

La Unión Sindical Obrera considera que los datos de mejora que apunta la EPA del 2º trimestre son un reflejo de la estacionalidad  a la que está sometido nuestro mercado de trabajo. En este trimestre siempre hay datos positivos pero ello no nos puede hacer olvidar la cruda realidad de los cerca de 6 millones de desempleados y los 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro.

Nuestro mercado de trabajo, sigue enfermo de gravedad, si bien estos datos suponen un alivio pasajero, conseguido a base de un tratamiento donde la medicina aplicada ha sido más empleo temporal cuya tasa sube un punto, descenso de la población activa y de la población extranjera.

El aumento del número de asalariados en 111.900, es la consecuencia de un descenso de la contratación indefinida de 50.400, y un incremento de la contratación temporal de 162.200, mayoritariamente en el sector Servicios. Es decir el saldo neto positivo es exclusivamente en base a contratos temporales ligados a la estacionalidad. Por tanto hasta ver la evolución que se produzca en octubre, no podremos dar un diagnostico definitivo sobre si la mejora se consolida, o con la llegada del invierno el enfermo vuelve a recaer.

Desde la USO queremos manifestar, que no todo el descenso del desempleo es consecuencia directa de nuevas contrataciones, y mucho menos de la creación de empleo. Hay que ponderar los factores que influyen en él, a saber, el descenso de la población activa, el aumento de la emigración, el descenso de la población extranjera, cuyo paro disminuye en 145.000 personas.

Estos datos no deben servir para falsas alegrías, ni generar  expectativas de que el final de la crisis está ya aquí. Los datos de partida son tan malos que cualquier mejora es bienvenida, pero no olvidemos que podemos entrar en una larga época de estancamiento, sin crecimiento económico, y por tanto sin creación de riqueza y de empleo.

Por ello, reiteramos una vez más la necesidad de un cambio de política económica orientado a generar inversiones productivas, mejorar la demanda interna  y en consecuencia la generación de empleo.

USO

El Gobierno tiene la obligación de explicar las acusaciones de Bárcenas

La Cumbre Social denuncia la insostenible situación de nuestro país, marcada por una política económica desastrosa, que nos ha conducido a la ruina (la OCDE anunció ayer que en España no solo no bajará el paro sino que en 2014 puede llegar a una tasa cercana al 28%) y por la crisis de credibilidad del Gobierno y del PP, tras las declaraciones del que fuera el tesorero de su partido, durante más de 20 años, Luis Bárcenas. Sus duras acusaciones sobre la financiación ilegal del PP, que implican directamente a muchos de sus dirigentes, entre ellos, al que hoy es Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, requieren de una explicación convincente en el Parlamento, que se merece la ciudadanía española.

No hay que olvidar que el PP llegó al Gobierno con un programa electoral que, a estas alturas, ha incumplido prácticamente en su totalidad, y que está aplicando una política económica austericida que pone en serio riesgo nuestro modelo social y nuestro futuro como país.

Llama la atención que el Presidente apele a la “estabilidad política” y se arrope con la imagen de los distintos miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad, mientras la ciudadanía asiste atónita a “la ley del silencio” ante casos de corrupción que pueden afectar al partido del Gobierno y sufre los efectos directos de la política económica que se está aplicando (paro, precariedad, recortes en servicios públicos esenciales, menoscabo de los derechos sociales y laborales).

Crece la indignación y la exigencia de responsabilidades, crece la demanda de una democracia más participativa, frente al fraude de la derecha de hacer lo contrario de lo que prometió.

La Cumbre Social se hace eco de este descontento social y pide al Ejecutivo de Rajoy que rectifique, que actúe con transparencia, decisión y responsabilidad. Advierte del riesgo de que siga aumentando el distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones democráticas que les representan.

Y, ante el anuncio de la posible aprobación en el Consejo de Ministros del 19 de julio del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, le exige una reforma consensuada, que respete la autonomía local, los servicios públicos esenciales, con políticas de sanidad, educación, igualdad, servicios sociales, etc. que garanticen el Estado de Bienestar y la cohesión económica social y territorial. Por ello, apoya todas las movilizaciones que sobre este tema se van a desarrollar durante el día de mañana en diversos territorios de nuestro país.

La Cumbre Social, por último, cree imprescindible una profunda regeneración de la democracia, una auténtica ley de transparencia y un cambio de la ley electoral para facilitar la participación de la ciudadanía en nuestro sistema democrático.

USO

España no se puede permitirse más de un millón de trabajadores sin convenio

La Unión Sindical Obrera (USO) ha alertado este martes de que tras el vencimiento ayer del límite de un año dado en la reforma laboral a la prórroga automática (’ultraactividad’) de los convenios colectivos denunciados y pendientes de regulación, más de un millón de trabajadores podrían ver decaer sus derechos, algo que España no se puede permitir.

En un comunicado, el sindicato liderado por Julio Salazar señala que "se abre ahora un periodo muy complejo para diferentes situaciones, cuya casuística es muy variada", por lo que muestra la voluntad de la organización de trabajar para que todos los afectados por esta "injusta" reforma no sufran un deterioro en sus condiciones laborales.

Al mismo tiempo, alerta del "riesgo cierto de que aumente la judicialización de las relaciones laborales fruto de unas decisiones políticas profundamente injustas, que han sentado las bases para dinamitar la negociación colectiva".

Europa Press

Propuesta de regulación de la protección de los trabajadores a tiempo parcial

En una carta remitida a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la USO há trasladado al Gobierno la valoración que realiza de la propuesta sobre la regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial remitida desde la Secretaría de Estado a los agentes sociales.

Desde la Unión Sindical Obrera (USO) entendemos que en el acceso a las prestaciones sociales debe regir el principio de igualdad entre trabajadores a jornada completa y a tiempo parcial. Por eso la USO viene reclamando desde hace años la modificación de las normas que regulan la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y de los contratados bajo la modalidad de fijos discontinuos.

Nuestra petición venia basada en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de 23 de Febrero de 2009, Tribunal Constitucional en su sentencia de 22 de Diciembre 2004 y 14 de Marzo 2005, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 10 de Junio de 2010 así como el reciente Dictamen emitido por dicho Tribunal por el que considera discriminatoria la normativa española en el caso de los trabajadores a tiempo parcial,  se han pronunciado en el sentido de la necesidad del cambio legislativo para evitar “un resultado claramente desproporcionado, pues la legislación actual dificulta injustificadamente el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la protección social, al exigir a éstos trabajadores unos períodos de actividad más extensos para reunir el requisito de carencia”. Con ello no sólo se obtiene una pensión de cuantía inferior sino que se dificulta el acceso mismo a la prestación al exigir un mayor número de días trabajados para acreditar el período de carencia requerido en cada caso, lo que resulta especialmente gravoso o desmedido en el caso de trabajadores con extensos lapsos de vida laboral en situación a tiempo parcial.

Otro argumento empleado por el Tribunal Constitucional es la discriminación indirecta de la mujer, porque al limitar el acceso a las pensiones a los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, se está limitando el acceso a las pensiones a las mujeres en mayor medida al representar éstas el 75% del colectivo de trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial.

La falta de actuación de los distintos gobiernos en regular esta situación ha llevado a que el Tribunal Constitucional mediante la sentencia del nº 61/2013, de 14 de marzo de 2013, declare la inconstitucionalidad y por tanto la nulidad de la regla segunda recogida en el apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley General de la Seguridad Social, referida a la forma de acreditar los periodos de cotización por los trabajadores a tiempo parcial.

En definitiva, apoyamos la necesidad de un cambio en la regulación en el acceso a la jubilación de los trabajadores y trabajadoras con contratos a tiempo parcial, basado en el Principio Constitucional de Igualdad, fundamentado en “día trabajado, día cotizado”. Por ello la regla de la proporcionalidad debe aplicarse no sólo en el cálculo de la prestación, cuya cuantía deberá ser proporcional al esfuerzo contributivo y proporcional a la que perciben los trabajadores a jornada completa; sino también al derecho de acceso a las prestaciones del sistema de seguridad social.

Además, desde la USO, creemos que fomentar la igualdad de derechos de los trabajadores y trabajadoras con contrato a tiempo parcial o de los que tienen la condición de fijos discontinuos con los contratados a jornada completa sin duda contribuirá a aflorar una parte de la economía sumergida.

En relación con la Propuesta que se realiza desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la USO considera que la misma recoge la filosofía descrita, pero en tanto que todavía no concreta su desarrollo legislativo queremos plantearles algunas cuestiones:

1. Qué efectos “retroactivos” tendrá?: se aplicará desde la entrada en vigor de la nueva regulación, o se retrotraerá a la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, o a la fecha de entrada en el Tribunal, o se revisarán todas aquellas que han sido denegadas y que con la nueva regulación tendrían derecho.

2. Debe quedar claro como se calcula el coeficiente de parcialidad, siempre teniendo como referencia la jornada efectiva anual a tiempo completo del un trabajador de la misma categoría profesional. Esto es de especial importancia para los fijos discontinuos, de manera que un trabajador a media jornada y un fijo discontinuo con una cotización de 180 días al año a jornada completa tienen que tener la misma garantía de acceso a la pensión.

3. A los días efectivamente cotizados en alta en la empresa, hay que adicionar, especialmente en el supuesto de los fijos discontinuos, los días cotizados desde la situación legal de desempleo. Y por tanto su incidencia en el coeficiente de parcialidad.

4. No vemos claro que no resulte aplicable la nueva regulación a los trabajadores con contratos de duración determinada (hostelería de fin de semana). Ya que a lo largo de la vida laboral se pueden suponer distintas situaciones de contratación, y estos días pueden ser necesarios para completar necesidades de cotización. Además su no regulación podría entenderse como un “aliciente” para sumergir este empleo.

5. Con respecto a la pensión mínima, y los complementos a mínimos que puedan derivarse de la diferencia entre la pensión reconocida y ésta, creemos, mas allá del valor de la pensión que a nuestro juicio nunca debería ser inferior al SMI, que debería -en coherencia con el nuevo modelo de regulación- aplicarse a la pensión mínima el coeficiente de parcialidad para la determinación en su caso del correspondiente complemento.

USO

La UE gasta más dinero por vaca que en cada joven desempleado

Cualquiera que analice por primera vez las conclusiones de una cumbre europea pensará que, entre toda esa farragosa verborrea burocrática, se esconde el esfuerzo definitivo contra los males de la crisis.

No sólo por la decidida toma de postura del llamado Consejo Europeo, sino también porque los que la firman son nada menos que los líderes de la UE. Por ello, buenas noticias para los más de siete millones de jóvenes parados europeos, 945.000 en nuestro país en 2012, porque los Merkel, Hollande, Cameron o Rajoy prometieron en el sanedrín celebrado la semana pasada que “la UE movilizará todos los instrumentos disponibles para apoyar el empleo juvenil”.

Con un presupuesto de casi un billón de euros para los próximos siete años (2014-2020), y casi 55.000 millones sin gastar del periodo anterior, uno imagina que, cuando Europa compromete “todos los instrumentos”, no hay montaña lo suficientemente alta ni valle lo suficientemente profundo.

Pero poco tarda uno en darse cuenta de que las conclusiones de una cumbre no son motivo para descorchar el champán. Primero porque, como queda claro unas líneas más abajo, esa totalidad de recursos se reduce a una lista de promesas por detallar y otras encajadas después de costosas negociaciones, como los 6.000 millones que se han prometido adelantar a 2014 y 2015 para luchar contra el paro juvenil. Una cantidad bien generosa, pensará uno mirando su cuenta, pero no tanto cuando se reparte entre 28 países en siete años. España se llevará 1.900 millones, o lo que es lo mismo, menos de 2.000 euros por joven parado, lo que obligará al Gobierno a obrar el milagro de los panes y los peces.

Una cifra que no parece tan abultada cuando se comprara con los miles de millones de euros que ha gastado la UE en sus bancos (concretar la factura puede dar dolores de cabeza), o se piensa que Europa gasta hoy diez veces más en sus vacas (12,7 euros de media) que en sus jóvenes (1,26 euros), según datos de Eurostat. Más aún cuando uno recuerda que, para financiar apropiadamente la Garantía Juvenil, la medida estrella pilotada desde Bruselas, la Organización Internacional de Trabajo estima que se necesitarían 21.000 millones de euros.

El optimismo sigue desinflándose cuando se hace recuento de la pila de cumbres de fogueo dedicadas al empleo juvenil, que ya arrancaron en enero de 2012, o las iniciativas dedicadas al tema que cogen polvo en la nube comunitaria, como la infrasubvencionada Iniciativa de Oportunidades para la Juventud; o EURES, la red para la movilidad de los que buscan un empleo en Europa.

Suspenso en todos los test de credibilidad

Y, sobre todo, cuando echa la mirada atrás, uno se da cuenta de que la UE ha suspendido todos los test de credibilidad que ha encarado en el último año y medio, retrasando, aguando, o incluso arrinconando propuestas anunciadas a bombo y platillo de madrugada por los jerarcas europeos, como la unión bancaria o el Pacto por el Crecimiento, como reconoció el propio presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

¿Quiere decir eso que la cornucopia europea se quedará en palabras, palabras y más palabras? Probablemente algo llegará del maná europeo, pero la cascada de dinero no será suficiente para un problema que tiene tantos orígenes como propuestas de solución. Porque, como sucede con el futbol y los aficionados, o las obras y los pensionistas, no hay nada que atraiga más a los analistas que un problema complejo para ofrecer su bala de plata.

La OCDE apuesta a corto plazo por políticas activas de empleo, y más asistencia y apoyo en la búsqueda de empleo para jóvenes con dificultades, pero también pide a largo plazo encarar el elevado porcentaje de abandono escolar. El laboratorio de ideas Bruegel, referencia en la burbuja de la UE, descarta directamente medidas dedicadas al empleo juvenil porque “desgraciadamente, es improbable que tuvieran mucha diferencia en el problema” y pide crecimiento, crecimiento y más crecimiento. Por su parte, la Comisión Europea mantiene su letanía de flexibilizar el mercado laboral para terminar con la dualidad de los insiders y outsiders. Y, por último, los jóvenes europeos han exigido desde hace tiempo la Garantía Juvenil.

Tras la buena experiencia de esta garantía en países como Austria o Finlandia, el Foro para Juventud Europea envió una carta a Van Rompuy ya en enero de 2012 para solicitar un colchón de dinero público, con el que se persigue el ambicioso objetivo de que cualquier joven no tarde más de cuatro meses tras terminar los estudios en tener unas prácticas, un trabajo o estudios suplementarios.

Los líderes han necesitado un año y medio, y dos millones y medio más de parados menores de 25 años, para tomarse en serio el riesgo de una generación perdida, y comprar esta garantía. Eso sí, “no estamos bajo ninguna ilusión. El problema no se solucionará de la noche a la mañana”, dijo intentando aligerar algo más la presión el tejedor de las cumbres, Herman Van Rompuy. Porque, como se ha visto a lo largo de la crisis, la presión no es bien digerida por el estómago de la Vieja Europa, aunque lo que tenga en sus manos sea su materia prima más importante, su futuro capital humano.

El Confidencial

Baja el paro registrado pero no mejora la contratación

La triste realidad es que ha caído el número de asalariados en la Seguridad Social en 16.021 personas. La contratación ha caído en 109.084 personas con respecto a junio de 2012. Sin el efecto estacional, el paro registrado ha aumentado en 1000 personas.

La USO está de acuerdo en que el hecho de que el paro registrado haya bajado en 127.248 personas podría ser una buena noticia si supusiera una disminución efectiva de parados, esto es, que esas personas se hubieran incorporado al mercado de trabajo fruto de la reactivación económica y en condiciones de calidad en el empleo. Pero la USO considera que las cifras no deben despistarnos y hacernos creer que estamos en la senda de salida al enorme drama de la falta de oportunidades laborales de España y de las nefastas consecuencias de la reforma laboral en términos de destrucción de puestos de trabajo y precarización de las condiciones laborales de los existentes. Conviene contextualizar los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y en este sentido caben las siguientes precisiones:

1.- En junio se firmaron 1,18 millones de contratos temporales, un 2,32% menos que en el mismo mes de 2012 pese a la llegada del verano. En cuanto a contratación indefinida,  87.349 contratos, un 48% menos. Referencia clara a que uno de los principales males de nuestro mercado de trabajo, la dualidad, persiste de manera recurrente.

2.- Restando el efecto estacional y en términos absolutos, el paro registrado ha aumentado en casi 1.000 personas.

3.- Tomando la evolución de un año y comparando por tanto los datos con junio de 2012, el paro también ha crecido en 148.411 personas.

4.- La contratación acumulada en los seis primeros meses de 2013 ha alcanzado la cifra de 6.734.946, lo que supone 24.005 contratos menos, un 0,36% menos que en igual periodo del año anterior.

5.- La contratación se ha mantenido en junio en los mismo niveles de 2012, con una ligera disminución del 1,81%.

6.-  En cuanto a prestaciones por desempleo, las altas han sido 957.498, un aumento del  3,6% respecto a mayo de 2012.

7.- Disminuyen también los gastos de junio de este año. 2.498 millones de euros, un 3,8% menos que el mismo mes del año anterior lo que es consecuencia de que un número significativo de parados ha agotado la prestación.

Con este panorama la USO insiste en considerar mala la situación laboral en España y a este respecto, el secretario confederal de comunicación del sindicato, José Luís Fernández Santillana, ha puesto el acento en que “para valorar adecuadamente la realidad del mercado laboral hay que esperar a octubre para, descontado el efecto contratación de la campaña de verano, ver los datos de estabilidad o inestabilidad del sistema”. En este sentido, y dado que las cifras del PIB siguen siendo negativas, “mucho nos tememos que se puede producir el indeseado efecto rebote en las cifras totales”.

Por otra parte, la disminución del número de parados registrados unida a la bajada en el número de beneficiarios de prestaciones y la consiguiente disminución del gasto, “explican que hay gente que está saliendo de las estadísticas por jubilaciones y emigración”. Ninguno de estos hechos evidencia elementos positivos sobre nuestro sistema laboral.

La USO vuelve a insistir en lo mismo que ya trasladó la semana pasada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista que mantuvo con él su secretario general, Julio Salazar: hay que apostar por políticas de estímulo a la economía productiva para generar empleo. De nada valen planes europeos contra el paro juvenil escasamente dotados, sin que las empresas tengan la necesidad real de contratar por incrementos de la demanda fruto del estímulo del mercado interior y exterior.

USO

Acusan a UGT y CCOO de financiación irregular durante 10 años

La juez del ’caso de los ERE’ mantiene que se repartierón 7,6 millones de euros entregados por intermediarios

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía, acusaba ayer directamente a los sindicatos UGT y CCOO en aquella comunidad de financiarse de forma irregular gracias a una trama corrupta que habría repartido entre ambas centrales 7,6 millones de euros de fondos públicos destinados a financiar expedientes de regulación en empresas en crisis. La juez, que señala como intermediario al empresario José González Mata (dueño de Uniter y para quien ayer dictó auto de prisión), asegura que su firma realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio". En base a este argumento sentencia que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".

Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".

Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales. Pero no era esta la única presunta vía de financiación ilegal. Así la consultora Vitalia, encargada de evaluar a las empresas a las que se concedían los ERE, habría destinado 4,2 millones a ambos sindicatos, a lo que habría que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.

Noticias de Alava

La transparencia y el buen gobierno deben regir para todos

La Unión Sindical Obrera (USO), dentro de la campaña por la regeneración democrática del marco sindical en España que viene realizando, solicita a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales y empresariales que hagamos de la transparencia y la autofinanciación un valor propio de nuestra gestión.

Para la USO, por encima de los intereses particulares de las organizaciones que representamos, deben estar los intereses generales de los ciudadanos que decimos representar. A ellos nos  debemos y ante ellos debemos responder, y por eso la USO considera necesario, también como un ejercicio de ejemplaridad, que  las organizaciones sindicales, empresariales y partidos políticos  nos sometamos a la futura Ley de Transparencia sin cortapisas previas.

Pero además de los descritos, a juicio de la USO en este proceso deben incluirse no sólo las Fundaciones del sector público, también las Fundaciones Privadas, las ONG’s, y entidades de la economía social o sin ánimo de lucro.

Asimismo, la USO considera que ante la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos, todas las entidades, pero singularmente los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales debemos gestionar los recursos públicos bajo criterios de austeridad en el gasto y de eficiencia.

Por todo ello, la USO estima que es necesario situar la transparencia no sólo en la gestión de los fondos públicos que se puedan percibir, sino también respecto de cualquier tipo de aportaciones o donaciones privadas que se perciban tanto sea por personas físicas como jurídicas. Y ello, respecto a las organizaciones sindicales, conllevaría según la USO a exponer públicamente toda percepción que se tuviera por cualquier tipo de actividad sindical desarrollada.

La Ley de Transparencia debería velar no sólo por ser de público conocimiento los ingresos obtenidos y como se gestionan, sino también por conocer acerca de los criterios por los cuales se aplican sobre la base de, transparencia, publicidad y proporcionalidad a la representatividad electoral e implantación.

Descárgate aquí el díptico de la campaña por la regeneración democrática del marco sindical en España.

USO

Julio Salazar: no todo vale para salvar al euro y a las entidades financieras

Julio Salazar, secretario general confederal de la USO, ha sido contundente al valorar la acción de Bruselas y del gobierno de España en la rueda de prensa de presentación, de la semana de movilizaciones convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, CES, y que culminará en grandes manifestaciones y concentraciones el domingo 16 de junio, bajo el lema, “Por una Europa más democrática y social. Europa necesita una fuerte dimensión social y España un gran consenso por el empleo y la protección social”.

El secretario general de la USO ha puesto el acento en la importancia de la respuesta social y laboral que se va a dar en las calles a unas políticas que, desde Bruselas y sumisamente desde Madrid, están llevando al “deterioro de las condiciones de vida de una gran mayoría social con el único propósito de salvar al euro y al sector financiero”. Julio Salazar ha dejado claro que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que “poner freno al acelerón a fondo que están imprimiendo a las llamadas políticas de ajuste estructural que lo único que están consiguiendo es hundirnos en una espiral recesiva con un paro insoportable y un grave deterioro del modelo social”, al tiempo que las exigencias de la UE aumentan en forma de nuevas vueltas de tuerca y ahogo de los pensionistas y previsible aumento de la carga fiscal”.

Julio Salazar ha hecho un llamamiento a los gobernantes de la UE para que recapaciten y recuperen como prioridad de la acción política la “ tan necesaria dimensión social de Europa”. Precisamente la semana de movilizaciones lo que pretende es influir en los gobiernos de cara a la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará los próximos días 27 y 28 de junio. El secretario general de la USO ha emplazado a todos a dejar de actuar al “socaire de los intereses electorales particulares de Alemania”. En definitiva, ha recordado, “se trata de reclamar unas políticas que impulsen el crecimiento y la generación de empleo”   

Las prioridades para el conjunto del sindicalismo europeo son:

1.- Por un nuevo ‘Programa de Recuperación Europeo’, indispensable para restaurar el crecimiento sostenible y combatir el desempleo. La UE no se reduce a una zona de libre cambio Su objetivo debe ser el pleno empleo y el progreso económico y social.

2.- Poner fin a los recortes en el gasto público, la protección social y los salarios, porque son injustos, aumentan el desempleo, las desigualdades y la pobreza, y agravan la recesión.

3.- Apostar por un cambio de modelo productivo. Poner fin a una competitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias.

4.- Poner el acento en las inversiones para un crecimiento y empleo sostenibles.

5.- Promover el diálogo social y la negociación colectiva en todos los ámbitos.

6.- Por una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado.

7.- Reforzar las redes de protección social para atender a las personas que peor lo están pasando con la crisis.

8.- Preservar el consenso sobre nuestro sistema público de pensiones.

USO

Los datos de contratación revelan la inaceptable dualidad del mercado laboral

La USO, ante los datos de paro registrado en el mes de mayo publicados por el Ministerio de Empleo, advierte de que la bajada del paro no implica necesariamente un aumento de la tasa de ocupación. Nos obstante se congratula de que 98.265 personas hayan abandonado, aunque sea mayoritariamente de forma temporal, la situación de desempleo al tiempo que alerta de que un excesivo triunfalismo podría nublar la comprensión de cual es la realidad de nuestro mercado de trabajo.

Ha bajado el paro registrado en mayo pero hay cuatro factores que no se pueden olvidar:

1.-Factor estacional al comenzar la campaña de verano. Los datos desestacionalizados -que eliminan el efecto del calendario, como el impacto de los festivos o las vacaciones- no son tan optimistas: el paro registrado cayó solo en 265 personas, mientras que la Seguridad Social registró un aumento de 6.000 afiliados. Estos son los datos que hay que atender para tomar el pulso a la situación de estabilidad del sistema y los mismos son realmente pobres. 

2.- La dualidad –trabajo fijo, estable y de calidad versus trabajo temporal- sigue siendo una constante de nuestro mercado laboral. En mayo se registraron en el antiguo Inem un total de 1.283.261 contratos, un 2,9% más que en igual mes de 2012. Del total de contratos efectuados en el quinto mes del año, 95.856 eran indefinidos, cifra equivalente al 7,5% del total y un 24,2% inferior a la del mismo mes de 2012.

3.- Disminuye el número de personas con prestaciones mayoritariamente por finalización de las mismas. Las altas tramitadas durante el mes de abril de 2013 han sido 871.504, lo que supone un aumento del 4,2% sobre el mes de abril de 2012.

Los beneficiarios existentes a finales del mes fueron 2.901.912, con una disminución respecto al mismo mes del año anterior del 0,7%. La cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido del 61,28%, el mismo indicador en abril de 2012 fue de 65,45%, lo que supone un descenso en la cobertura del 6,4%.

Los gastos totales de abril de este año ascendieron a 2.556 millones de euros, que supone un 2,5% menos que el mismo mes del año anterior.

4.- Los datos positivos de bajada del desempleo en jóvenes coinciden con la salida, cada día en número mayor al extranjero, para encontrar trabajo, lo que se conoce en términos gubernamentales como “movilidad exterior”. Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo ha disminuido en 16.735 personas (-3,53%) respecto al mes anterior. De 25 o más años baja en 81.530 (-1,81%).

El paro registrado entre los jóvenes menores de 25 años a lo largo de los últimos 12 meses ha disminuido en más de 32.000 personas (32.317), lo que supone un 6,59% de caída interanual.

La USO vuelve a insistir en que las buenas noticias de mayo, que lo son, no deben hacernos creer ni mucho menos que hemos iniciado la senda de la generación neta de empleo. Seguimos instalados en la recesión, las cifras totales de parados son inasumibles, no hay evidencias de que la tendencia vaya a continuar pasado el verano y se mantienen los puntos negros de nuestro mercado laboral: altísima temporalidad, desempleo juvenil estratosférico e importante exportación de mano de obra muy cualificada que supone un empobrecimiento en términos de país presente y futuro.

Por último la USO considera que hay que extremar la cautela a la hora de valorar los datos de mayo para no volver a caer, desde instancias gubernamentales a día de hoy, en inexistentes indicios de reactivación laboral.

USO

Firmado el nuevo Convenio de Seguros

El acuerdo afectará a unos 72.000 trabajadores y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015

Patronal y sindicatos han firmado este lunes el nuevo convenio de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

El nuevo acuerdo laboral afectará a cerca de 72.000 trabajadores, tiene vigencia desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 y cuenta con una ultractividad de 12 meses a contar desde el inicio efectivo de la negociación más una prórroga de seis meses para la búsqueda de soluciones de las discrepancias existentes.

SE DESLIGAN LOS AUMENTOS SALARIALES DEL IPC

Una de las principales novedades que incluye el convenio es que se desliga el índice salarial de la evolución del IPC y se ajusta al PIB.

En concreto, durante este año los salarios aumentarán un 0,6% si el PIB es inferior al 1%. Si el aumento del PIB está entre el 1% y el 2%, el aumento del salario será del 1%, y si el PIB crece un 2% o lo supera, los salarios del sector subirán un 1,5%.

Para 2014 se ha pactado un incremento salarial inicial del 0,6% con efecto el 1 de enero. Igualmente, si el PIB aumenta entre el 1% y el 2%, la subida salarial será del 1% y si crece por encima del 2%, será del 1,5%. En 2015, la subida inicial será del 1%, pero si el PIB crece más del 2%, el incremento será del 1,5%.

ep

Sindicatos y patronal acuerdan prorrogar los convenios expirados en negociación

La reforma laboral dejaba sin protección a 3,5 millones de trabajadores. El pacto, que se firmará mañana, estará vigente hasta que ambas partes lleguen a algún tipo de solución.

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo para impedir que miles de convenios colectivos denunciados decaigan el próximo 8 de julio, fecha en la que llegará a su fin el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios colectivos (ultraactividad). El preacuerdo será firmado mañana, a las 16.30 horas, previsiblemente en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), según las fuentes consultadas, que precisaron que el texto deberá ser aprobado por sus respectivos órganos de dirección. Por lo pronto, la CEOE tenía prevista hoy una reunión de su Junta Directiva.

La reforma laboral estableció que la ultraactividad o prórroga automática de los convenios vencería al cabo de un año (8 de julio) para los convenios denunciados. Esta circunstancia abría la puerta a que millones de trabajadores perdieran los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerían al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

Ni sindicatos ni patronales querían que se montara un lío a costa del fin de la ultraactividad. Abrieron negociaciones y durante unas semanas han estado discutiendo cómo solucionar este problema. La propuesta sindical era la de mantener la prórroga de los convenios durante el tiempo que duraran las negociaciones y recurrir al arbitraje en los casos en los que no fuera posible un acuerdo para evitar su judicialización.

Patronal y sindicatos no tienen un censo definitivo del número de convenios colectivos pendientes de revisión y de trabajadores afectados. Para ello parten de los convenios denunciados desde 2006, lo que, según fuentes sindicales, arroja no menos de 1.700 convenios colectivos y más de 3,5 millones de trabajadores. De estos, aseguran que se han alcanzado acuerdos o preacuerdos en unos 900 convenios, que afectan a 700.000 empleados, si bien también se están registrando ya acuerdos parciales para seguir negociando.

En cuanto al número de trabajadores afectados por convenios pendientes de renovación, los sindicatos creen que podría reducirse drásticamente en poco tiempo si se van firmando acuerdos sectoriales, que amparan a grandes masas de trabajadores. En cualquier caso, los datos disponibles no son del todo fiables, por lo que las partes han pedido al Ministerio de Empleo que les ayude a conformar un listado más aproximado. Y es que la casuística en el caso de estos convenios es compleja. Existen acuerdos colectivos que por pacto expreso de las partes quedaron denunciados en el momento de vencer, con lo que no aparecen en los registros --un número relativamente bajo, según los sindicatos--.

Además, hay convenios a los que se les ha perdido la pista porque la empresa ha echado el cierre, y otros fueron denunciados, pero en medio del proceso de negociación se abandonaron por otros convenios de ámbito superior.

Publico

6.202.700 parados

La Unión Sindical Obrera (USO) ve con preocupación cómo los datos de la EPA correspondientes muestran la cruda realidad de nuestro mercado laboral y suponen un jarro de agua fría a las expectativas de crecimiento y son fruto de la recesión en que estamos inmersos como consecuencia de las políticas de ultraausteridad que nos impone el Gobierno al dictado de la troika comunitaria.

Es de sabios rectificar, si tras 15 meses de Gobierno, nada mejora, especialmente en materia de empleo, deben acometerse reformas en otra dirección para posibilitar políticas de crecimiento generadoras de actividad económica y por tanto que contribuyan al mantenimiento y creación de empleo.

La inminente revisión del “increíble” cuadro macroeconómico que sirvió de base a los Presupuestos Generales del Estado, hace que estos, una vez más, sean papel mojado.  Con un decrecimiento del PIB entorno al 1,5 %, el empleo se resentirá más y seguirá destruyéndose. No sirven falsos consuelos de que el desempleo ha crecido menos que en el año anterior. La cruda realidad es que seguimos destruyendo empleo: 798.500 personas que estaban trabajando y ya no lo están, personas que contribuían a los ingresos del Estado y ya no lo hacen. Esta disminución del número de ocupados unido a un descenso de la población activa de 235.300 personas, hace que los datos sean de especial gravedad, más aun que el número de desempleados en el mismo período se incrementase en 563.200 personas hasta alcanzar la cifra del 6.202.700 desempleados, situando la tasa de paro en el 27,16%.

La ocupación disminuye tanto en el sector privado como en el sector público, si bien en números absolutos lo hace más en el sector privado, en términos relativos se está destruyendo más en el público con un descenso del 8, 32%, que más que duplica la del sector privado 3,77%.

La USO pide al Gobierno que “piense más en las personas, y menos en las instituciones, especialmente las financieras, y ponga los recursos al servicios de las personas, con especial atención a las más necesitadas, como son los que conforman los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro que se han incrementado en 72.400 y se sitúa en 1.906.100”.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid rozamos los 700.000 parados y llegamos al 20% de desempleo. Mientras esto ocurre, tenemos que ver todos los días cómo empresas, con beneficios económicos demostrados, mandan a cientos de personas a la calle mediante EREs y ERTEs buscando, en muchos casos, financiarse con dinero público.

“Estamos ante una situación de extrema urgencia. La población ya no puede más y estamos al borde del estallido social. Se está especulando con las personas como quien “juega” en bolsa”, afirma Javier Blanco, Secretario General en funciones de USO-Madrid.

“Desde USO-Madrid abogamos por un cambio inmediato en la actual política económica hacia un modelo expansivo, que beneficie a las personas y deje de beneficiar a los causantes de esta crisis”, concluye Blanco.

USO

USO-Madrid

USO convoca su 10º Congreso Confederal para finales del mes de noviembre

El 116 Consejo Confederal de la Unión Sindical Obrera, reunido en Madrid los pasados días 11 y 12 de abril, ha aprobado la convocatoria del 10º Congreso de la USO que tendrá lugar a finales del mes de noviembre de este año. Asimismo ha aprobado por unanimidad el informe de gestión de la comisión ejecutiva confederal presentado por el secretario general, Julio Salazar.

El Consejo Confederal considera que el mandato que expira este año ha estado marcado por la dinámica de la crisis económica y de las políticas de ajuste aplicadas y así va a seguir siendo a partir de la celebración del 10º Congreso. Por ello la USO debe volver a demostrar su capacidad y fuerza basadas en la plena vigencia de sus principios y objetivos ideológicos para, tratar de revertir la situación en que nos encontramos inmersos y, a su vez, repensar la estructura, medios económicos y humanos y en definitiva su estrategia para seguir construyendo un sindicato más cercano y más auténtico. Todo ello desde nuestros principios y valores tales como la austeridad, la militancia y la transparencia tanto internas como externas.  Para impulsar la capacidad de acción transformadora con nuestras propuestas, acciones, alianzas y estrategias deberemos reorientar nuestro Plan de Acción.

El reto del 10º Congreso en definitiva es sentar las bases de la acción ante los tiempos duros que vivimos y que se avecinan desde todos los órdenes, económicos, social, laboral, de derechos, etc. Para ello nada mejor que llevar a cabo un análisis riguroso de la realidad, hacer valer de nuevo los valores con los que hemos venido trabajando y volver a apostar por la plena vigencia de nuestras reclamaciones en pro de la honestidad, transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la reforma electoral tanto política como sindical.  

Asimismo la USO deberá apostar por un firme compromiso de acción sindical en la Negociación de los Convenios Colectivos, la Salud Laboral, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa. Y todo ello enmarcado en la idea de la construcción de la Europa Social y Solidaria a partir de nuestras firmes convicciones por otra Europa que llevamos años manteniendo en línea con las propuestas de la Confederación Europea de sindicatos.

Julio Salazar, en su intervención al presentar el informe de gestión de la comisión ejecutiva confederal, ha realizado un pormenorizado repaso a la situación  social, laboral, política y en definitiva humana a la que nos enfrentamos. Partiendo de una pregunta sobre hacia donde se dirige Europa y por ende España, ha desgranado el largo catálogo de errores cometidos por la Troika y por el Gobierno español a la hora de encarar la crisis y aplicar reformas. Julio Salazar ha constatado en nombre de la CEC, la ineludible necesidad de imprimir un cambio radical a las políticas europeas y españolas apostando por las personas y su realidad y no por los intereses del conglomerado económico-financiero que dirige de una manera antidemocrática las decisiones que se timan a todos los niveles.

Por último el secretario general confederal de la USO ha explicado como la realidad española ha marcado la movilización constante del sindicato en los últimos meses conjuntamente con otras organizaciones sociales y sindicales en el marco de actuación conjunta de la Cumbre Social y de las propuestas de acción de la Confederación Europea de Sindicatos, CES. También ha sido muy significativa la movilización sectorial protagonizada por la USO.

Por último Julio Salazar ha recordado a todos que las circunstancias y la intransigencia europea y española va a propiciar que este marco de movilización intensa se prolongue durante los próximos meses.

USO

CCOO y UGT cobraban "sin trabajar"

La juez que investiga los ERE falsos cree que "las piezas del puzzle comienzan a encajar" en cuanto al "enorme perjuicio" que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el "negocio" en que se convirtieron las ayudas y el "presunto empecinamiento de la Junta" en tener fondos sin control.

En el auto por el que ordenó prisión sin fianza para los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la juez Mercedes Alaya insiste en su acusación contra los sindicatos CCOO y UGT, que cobraron comisiones "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno", pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".

Los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza "de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto", dice Alaya en un auto al que ha tenido acceso EFE.

En cuanto a la Junta, la juez afirma que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que "estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas".

La juez recoge que, hasta ahora, el principal debate de su investigación ha sido la presunta ilegalidad del mecanismo de transferencia de financiación usado para conceder las ayudas, figura que evitaba cumplir los requisitos para otorgar subvenciones según la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones y que obviaba el control de la Intervención General de la Junta.

Pero ahora, las últimas investigaciones de la Guardia Civil "han puesto de manifiesto un elemento nuevo que dota a la trama investigada de una visión mucho más amplia, como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar", dice Alaya en su auto.

Este elemento es el sobrecoste que cada ERE ha supuesto, durante más de una década, para las arcas andaluzas y que ahora "ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía en disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones".

Alaya implica como presunto conocedor de las irregularidades al consejero de Empleo -que entre 2004 y 2010 fue Antonio Fernández, ya imputado- pues las sobrecomisiones "se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director general de Trabajo", el encarcelado Francisco Javier Guerrero, pero "con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos", en este caso el consejero y Pascual y Vaqué, estos dos últimos también en prisión.
 
Igualmente, hace mención al "conseguidor Juan Lanzas, persona muy próxima a los sindicatos, Comités de Empresa y a la Administración", a quien los responsables de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, por proporcionarles negocio, "le hacían llegar su parte de dinero a través de facturas falsas". Sólo entre 2003 y 2007, le hicieron transferencias de 1.964.763 euros.

El Confidencial

Nueva Reforma de la Pensiones

El Gobierno aprueba medidas para fomentar el envejecimiento activo y evitar la discriminación por edad en el empleo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, con el objetivo de abordar la transición entre vida activa y jubilación.

Sus objetivos principales, según el Gobierno, son: reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, impulsar el envejecimiento activo y luchar contra la discriminación por razón de edad en el empleo. Estos objetivos se alcanzan mediante medidas en tres ámbitos: jubilación anticipada y parcial, compatibilidad entre trabajo y pensión, y lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.

Valoración:

Desde la USO entendemos que estas nuevas medidas aprobadas como RD por el ejecutivo deben tramitarse como Proyecto de Ley para permitir su debate, más allá del producido en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, ámbito en el que nuevamente no se ha alcanzado el necesario consenso.

Una vez más el Gobierno entra por la puerta que otros dejaron abierta, ya que las medidas contemplan la adecuación de las modificaciones realizadas por el anterior Gobierno mediante el Acuerdo Social y Económico, a las situaciones derivadas de la distintas modalidades de jubilación anticipada.

Ahora se aplicará a las jubilaciones anticipadas y parciales, la extensión de la edad de jubilación y de los años de cotización que pactaron el Acuerdo Social y Económico.

La supuesta homogenización del subsidio para los mayores de 55 años, teniendo en cuentas las rentas de la unidad familiar, sería entendible si su objeto fuese priorizar un ingreso para las personas más necesitadas. Si eso fuese así, el subsidio debería otorgarse en función de las necesidades de las personas que dejan de percibir la prestación con independencia de su edad.

Pero lo único que hace la actual modificación es dejar sin acceso al subsidio a un numeroso colectivo, para los que la vaga promesa de las políticas activas de empleo, no les genera recursos para su subsistencia. La desaparición del subsidio traerá consigo para los mayores de 55 años, dejar de cotizar a la Seguridad Social, lo que conllevará una merma adicional en su futura jubilación.

En cuanto al factor de sostenibilidad, introducido en la anterior Reforma, lo razonable sería definir primero los parámetros del mismo, realizar su estudio e impacto, y en función de la conclusiones proceder o no a reformar el sistema. Una vez más, y lo hizo el anterior Gobierno, se empieza la casa por el tejado. Primero se reforma y después se estudia el impacto de la Reforma.

Contenido de la Reforma:

Prolongación de la vida laboral

El Real Decreto Ley establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión, en línea con la Recomendación duodécima del Pacto de Toledo.

Dicha Recomendación señala: "Es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador (…) favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a la jubilación (...). La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y voluntariamente opten por acogerse a ella (...). Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva que permitan la coexistencia de salario y pensión".

Jubilación anticipada

El RD modifica la jubilación anticipada en los siguientes términos:

• Se mantiene el esquema general de la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, del 1 de agosto de 2011, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.

• Se incrementa gradualmente la edad mínima de acceso, de forma coherente con el incremento paulatino de la edad legal de jubilación previsto en la Ley antes citada. De esta forma, la edad de jubilación anticipada voluntaria se elevará progresivamente de los 63 años actuales a los 65 años en 2027, y la de jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63 años en el mismo período.

• Se introduce una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad y contributividad.

• Se fija un período mínimo de cotización de 35 años en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y de 33 años en el caso de la jubilación anticipada forzosa.

• Así, para la jubilación anticipada voluntaria se establece una reducción por trimestre del 2 por 100 para períodos de cotización inferiores a 38 años; del 1,875 por 100 para períodos de entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, del 1,7 por 100 para periodos entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses y del 1,625 por 100 a partir de los 44 años y seis meses. Para la jubilación anticipada involuntaria se establece una reducción de 1,875 por 100 para los periodos de cotización de hasta 38 años y seis meses, del 1,750 por 100 para periodos entre 38 años y seis meses y del 1,625 por 100 para periodos a partir de los 41 años y seis meses.

Jubilación parcial

Se producen las siguientes modificaciones:

• Se limita al 50 por 100 la reducción máxima de jornada con carácter general.

• Se permitirá alcanzar el 75 por 100 de reducción máxima cuando la medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que le reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.

• Se eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años (25 años en el caso de personas con discapacidad).

En todos estos supuestos, jubilación anticipada y parcial, se respetan los acuerdos alcanzados con anterioridad y debidamente registrados.

Compatibilidad entre trabajo y pensión

El Real Decreto Ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo.

• Se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50 por 100 de la pensión.

• Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales. Se introduce, no obstante, una cotización de "solidaridad" del 8 por 100 (6 por 100 a cargo de la empresa, 2 por 100 a cargo del trabajador).

• Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.

• Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100 por 100 de la base reguladora.

• Se establecen para los funcionarios públicos condiciones semejantes de compatibilización de empleo y pensión.

Factor de sostenibilidad

Se creará, en el plazo de un mes, un Comité de Expertos para el estudio del Factor de Sostenibilidad y la remisión de una propuesta al Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la Disposición Adicional 59 de la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, del 1 de agosto de 2011.

Discriminación por edad

El RD modifica la disposición adicional decimosexta de la citada Ley que regula las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas o grupos de empresas que ocupen a más de cien trabajadores con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a personas de cincuenta o más años.

Se está produciendo un acortamiento de la vida laboral (más del 40 por 100 de las jubilaciones era anticipada) y enormes cargas al sistema (la mayor parte de las jubilaciones anticipadas accedía desde prestaciones y subsidios). Por ello, se modifica la compensación que deben pagar las empresas de mayor tamaño por la inclusión de trabajadores de más edad en despidos colectivos.

• Se exige la compensación no sólo a las empresas que estuvieran en situación de beneficios, sino también a aquellas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos. El objetivo es desincentivar la inclusión de trabajadores mayores en despidos colectivos, mucho más difíciles de reinsertar en el mercado laboral.

• Para evitar que se utilice la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido, la obligación se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.

• Se homogeneiza la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema, teniendo en cuenta las rentas de la unidad familiar, y se refuerzan las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.

USO

USO-Madrid

USO pide al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que paralicen los desahucios

La Unión Sindical Obrera (USO) quiere manifestar su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que  considera abusiva la ley española sobre desahucios.

A partir de esta sentencia, el Ministro de Justicia debe proceder de manera inmediata a paralizar las ejecuciones de desahucios en marcha, así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dando instrucciones a los jueces para que procedan a suspender los procedimientos iniciados.

Es necesario una reforma en profundidad de nuestra normativa, para adaptarla al mandato de la UE, partiendo de la ILP en trámite en el Congreso de los diputados para conseguir una Ley Hipotecaria, que regule los posibles desahucios, y termine con los intereses abusivos que tras un impago hacen imposible saldar la deuda contraída. Igualmente deben desparecer las clausulas abusivas que permiten a la entidad financiera  reclamar la devolución del pago total del crédito por dejar de pagar incluso una sola de las cuotas hipotecarias.

La cifra de la vergüenza: 5.040.222 desempleados registrados

La Unión Sindical Obrera considera lamentable el nuevo récord establecido por el Gobierno en materia de desempleo.

Con independencia de la estadística que utilicemos para medirlo -Eurostat, EPA, o paro registrado en el Servicio Público de Empleo-  en todas batimos récord. La dura realidad es que estamos por encima de los 6 millones de desempleados según Eurostat, y de los 5,6 millones según el SPEE. Y lo importante no es ya que estadística mide mejor la realidad del país, sino las personas afectadas por las mismas, para las cuales el debate de si el ritmo de destrucción de empleo se ha ralentizado es estéril. El que nos se consuela es porque no quiere. Si no que se lo pregunten a los 2.551.843 desempleados que están sin percibir ningún tipo de prestación, un 45,5% de total de desempleados sin empleo registrados en el SPEE.

Esta situación, junto con la caída generalizada de la contratación en sus distintas modalidades, evidencia la profunda recesión de nuestra economía, la falta de actividad, y como se ha puesto de manifiesto con la caída del PIB, hay una gran contracción de la demanda interna. No hay actividad económica, lo que está repercutiendo negativamente en el empleo, como se pone de manifiesto en el descenso continuado de cotizantes a las Seguridad Social.

El Gobierno debe abandonar las políticas de recorte, que nos han llevado a esta situación, y estimular el crecimiento, desarrollar inversiones productivas que generen actividad económica y empleo, y que por tanto ayuden a reducir el déficit por la vía de generar ingresos, y no sólo reduciendo gastos.

Madrid junto con Andalucía las comunidades autónomas que encabezan esta lista.

En Madrid, el mes de febrero ha supuesto más de 8.100 registrados más, llegando a los 570.039 parados.

“Estos datos son aterradores y confirman por enésima vez que la reforma laboral del Gobierno ha sido un fracaso y que no ha servido nada más que para incrementar las cifras de parados”, afirma Javier Blanco, Secretario General en funciones de USO-Madrid.

“El número de contratos ha bajado considerablemente en este mes”, continúa Blanco, “la creación de políticas activas de empleo efectivas, esa es la solución; una solución que facilite encontrar trabajo y no destruirlo”.

USO

USO-Madrid