El Gobierno tiene la obligación de explicar las acusaciones de Bárcenas
La Cumbre Social denuncia la insostenible situación de nuestro país, marcada por una política económica desastrosa, que nos ha conducido a la ruina (la OCDE anunció ayer que en España no solo no bajará el paro sino que en 2014 puede llegar a una tasa cercana al 28%) y por la crisis de credibilidad del Gobierno y del PP, tras las declaraciones del que fuera el tesorero de su partido, durante más de 20 años, Luis Bárcenas. Sus duras acusaciones sobre la financiación ilegal del PP, que implican directamente a muchos de sus dirigentes, entre ellos, al que hoy es Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, requieren de una explicación convincente en el Parlamento, que se merece la ciudadanía española.
No hay que olvidar que el PP llegó al Gobierno con un programa electoral que, a estas alturas, ha incumplido prácticamente en su totalidad, y que está aplicando una política económica austericida que pone en serio riesgo nuestro modelo social y nuestro futuro como país.
Llama la atención que el Presidente apele a la “estabilidad política” y se arrope con la imagen de los distintos miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad, mientras la ciudadanía asiste atónita a “la ley del silencio” ante casos de corrupción que pueden afectar al partido del Gobierno y sufre los efectos directos de la política económica que se está aplicando (paro, precariedad, recortes en servicios públicos esenciales, menoscabo de los derechos sociales y laborales).
Crece la indignación y la exigencia de responsabilidades, crece la demanda de una democracia más participativa, frente al fraude de la derecha de hacer lo contrario de lo que prometió.
La Cumbre Social se hace eco de este descontento social y pide al Ejecutivo de Rajoy que rectifique, que actúe con transparencia, decisión y responsabilidad. Advierte del riesgo de que siga aumentando el distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones democráticas que les representan.
Y, ante el anuncio de la posible aprobación en el Consejo de Ministros del 19 de julio del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, le exige una reforma consensuada, que respete la autonomía local, los servicios públicos esenciales, con políticas de sanidad, educación, igualdad, servicios sociales, etc. que garanticen el Estado de Bienestar y la cohesión económica social y territorial. Por ello, apoya todas las movilizaciones que sobre este tema se van a desarrollar durante el día de mañana en diversos territorios de nuestro país.
La Cumbre Social, por último, cree imprescindible una profunda regeneración de la democracia, una auténtica ley de transparencia y un cambio de la ley electoral para facilitar la participación de la ciudadanía en nuestro sistema democrático.
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