Noticias, Comunicados y Prensa

La crisis puede llevar a una gran regulación en la industria aseguradora

Cerca de 70 expertos y profesionales de seguros de todo el mundo se han dado cita con motivo del 25º aniversario de programa de estudios de la Asociación de Ginebra sobre regulación, supervisión y cuestiones legales. Entre los ponentes del encuentro, estuvieron Peter Braumüller, presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), y Roger Sivegny, presidente de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) de Estados Unidos.

Con motivo de esta reunión se llevó a cabo entre los asistentes un estudio especial sobre la regulación y supervisión de la industria aseguradora que, entre otras cuestiones, pone de manifiesto, según el 80% de los expertos consultados, que las cargas regulatorias para el seguro se incrementarán en el futuro. En esta línea, más de dos tercios opina que las amenazas por la crisis financiera llevarán a un exceso de regulación en la industria aseguradora.

El 71% de los expertos consultados en esta encuesta apunta también a la expectativa de un comportamiento más proteccionistas que afectará a los negocios internacionales de seguros. Y otro 57% considera que las perspectivas de futuro para la bancaseguros se ven negativamente impactadas por la crisis financiera global.

Desde la Asociación de Ginebra se destaca, por último, las opiniones divididas sobre si la nueva regulación supondrá un cambio en la posición competitiva de las aseguradoras frente a otros actores de servicios financieros: mientras un 46% afirma que habrá cambios en el escenario de la competencia, un 22% se muestra contrario, y un 32% no sabe.

“Los resultados del estudio revelan que el exceso de regulación constituye una amenaza real para la industria aseguradora, una preocupación compartida por algunos órganos reguladores y supervisores. También resulta interesante observar que los participantes en el estudio señalaron la contabilidad como el área más necesitada de revisión. Se trata de un área que algunos expertos consideran factor de influencia en la crisis financiera, mientras que otros lamentan la falta de correspondencia entre el panorama contable y la realidad económica en las compañías aseguradoras. Además, el amenazante resurgimiento de las tendencias proteccionistas podría afectar de forma negativa a la integración global y al crecimiento de las operaciones de aseguramiento”, remarca Patrick Liedtke, secretario general y director general de la Asociación de Ginebra.

Iseguros.es

El Gobierno controlará con ahínco las inversiones del seguro

Pone énfasis en participaciones financieras e inmobiliarias.

La Dirección General de Seguros (DGS) mantendrá la lupa sobre las inversiones financieras e inmobiliarias de las entidades a su cargo en 2009, de forma que los compromisos contraídos con los clientes estén siempre respaldados.

Las turbulencias financieras no dan tregua. Por eso, la Dirección General de Seguros (DGS) prestará especial atención a la marcha de las participaciones financieras y a las inversiones inmobiliarias de las entidades aseguradoras. "En los últimos meses las inversiones viven una situación especialmente complicada en todo el mundo. La marcha del Ibex 35, el Euro Stoxx, la renta fija o los tipos de interés así lo refleja", explicó ayer el director general de seguros, Ricardo Lozano.

El responsable del organismo supervisor apuntó durante la presentación del Informe de Seguros y Planes de Pensiones 2008 que "a lo largo del año pasado hemos realizado un seguimiento continuado de aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones para detectar cualquier tipo de problema". A pesar de los vaivenes de los mercados, el seguro logró reforzar su situación de solvencia. Según el estudio del regulador, el superávit patrimonial sobre la cuantía mínima de margen de solvencia legalmente establecida ascendió a 17.198 millones. De hecho, el superávit de activos aptos para la cobertura de provisiones técnicas se incrementó un 50,25%, hasta 30.883 millones. Lozano aclaró que este ejercicio se prestará especial atención a "las empresas de reducida dimensión o en situación de control especial". En este contexto se encuentran Cahispa y la Mutua de Ferroviarios. Asimismo, la DGS dedicará un esfuerzo adicional a revisar las empresas que operan en ramos sujetos a una fuerte competencia como, por ejemplo, el de autos. El supervisor desea evitar que las guerras de precios empujen a algunas firmas a prácticas comerciales imprudentes por la sangría de clientes. El Informe de Seguros y Planes de Pensiones 2008 también desveló que cada español tenía contratados pólizas que sumaban 1.300 euros en primas brutas de media. Esta cifra es un 4,1% más alta que la anotada hace un año. La industria aseguradora representa un 5,35% del PIB. Durante el pasado ejercicio ingresó 58.603 millones en concepto de primas por seguro directo y reaseguro, un 6,4% más. El ramo de no vida aportó el 55,62% de este dinero, mientras el 44,38% restante corresponde al negocio de vida. Las primas de no vida subieron un 2,4% y los ingresos del ramo de vida anotaron un alza del 11,88%. Sin embargo, esta última cifra enmascara una fuerte rotación del ahorro entre productos y compañías. La realidad es que el patrimonio administrado por el seguro decreció un 2,61%, hasta 122.625 millones. Por su parte, los fondos de pensiones redujeron un 10% el patrimonio bajo su gestión, hasta 79.175 millones de euros, debido a la reubicación del ahorro en otros productos, como los planes de previsión asegurados (PPA). El número de partícipes de los planes aún sube: un 2,3%, hasta 10,64 millones de personas. No obstante, la inmensa mayoría de ellos (83,4%) ni si quiera reserva 900 euros al año para su jubilación. Los fondos privados de pensiones se crearon en España hace 20 años. El ahorro acumulado en este tiempo y el envejecimiento de sus partícipes hacen que ya se paguen prestaciones. En 2008, éstas sumaron 3.683 millones, un 13,5% más.

Las pólizas ligadas a hipotecas disparan las quejas

Desde hace años la Dirección General de Seguros (DGS) critica la práctica de bancos y cajas de comercializar hipotecas con seguros de vida y pólizas de multirriesgo. El Informe de Reclamaciones 2008 difundido ayer confirmó que los temores del organismo que lidera Ricardo Lozano no eran infundados.

En 2008, la DGS recibió 7.032 expedientes, un 28% más que un año atrás. Y de éstos, 4.592 cumplían los requisitos para dar lugar a un procedimiento formal de reclamación (+31%). Ayer, el director general de seguros no tuvo apuro en reconocer que "existe una relación entre este repunte y las prácticas comerciales de venta empaquetada de seguros con hipotecas". Las dificultades económicas que atraviesan las familias se han traducido en un aumento de la morosidad en la cartera de créditos de la banca. Pero también en un incremento de los incidentes de todo tipo con las pólizas ligadas a las ofertas hipotecarias de las entidades. Entre los expedientes iniciados, 3.933 corresponden a reclamaciones de seguros (+30,5%), 146 a fondos de pensiones (+87%), 58 a mediadores (+107%). Las consultas crecieron un 63,6%, hasta 319; en cambio las quejas bajaron un 50%, de 28 a 14. En 2008, el servicio de reclamaciones resolvió 6.003 expedientes (+12,1%). De éstos, una tercera parte fue favorable al interesado, otra a la entidad y en el tercio restante de casos la DGS prefirió no pronunciarse en favor de ninguna de los involucrados. Por grupos, Mapfre Familiar fue el que más reclamaciones recibió (331) en términos absolutos. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de quejas en relación con la facturación, la peor ubicada fue Mondial Assistance. Esta filial de Allianz tuvo 65 reclamaciones o 0,9067% quejas sobre su volumen de primas.

l Ricardo Lozano desea seguir al frente de la Dirección General de Seguros (DGS) a pesar del relevo de Pedro Solbes por Elena Salgado al frente del Ministerio de Economía y de la dimisión de David Vegara en la Secretaría de Estado de la que depende su organismo. "Mi voluntad es la misma que hace cinco años, cuando me incorporé a este cargo", dijo ayer el máximo responsable del supervisor.

Cinco Dias

El Gobierno solo garantiza las pensiones hasta 2025

Corbacho, garantizó hoy que los más de ocho millones de pensionistas españoles pueden estar tranquilos con sus pensiones.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, garantizó hoy que los más de ocho millones de pensionistas españoles pueden estar tranquilos con sus pensiones no sólo este año ni el próximo, sino hasta 2025, fecha en la que la Seguridad Social calcula que aparecerían problemas si antes no se hacen reformas.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP Tomás Burgos durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Corbacho recordó que la Seguridad Social registró un superávit de 14.000 millones de euros en 2008, que los actuales cotizantes superan los 18 millones, que el Fondo de Reserva está en un máximo histórico de 58.000 millones de euros, y que la relación afiliados/pensionistas se mantiene en 2,6 "a pesar de la crisis" y de la caída de cotizantes.

Además, tal y como aseguró unas horas antes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Corbacho insistió en que la Seguridad Social tendrá superávit este año. En concreto, la Intervención General de la Seguridad Social estima que el sistema registrará un saldo positivo de 5.586 millones de euros en 2009, aproximadamente el 0,5% del PIB.

Según fuentes de Trabajo consultadas por Europa Press, para realizar este cálculo, la Intervención se ha basado en los datos de ejecución presupuestaria del primer trimestre del ejercicio. Esta estimación, por tanto, podría cambiar en función de cómo evolucione el sistema en los próximos meses, en los que el empleo se comporta normalmente de una manera más favorable, con lo que el superávit podría incluso llegar a superar el 0,5% del PIB.

"Todo esto hay que decirlo claro y alto y a partir de aquí, en el Pacto de Toledo, hablemos de 2020, pero no de 2009 ni de 2010, porque los pensionistas pueden estar seguros en 2009 y en 2010 y hasta 2025", subrayó el ministro tras enumerar los datos antes citados.

PP: CORBACHO, "EL TORQUEMADA DE LAS PENSIONES".

La pregunta del diputado del PP, formulada al hilo de la polémica en torno a las previsiones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre el futuro de la Seguridad Social, se convirtió en un cruce de declaraciones y reproches entre Burgos y Corbacho.

En concreto, el diputado ’popular’ acusó al ministro de haberse erigido estos últimos días en un "Torquemada de las pensiones", de haberse enfrascado en una "absurda polémica" con el gobernador del Banco de España y de haber llevado la "intranquilidad a millones de españoles" en lugar de estimular un debate, el del futuro del sistema de la Seguridad Social, muy necesario para el país.

"Con sus antecedentes (a la hora de hacer previsiones), ¿desacredita usted y en tozo amenezante? De un ministro de esperan resultados y no cazas de brujas sobre opiniones que deberían tenerse muy en cuenta en un país democrático", subrayó Burgos.

Corbacho se defendió alegando que no ha querido desprestigiar las informaciones del Banco de España, institución a la que dijo profesar respeto, pero sí insistió en que las previsiones para este año son de superávit en la Seguridad Social, y no de déficit, como apuntó hace unos días Fernández Ordóñez.

El ministro señaló además que "los únicos que crean alarmismo e incertidumbre y que no se ajustan a la realidad" son los representantes del PP. A Burgos, Corbacho le reprochó especialmente que nunca le interpele para transmitir tranquilidad a los pensionistas españoles.

Europa Press

Los impagos en Madrid aumentan un 25,6%

Los efectos impagados del mes de febrero en Madrid ascendieron a 101.780, es decir, 20.779 más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento, situado en un 25,6%, “si bien supone una ralentización del ritmo de crecimiento de impagados, respecto a enero, sigue siendo un dato muy negativo”, en opinión del secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

El porcentaje de efectos impagados sobre vencidos aumentó más de dos puntos en un año, alcanzando un 6,6%; cifra superior a la media española situada en el 6,2% y bastante por encima de las tasas correspondientes a otras comunidades con similar nivel de renta, como Cataluña (5,7%), País Vasco (4,4%) o Navarra (4,6%).

Así mismo, el importe medio de los impagos madrileños disminuyó en 455 euros, más del triple que la reducción del importe medio de los impagos en España, que lo ha hecho sólo en 170 euros. En todo caso, si la cuantía media de los impagos de los españoles asciende a 2.888 euros, la de los madrileños es de 2.460, lo que evidencia, en opinión de Cedrún, que “los problemas de liquidez de las familias y las empresas de esta comunidad son mayores que en el resto del país.”

CCOO de Madrid viene reclamando actuaciones de apoyo financiero, tanto a las empresas, como a las familias, con medidas encaminadas al mantenimiento de las rentas como factor clave para la salida de la crisis. Entre las medidas de apoyo financiero a las empresas, el secretario de Política Institucional destaca la creación del observatorio financiero regional destinado al análisis, participación y estudio de la realidad, así como la puesta en marcha de un nuevo Plan Impulsa Express con el objetivo de facilitar el apoyo financiero a pymes y autónomos.

El sindicalista ha subrayado, finalmente, la urgencia de establecer medidas dirigidas al mantenimiento de las rentas que incluya la creación de una Renta Activa Madrileña para la población desempleada sin cobertura económica, así como la mejora de la Renta Mínima de Inserción como derecho de la ciudadanía, que agilice los procedimientos de gestión y coordinación. Y ha reclamado al Gobierno regional “el establecimiento de instrumentos ante el sistema financiero privado para apoyar a las familias con dificultades por la pérdida de empleo, con el objetivo de afrontar pagos de hipoteca o alquiler de vivienda, así como el incremento de las ayudas para gastos básicos como son el comedor y el material escolar o las tasas de matrícula para la universidad de sus hijos”. Medidas incluidas en las propuestas unitarias que los sindicatos han realizado ante las mesas de negociación del Plan de Choque para la Reactivación Económica y del Empleo de la Comunidad de Madrid.

«En un año habrá cinco millones de parados»

El presidente de Adecco España insta a tomar medidas para que España no acabe con un nivel de desempleados sin precedentes.

La crisis económica está pasando una factura notable a todo el sector de empresas de trabajo temporal. Adecco, aunque líder, también sufre, pero su presidente hace un análisis que va más allá de las necesidades de la empresa y reclama con urgencia reformas para reactivar la economía.

- ¿Qué previsiones tiene de la evolución del empleo?

- El mercado de trabajo está pasando por la situación más difícil y negativa de los últimos 25 años. Estamos en un 17% de tasa de paro. Seguimos yendo a un ritmo de casi 6.000 parados al día, y sin visos de que se ralentice.

- ¿Hasta qué niveles puede seguir subiendo el paro?

- Hoy estamos en 3,6 millones de parados, que es ese 17%. En cuatro millones vamos a estar antes del verano. No hay ningún indicador, ninguna medida, ni ningún plan de choque, que permita atisbar una ralentización en el crecimiento del paro.

- Ni siquiera el Plan E, que parece un mero parche.

- Pues sí. Habría que diferenciar entre qué medidas van destinadas a mejorar la competitividad y la productividad, que debería ser el objetivo, y qué medidas no contribuyen a ello y lo que van a hacer es estabilizar la subida del empleo, sin tener mayor efecto que mantener un contrato durante un tiempo. Y, además, con el efecto perverso de incrementar la alta tasa de déficit del Estado.

- Y una vez que los efectos de las obras de los ayuntamientos se agoten, ¿hasta dónde podemos llegar?

- Nosotros pensamos que al final de este año el desempleo estará cerca del 20%, y en el segundo trimestre de 2009 va a haber cinco millones de parados en España.

- Sin embargo, pese a estas duras cifras, el debate se centra en cómo pagar las prestaciones de esas personas y no en cómo darles empleo.

- Los representantes de los trabajadores no deberían desgastarse para que este país pueda garantizar las prestaciones de cinco millones de parados, sino pelearse para ver cuáles son las soluciones para que no haya cinco millones de parados. Para que la gente trabaje, tiene que haber protección para los parados, pero lo que hay que hacer es pelearse para mantener la tasa de desempleo en el 10%. Ese es el desgaste, y no tengo la sensación de que desde esa parte (los sindicatos) la negociación se aborde de esa forma.

- El diálogo social, en todo caso, tampoco da frutos tras más de un año de trabajos. Los agentes sociales no han estado a la altura.

- Absolutamente. A día de hoy hemos perdido mucho tiempo. No han estado a la altura. España puede ponerse delante de los problemas con mucha más contundencia. Y luego, no digo que tenga que haber una huelga general, pero sería una buena noticia que la hubiera, porque sería la reacción a que algo se ha hecho.

- ¿Hay riesgos sociales por el elevado repunte del paro?

- El lado perverso del desempleo es que, a un plazo, o se genera una oportunidad para el demandante o esos trabajadores van a dejar de cobrar el desempleo. Ya hay un millón que no cobran, y a este ritmo dentro de un año habrá dos millones y medio. Se puede generar un cisma social en un país como el nuestro, ya que la mayor parte de esos parados tienen deudas. Es muy peligroso.

- ¿Confía en que el cambio de Gobierno aporte algo?

- Por naturaleza soy optimista, pero lo que ocurre es que también hay que ser realista. España tiene cualidades, somos un gran país, pero soy escéptico, porque veo las mesas del diálogo social y no avanzamos. Me gustaría un poco más de determinación y de voluntad.

- En la última reforma laboral se retiraron algunas de las penalizaciones que sufren las ETT, pero aún tienen limitaciones en ciertos sectores y para canalizar empleo fijo.

- Hay países que han abordado el problema del paro convirtiendo a las ETT en agencias privadas de empleo. Los países en los que las ETT están más desarrolladas tienen menos paro y más próspero es el tejido empresarial. Aquí seguimos con limitaciones y con una infrarrepresentación, ya que canalizamos menos del 1% de la población activa, cuando la media de la UE es casi del 3%.

- ¿Ve necesarios retoques en el mercado de trabajo?

- Hace falta una reforma laboral de calado. En muchos casos, reconociendo una situación coyuntural de forma que las medidas pudieran no consolidar. Si estamos en un momento de evidentes dificultades, quizá hay que sobrerreacionar con medidas de igual calado. Ahora, este país está empezando a darse cuenta de la que está cayendo.

- ¿Se debe abaratar el despido?

- Pueden ser necesarios nuevos contratos con menos obligaciones que permitan, de alguna manera, que el empresario tenga menos miedo y dificultades para contratar.

Juan Emilio Maíllo
El Mundo

De mal en peor: El paro en España alcanza el 17% en el primer trimestre de 2009

El deterioro laboral sigue su curso y, como consecuencia, el umbral psicológico del 20% de paro está cada vez más próximo. El último Boletín de Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT adelanta los principales indicadores que arrojará la Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer trimestre de 2009 (ITR09), que se hara público el próximo 24 de abril: la tasa de paro se situará en torno al 17% y se destruirán 600 mil empleos netos respecto al mismo periodo del año anterior (-5,6%). Esto supondría una pérdida de 1,1 millones de empleo en el último año.

Además, el Indicador mensual AML Afi-AGETT vislumbra un posible suelo en el ritmo de destrucción de empleo cercano al -7% en los últimos meses del último trimestre. En concreto, estima caídas interanuales del empleo (equivalente EPA) del 6,5% para el mes de abril y del 6,8% para mayo y junio. En este último ya se habrán destruido 1,4 millones de empleos (en el mismo periodo del año anterior sólo se destruyeron 131.000). No obstante, advierte que el carácter estacional característico de los meses próximos podría estar enmascarando verdaderas tendencias que llevará algún tiempo confirmar.

Pese a todo, el análisis de los datos correspondientes al mes de marzo ofrecen una visión muy preocupante sobre la crisis laboral que sufre España. Así, el informe señala que "ya se suman 20 meses de deterioro laboral con 1,64 millones de parados más y 1,43 millones de afiliados menos".

La afiliación suma en marzo 20 meses de reducción del número de cotizantes a la Seguridad Social. En dicho periodo, 1,43 millones de afiliados han perdido su empleo y 1,64 millones se han apuntado a las listas del Servicio Público de Empleo (SPE). "El registro de afiliados está a las puertas de perder de vista los 18 millones", añade.

Peor la industria que los servicios

La industria manufacturera destruye el 98% de los empleos perdidos en el sector industrial. Todos los sectores, excepto la agricultura, pierden empleos en el primer trimestre del año. El sector industrial y el de la construcción lideran la destrucción de puestos de trabajo en dicho periodo. El 98% de la destrucción de empleo en la industria se produce en la rama manufacturera (277.000 empleos de un total de 283.000).

Respecto al paro registrado, el sector industrial registra en marzo, por quinto mes consecutivo, incrementos interanuales superiores al de los servicios. La construcción estabiliza el ritmo, pero aún en niveles muy elevados (del 97,6% en marzo).

Parados cualificados

A pesar de que el deterioro del empleo afectó en primer lugar a aquellos con menor nivel de cualificación, "desde el último trimestre de 2008 ya se destruyen puestos de trabajo independientemente del nivel educativo".

"En el último ciclo recesivo, los trabajadores con educación superior tan sólo destruyeron empleo de manera interanual en un trimestre (-1,9% en IVTR92), mientras que en el ciclo actual la tendencia apunta a que serán más (desde el IIITR07 los ocupados con estudios superiores han perdido más de seis puntos porcentuales de crecimiento)", señala el documento.

La morosidad sube a nivel del 97

"La tasa de paro y la de morosidad son dos indicadores estrechamente relacionados", indica. Como resultado, la tasa de morosidad se situó en enero en el 3,87%, en nivel más alto desde mediados de 1997. "Ésta seguirá aumentando en los próximos meses, en sintonía con el incremento esperado de la tasa de paro para el primer trimestre, de más de 3 puntos porcentuales respecto a la de final de 2008".

Las pensiones corren peligro

Por otro lado, la destrucción laboral récord que sufre el país coloca en una situación muy delicada al sistema de pensiones público. Y es que,  "la ratio afiliados/pensionistas ha descendido hasta los niveles de 2005", alerta.

En concreto, "en marzo, la ratio afiliados/pensionistas se ha situado en el 2,62, siendo ésta la más reducida desde mediados de 2005. El superávit de la Seguridad Social disminuirá apreciablemente en 2009 y bastará con una ratio de 2,3 afiliados por pensionista para que las cuentas de la Seguridad Social rocen el déficit. Esto sucederá en 2010 aunque se estabilice el número de cotizantes".

Por último, el boletín de Afi-Agett recoge la opinión del Foro Español de Laboralistas, reúne a abogados de prestigiosos despachos y juristas del ámbito académico, bajo el título Ideas frente a la crisis.

"Desde nuestro saber hacer, como abogados laboralistas, ofrecemos unas breves ideas con el fin de suscitar un debate que entendemos necesario y urgente. En primer término urge introducir medidas fiscales que ayuden a las PYMES, sofocadas por la falta de crédito. A su vez deben fomentarse políticas de contratación que durante un tiempo determinado sean mucho más flexibles. También debería potenciarse el papel de las ETTs como agentes privados de empleo. Por otra parte es preciso fomentar, mediante cambios normativos, la contratación a tiempo parcial".

M. Llamas

Libertad Digital

¿Cuánto aguanta la chequera del Estado?

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido hoy que «no tenemos en estos momentos recursos disponibles en la caja del Estado»

En su intento por evitar la sangría del paro, el Gobierno no se cansa de repetir que los desempleados son su objetivo prioritario y que no los abandonará. La nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado en estos días su intención de «evitar la destrucción de empleo y adoptar medidas que contribuyan a la creación de puestos de trabajo». Y como nueva medida «estrella» para demostrar que el Gobierno «se mueve» propone ampliar el pago del subsidio que actualmente cobran las personas que están en paro.

El tiempo de ampliación y los detalles todavía no están concretados y la vicepresidenta tiene intención de negociarlos con los agentes sociales. Pero la propuesta ha sido contestada ya desde sectores políticos y sindicales. El PP la ha tachado de electoralista y poco eficaz para luchar contra la crisis. Y a los sindicatos tampoco les ha gustado. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido hoy que «no tenemos en estos momentos recursosdisponibles en la caja del Estado», propone usar el endeudamiento («tenemos una capacidad de endeudamiento que hace 10 ó 15 años no teníamos») y caminar hacia un modelo basado en la industria, con una política energética de primera magnitud, con mano de obra más cualificada y con un mayor desarrollo tecnológico.
Pero, ¿hasta dónde pueden las maltrechas cuentas públicas asumir ese gasto? Al mismo ritmo que crecen los parados, aumenta el gasto en prestaciones por desempleo. Según los últimos datos disponibles, los gastos totales de los servicios públicos de empleo (el antiguo INEM) para este apartado subieron un 71,1% en febrero, hasta 2.610 millones de euros. El gasto medio mensual por beneficiario de esta prestación se sitúa en 1.057,2 euros. Y actualmente, según datos del ministerio de Trabajo, se proporciona alguna prestación o subsidio por desempleo a 2,5 millones de personas.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados para este año no recogían este fuerte aumento del gasto. Ya a principios de año, el Gobierno tuvo que revisar las cifras y aprobar dotaciones especiales para pagar estas prestaciones. Fue a mediados del mes de enero cuando el Gobierno reconoció que frente al cálculo inicial de 2.000 millones previstos para el pago de estas prestaciones, la cifra se iba a elevar a 4.000 millones.

El Ejecutivo, consciente de la dificultad para asumir este nuevo gasto, ha pedido la participación «activa» de los gobiernos autonómicos para ampliar la protección social y evitar que haya trabajadores en paro que no reciban ninguna ayuda. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha explicado que debe abrirse un debate con las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo que amplíe el nivel de cobertura a través de las rentas de inserción que gestionan los gobiernos autonómicos. Y es que, según ha dicho el propio Corbacho, en la actual situación económica el número de personas que pueden encontrarse actualmente sin protección puede superar «lo que históricamente» han sido los beneficiarios de estas rentas de inserción, cuyo objetivo es evitar la exclusión social.

Al contrario de lo que en alguna ocasión advirtió el anterior vicepresidente económico, Pedro Solbes, Corbarcho asegura que «de ninguna de las maneras» se ha agotado el margen para salir de la crisis. «Tenemos margen para la inversión productiva y para garantizar la protección social, auque sea un margen menor al que teníamos hace un año»

Y estos nuevos gastos se unirán a los previstos o al menos anunciados por otro de los nuevos miembros del Gobierno. José Blanco, ministro de Fomento, ha señalado estos días su intención de priorizar las obras públicasque «ayuden a salir de la crisis» y ha marcado como objetivos prioritarios el AVE a la Comunidad Valenciana y a Galicia. Todo ello pese a que según las cifras de la patronal de grandes constructoras Seopan, el Gobierno ha reducido la promoción de obra pública un 58% hasta febrero.

A. DELGADO
ABC

El PSOE tratará de impedir en el Congreso una subida de las pensiónes de viudedad

Según los socialistas, este incremento supondría un impacto de 5.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social.

El PSOE tratará hoy de rectificar una proposición de ley de CiU que el Pleno del Congreso acordó tramitar por unanimidad en junio del año pasado, por la que la base de cálculo para la cuantía de la pensión de viudedad pasa del 52% al 70% y al 90% cuando esta prestación es la principal fuente de ingreso del pensionista, ya que, según los socialistas, este incremento supondría un impacto de 5.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social.

Así, la Ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración debatirá mañana las modificaciones propuestas por los distintos grupos parlamentarios a esta iniciativa, después de que una primera reunión de este órgano celebrada antes de Semana Santa se cerrara sin acuerdos, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Y es que los socialistas han presentado una enmienda de sustitución al texto que inicialmente aceptaron tramitar, que contempla reemplazar el incremento propuesto por un complemento "aplicable en términos análogos a los pensionistas de jubilación y de incapacidad permanente", cuya cuantía quedará determinada anualmente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha denunciado en varias ocasiones durante sus comparecencias en los últimos meses en la Cámara Baja la "inequidad" que supone la propuesta de CiU porque propone un incremento superior al de las prestaciones por jubilación.

"Puede suceder que un cotizante valga más vivo que muerto", sostuvo Granado, quien recordó que todas las pensiones mínimas "son muy bajas", ante lo que insistió en tramitar con igualdad su reforma en el seno del Pacto de Toledo. Por este motivo, pidió a los grupos parlamentarios que "arreglaran" este proyecto de ley de CiU a su paso por el Congreso.

SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS DE HECHO.

Las once propuestas del PP para enmendar el texto se centran en que los beneficios del incremento propuesto se extiendan a las pensiones de orfandad, ampliando el límite de edad para estas últimas de 18 a los 22 años, y haciéndolos efectivos incluso cuando no concurran con una pensión de viudedad.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), IU e ICV, formaciones que comparten un mismo grupo parlamentario, han presentado dos enmiendas que buscan extender los beneficios de las pensiones de viudedad a las parejas de hecho, homologando de paso la consideración de este tipo de unión al matrimonio otorgándole la "seguridad jurídica necesaria".

Por su parte, Coalición Canaria, integrada en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, han pedido que el importe mínimo de las prestaciones para las viudas no sea en ningún caso inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Europa Press

Los embargos de pisos se desbocan por el aumento del paro y de la morosidad

La banca ejecutó 58.700 hipotecas el año pasado, un 126% más que en 2007 - El poder judicial prevé que en este ejercicio se superen los 76.000 embargos.

Los bancos y cajas, empujados por el aumento vertiginoso del paro y la morosidad, dan cada vez más órdenes para quedarse con las viviendas que compraron los que ahora no pueden pagar las cuotas. El número de ejecuciones hipotecarias llegó el año pasado a las 58.686, más del doble de los 25.943 procesos abiertos en 2007. Y la tendencia, por ahora, es imparable: el último trimestre del año pasado fue, con mucho, el que más embargos registró, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por Efe.

Las demandas de ejecución presentadas a los juzgados civiles por impago de hipotecas permiten a la entidad financiera o a otro acreedor subastar el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses. El CGPJ ya había pronosticado el año pasado que estos procesos se multiplicarían por la crisis, pero entonces no previó lo hondo que caería la economía española, y estimó en unos 53.000 los embargos que se gestionarían. La realidad ha superado esta previsión en más de 5.000 solicitudes. El repunte es de tal calibre que los procesos abiertos el año pasado superan a la suma de los tres años precedentes.

Las comunidades más afectadas por la ola de embargos han sido Murcia, La Rioja, Navarra, Andalucía, Cataluña y Baleares, todas ellas con incrementos superiores al 140%. Pero el fuerte repunte afecta a toda España, ya que sólo Asturias, País Vasco, Galicia y Valencia no han llegado a duplicar sus ejecuciones hipotecarias. Frente a Murcia, que con un incremento del 168% se sitúa en cabeza, destaca Asturias, con un volumen inusualmente bajo: tan sólo 756, lo que supone un incremento del 38% respecto al año anterior.

El aumento de los embargos ha ido de la mano de la morosidad, que ya supera la fabulosa cifra de 71.000 millones. A un ritmo de crecimiento desenfrenado que no se había visto en ninguna crisis precedente, la tasa de morosidad está ahora en el 3,87% de todos los créditos concedidos por bancos y cajas. Estos números están todavía lejos de la crisis de 1993, cuando la morosidad se disparó hasta el 9%, pero los expertos creen que la brecha se estrechará rápidamente y que las entidades deberán enfrentarse en unos cuantos meses a una tasa del 7%.

La otra pata sobre la que se asienta el aumento de los embargos es el desempleo, que camina disparado hasta los cuatro millones de hombres y mujeres sin un trabajo al que ir cada mañana. Los 3,6 millones con los que cerró el pasado marzo disparan la tasa de paro hasta el 15%.

Al banco le basta un solo impago para reclamar la deuda, pero las entidades suelen esperar e intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en los casos de impagos en los que hay una garantía hipotecaria. "La carga de trabajo de los juzgados ha hecho que el proceso sea ahora más largo. A pesar de que en teoría no debería superar el mes y medio, los más cortos están entre tres y cuatro meses, y los más complicados pueden superar el año de duración", sostiene el abogado Rafael López Cantal, que desde su despacho de Granada observa cómo se ha disparado este tipo de consultas. "Y no sólo de ejecuciones hipotecarias. También han aumentado en los préstamos personales", añade.

López Cantal no acierta a dar con un perfil del embargado. Por su bufete pasan tanto ciudadanos que no pueden pagar la casa donde viven como empresarios que no logran vender la promoción en la que se embarcaron cuando el ladrillo todavía era sinónimo de dinero fácil.

El abogado Enrique de Frutos señala que la ley no deja mucha defensa para la persona a la que le van a ejecutar su hipoteca. "La escritura suele especificar cuántos impagos son necesarios. Se suele empezar la ejecución cuando hay tres, aunque la política bancaria es aguantar todo lo que se pueda. Renuevan condiciones, amplían plazos... Todo lo que sea. Sólo se hacen las ejecuciones que son inevitables, si los bancos fueran contra cualquiera que tuviera un retraso, faltarían tribunales", asegura este abogado.

Para este año, el Consejo General del Poder Judicial espera que los embargos sigan creciendo, aunque a un ritmo algo más moderado del que lo han hecho hasta ahora. El órgano de gobierno de los jueces prevé un crecimiento del 43,5%, lo que arrojaría una cifra récord de 84.214 ejecuciones hipotecarias.

Por otra parte, el precio de la vivienda bajó una media del 8% en las siete capitales más caras. En ellas, el metro cuadrado vale más de 6.000 euros, si bien las caídas oscilaron entre el 1% de Madrid y el 13,6% de Barcelona, según la tasadora TecniTasa.

L. DONCEL
El Pais

España lidera con un 15,5% la tasa de paro de la OCDE

El nivel de desempleo en el conjunto de la organización se eleva al 7,3%.

España sigue siendo el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más paro. En febrero lideró la clasificación con un 15,5% de desempleo, frente al 7,3% de media en el conjunto de la OCDE y el 8,5% en la zona del euro.

En Francia, la tasa de paro en febrero se elevó al 8,6% de la población activa, un 0,1% más que un mes antes y un punto porcentual más que hace un año. En Alemania se situó en el 7,4% y en el Reino Unido, que aporta datos de diciembre de 2008, en el 6,4%, un 1,4% más que hace un año.

Fuera de Europa, en Estados Unidos el dato del paro relativo al mes de marzo sitúa el desempleo en el 8,5%, cuatro décimas más que un mes antes y un 3,5% superior a la tasa de hace un año. Japón, por su parte, registró un nivel de desempleo del 4,4% en febrero y Canadá, del 8%.

Por otro lado, las previsiones que maneja la OCDE continúan señalando una "profunda ralentización" en las siete grandes economías mundiales, si bien comienzan a percibirse señales de una posible mejora en algunos países de la zona.

Las perspectivas de crecimiento siguen siendo "débiles" en el caso de Estados Unidos, Canadá y Japón, afirma el organismo. En cambio, aprecia signos de una posible mejora en los casos de Italia y Francia.

Consumer Eroski

Sin perspectivas de acuerdo sobre la directiva de las 65 horas semanales

La Eurocámara y los Gobiernos no logran acercar posturas.

Los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE no lograron anoche acercar posturas anoche sobre la norma que amplía la jornada laboral a 65 horas semanales tras una ronda maratoniana de negociaciones que se prolongó durante 10 horas y terminó a las 4:30 de la madrugada, lo que hace casi imposible llegar a un acuerdo antes de que venza el plazo el próximo 28 de abril, según fuentes parlamentarias.

Si para esa fecha no se ha logrado un compromiso, decaerá la directiva de las 65 horas y seguirá en vigor la normativa vigente, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones ('opt-out'). Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales, según los cálculos del Consejo.

El principal punto de desacuerdo sigue siendo si se mantienen estas excepciones, ampliando la jornada laboral hasta 65 horas, como piden los Veintisiete liderados por Reino Unido, o si se suprime el 'opt-out' después de un periodo de transición, como exige el Parlamento. España apoya la postura de la Eurocámara.

Durante la última ronda negociadora, la Comisión presentó una nueva propuesta de compromiso que incluía una cláusula de revisión, pero fue rechazada por los representantes de la Eurocámara porque no establecía ningún plazo para la desaparición del 'opt-out'. "Queremos que se imponga un límite temporal al 'opt-out'. Podemos discutir su duración, pero este límite no puede quedar fuera de la directiva", dijo la principal negociadora del Parlamento, la socialista alemana Mechtild Rothe.

Resaltó que la Eurocámara quiere un acuerdo pero "no a cualquier precio" y reclamó una nueva sesión de negociaciones formales de conciliación para los días 20 y 21 de abril. Sin embargo, la presidencia checa no aceptó esta petición y pidió que continúen los contactos informales y que sólo se convoque una reunión del comité de conciliación cuando esté claro que habrá un acuerdo.

"Si el Parlamento desea verdaderamente mejorar la situación de los trabajadores, debería reconsiderar su posición de firmeza. En caso contrario, provocará el fracaso total de las negociaciones", dijo el ministro checo de Trabajo, Petr Necas, en un comunicado. Insistió que 15 de los 27 países de la UE utilizan el 'opt-out' y lo consideran un "instrumento importante" para resolver problemas en sectores donde hay guardias regulares (como la sanidad o los bomberos) y para flexibilizar el tiempo de trabajo.

"Quiero creer que todavía hay alguna esperanza de que lleguemos a un acuerdo, pero esa esperanza es muy pequeña", afirmó el ministro checo.

Por su parte, el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, lamentó que ni el Parlamento ni el Consejo se movieran de sus posiciones para encontrar un compromiso. "Espero que ambas partes reflexionen sobre la situación. El no acuerdo no es una solución a largo plazo como saben bien las dos partes", explicó.

Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre el tratamiento que hay que dar a las guardias médicas, la otra gran cuestión que regula la directiva. Mientras que el Parlamento exige que se consideren como tiempo de trabajo, los 27 no aceptan todavía esta formulación y piden que se haga una distinción entre la parte de las guardias activa y la inactiva (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital).

Si finalmente la iniciativa de las 65 horas decae, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del 'opt-out', según informaron fuentes comunitarias.

Europa Press

Solbes admite por primera vez que la economía española caerá el doble de lo previsto por el Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha admitido que la economía española no ha tocado aún fondo y consideró que las nuevas previsiones del Banco de España -que vaticina que el PIB caerá el 3% en 2009 y el 1% en 2010- son "un indicador de por dónde pueden ir las cosas". Frente a los últimos cálculos del Ejecutivo, que en enero auguró una caída del PIB del 1,6% este año y la vuelta al crecimiento el año próximo, el Banco de España cree que no habrá una "recuperación incipiente" hasta finales del año que viene, aunque la economía se seguirá contrayendo.

En una pausa de la reunión informal del Ecofin (Consejo de Ministros de Finanzas de la UE), Solbes recalcó que el cálculo del Gobierno "era ajustado para las cifras que había en aquel momento", mientras que el del Banco de España "puede ser ajustado para las cifras que tenemos en este momento".

Las cifras del organismo supervisor ponen de relieve, según el titular de Economía y Hacienda, "que, todavía, de los datos existentes, no se aprecia que hayamos tocado fondo", aunque apuntó que hay "algún pequeño dato que permitiría pensar que la desaceleración se está parando". En cualquier caso, las previsiones del Banco de España son ya "un indicador de por dónde pueden ir las cosas", afirmó Solbes, que reconoció que "todavía seguimos todos con esa conciencia de que no hemos terminado el proceso de desaceleración, aunque ya hay algún indicador más positivo".

A la pregunta de si el Gobierno va a rebajar sus previsiones, el ministro señaló que las revisará, como es habitual, cuando empiecen los trabajos de elaboración del presupuesto del año que viene (a finales de julio) y para la actualización del Programa de Estabilidad (a final de año).

Lo que ya está claro es que la caída de la actividad repercutirá de manera directa en el gasto público y, así, Solbes volvió hoy a repetir que España ha agotado su margen fiscal.

El vicepresidente recordó que los Veintisiete van a pedir a España que sitúe su déficit público por debajo del 3% del PIB en 2012 -hoy está previsto que el Ecofin confirme la apertura del procedimiento por déficit excesivo-, lo que obligará a un ajuste estructural del saldo presupuestario los próximos ejercicios del 1,25% anual. "Esto quiere decir que el próximo año y los que vienen no hay que gastar más, hay que gastar menos", subrayó.

Tras tres años consecutivos de superávit, el déficit público español se disparó el año pasado hasta el 3,8% del PIB y, según los cálculos tanto de la Comisión Europea como del Gobierno español, seguirá por encima del umbral del 3% de 2009 a 2011.

Bruselas quiere que España empiece a corregir esa desviación a partir del año próximo, en paralelo al inicio de la recuperación económica, con el objetivo de situarlo por debajo del 3% en 2012.

Vía | cotizalia.com

El ex Secretario General de CC.OO. ficha por el Instituto de Empresa

José María Fidalgo Velilla (León, 1948), secretario general de Comisiones Obreras hasta el último congreso del sindicato que en diciembre eligió a Ignacio Fernández Toxo como nuevo líder, ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Empresa para dirigir una unidad que, como parte del Centro de Negociación del citado Instituto, se encargará de investigar y analizar las mejores prácticas de negociación social y los sistemas sociales más equilibrados, con el fin de ofrecer a la sociedad, en un tiempo de cambio como el actual, los modelos más adecuados para la negociación y el mantenimiento de la paz social.

La citada unidad, que en realidad funcionará como un think tank, tendrá presupuesto propio y trabajará con otros profesores y estudiosos de la materia, con los que colaborará y a quienes pedirá colaboración. Aunque se trata de un empleo a tiempo parcial, Fidalgo dispondrá de despacho en la sede del Instituto sito en la calle María de Molina de Madrid.

Las investigaciones que emprenda, siempre ligadas al estudio de la negociación social y de los sistemas más equilibrados en otras partes del mundo, se plasmarán en una serie de informes y estudios que el Instituto ofrecerá a la sociedad española, en general, y al Gobierno de la nación, en particular. Como responsable de esa unidad, Fidalgo no tendrá que reportar directamente a nadie, aunque sí aumentar el crédito de una organización -y el suyo propio- que, como el Instituto de Empresa, figura entre las grandes escuelas de negocios del mundo.

Rumor sobre UPyD

Este empleo no impedirá al antiguo sindicalista abordar otras actividades que desde hace tiempo entran en sus prioridades, fundamentalmente la política activa. Desde hace semanas se viene rumoreando con fuerza en Madrid la posibilidad de que Fidalgo encabece las listas a las próximas elecciones europeas por parte del partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez.

Médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica, José María Fidalgo se afilió a Comisiones Obreras en 1977. En 2000 sustituyó a Antonio Gutiérrez como secretario general del sindicato, siendo reelegido en 2004 con el 58% de los votos de los delegados. Tipo muy apreciado en general, fue muy criticado, sin embargo, por algunas corrientes internas del propio sindicato a cuenta de la estrategia de concertación social y pactos políticos seguida por CC.OO. durante su mandato. Precisamente la especialidad en la que ahora se propone profundizar desde el Instituto de Empresa.

Vía | cotizalia.com

Si España tuviera más trabajo a tiempo parcial habría la mitad de desempleo

"Somos el país de Europa que tiene menos trabajo a tiempo parcial, si tuviéramos más trabajo a tiempo parcial, el mismo que tienen otros países europeos, tendríamos la mitad de desempleo"

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, admitió hoy que si España tuviera más trabajo a tiempo parcial, como ocurre en otros países de Europa, "tendríamos la mitad de desempleo".

"Somos el país de Europa que tiene menos trabajo a tiempo parcial, si tuviéramos más trabajo a tiempo parcial, el mismo que tienen otros países europeos, tendríamos la mitad de desempleo", insistió.

Granado, que hoy clausuró la quinta edición de ForoBurgos que se ha celebrado este año bajo el lema ’Hora de cambiar. Reformas estructurales’, defendió asimismo los pasos muy importantes que está dando el Gobierno de la nación para corregir alguno de los desequilibrios estructurales de la economía española en el mercado laboral, como traspasar "ese inmenso caudal de recursos públicos" destinados a la protección al desempleo hacia la activación o permitir que en este país haya un crecimiento del trabajo a tiempo parcial.

"Se están tomando decisiones que no sólo son importantes en el corto plazo sino que van a permitir a la economía española que cuando se produzca la recuperación internacional de la crisis económica en España se hayan tomado medidas que permitan que la economía española salga con mejor pujanza de esta situación de crisis", manifestó.

Granado admitió la evidencia de que 2009 es probablemente en el peor año económico de los últimos cien años en la historia del mundo, "un año con una crisis de tamaño mundial que no hemos conocido" pero aseguró en el mismo sentido que también es evidente que el Gobierno de España está aprovechando el margen que le da la "buena situación económica" y la "buena supervisión y regulación del sistema financiero español" para poner a la economía española "en la primera línea de salida de la recuperación".

Europa Press

Huelga general, ¿sí o no?

La conveniencia de convocar una huelga general en 2009 ha abierto un debate interno en los dos sindicatos mayoritarios. Los pros y contras que se esgrimen en CC.OO. y UGT giran en torno a asuntos clave como el coste político que tendría esta decisión frente a la pérdida de credibilidad si no la convocan. También entra el temor a que se rebajen a 20 días la indemnización por EREs.

“Aunque aún no ha llegado el momento, está claro que estamos estudiando internamente esta posibilidad”, reconocen a El Confidencial Digital fuentes cercanas a la cúpula nacional de CC.OO. No obstante, voces oficiales del sindicato que dirige Fernández Toxo insisten en que “no es el momento” y añaden que,“por ahora, aquí no se contempla” esta posibilidad.

Respuesta parecida emiten los portavoces de UGT, quienes subrayan que “las huelgas generales se contemplan cuando hay recortes de las garantías sociales de los trabajadores”, cosa que, afirman, todavía no ha ocurrido. Eso sí, reconocen que tanto los medios de comunicación como muchos de sus afiliados les preguntan “prácticamente a diario” sobre la posibilidad de una huelga general.

Pese al mensaje oficial que se está transmitiendo, ECD ha tenido conocimiento de la existencia de un fuerte debate interno sobre las consecuencias que traería convocar una huelga general en los próximos meses.

Los argumentos, a día de hoy, que se debaten en el seno de los dos grandes sindicatos son, en síntesis:

• Pérdida de credibilidad. El debate más de fondo plantea el “peso político e histórico” que supondría esta decisión en sus relaciones con “el Gobierno, en particular, y con el PSOE, en general”. Y, al mismo tiempo, la “pérdida de credibilidad que planea sobre CC.OO. y UGT” si no la convocan.

• Pérdida de confianza en las garantías sindicales. Los asesores de Méndez y Toxo no son ajenos a “la multiplicación de iniciativas ciudadanas, cadenas de mails y ‘pásalos’ pidiendo una huelga general para distintas fechas de este año”. Entre los propios sindicalistas ha circulado con fuerza la propuesta de “alguna fecha después de Semana Santa”, tal y como adelantó este confidencial –ver noticia-. También las dificultades para captar afiliados o para mantener a muchos de los que tienen se dejan notar.

• Estancamiento en la negociación del convenio colectivo con los empresarios. La circular enviada la pasada semana por la CEOE recomendando a sus asociados que la subida salarial no supere el 1%, frente al 2% que exigen los sindicatos, “ha hecho tambalear el argumento de que aún no se están tocando los derechos del trabajador”, resumen desde las filas de acción sindical de CC.OO. 

Fuentes empresariales consultadas por ECD afirman, a este respecto, que “muchos no podemos permitirnos subir los sueldos el 2%, porque hay quien no tiene ni para pagar el 1%”. El porcentaje que demandan los sindicatos se escuda en las previsiones del IPC y la inflación de la Comisión Europea, de acuerdo con fuentes de la patronal de empresarios.

El diálogo social empieza a perder fuelle, “hay cada vez menos ilusión sobre sus resultados y más dudas sobre su efectividad”, lamentan algunos de los participantes en esta mesa de discusión. Los más escépticos sobre el éxito de las propuestas que se presentan en este foro, agricultores, pescadores, constructores e industriales.

“El descontento y la preocupación de los trabajadores abarca todos los sectores, desde sanidad a agricultura”, añaden desde varios comités de empresa. En el caso de que finalmente se convocara esta movilización, “autónomos y PYMES también lo respaldarían”, adelantan desde varias organizaciones representativas en estos sectores. Y es que “la indefensión y preocupación de los autónomos va en aumento, sobre todo después de que Corbacho diga que los trabajadores por cuenta propia no cobrarán el paro hasta 2011”.

Mientras, en los círculos políticos se mantienen expectantes, y aunque “la huelga está en boca de todos, la consigna es no ser el primero en lanzar la piedra”, resumen fuentes parlamentarias consultadas por ECD. Hasta ahora, tan sólo el coordinador general de IU, Cayo Lara, se ha pronunciado al respecto, destacando que el mensaje que hay que trasladar a los ciudadanos en estos momentos de crisis "no es el de los espías ni el de la resignación de Solbes", sino el de que "hay que salir a la calle, armar la protesta e ir a la huelga general si quieren los sindicatos".

Vía | elconfidencialdigital.com

La patronal declara la guerra a los sindicatos con una subida salarial del 1%

La guerra está servida. La patronal rompió ayer las hostilidades y recomendó a los empresarios que apliquen un incremento salarial máximo para el año 2009 del 1%. Y lo que es cualitativamente más relevante, en la circular enviada a sus empresas asociadas, liquida lo que ha sido la tradición del diálogo social en los últimos años: la existencia de cláusulas de revisión salarial efectivas para compensar el posible incremento de los precios por encima del IPC previsto.

La CEOE, en concreto, plantea que en las empresas que suban el sueldo a sus trabajadores un 1%, no haya cabida para fijar una cláusula de revisión salarial. Llega a proponer, incluso, que en caso de que hubiera lugar a una compensación por la desviación en el IPC “no tendrá nunca efecto retroactivo a 1 de enero del año anterior, sino que la incidencia de dichas cláusulas se producirá al año siguiente”. Es decir, que esa paga ‘extra’ no se consolidaría en la nómina de los trabajadores durante el primer año. La CEOE, además, propone, que si el IPC crece por debajo del previsto (como sucedió en 2008 en términos acumulados, no en términos de inflación media) la diferencia tenga una “repercusión negativa” sobre los salarios. Dicho en otras palabras, que si las empresas actualizan inicialmente las nóminas en un 1% y el IPC, finalmente, se incrementa un 0,5%, los trabajadores ‘devuelvan’ a las empresas el diferencial entre el IPC previsto y el real. Es decir, tanto si es positivo como negativo.

La propuesta supone la voladura del modelo de relaciones laborales seguido por este país en los últimos años en cuanto a revisión salarial. Y la junta directiva de la CEOE lo justifica con el siguiente argumento. “Un incremento de los salarios que no tenga en cuenta la realidad de la crisis y de las empresas”, sostiene la patronal, “causaría una pérdida de competitividad con la consiguiente destrucción de un mayor número de puestos de trabajo, mientras que una política de moderación salarial es la mejor garantía para  mantener el empleo”.

Los sindicatos reclaman un 2%

La circular de CEOE se produce apenas cuatro días después de que los sindicatos UGT y CCOO dieran por rotas las negociaciones para renovar el acuerdo interconfederal de negociación colectiva. Las centrales reclaman una subida salarial del 2% para el conjunto de los trabajadores, en línea con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE). Su principal argumento es que una subida por debajo de ese nivel, “deprimiría todavía más la actividad económica”, dijo a El Confidencial Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT). En su opinión, el “maximalismo” de la patronal haciendo propuestas “inasumibles” para los trabajadores tan sólo oculta la intención de los empresarios de impulsar una especie de devaluación competitiva por la vía salarial ante la imposibilidad de depreciar el tipo de cambio. La patronal, de hecho, incluye en ese 1% los avances de productividad que pudieran producirse en las empresas.

El órdago de la patronal –que supone un cambio radical de estrategia respecto al periodo de José María Cuevas- se produce en un momento delicado desde el punto de vista de la negociación colectiva, toda vez que algo más de cinco millones de trabajadores no conocen todavía la subida salarial correspondiente a 2009. De ellos, algo menos de la mitad están referenciados a convenios de carácter sectorial, por lo que alrededor de 2,8 millones de trabajadores (principalmente de pequeñas y medianas empresas) serían los más afectados por la circular de CEOE.

Hasta el momento, y según los datos del Ministerio de Trabajo, 5,8 millones de trabajadores han pactado un incremento salarial medio del 2,7%, nueve décimas inferior al acordado inicialmente en 2008. La inmensa mayoría de los 2.626 convenios firmados hasta febrero corresponde a revisiones salariales de convenios plurianuales con efectos económicos en 2009. Es decir, convenios firmados con anterioridad,

De ellos, únicamente 11 –que afectan a unos 6.000  trabajadores- son realmente nuevos, y recogen subidas salariales muy inferiores (1,86%). Esto da idea de hasta qué punto la negociación colectiva está bloqueada. Precisamente por la ausencia de un acuerdo interconfederal que marque la pauta en las empresas. Entre los convenios más importantes que quedan por cerrarse están el de grandes cadenas de distribución y el de seguridad privada.

Vía | cotizalia.com

¿Cómo maquilla el Ministerio de Trabajo el paro registrado en el INEM?

La cocina del Ministerio de Trabajo está más ocupada que nunca. El dato oficial de paro registrado se aleja de la realidad y el maquillaje es ahora una herramienta habitual para intentar enmascarar la sangría laboral. Conozca cómo se realiza un apagón estadístico.

Cada mes el departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho publica el dato de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem). Los medios de comunicación se ciñen a la información oficial y repican como si fuera un mantra sagrado la cifra de desempleados que, en teoría, no tienen trabajo. Luego, los analistas emplean esta estadística para realizar análisis sobre la evolución del mercado laboral y todo ello llega a la opinión pública como si fuera real, pero no lo es.

En realidad, el dato de paro registrado ha sufrido tantas alteraciones que ya es difícil saber a quién considera el Gobierno como parado. Ahora es sólo un concepto burocrático que se emplea con fines propagandísticos (de todos los colores políticos) y que maquilla el volumen de desempleados.

Aunque esta actuación no ha sido exclusiva del actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tras su incorporación el departamento ha incrementado el apagón estadístico. Como muestra de ello cabe destacar su intención de sacar de las listas de parados a los prejubilados que quieren trabajar y al hecho de que se afilien niños a la Seguridad Social para alterar la población activa y, con ello, la tasa de paro, tal como público en exclusiva LD.

Pero comencemos desde el principio. Cuando se observa la normativa del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) se observan muchas excepciones creadas para no contabilizar a ciudadanos sin empleo como parados.

Existen muchas de ellas que generan a los economistas consultados po LD y que la mayoría fueron aprobadas en 1985 por el entonces miembro del Ejecutivo socialista, Joaquín Almunia. Ahora este político es el responsable de la política económica de la Unión Europea.

Del conjunto total de excepciones, el ex responsable de la oficina Económica de Moncloa durante el Gobierno del PP, José Barea, y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid cita éstas como las más "sospechosas".
 

• Perceptores de prestaciones por desempleo que participen en trabajos de colaboración social

• Demandantes de un trabajo cuya jornada laboral semanal sea inferior a las 20 horas
  
  
• Demandantes de empleo coyuntural por un periodo inferior a tres meses.
  
  
• Demandantes que estén cursando estudios de enseñanza oficial sean demandantes de primer empleo.
  
  
• Trabajadores beneficiarios del subsidio agrario que estén percibiendo el subsidio por desempleo.
  
  
• Personas que estén apuntadas a cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo

Aunque el maquillaje se hubiera quedado ahí hubiera sido suficiente para tirar por tierra la credibilidad del paro registrado en el análisis del mercado laboral, dejando esta cifra solamente para realizar comparativas homogéneas con el resto de países de la Unión Europea que comparten esta estructura estadística. Pero todavía quedaba mucha tela que cortar en el taller de La Moncloa y la llegada de Jesús Caldera al Ministerio de Trabajo, nueve años después, fue el catalizador que inició una serie de alteraciones en el cálculo del paro registrado.

El "efecto Caldera"

Así, un mes antes de las pasadas elecciones generales, en febrero de 2008 el Caldera inició su  particular campaña electoral. Entonces la economía española estaba sufriendo los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el mercado laboral expulsaba a miles de personas cada vez.

La velocidad del ritmo de aumento del paro comenzaba a desbocarse y el ministro cambió el método de cálculo del paro. Por aquellos tiempos el Gobierno decía que no había crisis y dos meses después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que España estaba “en condiciones de alcanzar el pleno empleo”.Caldera sacó de los registros de desempleados a las personas que acuden a cursillos de formación y los catalogó como demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

El retrato robot de estas personas era evidente: inmigrantes que perdían su puesto de trabajo con la crisis al carecer de conocimientos que les permitieran cambiar de ocupación y los españoles y extranjeros expulsados del sector inmobiliario por el pinchazo de la burbuja del ladrillo.

De esta forma entró en vigor una nueva subcategoría dentro del colectivo de demandantes de empleo no ocupados (DENOS). Se trata de los demandantes de servicios previos al empleo y sirve para que las comunidades autónomas puedan sacar de las listas de parados a las personas que pierden su trabajo y son apuntadas a cursos de formación. Los servicios y las construcción son los sectores que más desempleados aportan a esta subcategoría hasta ahora.

Según explicaba entonces Trabajo, "los servicios de desempleo de las comunidades autónomas podrán o no aplicar este ajuste administrativo". Por tanto, aseguraban, también puede ocurrir que las autonomías del PP sigan estimando a este colectivo como parados, como reglamentariamente sucedía hasta ahora, y que sigan en la estadísticas del desempleo.

Sin embargo, existe un matiz importante. De las 17 autonomías, sólo cinco tienen un sistema informático propio para recoger estos datos (Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña).

Las cuatro últimas están gobernadas por el PSOE y en Andalucía y Cataluña se encuentra el caladero de votantes socialista. Es más, en fuentes populares se señala a estas dos autonomías, sobre todo a la andaluza, como promotoras del "cambio técnico". De hecho, la Comunidad de Madrid expresó sus "reticencias" al cambio estadístico.

Desempleados “con disponibilidad limitada”

Y el maquillaje del Gobierno no se acaba aquí. El departamento que dirige Corbacho tampoco incluye en las listas a un número importante de parados, agrupándolos en el epígrafe estadístico de desempleados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica". Estas personas, según afirma el Inem, "son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo". Es decir, que son también parados aunque la burocracia no los considere como tales.

Por si todo esto no fuera suficiente. El Ministerio de Trabajo tiene intención de incluir a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) dentro de una "clasificación específica" en las listas del paro. La razón es sencilla: la recesión está obligando a muchas empresas a utilizar este tipo de herramienta para adelgazar sus plantillas, reducir costes y así poder salvar a la empresa y a la mayor parte de los trabajadores y Corbacho no quiere que, de repente, crezca el paro registrado por encima de sus estimaciones manipuladas.

La explicación oficial es que el cambio se debe a que sus "circunstancias y disponibilidad para el trabajo" no son las mismas que las de otros desempleados, según el Ministerio. Así lo confirma el departamento que dirige Celestino Corbacho en una respuesta parlamentaria. Esta propuesta está siendo discutida con los agentes sociales.

Trabajo recalca que esta nueva clasificación no requeriría "modificar la regulación", ya que su objeto sería "únicamente identificar" a las personas que se encuentran en dicha situación laboral y "tenerlo en cuenta" para "beneficiar a aquellas personas que estén en edad de trabajar y, a pesar de que estén buscando activamente empleo, no lo encuentren".  

Finalmente, el paro registrado tampoco incluye a aquellas personas que no tienen trabajo pero no están dispuestas a aceptar cualquier empleo. Como por definición un parado es aquel que no pone condiciones, a las personas que han manifestado las suyas al funcionario de la oficina de empleo no se les considera desempleados.

La población activa y la afiliacion de niños a la Seguridad Social

Fuera del paro registrado, existe otra estadística que sirve al Gobierno para informar sobre la evolución del mercado laboral. Se trata de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La metodología de cálculo ha sufrido muchas alteraciones en la última década y el actual tiene sólo tres años de vida, ya que se adopto en 2005.

Como su nombre indica es una encuesta telefónica y define a la población activa como la formada por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia, incluso de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo,

La estadística también define otro concepto, el de "persona con empleo pero sin trabajar": personas que, habiendo ya trabajado en su empleo actual, estén ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan un estrecho vínculo con él. “La fuerza de este vínculo se determina de acuerdo con la creencia del entrevistado en reincorporarse o no a la empresa yde acuerdo con el periodo de ausencia o la percepción o no de algún tipo de remuneración”, según establece la normativa.

Precisamente, el dato de población activa es el que blande el presidente del Gobierno para justificar el aumento del paro registrado, aunque sean dos cosas distintas, procedan de distintas fuentes estadísticas y, metodológicamente no tengan nada que ver. Y menos cuando se descubre que incluye a menores de 16 años en las listas de afiliados totales (no cotizantes) a la Seguridad Social bajo el pretexto de actualizar sus seguros escolares, según conoció en exclusiva LD.

Según confirman padres afectados, centros escolares y funcionarios del INEM, algunas escuelas e institutos están entregando a menores de 16 años unos documentos por los cuales la Tesorería General de la Seguridad Social “procede a asignar” un número de afiliación a los escolares, distinto al de sus padres, a pesar de que no están en edad de trabajar y, por lo tanto, no cotizan al sistema de protección estatal

LD ha podido documentar varios de estos casos, que afectan a dos provincias españolas, aunque desde los Servicios Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo se admite que son miles los niños menores de 16 a los que se les asigna el número de afiliación:

"En muchos institutos, colegios concertados y privados, de toda España se ha afiliado a clases enteras de alumnos de 14 y 15 años con la excusa del seguro escolar, aunque la edad legal para trabajar son los 16 años cumplidos, salvo en el caso especial de menores que ejercen una actividad artística no continua, como, por ejemplo los actores. Sin embargo, en otros centros, según hemos comprobado, esta no es la pauta seguida. En estos últimos lo único que se requiere a los padres es el abono de la cuota anual del seguro escolar cuando matriculan a sus hijos", explica un funcionario del INEM.

La explicación oficial es peregrina, sobre todo cuando se comprueba que, tras las quejas de los padres, la Tesorería General de la Seguridad Social informa que los niños deben seguir utilizando el número de afiliación de sus padres. Los juristas tachan esta actuación de “vergonzosa” mientras el departamento ministerial no se aclara sobre si afiliar menores es “un error” o “una obligación”.

El paro sin registrar ronda el 20%

Además de toda esta lista de alteraciones de las estadísticas, todavía existe un último factor, el de los desempleados que no van a las oficinas del Inem. Como explica el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Roberto Centeno. A su juicio, "los datos oficiales del paro registrado son falsos, al igual que la Encuesta de Población Activa (EPA)", porque, además de los maquillajes estadísticos, "el paro total es, por definición, superior al paro registrado, pues no todos los parados están inscritos, y en España ha venido siendo un 20% más que el paro registrado".

Este argumento es defendido también por el economista colaborador de la escuela de negocios ESADE, Marc Vidal, que en su blog asegura que "vamos camino de 5 millones de parados reales, de un 22% largo de la población activa y en un escenario en el que casi dos millones de ellos, a diferencia de lo que pasó en 1993, no tendrá ningún tipo de cobertura familiar. Dos millones de personas desesperadas".

En la misma línea se pronuncia el ingeniero de telecomunicaciones y columnista, Fernando Solera, quien augura que "acabaremos 2009 con unos cinco millones y medio de parados. Esto significa que, desgraciadamente, la tasa real de paro dentro de un año ya no será del 18 o del 19%, sino del 22%".

Finalmente, hay que recordar que Trabajo también ha decicido dejar de publicar el dato de afiliación a la Seguridad Social del último día de mes y ahora sólo facilita el de afiliación media, con lo que evita contabilizar a un buen número de personas que dejan de trabajar en este periodo. También ha eliminado la estadística de “familias con todos sus miembros en paro”, para evitar la crítica política, mediática y, en último término, para que no lo sepan los ciudadanos.

En febrero el maquillaje ha sacado a 420.568 personas de las listas

Con toda esta información se puede realizar una estimación de cuántos desempleados saca Corbacho de las listas del Inem, aunque se queda corta por la imposibilidad de calibrar todas las variables aquí citadas. Atendiendo a la informacuión publicada este martes, el número de desempleados inscritos en la rúbrica (DENOS) es de 252.953 personas, que no se incluyen en el paro registrado.

Además, el departamento que dirige Corbacho tampoco incluye en las listas a 167.615 parados, agrupándolos en el epígrafe estadístico de desempleados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica".

Si se suman los desempleados DENOS y los citados de disponibilidad limitada y demanda de empleo específica, el volumen supera las 420.568 personas. Sumando esta cifra a los desempleados oficiales el saldo total de parados en España asciende a 3.902.427 personas (inscritos en las listas del Inem). Con todo ello, el volumen de demandantes de empleo que tiene contabilizados el Inem alcanza las 4.667.866 personas. salario u otra forma de retribución conexa, en metálico o en especie.

Vía | libertaddigital.com

España acusa un déficit fiscal del 3,8% en 2008, el mayor en 12 años

Desde 1996, España no alcanzaba un saldo negativo de tal magnitud. El Gobierno prevé que en los próximos años las cuentas públicas sigan deteriorándose y calcula que, a partir de 2011, empezarán a recuperarse para acercarse al límite del déficit del 3% que establece el Pacto de Estabilidad Europeo.

En tan sólo 12 meses, la Administración pública ha pasado de arrojar un superávit de 23.368 millones en 2007 a cosechar un déficit de 41.874 millones, según los datos que presentó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Un deterioro acelerado y sin precedentes que se explica por la crisis económica, que ha reducido drásticamente los ingresos, sobre todo en el impuesto de sociedades y en el IVA, cuya recaudación ha caído un 39,1% y un 14%, respectivamente. Estos datos indican una reducción de los ingresos de las empresas y del consumo.

Sin embargo, Ocaña hizo hincapié en que buena parte del déficit se debe a las 'medidas anticíclicas' que ha aprobado el Gobierno. La rebaja fiscal de 400 euros para trabajadores, asalariados y pensionistas, el cheque bebé o la reducción en el impuesto de sociedades ha tenido un impacto en la recaudación de 19.540 millones, lo que supone un 1,8% del PIB. Dicho de otra forma, casi dos puntos del déficit del 3,8% del PIB en 2008 corresponde a la política impulsada por el Gobierno.

El saldo fiscal negativo es cuatro décimas superior al estimado por el Gobierno en el Plan de Estabilidad que presentó en enero. Para este año, el Ejecutivo prevé incurrir en un déficit del 5,8% del PIB y, para 2010, del 4,8%. A pesar de que el Plan de Estabilidad contempla cerrar 2011 con un saldo negativo del 3,9%, Carlos Ocaña aseguró que el Gobierno confía en que este dato se acerque más al límite del 3% que establece Bruselas.

La Comisión Europea ya anunció que expedientará a España, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia y Malta por mantener un déficit excesivo. Sin embargo, Ocaña es moderadamente optimista y rechazó la posibilidad, apuntada por el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo José Manuel González Páramo de entrar en una 'situación fiscal insostenible'.

El secretario de Estado de Hacienda argumentó que el nivel de deuda pública de España es relativamente bajo. Se situó en el 39,4% del PIB en 2008, 20 puntos inferior a la media de la zona euro y muy por debajo de países como Italia, Alemania o Francia.

La Administración central es la que más ha contribuido al déficit, seguida por la autonómica. Las comunidades registraron un saldo negativo del 1,45%. Aún no hay datos desglosados por territorios. Será en junio cuando se conocerá qué comunidades han incurrido en un déficit superior al 1% y, por tanto, 'deberán aprobar planes de saneamiento'.

Las corporaciones locales, por su parte, registraron un déficit de 4.298 millones de euros, un 0,39% del PIB. Como en el caso de las comunidades, el Gobierno aún no posee los datos desglosados. Ocaña apuntó que los resultados son muy heterogéneos y aseguró que la mayoría de los 8.000 ayuntamientos que hay en España lograron cerrar 2008 en superávit o equilibrio.

Cuatro puntos de hacienda, a debate

Impuestos especiales. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que el Gobierno no se plantea subir los impuestos a corto plazo. En particular, rechazo incrementar el IVA, que en España se encuentra en el 16%, uno de los niveles más bajos de Europa. En cuanto a los impuestos especiales, Ocaña tampoco se mostró partidario de aumentarlos, aunque, a largo plazo no lo descartó.

Cotizaciones sociales. El instituto de Empresa familiar reclamó recientemente una reducción de las cotizaciones sociales para impulsar el mercado laboral. Una máxima que Carlos Ocaña rechazó ayer. Según el secretario de Estado de Hacienda, reducir las cotizaciones sociales pondría en riesgo la viabilidad financiera de la Seguridad Social, que obtuvo un superávit del 0,76% del PIB en 2008.

Banca y cuentas públicas. Ocaña recalcó que no entra en la agenda del Gobierno recapitalizar a un banco con recursos públicos. Señaló que ante una situación de insolvencia en la banca, antes que el Gobierno, intervendría el fondo de garantía de depósitos. Aun así, reconoció que en caso de que el Gobierno tuviera que salir en ayuda de algún banco, ello supondría un aumento del déficit.

Financiación autonómica. La negociación de la financiación autonómica se acerca a su fin y Carlos Ocaña asegura que la respuesta de las comunidades autónomas a la propuesta que el Gobierno presentó a finales del año anterior 'es positiva'. Después de las elecciones gallegas, que se celebrarán el primero de marzo, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cerrar el nuevo modelo.

Jaume Viñas
Cinco Dias

Despidos a la carta: la CEOE pide que los ERE no requieran autorización

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no estén sujetos "para nada" a la autorización de la Administración para conseguir, entre otras cosas, una mayor rapidez en su tramitación y que "no se eternicen".

Durante su intervención en Nueva Economía Forum, Díaz Ferrán ha insistido en la necesidad de establecer un contrato más "moderno", que contemple un despido más barato con una indemnización de 20 días por año, en lugar de los actuales 45 días, para generar más "confianza" en los empresarios y así crear más empleo. "Ningún empresario quiere despedir a sus trabajadores", ha apostillado.

Por otro lado, ha indicado que los empresarios siguen necesitando financiación, si bien ha dicho que "no existen problemas entre empresas y entidades financieras", a lo que añadió que bancos y cajas están haciendo "lo que pueden". "Sabemos cuáles son nuestros problemas", ha añadido.

Díaz Ferrán ha vuelto a considerar "insuficientes" las medidas ’anticrisis’ del Gobierno y, concretamente, ha pedido una modificación de las líneas del ICO para que el organismo asuma más riesgos, llegue a empresas más grandes y dé más margen a las entidades colaboradoras.

En enero, el número de parados registrados en las oficinas del Inem aumentó en 198.838 personas, el mayor aumento histórico en un mes, situándose la cifra total en más de 3,3 millones de desempleados.

Vía | cotizalia.com