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Abuso en los descuelgues: incumplir convenios se dispara hasta un 20%

Abuso en los descuelgues: incumplir convenios se dispara hasta un 20%

El mercado laboral está en plena transformación. Y no sólo porque la reforma de la legislación estableció una nueva correlación  de fuerzas en los centros de trabajo. También porque los convenios colectivos siguen perdiendo importancia en las relaciones laborales. Hasta el extremo de que la inaplicación de las cláusulas salariales se ha disparado. Es decir, que cada vez son más las empresas que se descuelgan de los incrementos pactados en convenios de ámbito superior y que, por lo tanto, son de aplicación obligada.

Así lo reflejan los datos más recientes sobre negociación colectiva, que reflejan que 740 empresas que representan a 33.624 trabajadores pudieron acogerse en el primer trimestre de este año a una legislación que les permite desligarse del incremento decidido en sus respectivos convenios. Esto representa una subida del 20,2% respecto del mismo periodo del año anterior en relación al número de trabajadores. O del 23% si lo que se compara es el número de convenios colectivos.

Lo singular, sin embargo, es que este intenso incremento del número de inaplicaciones coincide en el tiempo con una fuerte moderación salarial derivada del descenso de la inflación. Los salarios, de hecho, apenas están subiendo un 0,6%, por encima del IPC, que en marzo marcó un descenso del 0,1%.

El aumento de la inaplicación de convenios colectivos no parece tener que ver con un fenómeno puntual vinculado a las actuales circunstancias económicas, sino que, por el contrario, hay que asociarlo a una nueva tendencia. En 2012, el primer año en el que la nueva legislación laboral facilitó las cláusulas de descuelgue, el número de empresas que se acogió a esta posibilidad fue de 748. Un año más tarde, el número ya ascendió a 2.512, y durante el primer trimestre de este año ya van 740, lo que significa que en apenas tres meses se ha alcanzado una cifra similar a las de todo el año 2012 (la reforma laboral entró en vigor en febrero de ese año).

La inmensa mayoría de las empresas que se han acogido a la inaplicación pertenecen al sector servicios, el 85%, pero sobre todo destaca el hecho de que prácticamente las dos terceras partes de los trabajadores afectados están empleados en grandes empresas con más de 250 asalariados. Ahora bien, si la comparación se hace en relación con el número de empresas que no aceptan lo que dispone el convenio colectivo de rama o de alcance nacional, el resultado es muy distinto: el 67% tiene plantillas inferiores a 49 trabajadores.

Motivos salariales

Con la nueva legislación laboral, las empresas amplían la gama de argumentos para poder descolgarse de la aplicación de un convenio colectivo. Pero básicamente los motivos siguen siendo salariales. Nada menos que el 93% de las inaplicaciones tienen que ver con la revisión de las nóminas, aunque si se observan únicamente las causas relacionadas con la actualización anual, este porcentaje baja al 64,4%. El resto tiene que ver con los sistemas de remuneración o con las mejoras en la acción protectora de la Seguridad Social.

A destacar, igualmente, que en el 91% de las cláusulas de descuelgue ha habido acuerdo previo entre sindicatos y empresarios en el periodo de consultas. Tan sólo el 0,5% ha sido fruto de un laudo obligatorio en el órgano bipartito de representación.

La actual legislación prevé cuatro causas para que una empresa pueda descolgarse de un determinado convenio colectivo: económicas, técnicas, organizativas y productivas.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una  situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución  persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es  persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es  inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que la legislación da amplios argumentos para acogerse a esta posibilidad, y es lo que se está aprovechando.

El Confidencial

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