La crisis reduce a la mitad el superávit de la Seguridad Social

Corbacho afirma que no habrá reformas en las pensiones antes del 2011.

La crisis reducirá a la mitad el superávit previsto por la Seguridad Social para este año. Así lo manifestó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien declaró que bajará del 0,9% del PIB previsto al 0,5% o el 0,4% del PIB, de acuerdo con el escenario final de la situación económica. Esto supone que pasará de 9.000 millones a 5.000 millones.

Corbacho se esforzó en afirmar ante el Parlamento que ni en las peores estimaciones el Gobierno plantea la posibilidad de que el sistema público de pensiones tenga déficit a lo largo de este ejercicio, y previsiblemente tampoco en el 2010.

La razón es que "la situación no va a peor, sino a mejor. Los datos de afiliación media de abril muestran un mejor comportamiento de la afiliación. Se ha corregido el ritmo de pérdidas. Esperemos que sea una tendencia y no simple coyuntura".

El ministro se mantuvo en sus trece y dijo con firmeza que "no tenemos un problema y menos en el corto plazo". Aprovechó su intervención para decir , "como ministro de la Seguridad Social, que nuestro sistema no está en crisis, sino que goza de una magnífica salud financiera". Añadió que "las pensiones están garantizadas".

Por esta razón, y en respuesta al requerimiento del diputado de CiU Carles Campuzano, declaró que no habrá reformas legislativas antes del 2011.

El diputado catalán aprovechó para comprometer al Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios en un calendario que permita cumplir el compromiso de reformar el sistema cada cinco años. De esta manera, este año acabarían las comparecencias, durante el próximo se elaborarían las conclusiones de la comisión de reforma del pacto de Toledo (firmado en 1995 y reformado en el 2003) y el siguiente, el 2011, se aprobarían las reformas consensuadas.

El ministro dijo que "faltan aún 41 años para el 2050, por eso debemos tomar con prudencia las proyecciones". Incluso recordó que las previsiones de aumento del envejecimiento de la población se estiman en 2023, a medio plazo.

El diputado del PP Tomás Burgos puso sobre la mesa la intervención llevada a cabo por el secretario de Estado de la Seguridad Social y responsable de política económica del PSOE, Octavio Granado, en la que proponía una serie de reformas, entre ellas que los becarios coticen a la Seguridad Social o se retrase la edad de jubilación.

Por eso y a pesar de su posicionamiento político, dirigido a cerrar por todos los medios un foco de enfrentamiento electoral, el ministro reconoció que hay que afrontar cambios.

“La solidez del sistema no significa que no haya que hacer reformas que aseguren la sostenibilidad de la Seguridad Social”, declaró. Y añadió que “el Gobiernonunca lo ha ocultado". Estos cambios son básicamente cuatro: impulsar la natalidad para mantener la relación actual, en que hay 2,6 cotizantes por pensionista; ampliar la población activa (incorporando nuevos colectivos que ahora no cotizan); prolongar la vida laboral activa (de forma que la edad media de jubilación se acerque a la edad legal de 65 años), y, por último, una mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones.

El ministro se mostró partidario de que se mantenga la flexibilidad en la edad de jubilación, dado que hay una serie de sectores que solamente pueden ajustarse a través de los expedientes de regulación de empleo. Por eso se mostró partidario de favorecer un cambio cultural para que voluntariamente los ciudadanos se vayan aproximando a la edad legal de jubilación, fijada en los 65 años. Actualmente la edad media de jubilación está en 63,1 años.

Otro elemento de polémica fue el fondo de reserva, "al que el Gobierno recurre como una forma de exorcismo", como dijo el diputado vasco Emilio Olabarría. Recordó que los expertos aseguran que su dotación únicamente representa cinco meses en el pago de pensiones.

El ministro le respondió que cuenta con una dotación de 58.000 millones de euros. Esto supone que tiene una dotación suficiente "para cubrir diez meses en la nómina de pensiones partiendo del supuesto de que hayan desaparecido todos los ingresos, es decir, que no hubiera cotizantes, y en ese caso no sé dónde estaríamos". Afirmó que no se recurrirá a este en el 2009 ni en el 2010.

MAR DÍAZ-VARELA
La Vanguardia