O lo ordena un juez o es censura

La alarma que ha asaltado a los usuarios y a los profesionales de internet está plenamente justificada. La Ley de Economía Sostenible, que no va a sostener nada según los especialistas y toda la oposición parlamentaria, amenaza con introducir la censura gubernamental por la puerta de atrás.

Bonito negocio. En una secundaria disposición final del proyecto supuestamente dedicado a cambiar el curso de la economía en España, el Gobierno de Zapatero, de la mano de González-Sinde, abre el camino para ejecutar el más inaceptable atentado contra la comunicación: el cierre de un medio por decisión administrativa; o sea, política.

Dejemos establecida, antes de nada, una proposición básica: el creador intelectual decide quién puede y quién no usar su obra, y bajo qué condiciones. El autor decide el uso de su obra, que puede someter a precio, lo cual es lo normal, pues de ello dependen sus ingresos, o puede ceder gratuitamente a unos o a todos. Y le asiste el derecho a la protección legal, lo que quiere decir que quienes se aprovechan ilegítimamente de su obra deben responder por ello.

Pero de todas las posibles técnicas que pueden establecerse para perseguir el abuso fraudulento de la propiedad intelectual, eso que se llama comúnmente pirateo, hay una absolutamente inaceptable: el cierre por la Administración de un medio de comunicación o, concretamente, en el caso que ahora tiene soliviantada con razón a la Red, el cierre de una web. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución exige para ello la intervención garantista de un juez. Es lo que establece el artículo 20.5 al disponer que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».

Este precepto supuso un avance considerable, al suprimir el secuestro gubernativo autorizado por la Ley de Prensa de 1966, en consonancia con la libertad de ejercicio de los derechos a la libre expresión, a la libre información, a la creación literaria... consagrados en el mismo artículo. Que ahora proyecte el Gobierno restablecer aquel recurso de la dictadura de Franco permite colegir no sólo sobre la desorientación en la que se halla, sino también sobre su capacidad para maltratar la norma y la práctica democráticas. Hay que proteger el derecho a la propiedad intelectual, sí, pero no a costa de atropellar políticamente otros derechos. O el cierre de un medio que no respeta la propiedad intelectual lo decide un juez (que a lo mejor no ordena esa medida, sino otras) o la injerencia administrativa es una censura, o sea, un remedio peor que la enfermedad. Decepciona que tal plan proceda de un Gobierno obligado por una Constitución democrática, aunque la sorpresa ya es menor desde el impulso dado por su presidente al Estatuto catalán y la presión que incluso él proyecta sobre el Constitucional. En la iniciativa del secuestro político, sólo le salva rectificar y dejar las cosas muy claras, manifiestamente constitucionales.

JUSTINO SINOVA
El Mundo