El 28 de abril es un día de movilización y de recuerdo, pero también de reafirmación sindical en nuestro compromiso público con la defensa y protección de la salud en el trabajo, lo más preciado que tenemos y lo que no podemos perder.
En este 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, a iniciativa de la Confederación Internacional Sindical, conmemoramos la 14ª Jornada Internacional en recuerdo de las víctimas del trabajo. Son 831 las personas fallecidas en accidentes laborales a lo largo de 2008 y, lo que es aún más grave, persiste en el último año el subregistro de enfermedades profesionales, pues sólo se ha aumentado la declaración de enfermedad profesional de 17.061 a 18.700 casos (un incremento del 9,6% respecto al año anterior).
En el año 2006, la cifra oficial registrada fue 21.774, por tanto, supone un 14% menos de declaración hoy que hace dos años.
Es esta una lacra y una vergüenza para nuestro país y sus instituciones públicas. En Españano se declaranmuertes por enfermedad, aunque se incrementan las prestaciones por viudedad y orfandad tras tener que acudir a los tribunales. Denunciamos con todas nuestras fuerzas la insostenible actitud de negar el reconocimiento de las enfermedades profesionales y otros daños derivados del trabajo que protagonizan los competentes en declarar.
Responsabilizamos de ello a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, como iniciadoras del proceso, y a las distintas Administraciones Públicas, que no ejercen adecuadamente su control. Exigimos, hoy y siempre, un cambio en las políticas que lleve a reconocer, proteger y prevenir los daños derivados del trabajo en todas sus facetas.
La crisis económica nos afecta directamente en forma de despidos, cierres de empresas y miedo al desempleo y a sus consecuencias. Los empresarios están dificultando la negociación colectiva y pretenden aprovechar la misma para socavar los derechos laborales en su conjunto. La crisis y sus consecuencias, por tanto, nos golpean en todas direcciones, especialmente en forma de empeoramiento de las condiciones de trabajo y también en el retroceso de las actividades y recursos que las empresas dedican a la prevención de riesgos laborales. Da la impresión de que la prevención era una concesión propia de los años de bonanza económica, pero que cuando la situación económica no viene de cara hay que eliminar o restringir.
Corremos, por tanto, el riesgo de perder en poco tiempo gran parte de lo avanzado en los últimos años en una materia tan esencial como es la protección de nuestra seguridad y salud.
La patronal CEOE utiliza el contexto económico para sacar su programa máximo: abaratamiento del despido, desregulación laboral, disminución de cotizaciones sociales y de impuestos y congelación salarial. Ahora se oponen, con todas sus fuerzas, al desarrollo y cumplimiento de la Estrategia Española de Salud y Seguridad pactada por todos (Administraciones Públicas, patronal y sindicatos) en junio de 2007. Su actitud pone en peligro una tradición de diálogo y consenso en las políticas preventivas que están en la base de los avances producidos y que nos han llevado, entre otras cosas, a reducir los índices de incidencia de la mortalidad por accidente de trabajo a la mitad en los últimos ocho años.
La patronal considera que la salud laboral ya no es cosa de todos, ni constituye una prioridad social y política. La ven como una imposición de otro tiempo, que no pudieron evitar, y que ahora tienen la oportunidad de eliminar. No hablan de enfermedades, sino de absentismo y fraude; no hablan de prevención de riesgos, sino de costes económicos; las leyes y normativas son limitaciones que comprometen la competitividad y las cotizaciones sociales, impuestos onerosos que les dificulta la supervivencia. Esa es su concepción de la salud y la seguridad en el trabajo.
Frente a esta actitud, los sindicatos actuaremos en justicia mediante la denuncia, la movilización y la presión sostenida en todos los niveles: la empresa, el sector y la sociedad. Se trata de explicar lo que nos jugamos y lo que defendemos: no estamos dispuestos a retroceder lo avanzado desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; no aceptamos que la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo sea papel mojado, y por ello les exigimos al Gobierno y a los empresarios que la cumplan en todo su contenido.
Prioritariamente, desarrollando la figura de los agentes territoriales y sectoriales de prevención, pieza clave para avanzar en el cumplimiento de la ley en las empresas que carecen de representación de los trabajadores –delegado de prevención–y que son las que más necesitan de la tutela externa.
