¿Y la factura de la educación pública?

El gobierno socialista desea crear la llamada «factura en la sombra» de la Seguridad Social (¿por qué no un albarán?), para que todos los usuarios sepamos lo que cuesta en realidad nuestra sanidad pública. Así hemos descubierto que un TAC vale 100€, una sesión de diálisis 200€, un parto sencillo 1.600€, una operación de apendicitis 2.500€, un cambio de sexo 12.000€, una sustitución de cadera 13.000€ y un trasplante de corazón 96.000€. En líneas generales me parece bien porque el conocimiento nos hace libres, pero ya puestos a querer saber, reconozco que no me basta con las cifras de la Seguridad Social.

Por supuesto que me gustaría saber lo que nos cuesta cada ministro, consejero o parlamentario, pues además de sus salarios habría que contabilizar las dietas, los coches oficiales, las tarjetas de crédito, los móviles, los viajes y los escoltas, por no hablar de los asesores y los traductores, ya que cuanto más ignorante es un político, mucho más nos cuesta a todos los contribuyentes. De hecho, el número de asesores de un político no guarda relación con su importancia, sino con su incompetencia. Pero no me hago ilusiones, porque sé que estos gastos jamás los conoceremos gobierne quien gobierne. Por eso me conformaría con saber cuál es la «factura en la sombra» de la enseñanza pública.

Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la escolarización de un adolescente? Nadie quiere decirlo y esa cifra seguro que nos interesa conocerla a las familias y los profesores. ¿Y cuánto nos cuesta a los contribuyentes un alumno repetidor? ¿O la baja por depresión de una profesora? ¿O la indolencia de los padres que no educan a sus hijos adolescentes? Que conste que no estoy hablando de los gastos que suponen los niños de primaria, sino de los gastos que generan los alumnos de secundaria y bachillerato, que son los que provocan la mayoría de los problemas.

Siempre he sido un defensor del cheque o bono escolar, y aunque el único hijo que me queda en secundaria muy pronto terminará sus estudios, igual seguiré defendiendo ese sistema que ha mejorado la educación pública de todos los países donde ha sido establecido. En los países escandinavos, por ejemplo, donde las socialdemocracias locales lo aplican sin complejos. En España hay prejuicios de izquierdas y de derechas contra el cheque escolar, pero sobre todo existe una tremenda opacidad de cifras, pues los gastos de la burocracia incrementan el costo por alumno y los políticos y los sindicatos quedarían en evidencia.

Sería desolador descubrir que la enseñanza pública andaluza -por ejemplo- es más cara que la catalana, la gallega y la del País Vasco juntas, teniendo como tenemos los índices de fracaso, deserción, acoso, indisciplina y criminalidad que nos han hecho famosos en toda Europa. ¿Será por eso que la mayoría de altos cargos socialistas manda a sus hijos a colegios privados o concertados? Qué mala leche la mía. Seguro que no y que en realidad lo hacen para que sus chicos se relacionen mejor y no terminen casándose con alguien de las juventudes del partido.

Fernando Iwasaki, ABC
www.fernandoiwasaki.com