El enésimo plan anticrisis: "Too little, too late?"
Sería un error analizar propuesta a propuesta el último paquete de medidas económicas, como se pretende que hagamos. Lo importante es no perder la perspectiva, entender porqué se han tomado y evaluar si pueden lograr el objetivo propuesto. La cuestión no reside en si tiene algún efecto positivo el que 1.500 nuevos orientadores asesoren a los parados en su búsqueda de empleo.
Estas medidas se han tomado en medio de una situación dramática, estando ya entre la espada y la pared. La prima de riesgo ha llegado estos días a sobrepasar los 300 puntos básicos, un diferencial mayor que el alcanzado en la grave crisis de mayo, mientras la Bolsa sufría un fuerte correctivo. La mirada de los mercados financieros, es decir, de nuestros acreedores a los que necesitamos seguir pidiendo más préstamos, se centra en España. La pregunta correcta es, por tanto, si las medidas adoptadas lograrán restaurar la confianza en el futuro de la economía española y de sus cuentas públicas.
Empecemos por el asunto de la confianza. Como sucede en las relaciones personales, se trata de algo con un fuerte componente psicológico, que resulta más fácil perder que recuperar. El procedimiento seguido la semana pasada para anunciar las medidas no creo que haya tranquilizado a nadie. Ha sido otro ejemplo de la forma de gobernar del sr. Zapatero, de la que lleva dando muestras ininterrumpidas en sus seis años de mandato. Su larga permanencia en el poder no parece haberle ayudado a madurar como estadista. Unas horas antes decía que no era preciso tomar ninguna medida adicional, pues las existentes bastaban. ¿No habría sido mejor decir que se estaba reevaluando la situación? ¿Contribuye la mentira a cimentar la confianza? De repente, se anunciaron las medidas a borbotones en el marco inadecuado de una pregunta en el Congreso. Con ello se logró sorprender al líder de la oposición, es decir, a la misma persona a la que se debió consultar (junto al resto de líderes políticos) para lograr el mayor respaldo posible. Posteriormente se suspendió el viaje presidencial a una importante cumbre internacional. Tras el Consejo de ministros del viernes, sin embargo, el presidente no compareció ante la prensa, y las medidas aprobadas fueron las mismas ya anunciadas anteriormente (con el añadido de la subida de los impuestos al tabaco). ¡Como para transmitir confianza!
Respecto al contenido de las medidas, una vez más no forman parte de ningún plan global, son una sarta de ocurrencias más o menos afortunadas. Pueden ordenarse en tres grandes apartados. El primero de ellos agrupa un conjunto de medidas privatizadoras, que afectarán al 49% de AENA y al 30% de Loterías. Se espera recaudar 9 000 millones en el primer caso y 5 000 en el segundo. Además, los aeropuertos de Madrid y Barcelona operarán en régimen de concesión. Quedan muchos flecos por aclarar sobre cómo van a articularse estas operaciones. También resulta discutible que vayan a recaudarse esas cantidades, que en las actuales circunstancias podrían pecar de optimistas. En cualquier caso, estas medidas equivalen a lo que haría una familia endeudada, con dificultades para seguir pidiendo préstamos, que optase por vender un piso de su propiedad. La ventaja a corto plazo es que tiene que endeudarse menos; el inconveniente a largo plazo es que se queda sin el piso y los alquileres que proporcionaría en el futuro. En este caso, parte de los ingresos futuros son los que proporciona la lotería cada año de manera bastante segura.
El segundo bloque de medidas tiene que ver con el mercado laboral. De ellas, la principal consiste en no renovar a partir de febrero la ayuda de 426 euros mensuales a los parados que carecen de otras prestaciones. Se trata de una medida de ahorro, que pretende enviar una señal de dureza a los mercados. Pero el ahorro es bastante limitado, de unos 500 millones de euros semestrales, y la dureza raya en la crueldad. Resulta indecente iniciar el ahorro por los más desfavorecidos, existiendo la posibilidad de lograr recortes mayores mediante la reducción del gasto superfluo que plaga todas las administraciones (tanto la central, como las autonómicas y locales) y los miles de entes que las rodean. El resto de medidas son de menor enjundia. Lo referente a las agencias privadas de colocación ya se incluía en la reforma laboral. Añadir 1 500 orientadores para que orienten, junto a los 1 500 ya existentes, a 4 600 000 parados casi parece una broma de mal gusto. El que los nuevos funcionarios formen parte del régimen general de la Seguridad Social termina con la incoherencia de una administración que parecía no confiar en que los servicios públicos fuesen lo bastante buenos para los propios funcionarios, pero no supondrá un ahorro significativo, si es que logra alguno.
Finalmente, el tercer conjunto de medidas busca reanimar la actividad empresarial. Esto tiene sentido, pues nuestras pobres perspectivas de crecimiento son una de las razones principales de las dudas sobre las posibilidades de hacer frente a la deuda. Más discutible es que pueda lograrse este objetivo sólo mediante reducciones del impuesto de sociedades, sin ocuparse del conjunto del sistema fiscal ni emprender otro tipo de reformas. La medida de mayor calado es la libertad de amortización hasta 2015. Se amplía también el número de empresas que puede acogerse al tipo mínimo del 25%, elevando la facturación permitida de 8 a 10 millones de euros, e incrementando de 120 000 a 300 000 euros el tramo de base imponible que tributa al tipo reducido. Lo de crear empresas en 24 horas estaba en la Ley de Economía Sostenible y lo creeremos cuando lo veamos. Lleva años diciéndose, mientras que en los informes internacionales se recogen plazos mucho más largos, junto a un empeoramiento progresivo del problema. Las administraciones autonómicas y locales tendrían que participar en la solución. Eliminar las cuotas obligatorias a las Cámaras de Comercio supone terminar con un anacronismo inadmisible, pero debería evitarse la desaparición de las labores de formación y fomento de la exportación que las Cámaras realizan.
Como las medidas de estímulo fiscal tienen un coste presupuestario, se compensan con la subida de impuestos al tabaco, que espera recaudar 780 millones de euros. La ministra Salgado, insultando la inteligencia de los sufridos ciudadanos, justificó la decisión por motivos de salud, no recaudatorios. Para al 28 de enero se anuncia unilateralmente una medida muy importante, la reforma de las pensiones, ignorando (como en el caso del régimen de los nuevos funcionarios) la existencia del Pacto de Toledo.
Ojalá todo esto pudiera bastar para reconducir la situación. Sin embargo, el respiro que ha acompañado al anuncio de las medidas no se ha debido a ellas, sino a la compra de deuda por el Banco Central Europeo, así que no debiéramos caer en una relajación similar a la que siguió a las medidas de mayo. No es probable que el bochornoso espectáculo de los controladores haya contribuido a mejorar la imagen exterior de España. El ambiente de fin de ciclo comienza a resultar demasiado agobiante como para soportarlo durante un año y medio más. Donde el gobierno está demostrando una mayor creatividad es en la búsqueda de chivos expiatorios que le permitan eludir sus propias responsabilidades: igual sirve el PP, que los especuladores, Alemania o, en cualquier momento, el difunto Cid Campeador.
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